Declaración política de organizaciones y procesos sociales del Comité Nacional de Paro CNP

Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia reciente que refleja la profunda crisis del sistema capitalista mundial, del régimen político seudodemocrático y del orden civilizatorio patriarcal neoliberal que ha destruido los seres humanos y no humanos. La visión de mundo y de sociedad de las clases dominantes colombianas que históricamente han tenido el poder económico, político e ideológico, demuestra que son incapaces de superar esta crisis generada por ellos mismos y de esta manera, el país se hunde bajo la implementación sumisa de recetas neoliberales económicas de los centros de poder mundial capitalista.

Frente a esta encrucijada el pueblo colombiano viene configurando un sujeto histórico, el cual gana cada vez más protagonismo y está tomando el timón de su propia historia. El paro del 2019 denominado 21N, los levantamientos y paros en diferentes ciudades, las masivas movilizaciones nacionales de amplios sectores sociales y el estallido social iniciado el pasado 28 de abril protagonizado por jóvenes de todo el país; son producto de la mayor indignación acumulada frente a los gobiernos neoliberales y sus políticas regresivas, y represivas que hoy se encarnan en el gobierno de Iván Duque Márquez.

Son notables y variados los logros del paro nacional, tales como, el retiro de la regresiva reforma tributaria de Carrasquilla, el hundimiento de la aún más privatizadora reforma a la salud por vía del Proyecto de Ley 010, la renuncia del ministro de hacienda y el equipo económico, la matrícula gratuita decretada por el gobierno para el segundo semestre de 2021, dirigida a estudiantes de universidades públicas de estrato 1, 2 y 3. Igualmente, la renuncia de la canciller, la suspensión de la compra de aviones de guerra, la renuncia del Comandante de la Policía de Cali y la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son actos que reflejan el impacto del paro, de las denuncias y del amplio respaldo internacional alcanzado. Del mismo modo, los diálogos y negociaciones regionales con procesos y organizaciones que hacen parte del Comité Nacional de Paro, y otros procesos movilizados como los de la primera línea, con los cuales el pueblo avanza con conquistas que benefician a los pobladores de municipios, distritos y departamentos.

Sin embargo, esta clase política en el gobierno y la clase económica que lo controla todo, aunque se han visto obligados a aceptar estos avances, insisten en no escuchar este clamor popular, y en darle tratamiento de guerra como si se tratara de un enemigo armado. El estallido social ha sido respondido por el gobierno con dilaciones y evasivas para negarse a negociar el pliego de exigencias y negarse a firmar los preacuerdos que sobre garantías a la protesta se construyeron entre el gobierno y el CNP. Al mismo tiempo, desautoriza varios acuerdos regionales y decisiones de los alcaldes para recoger las exigencias populares.

En ese sentido, el gobierno ha desplegado el militarismo para ejecutar una política de corte autoritario de «sangre y fuego» con la llamada «asistencia militar» contenida en el decreto 575 cuya derogatoria es una exigencia general de los sectores populares y de los defensores de la democracia. Son lamentables y dolorosas las cifras de violaciones a los derechos humanos y a la vida del pueblo, en especial contra la juventud que decidió sin miedo hacer frente a el Estado y a la fuerza pública, a su capacidad represiva y ofensiva criminal que ya deja desaparecidos casi un centenar de personas, 77 muertos, 43 personas sin ojos, y miles de heridos y detenidos.

Consideramos que la movilización y la lucha social siguen activadas, reafirmamos que el paro no para, continúa y se transforma, tiene un cambio de dinámica en muchos puntos de la protesta y de resistencia, al mismo tiempo que se ha avanzado en ejercicios de distención debido a la negociación local y regional. El descontento social, la movilización y la lucha popular, siguen implementando formas creativas de deliberación y exigibilidad. Las marchas, expresiones culturales, artísticas y simbólicas, los plantones y especialmente las asambleas deliberativas están al orden del día.

El pueblo movilizado sigue vigilante y no va a permitir que la indolencia del gobierno se imponga. Llamamos a que esta oleada de inconformidad organizada y movilizada se extienda a todos los territorios y que gane una capacidad sostenida que permita su activación en el momento en el que las condiciones lo requieran.

Presentamos una ruta de acción nacional que tiene como eje temático central el derecho a la vida y las garantías de la protesta y los cambios planteados en los diferentes pliegos, surgidos en el marco de este estallido social, del paro del 2019 y el pliego de emergencia del año 2020, pliegos que recogerán las nuevas demandas de este pueblo en todos los rincones del país.

Como principales acciones convocamos a:

  • Profundizar los procesos de organización de la indignación, mediante la realización de asambleas, encuentros, foros, conversatorios y un gran encuentro nacional de procesos del campo social, sindical, agrario, étnico, mujeres, diversidades y popular que defina la ruta a seguir.
  • Presentarle a los diversos sectores de la sociedad el preacuerdo de garantías a la protesta, el pliego por la vida, paz, democracia y contra el paquetazo de duque de 2019, el pliego de emergencia, coordinando múltiples acciones con las universidades y las comunidades. Poner toda nuestra capacidad y posibilidades para que los diversos pliegos y peticiones del pueblo en paro se conozcan por la sociedad colombiana.
  • Reforzar diálogos y negociaciones regionales (con alcaldes, y gobernadores y delegados del gobierno nacional), con los Comités Departamentales de Paro y otros sectores movilizados, así como adelantar las negociaciones de los pliegos de estatales y sectoriales. Con autonomía de regiones, sectores y procesos, lo que incluye definiciones de no negociar si se considera que no hay garantías de movilización y DD.HH.
  • Presentar iniciativas al Congreso, con base en los preacuerdos de las garantías a la protesta y del pliego de emergencia y de las iniciativas que salgan de las diversas actividades que realice el CNP.
  • Realizar amplias jornadas de movilización y protesta de acuerdo a las condiciones territoriales que incluyan marchas, concentraciones, foros, encuentros, conversatorios, velatones, actividades culturales y artísticas en la mayor cantidad de municipios, el 21 junio y el 20 de julio, enfatizando en las motivaciones de los paros nacionales de «por vida, paz, democracia y contra las políticas neoliberales del gobierno de Duque»
  • Exigir la desmilitarización de campos y ciudades, la derogatoria del Decreto 575, las respuestas sobre los desaparecidos, la libertad de las y los detenidos y la ruta de protección primaria y urgente a la vida y las garantías para la protección frente a las violencias basadas en género para las mujeres y población LGBTI en las protestas.
  • Realizar el Encuentro Internacional de Derechos Humanos, por la defensa de la democracia y las garantías para el ejercicio de la protesta social popular.
  • Apoyar y acompañar las movilizaciones de la población LGBTI, programadas hasta el 4 de julio en el marco del mes de la diversidad sexual en Colombia.

Ante la situación que estamos viviendo en el desarrollo de la movilización social, es urgente la convocatoria a una reunión del Comité Nacional de Paro Ampliado para que en este espacio definido de toma de decisiones se marque la ruta a seguir.

NOTA: La presente declaración política queda abierta para que la suscriban las organizaciones sociales y procesos populares que la respalden. Expresar su adhesión al siguiente formulario.

Firman:
Organizaciones que forman parte del Comité Nacional de Paro:
Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, LGBTI por la Paz; Coordinadora de Organizaciones Sociales COS; Organizaciones Feministas Populares; Mujeres por la Paz; Confederación de Pensionados de Colombia CPC; Marcha Patriótica; Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria – ANDES; Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU;
Asociación Nacional de Zonas de reserva Campesina Anzorc; Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM.

La Unidad Nacional Afro-descendiente UNAFRO. Unión Nacional de Integración Rural UNIR, Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorio del César, Red de Mujeres del Caribe, Fundación Desarrollo Sostenible del Pacífico Colombiano FUNDABIENESTAR, Asociación de Campesinos y Comunidades sin tierra del César ASOCAMTICE, Red de Mujeres Afrocaribes REMA, Organización de Comunidad Afro, Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, Residentes en Baranoa ASCAFROB, Asociación Campesinas del Catatumbo ASAMCAT, Asociación Prodesarrollo de Familias APRODEFA, Mesa Ecuménica por la Paz, Asociación de parceleros del Toco ASO, Asociación Colombia profunda, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, Cooperativa Multiactiva agropecuaria encanto de manantiales de Rovira Tolima COOPAMARO, Raizal Youth Organization, La Red de Voceras Párala Ya, La Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU, El Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos – CPDH, Colectivo Nacional Sindical Clasista Guillermo Marín, Juventud Democrática Popular Judep,Organizaciones de Mujeres del Pueblo Colombiano OMPC, Organización Nacional Indígena de Colombia, Movimiento por la Constituyente, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales de Colombia Comosoc, Partido Comunista, Unión Patriótica, Observatorio Nacional Comunal de Derechos Humanos, Observatorio Comunal de Colombia, Grupo Guillermo Ferguson, dirigentes sindicales clasistas de la CUT, FECODE y sindicatos nacionales, departamentales y sectoriales

Recursos adicionales

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Documento PDF | 4 páginas |

Firmar el formulario de apoyo a la Declaración

Organizaciones que han adherido firmando el comunicado

La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.

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