Las organizaciones campesinas enviamos la siguiente carta pública a la Presidencia de la República, en la que solicitamos la adopción de medidas adecuadas a nuestra territorialidad, cultura, procesos organizativos y economía.
¡Proteger al campesinado para proteger la vida!
Bogotá, 20 de abril de 2020
Señor
IVÁN DUQUE
Presidente de la República de Colombia
C.C. FERNANDO CARRILLO FLÓREZ Procurador General de la Nación
Ref: Llamado de las organizaciones campesinas a tomar medidas urgentes y necesarias en el marco del COVID-19
Cordial saludo
Las organizaciones campesinas somos diversas y las realidades en nuestros territorios cambiantes. En medio de la crisis generada por el Covid-19 estamos sufriendo afectaciones en nuestra territorialidad, cultura, procesos organizativos y economía.
Ante la gravedad de la pandemia en algunos lugares hemos adoptado medidas dirigidas a proteger nuestro territorio y nuestras comunidades. Algunas de estas son los ejercicios de control territorial que estamos desarrollando mediante los procesos organizativos, en especial a través de las juntas de acción comunal, para prevenir el ingreso a los territorios de agentes externos y lograr el cumplimiento de las medidas adoptadas desde el Gobierno Nacional en torno a las medidas de aislamiento. Esta labor la hemos emprendido con recursos propios (1).
Otra medida que hemos adoptado está orientada a la forma en la que estamos reforzando nuestras prácticas de autocuidado, especialmente a través del fortalecimiento de las huertas caseras, cría de animales, siembra de más alimentos, de compartir parte de nuestras cosechas con familia y amigos que están en cascos urbanos. Adicionalmente, sabiendo que no nos es posible teletrabajar, allí en donde es factible, hemos hecho ajuste de horarios de trabajo y estamos intentado mantener la distancia con los compañeros al momento de desarrollar nuestras actividades productivas.
Adicionalmente, seguimos implementando resistencias cotidianas. En algunos lugares estamos implementando trueques, intercambiamos nuestros productos a cambio de alimentos y productos que necesitamos y que no producimos. También venimos trabajando en campañas de prevención, especialmente a través de las radios comunitarias, por mensajes de whatsapp, y redes sociales territoriales, para que la población campesina esté informada sobre la pandemia y pueda prevenir su contagio.
Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos propios, las organizaciones campesinas consideramos que la pandemia profundiza el déficit de desigualdad que hemos enfrentado históricamente y requerimos esfuerzos concretos por parte del Estado para superar esta situación. Estos esfuerzos deben partir del reconocimiento de nuestra identidad campesina y nuestro aporte a la construcción de nación.
A continuación, presentamos los principales problemas que hemos identificado durante la pandemia de COVID-19 y hacemos propuestas que consideramos son posibles, urgentes y necesarias alrededor de siete ejes:
Salud y seguridad social
Un sistema de salud que no es universal, que crea tratamientos diferenciados de acuerdo con la capacidad de pago y en el que buena parte de los recursos quedan en actores intermediarios y no en los prestadores de salud, debe transformarse. Este modelo en la práctica ha significado para los territorios campesinos el desmonte y precariedad de centros de salud rural y hospitales. Esta situación incrementa nuestro riesgo en el marco de la pandemia.
De acuerdo con datos del Censo Nacional Agropecuario la cobertura en las áreas rurales del sistema de salud es amplia (2), sin embargo esto no implica la materialización del derecho. De acuerdo con Duarte, Ospina y otros, existen dos tensiones inherentes al sistema de salud rural. De una parte, provocadas por barreras en materia de acceso: “por las distancias rurales, económicas por el acceso a la alimentación, los copagos de los servicios recibidos y los gastos de transporte para ir a los centros de atención; incluso, socioculturales, porque no se toma a la enfermedad desde el paciente sino desde las explicaciones propias de la Biomedicina”(3). De otra parte, por razones relacionadas con la calidad, infraestructura y ganancia en la prestación del servicio. “Nuestros sistemas de salud rurales tienen como característica principal infraestructura sanitaria precaria y con una baja capacidad de atención; así mismo en las áreas rurales también es escaso el personal de atención y con poca capacidad resolutiva”(4).
En relación a los problemas en la oferta y disponibilidad de la atención y cuidado de la salud, para el año 2019 los departamentos que cuentan con un porcentaje mayor de población rural son los mismos que tienen una menor presencia de entidades prestadoras de salud. En el caso de Caquetá, Nariño, Putumayo, Vichada, Cauca, Vaupés, Amazonas y Guainía cuentan en su mayoría con una proporción inferior al 1% de Entidades Prestadoras de Salud a nivel nacional (5).
En el marco de la pandemia es importante destacar a manera de ejemplo, como en la ruralidad existe una menor disponibilidad de camas de cuidados intensivos y de personal médico. “En Colombia tenemos 5.359 camas de cuidados intensivos para adultos, según el Registro Especial de Prestadores de Salud”6, sin embargo, hay departamentos que no tienen camas de UCI, como Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. Adicionalmente, resulta preocupante que la existencia de camas en UCI se concentre en las ciudades capitales. “Por ejemplo, de las 78 camas que hay en La Guajira 36 están en Riohacha, 22 en San Juan del Cesar y 20 en Maicao. Por su parte, en el Chocó hay 30 municipios, pero camas solo hay en dos: Quibdó (16) e Istmina (11)”7. En relación con el personal médico, también la ruralidad es la que sufre mayores déficits: “los tres departamentos con menos médicos por cada 10.000 habitantes son Vaupés (4,3), Chocó (6,3) y La Guajira (10,4)” (8).
Por otra parte, nos preocupa que, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS), el COVID-19 provoca una mayor mortalidad en mayores de 60 años9. Como quedó expuesto en los resultados presentados por el Dane a partir de la Encuesta de Cultura Política de 2019, se determinó que al menos el 31,8% de la población mayor de 18 años nos identificamos como campesinos en Colombia, y que la edad de quienes así lo hacemos se concentra en personas mayores de 65 años (36.7%) (10) (11). Por lo cual, es posible afirmar que los y las campesinas estamos en la actualidad inmersos en un proceso demográfico de envejecimiento, lo cual nos pone en mayor riesgo ante la pandemia.
Si bien el contagio del virus se ha concentrado hasta el momento en las zonas urbanas, es necesario tomar medidas urgentes y establecer planes de mitigación para la ruralidad, pues el servicio de salud de nuestros corregimientos y veredas es precario y en ocasiones inexistente, lo cual nos dificulta conocer la magnitud de los contagios que se han presentado. Los pocos puestos de salud instalados no tienen una infraestructura adecuada y tampoco cuentan con personal médico suficiente para atender grandes volúmenes de pacientes contagiados. Por ello, exigimos al gobierno nacional respuestas estructurales, ya que no se trata solo de aplanar la curva de contagios, sino de garantizar nuestro derecho a la salud. A la fecha el Ministerio de Salud y Protección Social ha expedido una serie de documentos técnicos (12) para atender a diferentes poblaciones en medio de la pandemia, entre ellas a personas privadas de la libertad, migrantes, personas con discapacidad, población étnica, personas en situación de calle, entre otras, pero no existe una respuesta frente a la atención del campesinado.
Atendiendo a la problemática antes descrita proponemos: 1) Expedir a la mayor brevedad el plan nacional de salud rural (13), el cual debe atender a las diferencias regionales existentes; 2) Instalar puestos de salud rural en donde estos no existen y fortalecer los existentes a través de personal suficiente y la dotación de los elementos indispensables para brindar una buena atención. Desde estos centros de salud se deberán implementar campañas y brigadas de prevención itinerantes en veredas y corregimientos, las cuales deben: 3) Garantizar pruebas rápidas de diagnóstico del covid-19 en las comunidades agrarias y 4) Suministrar kits de prevención (tapabocas, gel, alcohol)
Las y los campesinos nos unimos a la petición de derogar y transformar el régimen actual de acceso al servicio a la salud vía intermediación de empresas privadas de aseguramiento, por uno que garantice el derecho universal e integral a la salud. La salud no puede depender de la capacidad adquisitiva de cada persona, el régimen de medicina prepagada debe desaparecer y fortalecerse un sistema único universal.
Agua
Desde que se inició la cuarentena por el COVID-19, una de las medidas más importante que se nos exige seguir es el lavado de manos constante como mecanismo de prevención frente al contagio del virus. Sin embargo, en buena parte de nuestras comunidades no hay agua ni para tomar, debido a que carecemos de acueductos y muchos de los que se encuentran en nuestros municipios abastecen solo a la cabecera municipal y algunos tienen serias deficiencias, incluso el suministro del agua que se ofrece en estos acueductos no es potable.
Las brechas entre lo urbano y lo rural en materia del servicio de acueducto, se evidencia en que, por ejemplo, mientras que en las zonas urbanas hay un cubrimiento del 97,9%, en el campo solo es del 71,54% (14), a pesar de que nuestras familias son más numerosas y el hacinamiento es mayor (15). Aunque en algunos de nuestros territorios tenemos iniciativas como acueductos comunitarios que minimizan el desabastecimiento de agua, estos no son suficientes ni cuentan con todas las condiciones para suministrar de manera permanente este líquido.
Igualmente, en algunos municipios contamos con fuentes de agua naturales que en muchos casos están siendo contaminados y que tampoco son aptos para el consumo. Lo mismo sucede con territorios en donde tenemos distritos de riego que se abastecen de nuestras fuentes naturales, pero que su funcionamiento nos impide acceder a ellos en condiciones equitativas (16). Ambos tipos de fuentes de agua, que podrían significar un “salvavidas” en estos momentos de pandemia, se ven seriamente afectadas por la época de sequía que se vive en muchas zonas del país (17). A la fecha son al menos 55 municipios que han registrado desabastecimiento producto de la sequía.
Esta situación además de afectar el consumo humano y la posibilidad de prevenir el contagio a través del lavado constante de las manos también afecta las posibilidades de riego para la producción de alimentos, con lo que se pone en riesgo nuestra seguridad y soberanía alimentaria y nuestras comunidades que dependen de lo que producimos. Por todo lo anterior, proponemos que: 1) El suministro de agua potable y elementos para potabilizar la que se tiene en algunas comunidades que viven en la ruralidad18 sea permanente. 2) Se disminuyan los costos de funcionamiento de los acueductos comunitarios y se doten con los equipos técnicos necesarios para garantizar el servicio permanente. 3) Se fortalezcan los acueductos comunitarios y se prioricen para otorgarles concesiones de aguas superficiales y subterráneas conforme al artículo 1 del Decreto 465 del 23 de marzo de 2020, aunque éstos no las hayan solicitado, para lo cual, proponemos que 4) se les brinde la asesoría que requieran para cumplir con los requisitos exigidos, garantizando que no pierdan la administración comunitaria de este servicio. 5) A través de un plan ambiental rural, se protejan las fuentes hídricas y las zonas de bosques existentes en nuestros territorios, se garantice el acceso público y libre, y se realicen campañas de sensibilización sobre el cuidado del agua, especialmente en momentos en donde cada vez es más crítico el cambio climático.
Economía campesina, familiar y comunitaria
A pesar de que contamos con la oportunidad de ampliar la producción campesina para abastecer al país, el coronavirus ha representado para nosotros nuevas barreras para ejercer nuestra economía, unas resultado del confinamiento y otras de las políticas económicas que se han implementado por el Gobierno, las cuales no han tenido en cuenta al campesinado.
Le recordamos al Gobierno Nacional que para el año 2016, según el Ministerio de Agricultura el 83,5% de los alimentos que consumen los colombianos son producidos por las y los campesinos que habitamos en el territorio (19). Sin embargo, hacemos parte de la población que enfrenta un mayor nivel de pobreza; el 30% de la pobreza multidimensional se concentra en los municipios rurales y el 32% en los municipios rurales dispersos (20).
Consideramos que por el papel que desempeñamos dentro de la producción de alimentos, y por nuestra relación con el territorio, es necesario que las medidas que se emplean para atender la emergencia en la ruralidad tengan en cuenta al campesinado. Sin embargo, hemos identificado que incluso en medio de la pandemia los programas se dirigen a la promoción y protección de medianos y grandes productores.
Un ejemplo se encuentra en la Línea Especial de Crédito (LEC) Agro Produce (21). De acuerdo con un reciente informe de la Contraloría General de la República “grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los recursos colocados” (22), “no hay un criterio atado a la seguridad alimentaria, empleo y abastecimiento” (23) y el “ 90 por ciento de los recursos de crédito los están utilizando en actividades no productivas” (24).
Al analizar el detalle del funcionamiento de este tipo de créditos es posible afirmar que en la reducción de las tasas de interés propuestas por esta LEC quienes se ven beneficiados por esta medida, son los medianos y grandes productores, a quienes se le reduce en un 1,5% y en un 2.5% respectivamente, en relación a la prevista en la LEC de sectores estratégicos. Mientras que, al pequeño productor, la tasa de interés queda sin modificación alguna (25). Incluso desmejora la situación previa que teníamos, pues en plazos y períodos de gracia es más favorable la línea de crédito ordinaria que la creada con ocasión de la pandemia generada por el Coronavirus. También se desmejoran algunas condiciones de plazos y periodo de gracia, previstos en la LEC de Sectores Estratégicos que desde tiempo atrás existe en Finagro. Si bien sería deseable que en realidad existieran líneas de crédito realmente favorables y pensadas para el campesinado, una línea especial de crédito no soluciona nuestra situación, pues no solo nos enfrentamos a este problema sino a otros que se derivan directamente de la pandemia, que afectan nuestra economía, entre otros, los siguiente:
En primer lugar, no se está garantizando la oferta nacional para el consumo de alimentos en el marco de la emergencia, el Gobierno lo hace especialmente a través de importaciones. Como se sabe, en la actualidad al menos el 27% de la comida ya se garantiza por este medio (26), pero existe incertidumbre sobre si las otras naciones de las que se importan parte de los alimentos que consumimos a diario, van a poder seguir garantizando estos alimentos y sobre cuáles son las condiciones sanitarias en que se hará. En este escenario es necesario fortalecer y priorizar la producción nacional de alimentos, especialmente en este momento en el que se verifica el valor esencial de esta actividad. Medidas como el Decreto 523 de 2020 “Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas en relación con la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya” apoya la demanda de la agroindustria, sin que se generen circuitos integrativos entre la industria y la oferta nacional (27).
En segundo lugar, en medio de la pandemia como campesinos estamos enfrentando dificultades para promover la siembra dada la escasez de semillas criollas por la sequía y los altos costos, acopiar la producción, transportarla a las ciudades y vender directamente a los consumidores, pues como consecuencia de las medidas de aislamiento se han roto varios canales de comercialización. Situación que aprovechan los intermediarios para pagarnos el producto muy por debajo del precio justo y al mismo tiempo vender a los consumidores a precios exorbitantes. Ante esta realidad algunos campesinos han optado por explorar la comercialización directa con los consumidores generando menos intermediación, llevando sus productos hasta los domicilios cuando esto es posible. En este sentido solicitamos apoyo para planear y crear redes o circuitos de comercialización más cortos siendo más eficientes y ambientalmente menos contaminantes. Es necesario apoyar los mercados campesinos, desde la planeación productiva colectiva hasta el control máximo de la intermediación.
En tercer lugar, es de gran preocupación que el Gobierno no esté tomando medidas de prevención acordes con los ciclos de producción agropecuaria, tal y como ocurre con las cosechas que se avecinan, especialmente la de café28. Solicitamos medidas urgentes para garantizar los protocolos preventivos del contagio en el desplazamiento de recolectores y demás trabajadores necesarios para garantizar la producción y cosecha, transformación y comercialización de los alimentos que producimos y requieren de estos flujos de población.
En cuarto lugar, a la emergencia del COVID se ha sumado el incremento del valor del dólar, generando a su vez el incremento de insumos como los abonos, plaguicidas y fertilizantes. Esta situación nos ha golpeado duramente, especialmente si se tiene en cuenta que la venta de nuestros productos se hace en su mayoría en el mercado nacional, en pesos, generando un balance económico totalmente desfavorable para los campesinos.
Para atender estas cuatro situaciones, proponemos lo siguiente: frente a la oferta nacional de consumo de alimentos:1) Que se reconozca la economía campesina, familiar y comunitaria como un eje fundamental en el desarrollo de la economía nacional. 2) Se establezca un programa de reemplazo de las importaciones de alimento, a través del apoyo a la economía campesina, familiar y comunitaria. 3) El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales provean insumo al campesinado entre ellos semillas criollas y abonos. 4) se creen fondos de fomento o líneas crediticias para el campesinado que nos favorezcan realmente, especialmente durante la pandemia. .Es necesario entonces ajustar el esquema financiero para que los campesinos (pequeños y medianos productores), podamos acceder real, oportuna y suficientemente a los créditos con recursos asignados para la producción de alimentos. En relación a línea Colombia Agro Produce debe investigarse y sancionarse la posible desviación de recursos para favorecer a grandes capitales. 5) En el caso de carteras relacionadas con créditos, consideramos fundamental que se creen líneas de arreglo crediticio dirigidas al campesinado, que incluya la condonación de las cuotas de los créditos en el marco de la pandemia.
Para la comercialización: 1) Que se regule y garantice la comercialización de los alimentos de origen campesino a precio justo, ello implica: Establecer un sistema de comercialización de productos de la economía campesina, familiar y comunitaria, que incluya la adecuación del sistema de compras públicas29, que garantice el transporte permanente de alimentos desde las zonas de producción a los centros de consumo; la operación de toda la logística de distribución de los alimentos; controlar el acaparamiento; y sancionar la especulación en que puedan incurrir los distribuidores de ellos. 2) Se financien e implementen con las asociaciones campesinas programas de distribución de ayuda humanitaria del Estado, basada en los alimentos que produce el campesinado, tal y como se anunció por parte de la Gobernación del Cauca30. 3) Se garantice la movilidad de las y los campesinos en las zonas rurales, tanto para ir a sus labores productivas, como para acudir a la compra de insumos, mercados y bienes básicos; 4) Se promuevan y se fortalezcan formas de comercialización campesinas como lo son los mercados campesinos, plataformas virtuales o domicilios.
Para la cosecha de alimentos: 1) se realice un diagnóstico rápido de productos de cosecha, posibilidades de pérdidas y próximas cosechas en riesgo, para realizar tal ejercicio es necesario se vinculen a las organizaciones campesinas para encontrar soluciones en casos de pérdidas de cosechas como resultado del COVID-19. Así mismo, proponemos; 2) se conformen equipos técnicos, con todas las medidas de sanidad, que puedan apoyar durante la cuarentena al campesinado con el objetivo de mantener y asegurar la producción agrícola (31).
Frente al alza del dólar 1) se establezcan y apliquen mecanismos de intervención del estado en la regulación de los precios de los insumos, plaguicidas, y alimentos agropecuarios, mediante la fijación de precios techo y ejerciendo vigilancia eficaz sobre los mismos. O bien generando un programa de importación y distribución a través las asociaciones campesinas y asociaciones agropecuarias formalmente constituidas. 2) Se deben poner en práctica, los principios de coordinación y complementariedad entre el gobierno nacional con las gobernaciones, las alcaldías y las autoridades competentes, para prevenir y sancionar todo acto de acaparamiento y especulación con el costo de los insumos agropecuarios.
Educación
Hoy es claro que las y los campesinos enfrentamos una brecha en términos de años de cobertura, permanencia y calidad de la educación en relación a quienes se encuentran en zonas urbanas. De acuerdo con la Encuesta de Cultura Política de 2019 (32), el 8.4 % de la población de 18 años y más que se identifica subjetivamente como campesina no sabe leer ni escribir. A esto se suma que el nivel educativo en la ruralidad es bastante inferior al del total nacional. De acuerdo con el Ministerio de Educación las personas matriculadas en zonas rurales cuenta “con 6 años promedio de educación, en comparación con los 9.6 años promedio de educación en la zona urbana” (33)
En medio de la pandemia nos preocupa la profundización de dicha brecha educativa. El Gobierno Nacional ha tomado varias medidas relacionadas con la educación, inicialmente se ordenó la suspensión de clases y su preparación de manera virtual y a distancia. Posteriormente modificó el calendario escolar adelantando vacaciones y se espera su reinicio a partir del 20 de abril. Sin embargo, estas medidas no contemplan la brecha educativa y los problemas de conectividad que enfrenta la ruralidad.
Para el año 2018, “según una encuesta aplicada por el Ministerio de Tecnología y las Comunicaciones MinTIC tan sólo el 10% del territorio nacional contaba con conexión de internet” (34). Y “de acuerdo con el Ministerio de Educación, en el contexto de su Plan Especial de Educación Rural en 2018, estimó que la falta de internet afectaba a 1’969.969 estudiantes rurales (35), es decir que no habitan en la cabecera municipal y que, por lo general, no cuentan con servicios públicos en sus hogares” (36).
En estas condiciones resulta casi imposible el desarrollo de labores educativas a través de espacios virtuales por parte de niños y niñas campesinas. Situación que se confirma si se atiende al análisis hecho por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, quien afirmó que “el 96% de los municipios del país no podrían implementar clases virtuales en el escenario en el que se ordenara el cierre de colegios como medida para combatir la pandemia, como quiera que más de la mitad de sus estudiantes no tienen acceso a computador ni internet en casa” (37), a este panorama se suma el que no se le pueda pedir a los estudiantes que se dirijan a las bibliotecas municipales o a la sala virtual del pueblo, porque entonces no se estaría combatiendo el virus.
Dentro de las medidas que han sido adoptadas en pro de la conectividad en época de aislamiento social, se encuentra el decreto 464 del 2020 (38), que en su artículo segundo, establece la obligación a los proveedores del servicio público de telecomunicaciones de garantizar un paquete mínimo de 200 mensajes de texto gratis y la recepción de estos sin ninguna restricción, así como la navegación gratuita en 20 direcciones de internet (URL), para los usuarios pospagos, incluso si tienen mora en su pago y para los usuarios prepago, así no cuenten con paquete de datos. Entre las 20 direcciones de internet con navegación gratuita, se encuentran el portal educativo del Ministerio de Cultura, Señal Colombia y Sena virtual y otras páginas que permitan el acceso a los servicios de salud, atención de emergencias, del gobierno y de educación; sin embargo, esta medida tiende más a facilitar la comunicación personal y no la interacción pedagógica en el marco de la educación virtual en época pandemia.
Otra de las medidas tomadas es la alianza entre el Ministerio de Educación y la RTVC Sistema de Medios Públicos, la cual se denomina “3, 2, 1 EDU – ACCIÓN” (39), que consiste en la transmisión de programas pedagógicos y educativos en el canal de televisión Señal Colombia y en la Radio Nacional de Colombia. El objetivo de la alianza es complementar y/o reforzar la interacción pedagógica que existe entre el docente y el alumno, a través de la transmisión de recursos pedagógicos por televisión y radio pero, ¿qué pasa con nuestros niños campesinos que no tiene acceso a internet ni a ningún tipo de red social que le permita interactuar con su docente? Aunque la televisión y la radio son recursos muy útiles no pueden resolver por sí sólos el problema de la conectividad y su incidencia en la educación de la población rural.
En este escenario las organizaciones campesinas proponemos 1) “proveer un paquete de datos mínimo viable para que las familias rurales estén informadas, y para que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes rurales tengan acceso a plataformas de formación, de tal manera que se les favorezca la posibilidad de descargar guías de aprendizaje y el envío de actividades desarrolladas o, simplemente, puedan usar su WhatsApp, para recibir material educativo y enviar documentos y tareas a sus docentes de escuelas rurales que no cuentan con plataformas virtuales” (40). 2) Consideramos que a través de Mintic debe garantizarse a todos los estudiantes de instituciones públicas y a sus docentes que se encuentran en la ruralidad, el acceso a una tableta y un proceso mínimo de formación sobre su uso para poder diseñar a la menor brevedad un paquete educativo virtual. 3. Apoyar las emisoras comunitarias por ser el medio más efectivo, escuchado y usado para educar y sensibilizar a la población en las zonas rurales, eximiéndoles del pago de contribuciones, tasas e impuestos por este año; asignándoles un presupuesto para mejoramiento y mantenimiento de equipos y redes, como contrapartida por la emisión continua y gratuita de campañas, entrevistas, cuñas institucionales y gubernamentales para controlar la pandemia, y realizar labores educativas dirigidas de manera especial a los niños y las niñas .
Mujeres campesinas
Las afectaciones de las pandemias se dan de forma diferenciada con razón al género. Así lo divulgó el Fondo de Población de las Naciones Unidas (41), por razones asociadas con la exacerbación de desigualdades que atravesamos mujeres y niñas.
En medio de esta pandemia, ante el cierre de colegios y escuelas, el trabajo de cuidado ha aumentado. Esto resulta problemático, especialmente si se tiene en cuenta que de acuerdo con la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo Libre, las mujeres en las zonas rurales ya dedicamos en promedio 5 horas 6 minutos más que los hombres en actividades no remuneradas del hogar (42). Adicionalmente, como se ha denunciado por parte de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, el aislamiento es un escenario en el que aumentan los riesgos por violencia de género (43).
Por ello, las organizaciones campesinas proponemos: 1) adecuar los programas de prevención y atención para las niñas y mujeres en la ruralidad quienes son las principales víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. 2) Consideramos fundamental que se nos vincule a los espacios de toma de decisiones en salud y convivencia para enfrentar esta pandemia. 3) Fortalezcan las organizaciones de mujeres que se encuentran en muchos de nuestros municipios con herramientas de orientación en casos de violencia de género. 4) Adelantar una caracterización con enfoque hacia el campesinado para darle un enfoque diferencial dentro de las políticas conocidas como de mujer rural, 5) Dar cumplimiento al Gran Pacto por la Equidad de la Mujer Rural celebrado el 15 de octubre de 2019; implementar con decisión y recursos suficientes la Ley 731 de 2002 y la Ley 1900 de 2018.
Vida, seguridad personal y colectiva
Durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional los homicidios en contra de nuestros liderazgos no han cesado, por lo menos 7 líderes líderes ha sido asesinados desde que el aislamiento empezó, quienes se suman a una lista de al menos 16 desde que inició la expansión del virus en el país (44).
De acuerdo con el reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia45, las comunidades agrarias somos las que sufrimos mayor impacto frente a la vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal, pues los altos índices de violencia contra nuestros liderazgos sociales persiste. En lo que va corrido del primer trimestre de este año existen 56 denuncias de asesinatos, frente a los 108 asesinados verificados ocurridos en el 2019. De acuerdo con información de las redes de DDHH de nuestras organizaciones, en este primer trimestre del 2020 ya contamos 72 asesinados.
Al seguir los lineamientos de la cuarentena por COVID-19 hemos evidenciado que la situación de desprotección e inseguridad se ha profundizado, pues por un lado, la presencia de grupos armados ilegales que se disputan las economías ilegales y el control territorial continúan amenazando nuestra permanencia digna en los municipios, corregimientos y veredas; y de otro lado, de la mano del propio gobierno, se continúan implementando las medidas de erradicación forzada (46).
Ante la persistencia de las amenazas, atentados y vulneraciones a la vida de los líderes sociales; junto a los desplazamientos y confinamientos forzados a la población civil rural, la Defensoría del Pueblo ha venido emitiendo Alertas Tempranas en distintos departamentos. En la Alerta Temprana 006-2020 emitida para el municipio de El Carmen de Bolívar de la subregión de los Montes de María, esta entidad del Ministerio Público señala que las acciones violentas empleadas por los grupos ilegales que se disputan las economías ilegales hacia los líderes sociales tienen la intención de debilitar la capacidad de incidencia de las organizaciones sociales, deteriorar los programas encaminados a garantizar los derechos territoriales de las comunidades y evitar las denuncias para favorecer la alta impunidad; disminuir las voces de los líderes y sus procesos sociales, pues ellos tienen un importante conocimiento del territorio; así como evitar el diálogo entre líderes sociales y autoridades locales y regionales para avanzar en las investigaciones.
En lo tocante a la subregión del Catatumbo y los departamentos de Caquetá y Putumayo la situación de vulneración frente al derecho a la vida y a la integridad personal de nuestros líderes sociales no mejora, pues se han intensificado los operativos de erradicación forzada y en el último departamento fueron asesinados un líder y una lideresa que pertenecían al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) (47).
Una vez más, insistimos en que aunque el país se encuentra en cuarentena han seguido desarrollándose operativos militares por parte la fuerza pública, en los que utilizando bombas manuales, ejecución de disparos y fumigación con glifosato, han llegado a nuestros territorios realizando acciones forzadas de erradicación, vulnerando así los derechos humanos de las personas y atentando contra los acuerdos que los cultivadores suscribieron con el Gobierno Nacional, tal como lo han venido denunciado organizaciones de la subregión del Catatumbo (Ascamcat), y de los departamentos de Caquetá (Coccam; Coordosac) y Putumayo, así como la coalición de Acciones para el Cambio (APC) (48).
La grave situación que enfrentan nuestros liderazgos fue reconocida en un pronunciamiento judicial favorable49, pero cuyo complimiento está en espera, pues las autoridades responsables de generar acciones inmediatas para nuestra protección no se han pronunciado frente a estas órdenes que son de inmediato cumplimiento, sin que además podamos movilizarnos pública y colectivamente, debido a las medidas de aislamiento que actualmente cumplimos.
A pesar de no tener respuestas, el llamado que realizamos sigue orientándose hacia la preservación de la vida. Por lo anterior, 1) Se implementen medidas contundentes en la garantía y protección del derecho a la vida, la integridad personal y del derecho a defender derechos, para que en articulación con nuestras Guardias Territoriales Campesinas el gobierno nacional active en consonancia con el Acuerdo de Paz, la aplicación del decreto correspondiente al Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones en los territorios. 2) Se cumpla con las medidas de seguridad ordenadas en la sentencia del 25 de marzo de 2020, del Juzgado cuarenta y cinco Civil del Circuito de Bogotá, para garantizar nuestro derecho a defender derechos, para que en este tiempo de cuarentena no nos sigan matando, 3) no se realicen operativos de erradicación forzosa durante la cuarentena, de tal manera que se nos garantice el derecho al debido proceso, cuando se plantee la existencia de incumplimientos de nuestra parte.
Transferencias monetarias en el marco de la emergencia
Las transferencias monetarias han sido el canal privilegiado por el Gobierno en el marco de la emergencia, especialmente a través de programas preexistentes (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, e Ingreso Solidario). Las organizaciones campesinas hemos constatado que estas transferencias no están llegando a los territorios, en este sentido proponemos: 1) la creación de un apoyo específico para el campesinado en el marco de la pandemia para quienes no nos encontramos registrados en los programas y subsidios antes mencionados, y 2) que, para quienes nos encontramos inscritos en dichos programas, las entregas no se realicen en las cabeceras municipales donde se presentan aglomeraciones, sino que lleguen directamente a nuestros corregimientos y/o veredas. 3) Se reconozca desde el gobierno al trabajo organizado, solidario y gratuito de apoyo al control territorial que hacen las guardias o cuidanderos campesinos, en el control de la movilidad vehicular y humana en las vías, ayudando a que el aislamiento se cumpla en la ruralidad Colombiana. Solicitamos apoyo gubernamental para garantizar la logística y alimentación de estos campesinos y campesinas organizadas que realizan turnos día a día en estos puntos de control.
Finalmente, esta pandemia ha recordado el valor de las labores de cuidado, y el reconocimiento de diferentes poblaciones, entre ellas el reconocimiento del campesinado. Esto debe traducirse en acciones concretas que nos permitan vivir bien, de acuerdo con nuestros planes y forma de vida y vivir sin humillaciones. Para esto urgimos al Gobierno Nacional que de manera inmediata y sin dilaciones 1) Adopte la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales; 2) inicie de manera decidida la formulación de la política pública a nuestro favor, de manera amplia y participativa, obligación que se encuentra en el artículo 253 de la ley 1955 de 2019 que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Esta debe ser una política desde y para al campesinado, la cual debe formularse con participación de las organizaciones campesinas, dando la misma directriz (decreto presidencial) a las entidades territoriales para que acojan y desarrollen el mandato del art. 253 de la ley 1955 de 2018 en sus planes territoriales tal y como lo recomienda la Procuraduría General de la Nación en la Directiva 07 de 2019; y 3) Cumpla con el acceso a tierras de 3 millones de hectáreas para el campesino sin tierra o con tierra insuficiente, dispuestas en la Reforma Rural Integral.
Las campesinas y los campesinos no tenemos que estar condenados a la desaparición por causas estructurales ni por esta pandemia. Es momento de proteger la vida, nosotros no somos el pasado, somos presente y futuro. Somos esperanza y parte de la solución.
Notas al pie:
1 – Resaltamos que en ocasiones se han presentado tensiones entre las guardias campesinas y la Fuerza Pública, consideramos que esto además de afectar los ejercicios de control sobre nuestros territorios genera temor y zozobra entre las comunidades. Hacemos este trabajo como apoyo al Estado y por convencimiento de la necesidad del apoyo ciudadano, a falta de control efectivo y constante en la ruralidad.
2 – Al menos el “95,8 por ciento de los productores residentes en el área rural dispersa censada están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud en régimen contributivo, especial o subsidiado”. En: DUARTE, Carlos; OSPINA, Jair; ROJAS, Anderson; y otros. Una radiografía rural de cara a la pandemia. En: La Silla Vacía. 15/04/2020. Disponible en:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/radiografia-rural-de-cara-la-pandemia-72306
3 – Ibid.
4 – Ibid
5 – Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Nacional de Salud Rural (Borrador). Bogotá, 2018. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/msps-plan-nacional-salud-rural-2018.pdf
6 – ROZO, Valentina. El Covid-19 nos muestra las desigualdades que hay en el sistema de salud. Bogotá, 14/4/2020. Disponible en:
https://pacifista.tv/notas/el-covid-19-nos-muestra-las-desigualdades-que-hay-en-el-sistema-de-salud/
7 – Ibid.
8 – Ibid.
9 – Organización Mundial de la Salud. Prevención y control de infecciones en los centros de atención de larga estancia en el contexto de la COVID-19. Ref: WHO/2019-nCoV/IPC_long_term_care/2020.1. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331643/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
10 – Dane. Encuesta de Cultura Política (ECP) Identificación subjetiva de la población campesina 2019. Bogotá, 2020. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/cp_ecp_poblacioncampesina_19.pdf
11 – Esta información se corrobora con los datos del CNA. “Más del 33 por ciento de los productores residentes en el área rural dispersa censada están en el rango comprendido entre los 40 y 54 años. Específicamente, se observa una proporción más alta de hombres residentes frente a las mujeres residentes, más visible en las edades comprendidas también entre los 40 y 54 años. Es decir, se trata de una población mayor en condiciones de riesgo frente a la pandemia”. En: DUARTE, Carlos; OSPINA, Jair; ROJAS, Anderson; y otros. Una radiografía rural de cara a la pandemia. En: La Silla Vacía. 15/04/2020. Disponible en: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/radiografia-rural-de-cara-la-pandemia-72306
12 – En esta página los diferentes lineamientos que han sido expedidos:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
13 – Compromiso que se deriva del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
14 – Prosperidad Social, 15 de agosto de 2019. Acueductos rurales, tema del primer congreso Agua al Campo. Disponible en:
https://www.prosperidadsocial.gov.co/inf/not/Paginas/Acueductos-rurales,-tema-del-primer-congreso-Agua-al-Campo.aspx. Es posible que esta cifra sea distinta pero la proporción de la brecha se mantenga. Según el Censo Nacional Poblacional y Vivienda (CNPV) del año 2018, del DANE la cobertura Nacional del servicio de acueducto es del 86,4%, habiendo departamentos como el de Guainía, donde esa cobertura sólo se aproxima a un 21,9%. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo Nacional Poblacional y Vivienda (CNPV) del año 2018. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-3ra-entrega.pdf . Ver también: El Espectador. Lo que falta en suministro de agua y alcantarillado en Colombia, 28 de julio de 2018. Disponible en:
https://www.elespectador.com/economia/lo-que-falta-en-suministro-de-agua-y-alcantarillado-en-colombia-articulo-802501
15 – Esto se puede deducir de los anexos del CNPV sobre los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en ausencia del boletín técnico. Información disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/informacion-tecnica.
16 – Un ejemplo es el del distrito de riego de María La Baja. El Espectador, 03 de mayo de 2019 “Comunidades campesinas de los Montes de María cierran distritos de riego”. Disponible en:
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/comunidades-campesinas-de-los-montes-de-maria-cierran-distritos-de-riego-articulo-853579
17 – Según la regionalización establecida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), algunas zonas del país tienen un ciclo estacionario en el que el verano se da principalmente entre enero y marzo de cada año, con otro ciclo menor entre julio y septiembre. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Regionalización de Colombia según la estacionalidad de la precipitación media mensual, a través del análisis de componentes principales (ACP). Grupo de modelamiento de tiempo, clima y escenarios de cambio climático. Subdirección de meteorología. Disponible en: http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21141/Regionalizacion+de+la+Precipitacion+Media+Mensual/1239c8b3-299d-4099-bf52-55a414557119. Sin embargo, en los últimos años, posiblemente debido al cambio climático y calentamiento global, el verano de inicio de año se ha prolongado, lo que, para algunas fuentes de agua, las proyecciones indican que sus niveles nunca se recuperán.
18 – Mesa Permanente por el Derecho al Agua de Montes de María, Coronavirus y territorios rurales montes de maría frente a una pandemia: sin agua y sin servicios de salud. Disponible en:
https://www.facebook.com/notes/opds-montes-de-mar%C3%ADa/coronavirus-y-territorios-rurales-montes-de-mar%C3%ADa-frente-a-una-pandemia-sin-agua/2527637167454255/
19 – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El 83.5% de los alimentos que consumen los colombianos son producidos por nuestros campesinos. Bogotá, 2016. Disponible en:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-83-de-los-alimentos-que-consumen-los-colombianos-son-producidos-por-nuestros-campesinos.aspx
20 – Departamento Nacional de Planeación. El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz misión para la transformación del campo. Bogotá, 2016, Disponible en:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/El%20CAMPO%20COLOMBIANO%20UN%20CAMINIO%20HACIA%20EL%20BIENESTAR%20Y%20LA%20PAZ%20MTC.pdf
21 – A través del decreto 486 de 2020 que inspira las circulares reglamentarias P15 y P16 de FINAGRO.
22 – En: Redacción Economía. El 90 % de las ayudas para el agro por coronavirus no son para producir. El Espectador. 17/04/2020.
23 – LÓPEZ. Joaquín Mauricio. La Contraloría alertó por los créditos de emergencia en Colombia Agro Produce. 18/04/2020. Disponible en: https://www.agronegocios.co/aprenda/contraloria-llamo-la-atencion-por-creditos-de-emergencia-en-colombia-agro-produce-2994112
24 – Vanguardia. Crédito subsidiado de agro, en la mira de la Contraloría. 19/04/2020. Disponible en: https://www.vanguardia.com/economia/nacional/credito-subsidiado-de-agro-en-la-mira-de-la-contraloria-IX2264659
25 – Para los pequeños productores, que es la categoría en la que entraríamos como campesinos, se mantiene igual, allí no hay ningún beneficio. El beneficio realmente se concentra en los medianos productores quienes quedan con tasa de interés reducida en 1.5% e. a y a los grandes productores con tasa de interés reducida en 2.5 % e. a.
26 – El Espectador. Aún importamos 12 millones de toneladas de comida: MinAgricultura. Bogotá, 2/09/2017. Disponible en: https://www.elespectador.com/economia/aun-importamos-12-millones-de-toneladas-de-comida-minagricultura-articulo-711213
27 – DUARTE, Carlos. Ruralidad global y covid-19. La Silla Vacía. 8/4/2020. Disponible en: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/ruralidad-global-y-covid-19-72285
28 – Se calcula que se van a recoger 6.5 millones de sacos de alimentos, que necesita 150.000 obreros agrícolas. Hasta la fecha no hay ningún plan, ni medida para atender esta situación.
29 – Incluyendo el Programa de alimentación escolar
30 – El Tiempo. Covid-19: la estrategia del Cauca para apoyar a los campesinos. Bogotá, 14/04/2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-estrategia-del-cauca-para-ayudar-a-los-campesinos-durante-cuarentena-por-covid-19-483712?fbclid=IwAR0tN9zdFHKwQ1q7gUVD5ZfEiUroGZ-q6XlMH8eYMmsTRJT4AIwnn3D4vLI
31 – Sobre este punto el Memorando No 5 del 27 de marzo/2020, donde la Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios recomienda al gobierno nacional varias medidas de bioseguridad para proteger la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria.
32 – Dane. Encuesta de Cultura Política (ECP) Identificación subjetiva de la población campesina 2019. Bogotá, 2020. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/cp_ecp_poblacioncampesina_19.pdf
33 – Ministerio de Educación. Plan especial de educación rural hacia el desarrollo rural y la construcción de paz. Bogotá, 2018. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_1.pdf
34 – Redacción. El acceso a internet en zonas rurales alcanza sólo un 10 % en Colombia, El MUNDO.COM, 12/2/2018. https://www.elmundo.com/noticia/El-acceso-a-internet-en-zonas-rurales-alcanza-solo-un-10en-Colombia/366952
35 – Camila Taborda, “No existe la educación virtual en la ruralidad colombiana”, El Espectador, 7/4/2020. https://www.elespectador.com/coronavirus/no-existe-la-educacion-virtual-en-la-ruralidad-colombiana-articulo-913527
36 – Ibidem.
37 – Redacción Educación. Los colegios públicos en Colombia no están preparados para dar clases virtuales. El Espectador, 13/03/2020.
https://www.elespectador.com/coronavirus/los-colegios-publicos-de-colombia-no-estan-preparados-para-dar-clases-virtuales-articulo-909149
38 – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Decreto número 464 de 2020, por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020. Disponible en:
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-126323_decreto_464_23_marzo2020.pdf
39 – “3, 2, 1, Edu-Acción alianza entre MinEducación y RTVC para emitir programas a niños y jóvenes, como apoyo a medidas preventivas por COVID-19”, Presidencia de la República, acceso el 15 de abril del 2020, https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/3-2-1-Edu-Accion-alianza-MinEducacion-RTVC-programas-ninos-jovenes-apoyo-medidas-prevenir-COVID-19-200320.aspx
40 – Asomovil. “Petición pública a ASOMOVIL, a ANDESCO y al Ministerio de las TIC’S en Colombia”, 26/03/2020. Disponible en:
https://www.planetarural.org/wp-content/uploads/2020/03/PETICION-P%C3%9ABLICA-A-ASOMOVIL-ANDESCO-MIN-TIC.pdf
41 – En esta página se encuentra información construída por el Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre afectaciones de género por el COVID19. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.docx_en-US_es-MX.pdf
42 – Ministerio de Salud y Protección Social. Boletín No. 002/2015. La mujer rural y la agricultura familiar en Colombia. Bogotá, 2015. Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/ BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Boletin-02-2015-MujerRural%20-agricultura-familiar-Colombia.pdf.
43 – En el país, hasta el 7 de abril habían sido asesinadas 12 mujeres durante la cuarentena https://elpais.com/sociedad/2020-04-07/la-violencia-de-genero-es-una-pandemia-silenciosa.html
44 – GARCÍA, Sergio, ONG en Colombia denuncia que cinco líderes sociales fueron asesinados en la cuarentena. 01/04/2020. Disponible en:
https://www.aa.com.tr/es/pol%C3%ADtica/ong-en-colombia-denuncia-que-cinco-l%C3%ADderes-sociales-fueron-asesinados-en-la-cuarentena/1788292
45 – Informe del Secretario General de las Naciones Unidas para el Consejo de Seguridad; Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 26 de marzo de 2020. Disponible en: https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/sp_n2007155_0.pdf
46 – El Espectador (2020). En plena pandemia del COVID-19, el Estado hace erradicación forzada en Catatumbo. Bogotá, 19/03/2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/en-plena-pandemia-de-covid-19-el-estado-hace-erradicacion-forzada-en-catatumbo-articulo-910030
47 – Informe trimestral del Secretario General. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. 20 de marzo de 2020.
48 – Nota de prensa publicada por Dejusticia, marzo de 2020. Disponible en: https://www.dejusticia.org/solicitamos-al-gobierno-suspende-los-operativos-de-erradicacion-forzada-durante-la-contingencia-del-covid-19/
49 – Nota de prensa publicada por Dejusticia, abril de 2020. Disponible en: https://www.dejusticia.org/juzgado-falla-a-favor-de-lideres-sociales-y-ordena-que-se-garantice-el-derecho-a-defender-derechos-humanos/
Atentamente
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas – ANZORC
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia – ANUC
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción – ANUC. –UR
Coordinador Nacional Agrario -CNA
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO
Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana -COCCAM
Mesa de Incidencia Mujeres Rurales Colombianas
Plataforma Mujeres Rurales Colombianas
Asociación Campesina del Caquetá San Isidro «ACCA» – Florencia
Asociación Campesina de Inzá Tierradentro -ACIT
Asociación de Productores Lecheros de Chocontá – APROLECHO
Asociación de Campesinos Acasar, Plato- Magdalena.
Asociación Campesina Agropecuaria de Entre Ríos, Puerto Rico Caquetá- ASOENTRICOS
Asociación Campesina Cordilleras de los municipios de Montañita, Florencia, Paujil y Doncello – ACOMFLOPAD
Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar – ASOCAGUA
Asociación Campesina de la Serranía del Perijá – ASOPERIJÁ
Asociación de Campesinos Unidos por la Acción Comunal, el Medio Ambiente y los Derechos Humanos- ACUAMADHU
Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco, Cesar – ASOCOMPARTO
Asociación de Campesinos de Varela – ASOCAMAR
Asociación de Campesinos Víctimas del Conflicto Armado en Aguasblancas y Maringola – ASOGUAMAR.
Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo – ASUNCAT
Asociación Campesina Ambiental del Losada-Guayabero -ASCAL-G-
Asociación Campesina Empresarial de los Llanos del Yary – ASECADY
Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero ASCALG
Asociación de Campesinos Desplazados de Guimaro, Magdalena.
Asociación de Mujeres por la Paz y los Derechos de la Mujer Colombiana -ASODEMUC
Asociación de Campesinos de Los Lirios y El Salado, La Guajira.
Asociación Campesina por el desarrollo sostenible, el ambiente y los derechos humanos del corregimiento de la Aguililla, municipio de Puerto Rico, Caquetá -ASOCAMCAP
Dignidad y Derechos Agrarios – DIGNIAGRARIOS
Asociación de Campesinos de Salaminita – ASORENACER
Asociación de Trabajadores Campesinos y Campesinas Portales del Fragua-ASOPORTALES
Asociación Municipal de Colonos del Pato-Balsillas – AMCOP
Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a la Francisca 1 y 2 – Zona Bananera.
Asociación de Víctimas de la vereda de Santamartica, municipio de San Ángel, Magdalena – ASOVISAN
Asociación de Campesinos Víctimas Reclamantes de Tierras del Magdalena – ASOCAVIRTMAG
Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir – ACCRTBV
Asociación Municipal de Trabajadores Campesinas y Campesinos de Curillo, Caquetá – ASMTRAC-CURC
Asociación para el Desarrollo Integral de la Perla Amazónica ADISPA-ZRC
Comité de Integración del Macizo Colombiano -CIMA
Cooperativa Multiactiva Para el Buen Vivir y La Paz del Caquetá -COOMBUVIPAC
Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá COORDOSAC
Corporación de trabajadores Campesinos Agropecuarios y Ambientales de los Llanos del Yarí – CORPOAYARÍ
Fundación San Isidro de Duitama
Grupo de Organizaciones de Mujeres Rurales del Consejo Nacional de Planeación
Liga de Mujeres Desplazadas – LDM
Mesa Permanente por la Defensa del Derecho al Agua de los Montes de María
Mesa Regional Campesina del Perijá – MRCP
Núcleo Comunal de la Unión Peneya de La Montañita
Organizaciones Campesinas de Población Desplazadas de los Montes de María – OPDS
Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano
Proceso Pacífico de Reconciliación e Integración de la Zona Alta de la Montaña de El Carmen de Bolívar.
Proceso Organizativo del Pueblo Rrom de Colombia (PRORROM)
Grupo de Productores y Comercializadores Agropecuarios Frutos de Paz
Red de Acueductos Comunitarios del Caribe
Reserva Natural Comunitaria Uruki El Manantial – Florencia
Recibiremos respuesta a esta comunicación en las instalaciones de Dejusticia, ubicada en calle 35 No. 24-31 de la ciudad de Bogotá.
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.