Ante la desidia gubernamental: Solidaridad popular

Traer al escenario político y social la presencia de nuestras redes ciudadanas de apoyo mutuo y acción colectiva, expresión de otra democracia, otra salud y otros vínculos basados en la reciprocidad, la esperanza y la dignidad es de vital importancia en estos momentos.

La pandemia de COVID-19 es una emergencia sanitaria, económica y social global que requiere una acción efectiva y oportuna de todos los Estados. Así lo advirtió la OMS y lo demostró la experiencia Europea. Ante esta situación de emergencia, el Presidente Iván Duque ha respondido con medidas de orden público, financiero y productivo, atendiendo prioritariamente los intereses de banqueros y empresarios monopólicos, asumiendo la política de despidos masivos mediante la ambigua Resolución 0803/ 19 de marzo de 2020 de MinTrabajo, que no prohíbe los despidos, como debería ser, pero tampoco los autoriza expresamente, solo obliga a centralizar las solicitudes empresariales de despido y suspensión de contratos para que una unidad especial del Mintrabajo tome las decisiones, que presumimos, dado el talante pro-capital de Duque, será favorable a los poderes empresariales; además de vacaciones forzadas sin remuneración para miles de trabajadores y trabajadoras, desatendiendo las necesidades particulares de amplios sectores sociales precarizados, prestadores de servicios y de economía informal, a quienes ha golpeado con más fuerza en estas primeras dos semanas de expansión del virus.

El gobierno nacional ha demostrado tener poca gobernabilidad, legitimidad (23 % de aprobación. Gallup, 2020) que raya en la ilegalidad por la presunta compra de votos y vínculos con el narcotráfico (Ñeñepolítica). Esta coyuntura requiere de un gobierno con capacidad de acción, confianza y credibilidad; tardíamente el de Duque recogió las recomendaciones de muchas voces autorizadas respecto a implementar restricciones en el flujo de pasajeros en el aeropuerto y últimamente las referidas el aislamiento social, tratando así de afirmar su gobernabilidad vía decreto presidencial, desautorizando a los mandatarios departamentales y municipales quienes han tomado decisiones asumiendo sus competencias constitucionales. La crisis de gobernabilidad y de legitimidad de Duque y su gabinete continúa poniendo en riesgo las vidas de los y las colombianas.

El Estado colombiano muestra hoy más que nunca la crisis profunda, resultado de tres décadas de políticas neoliberales. La Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002 (flexibilización laboral), entre otras medidas legislativas, han fracturado el sistema de protección social dejando como saldo una red pública sanitaria desmantelada, con déficit de recursos y con una brutal recarga laboral y de riesgo de enfermedad sobre las mujeres que tienen a cargo, en su mayoría, el trabajo del cuidado de la vida. De tal suerte que las medidas tomadas por el gobierno nacional generarán una mayor desigualdad social, ya que la enfermedad se distribuirá sobre los patrones históricos de exclusión y la misma gestión de la crisis contribuirá a acrecentar la brecha de desigualdad en la sociedad colombiana.

Esta crisis debe llamarnos a la reflexión, a la indignación y la movilización ciudadana ante las políticas de desprotección y desigualdad sanitaria. Se requiere de la inteligencia colectiva y la organización popular para afrontar los desafíos que se manifiestan hoy en la Pandemia del COVID-19, que tiene raíces en el sistema social, político y económico que ha privilegiado la ganancia individual sobre la vida.

En las memorias de resistencia de los pueblos, con sus repertorios de solidaridad y manifestaciones de resiliencia, tras décadas de genocidio, desigualdad y violencia estructural, podemos encontrar pistas para la acción colectiva. Experiencias de acción voluntaria ciudadana local en China y otros países en que la situación se tornó caótica, muestran que la gente no solo está llena de pánico y estrés, sino que puede construir activas comunidades políticas que, al asumir el cuidado comunitario, se convierten en redes de afecto y solidaridad frente a la pandemia. “Si mi vecino y mi comunidad están bien, entonces yo estoy bien”, es el lema que identifica estas formas de energía social. Además de estas necesarias acciones comunitarias y de autogestión, se debe exigir al gobierno que en uso de las facultades que le confiere el artículo 215 de emergencia social, expida, no decretos tendientes a salvar bancos y grandes negocios, sino dirigidos prioritariamente a garantizar la atención sanitaria, la alimentación, el techo y los servicios públicos de la población más vulnerable como desempleados, trabajadores informales, independientes y por cuenta propia.

Puntualmente las medidas de la emergencia deben apuntar a:

  • Implementar brigadas de salud a barrios priorizados
  • Entregar bonos para adquirir alimentos
  • Implementar brigadas que distribuyan mercados
  • Habilitar comedores comunitarios en los territorios más deprimidos
  • Decretar la suspensión de cobros de deuda hipotecaria o de otra índole contraída con las instituciones financieras, incluidas las del ICETEX
  • Prohibir los desalojos o desahucios de morosos
  • Asegurar la producción campesina y su distribución hacia los centros de abastos, mercados, galerías y tiendas
  • Implementar medidas de control de precios y sancionatorias contra la especulación y el acaparamiento.

Desde luego que todas estas medidas requieren un gran esfuerzo presupuestario y fiscal que solo se puede lograr con medidas macroeconómicas audaces y urgentes como suspender la regla fiscal que ata valiosos recurso para garantizar pago de la deuda y mantener un gasto austero, además de autorizar traslados presupuestales hacia el Ministerio de salud y al departamento de protección social desde otros ministerios, como por ejemplo, el de Mindefensa. Lo anterior con el objetivo de financiar urgentemente la compra de equipos médicos relacionados con la emergencia sanitaria como respiradores, camas UCI, termómetros digitales pruebas de diagnóstico COVID-19 y dotación para protección y bioseguridad para trabajadores de la salud.     

Del aislamiento social a la solidaridad popular

En Colombia expresiones de movilización social como las jornadas de protestas desatadas el pasado el 21 de Noviembre de 2019 (#21N) han dado pie a la construcción de experiencias asamblearias con base territorial, las cuales hoy pueden mostrar su potencia transformadora, desafiando el autoritarismo tecnocrático del gobierno de Iván Duque y su decisión de salvar el sistema financiero y no a la gente. “Lo fundamental es la gente y no el capital”.

Llamamos al pueblo en general a que hagamos un control minucioso de las políticas del actual gobierno y de los gobiernos departamentales y municipales. Invitamos a sostener una dinámica de desobediencia civil frente a todo aquello que ponga en riesgo la vida de las personas y sus comunidades.

Estas expresiones comunitarias de desobediencia civil deben irse constituyendo en expresiones permanentes de organización popular que de una manera autogestionada atienda todos los asuntos respectivos a la sobrevivencia, cuidado y atención integral de la vida.

“Lo fundamental es la gente y no el capital”

Suscriben:

Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia – Comosoc / Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo – Modep / Cumbre Popular Urbana / Taller político Estanislao Zuleta – TPEZ / Entre Redes / Universidad Popular de los Pueblos – UPP ( Medellin) / Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) / Red de Mujeres Del Caribe Colombiano / Aprodefa (Cartagena) / Presbiteras Catolicas Romanas (ARCWP) / Federación de Pensionados de Antioquia (FEMPA) / Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (Messsa) / Paz Christi Medellín / ASOMURCGAM (Gámbita, Santander) / CODEPAM (Santander) / ANUC Cerrito (Santander)

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