¡La salud y la vida en condiciones de dignidad deben prevalecer por sobre el capital!
En medio de esta crisis sanitaria en los últimos días el gobierno de Iván Duque presentó un conjunto de decretos presidenciales, especialmente el 444 del 21 de marzo de 2020 y el 457 del 22 de marzo de 2020, para afrontar la pandemia del COVID-19. Estas medidas por una parte asumen la pandemia como un asunto de orden público que requiere del control militar de la población, principalmente de la más empobrecida y desesperada que exige garantías para la alimentación, vivienda y salud; y por otra parte tratan la pandemia como un asunto financiero que requiere del respaldo del Estado a la banca privada y los grandes empresarios e industriales, por encima de la economía de las grandes mayorías.
Con estos decretos Duque hace eco de las tendencias fascistas mundiales que piden salvar a los ricos, reprimir a los pobres y profundizar el autoritarismo sobre la sociedad, pero también obedece a los llamados que hacen organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMS), que pide medidas urgentes dirigidas a proteger el comercio internacional, incluyendo programas de apoyo económico para el sector; o como el Banco Mundial quién pide a los Estados apoyar al sector privado y contrarrestar las alteraciones del mercado financiero.
El Decreto 444 da un zarpazo (autopréstamo) a los recursos de descentralización económica y administrativa que habían sido destinados para que los gobiernos locales atendieran emergencias y garantizaran pensiones, en cambio se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME. Entre las medidas que han despertado la indignación de numerosos alcaldes, gobernadores y ciudadanía en general, están aquellas destinadas al salvataje de empresas mediante el fortalecimiento del sector bancario cuya función será la de distribuir préstamos a granel.
El Decreto 457 si bien está orientado a tomar medidas necesarias de aislamiento social para frenar la aceleración de la pandemia, estas se justifican sobre el supuesto mantenimiento del orden público como derecho ciudadano, lo que tendrá implicaciones a corto y mediano plazo en la restricción de derechos y libertades fundamentales, tales como la libertad de opinión, expresión y asociación, que de por si, han estado amenazados y vulnerados tras sucesivos estados de excepción en la historia reciente del país (Entre 1949 y 1991 Colombia vivió más de 30 años bajo estado de sitio).
Estas decisiones gubernamentales parecen carecer de sentido humanitario y solidaridad, pues establece más de 34 excepciones por cuenta de las cuales cobijan a prácticamente todos los sectores de la economía para desarrollar sus actividades con normalidad, y con esto condena a millones de trabajadores a exponer su salud y su vida, ya que ellos si deben asistir a sus puestos de trabajo, supuestamente para poder brindar las “garantías” que requiere la sociedad.
En este mismos sentido, aunque establece una larga lista de excepciones para el normal desarrollo de la economía, no establece ni exige ninguna clase de obligatoriedad en cuanto a medidas especiales o contingentes de bioseguridad para los trabajadores afectados por estas medidas. Un ejemplo de ello es que coloca al mismo nivel de importancia actividades como la prestación de servicios públicos, con la exportación de minerales e hidrocarburos. Incluye dentro de las actividades “permitidas” los call center y centros de procesamiento de datos; los hoteles; centrales de riesgo y servicios financieros; toda la “cadena” de comercialización y distribución de productos; la “cadena” de siembra y comercialización del sector agropecuario.
Es decir, el decreto presidencial debería establecer y precisar restricciones para cada caso como por ejemplo: en los sectores mineros y de hidrocarburos, indicar la restricción de la producción de tal forma que se asegure el abastecimiento interno y restringir todas las actividades orientadas a la exportación; en los sectores industrial y manufacturero, establecer con precisión las actividades “estrictamente necesarias” y los volúmenes o cantidades de producción requeridas en virtud de la emergencia; en las grandes superficies, supermercados y comercios, establecer restricciones, disminuir número de trabajadores por turno y el aseguramiento de la bioseguridad, entre otras medidas realmente necesarias.
Por lo anterior las organizaciones firmantes reclamamos:
a) No a la militarización de las ciudades ni al tratamiento de guerra a las protestas de la gente.
b) Medidas efectivas a través de casas de acogida y subsidios en dinero para las mujeres maltratadas que tengan que pasar el periodo de confinamiento cohabitando con sus maltratadores.
c) A partir del gasto de un porcentaje de las reservas internacionales (Que ascienden a 52 millones de dólares) y del establecimiento de una moratoria a la deuda externa ojalá coordinada con otros países de la región:
-Establecer un plan de choque orientado a la protección de la gente que garantice subsidios en dinero para la población desempleada antes de la emergencia, que labora informalmente o despedida en ocasión de la turbación de la normalidad derivada de la pandemia.
-Cesar los despidos a trabajadores y trabajadoras de todas las empresas del país, reintegrar a quienes han sido despedidos y mantener las remuneraciones para que estos puedan confinarse, excepción hecha de los sectores considerados indispensables para la atención de la tragedia, así mismo se dispondrá de un número suficiente de inspectores de trabajo para verificar las denuncias de los trabajadores y sus organizaciones.
-Moratoria a los siguientes pagos para todas las familias colombianas que así lo requieran: Servicios públicos, créditos de libre inversión, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos educativos y cánones de arrendamiento
-Establecimiento de juntas de precios a escala municipal, departamental y nacional para vigilar el acaparamiento y la especulación con los precios.
-Fijar a través de decreto del gobierno nacional durante la emergencia topes de precios a los productos de la canasta familiar.
-Establecer un sistema de compras públicas de alimentos que vincule a la economía campesina y comunitaria, destinado al abastecimiento de los programas de alimentación escolar, comedores comunitarios, clínicas y hospitales, y demás servicios de asistencia social.
d) En relación con la salud y protección de la vida de la gente:
-Universalización transitoria del servicio de salud, ningún colombiano y residente puede ser desatendido por no hacer parte del sistema subsidiado o contributivo.
-Ampliación inmediata de la nómina de médicos y personal de salud que trabajan para el Estado bajo la figura de planta temporal durante los próximos tres meses.
-Provisión de todos los implementos de bioseguridad al personal de salud en clínicas y hospitales del país.
-Compra masiva de pruebas que favorezcan la detección rápida del virus entre la población y continuidad en el fortalecimiento de las capacidades de las universidades para realizar test de COVID -19.
-Centralizar bajo el mando del Estado toda la infraestructura y el personal médico de las compañías privadas.
-Apoyo a través de Colciencias a proyectos de investigación de la comunidad científica nacional que permitan el aprovisionamiento de un número suficiente de respiradores y ventiladores mecánicos para hacer frente a la emergencia.
Suscriben:
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo- Modep / Cumbre Popular Urbana / Taller Político Estanislao Zuleta / Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – Comosoc / Universidad Popular de los Pueblos – UPP (Medellín) / Asociación Latinoamericana de Medicina Social – Alames / Red de Mujeres del Caribe Colombiano / Aprodefa (Cartagena) / Presbiteras Católicas Romanas – ARCWP / Federación de Pensionados de Antioquia – FEMPA (Antioquia) / Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia – Messsa / Paz Christi Medellín (Antioquia) /ASOMURCGAM (Gámbita, Santander) / CODEPAM (Málaga, Santander) / ANUC Cerrito (Santander) / Mesa Ecuménica por la Paz – MEP / CODECAM (Matanza, Santander) / Unión Nacional de Integración Rural – UNIR / Unidad Nacional Afrocolombiana – Unafro / Corporación Arazá por la Justicia Social y Ambiental / Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño – Asocoetnar
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.