Comunicado de Prensa
El departamento del Cesar no se ha podido sustraer al contexto nacional de violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos
Del infortunado contexto nacional de violencia sistemática contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz que se ha configurado en el país, el departamento del Cesar no se ha podido sustraer, tal y como lo evidencia una serie de hechos victimizantes que recientemente se han venido presentando y que generan profunda preocupación a la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar (MDHTC) y de los que, a continuación, se hace una relación, que en todo caso es incompleta y parcial:
- En horas de la mañana del 27 de enero de 2021, en el barrio Doce de Octubre de Valledupar, en momentos en que se encontraba frente a un taller de mecánica esperando que le solucionaran una falla a su vehículo con el que diariamente transporta pasajeros desde Chiriguaná a Valledupar, fue asesinado por sicarios, Yobani Carranza Castilla (32 años), un importante líder social de Chiriguaná que en los últimos meses había incrementado sus denuncias por los daños ambientales que la minería de material de arrastre y los cultivos de palma aceitera le estaban ocasionando a la quebrada La Mula, uno de los principales afluentes acuíferos de los corregimientos de Rincón Hondo y Poponte (Chiriguaná).
- El 9 de marzo de 2021, Carlos Andrés Rueda Nieves, dignatario de la organización de comunicación popular CaribeNato, Consejero de Paz del Cesar y quien desarrolla un trabajo de investigación-acción-participativa con campesinos de la Serranía del Perijá, al regresar a su casa ubicada en el barrio Sabanas del Valle de Valledupar, fue informado por sus vecinos que los días inmediatamente anteriores a su llegada, un hombre desconocido, corpulento, de aproximadamente 40 años y con marcado acento paisa, estuvo merodeando alrededor de su vivienda hasta el punto que en repetidas ocasiones estuvo llamando a la puerta y como quiera que nadie lo atendió se dirigió hacia los vecinos para dejarles este mensaje perentorio e intimidante: “Díganle a ese muchacho que se cuide, que está en inminente peligro”.
- El 18 de enero de 2021, en el barrio La Nevada de Valledupar, Yaniris Barraza Guzmán, lideresa social y dignataria de la Asociación Colombia Profunda (ACP) que trabajan con familiares de víctimas de desaparición forzada, recibió un panfleto amenazante, presuntamente rubricado por el ELN, en el que proferían amenazas de muerte en su contra.
- Desde septiembre de 2020 a la fecha, los dignatarios del Comité Cívico por la Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas de Curumaní, organización que se ha puesto al frente de la defensa de la quebrada Simití, principal fuente de agua del corregimiento de San Roque (Curumaní) y que hoy por hoy está en grave riesgo debido a los intereses de la minería de material de arrastre que se ciernen sobre ella, han venido siendo objeto de múltiples amenazas expresadas en llamadas telefónicas, recados a través de terceros, circulación de rumores, seguimientos por sujetos desconocidos y hostigamientos de todo tipo.
- El 10 de marzo de 2021 en El Copey, fue difundido ampliamente un panfleto de exterminio social, presuntamente suscrito por las AGC (Clan del Golfo), mediante el cual se profieren amenazas de muerte contra once personas a las que se las identifica a través de apodos y remoquetes y que hacen parte de sectores poblacionales socialmente estigmatizados. Lo grave de este asunto es que la persona que encabezaba la lista incluida en el panfleto de marras, Idanis Palma de La Hoz (32 años), conocida coloquialmente como “La Nena”, el 6 de marzo de 2021 cuando, junto a su hijo de 12 años, salía de su residencia ubicada en el barrio Las Flores de El Copey, había sido objeto de un atentado sicarial en el que ella y su hijo resultaron heridos con arma de fuego.
- El 2 de marzo de 2021, en el corregimiento de San José de Oriente (La Paz), a través de un panfleto de exterminio social que circuló a través de las redes sociales, fueron amenazados con nombre propio seis pobladores (cuatro hombres y dos mujeres), a quienes se los termina estigmatizando socialmente al relacionarlos con el microtráfico de sustancias psicoactivas (SPA).
- El 26 de febrero de 2021 se conoció un panfleto fechado en enero de este mismo año, presuntamente firmado por el ELN, mediante el cual se lanzan amenazas contra cuatro líderes de organizaciones de víctimas, José Luis Peralta Pacheco, Deibys Montaño Rincón, Yovanis Cordero Ballesta y William Contreras Lobo, pertenecientes a la Alianza de Gestores de Desarrollo para la Prevención y Protección (G-7).
- Entre el 27 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, aproximadamente 15 lideresas y líderes de El Paso, pertenecientes a importantes organizaciones sociales del municipio ―tales como la Red Integral de Organizaciones Gremiales Activas del Municipio de El Paso (RIOGAP), la Red de Mujeres del Municipio de El Paso (REDMUPAS), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) de El Paso, la Asociación de Víctimas del Municipio de El Paso, la Asociación de Afrodescendientes de El Cruce (AFROCRUCE), la Asociación de Productores Agropecuarios de El Paso (ASOPROPASO), la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de El Paso (AMAEPC), el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de La Loma de Calenturas “Julio César Altamar Muñoz”, entre otras―, fueron objeto de llamadas intimidantes y extorsivas, las cuales, al parecer, se llevaron a cabo bajo la modalidad de extorsiones carcelarias.
- El 18 de enero de 2021, cuando se encontraba fuera del departamento del Cesar, Guillermo Pérez Rangel, reconocido líder social campesino y representante legal de la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar (MDHTC), fue objeto de un sospechoso robo como quiera que los delincuentes se concentraron exclusivamente en sustraerle su computador portátil, una memoria USB y una voluminosa carpeta que contenía documentos relacionados con su labor como defensor de derechos humanos.
- En un comunicado de prensa fechado en Valledupar el 1 de febrero de 2021, la Organización Indígena Kankuama (OIK), denunció que el Cabildo-Gobernador Jaime Luis Arias Ramírez y otras autoridades del pueblo Kankuamo, desde finales de 2020 han venido siendo objeto de sistemáticas amenazas, las cuales se escenifican en “medio de un preocupante contexto de alteraciones al orden público en zonas próximas al Resguardo Kankuamo, dada la ejecución de hechos delictivos como hurtos y homicidios en las vías de acceso, la presencia de grupos armados ilegales en el territorio de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta), afectaciones al territorio, entre otras situaciones que generan un riesgo inminente para el Pueblo Kankuamo y los demás pueblos hermanos de la Sierra Nevada”. Especialmente preocupante ha sido la recurrente quema de Teruarikas (templos ceremoniales) ocurridas a lo largo de varios meses en distintas comunidades, la última de las cuales tuvo lugar el 22 de noviembre de 2020 en Pontón, Resguardo Indígena Kankuamo.
- El 12 de enero de 2021, Carmen Ligia Queruz Lemus (76 años), veterana y reconocida lideresa cívica y gestora cultural de Tamalameque, por medio de un vídeo de 02:19 minutos que difundió a través de sus redes sociales, puso en conocimiento las “fuertes y contundentes” amenazas que se han proferido en contra suya, las cuales estarían relacionadas con las denuncias públicas que ha realizado de actos de corrupción y desgreño administrativo de algunas empresas públicas municipales.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Mesa De Derechos Humanos y Territorios del Cesar (MDHTC), se permite informar a la opinión pública y a las instituciones del Estado concernidas con los asuntos de protección y prevención, lo siguiente:
- Repudiar y rechazar con vehemencia el homicidio, las amenazas y las agresiones que han recaído sobre las lideresas y líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos que despliegan su trabajo en el departamento del Cesar. Si bien, ciertamente los hechos que se han presentado en el Cesar no revisten las dimensiones de lo que ha venido sucediendo en otras regiones y departamentos, ello no debe llevar a equívocos en el sentido de pensar que “aquí no ha pasado nada”, ya que la ocurrencia de un solo homicidio o una sola agresión debe ser suficiente para que se tomen todas las medidas a que haya lugar.
- Llamar la atención sobre la magnitud y gravedad que un fenómeno como el exterminio social ―la muy mal llamada “limpieza social”― tiene en el departamento del Cesar, la cual se expresa tanto en la periódica aparición de panfletos y pasquines amenazantes, como en la ocurrencia misma y nada infrecuente de homicidios, que afectan a sectores poblacionales socialmente estigmatizados, ya sea porque se les endilga su participación real o presunta en actividades ilícitas ―abigeos, cuatreros, ladrones, atracadores, expendedores de sustancias psicoactivas (SPA)…― o porque no encajan en los tópicos de las conductas normalizadas ―población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD) o migrantes provenientes de Venezuela―. Estas campañas y acciones de exterminio social no sólo generan una atmósfera enrarecida que afecta la percepción de seguridad del territorio, sino que en no pocas ocasiones termina incluyendo también a las líderesas y líderes sociales y a las personas defensoras de derechos humanos en las narrativas que promueven, las cuales van encaminadas a justificar la consumación de acciones contra las personas que se salen del ordenamiento social que se considera normal. De otro lado, no se puede descartar que los dispositivos y aparatos armados que materializan los homicidios enmarcados en el exterminio social, eventualmente se puedan direccionar contra lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, cuando el trabajo que desplieguen en defensa de los territorios se torne incómodo para determinados sectores económicos y políticos poderosos.
- Reiterar la solicitud que se viene haciendo hace varios años, para que la Gobernación del Cesar y el Ministerio del Interior, instalen oficialmente, garantizando su sostenibilidad, la Mesa Territorial de Garantías referida a la protección de las personas defensoras de derechos humanos.
- Exigir la implementación célere, efectiva, oportuna del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP, especialmente en los temas relacionados con la protección de los excombatientes firmantes del referido acuerdo y el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y criminales.
- Persistir en el llamado a las partes para que se aclimate un escenario en el que se puedan reanudar lo Mesa de Diálogo entre el Estado colombiano y el ELN.
Se suscribe en Valledupar, Cesar, a los 11 días del mes de marzo del año 2021
MDHTC.
Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.