Los días 30 y 31 de julio de 2026, cerca de 500 delegados y delegadas de 65 organizaciones campesinas de todo el país se reunieron en Bogotá para celebrar la Segunda Asamblea de la Convención Nacional Campesina (CNC). Esta asamblea se realizó en un nuevo escenario político marcado por el cambio de gobierno nacional y sirvió para actualizar el balance del movimiento, definir su hoja de ruta frente al nuevo periodo y reafirmar a la CNC como “un escenario amplio para la articulación, deliberación, construcción colectiva y coordinación de acciones conjuntas en la defensa de los derechos adquiridos por el campesinado colombiano, y como espacio de unidad para continuar en la lucha por la conquista de nuevos derechos”1.
La Convención Nacional Campesina nació en diciembre de 2022, en un escenario favorable tras la victoria del primer gobierno de izquierda en Colombia, encabezado por Gustavo Petro, cuando más de 2.500 delegados campesinos de todo el país se reunieron en Bogotá como respuesta a la necesidad de articular al movimiento campesino en torno a una agenda común e incidir en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno. Fruto de esa primera asamblea, se logró incluir en el artículo 358 de la Ley 2294 de 2023, que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la creación de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos como instancia de interlocución y concertación entre el Gobierno y el campesinado, reglamentada luego mediante el Decreto 1004 de 2024.
Durante el periodo 2022-2026, el movimiento campesino logró posicionar en el debate nacional la necesidad de una reforma agraria rural, integral y popular como base para avanzar hacia una paz con justicia social, económica y ambiental. La CNC y la Comisión Mixta se convirtieron en escenarios legítimos de interlocución directa con el Gobierno Nacional para la concertación de la política agraria y campesina. Entre los avances más significativos se cuentan la implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria; el reconocimiento y fortalecimiento de las territorialidades campesinas, acuíferas y de la pesca; la declaración de zonas APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos); el avance en la adjudicación, formalización y recuperación de grandes extensiones de tierra para beneficio del campesinado; y la voluntad política del gobierno saliente para avanzar en justicia agraria y reformas estructurales para el campo. También se logró la elaboración del documento base para la Política Pública Campesina mediante un contrato con la Universidad Nacional de Colombia, y se expidieron instrumentos normativos como el Acto Legislativo 001 de 2023, el Decreto 780 de 2024 y el Decreto 1004 de 2024.
Sin embargo, desde la organización COMOSOC, que participó activamente en la Segunda Asamblea de la CNC, se plantea un balance crítico; porque, pese a los avances, los logros no alcanzaron el nivel esperado. Entre las limitaciones identificadas destacan la falta de continuidad y constancia en el compromiso del Gobierno con el espacio de la CNC; el incumplimiento por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) de los compromisos derivados de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y la falta de facilitación para el fortalecimiento territorial; y una crítica de fondo a la composición de la Comisión Mixta Campesina, la cual se corresponde en la práctica a activistas y no constituye una expresión genuina del campesinado organizado. A pesar de esas críticas, COMOSOC considera pertinente mantener la participación en el espacio, pues permite seguir el pulso de los procesos; lo determinante, desde esta perspectiva, es dotar de fuerza propia al trabajo campesino sin subordinar su desarrollo a la dinámica de la CNC.
El nuevo escenario político, con la llegada de Abelardo de la Espriella al Gobierno, modifica radicalmente las condiciones en que la CNC ha venido operando, pues esta dependía en gran medida, de la voluntad del Gobierno Nacional. La política agraria del nuevo gobierno se enmarca en un modelo de libre mercado, eficiencia agroindustrial y fortalecimiento de la propiedad privada, lo que representa un viraje frontal respecto de las políticas del periodo anterior, que buscó dar prioridad a la soberanía alimentaria, mediante el fortalecimiento del campesinado y comunidades étnicas excluidas históricamente de las políticas agrarias en el país. Las medidas más preocupantes para el movimiento campesino incluyen la eliminación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA); el fomento de la propiedad privada y el uso productivo de la tierra; la expansión de la frontera agrícola con la meta de incorporar dos millones de nuevas hectáreas de cultivos entre 2026 y 2030; y la política de seguridad y lucha contra cultivos ilícitos, que contempla la destrucción de 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea.
Frente a ese panorama, COMOSOC anticipa tres riesgos principales. Primero, una política de guerra cuyo impacto recaerá sobre los territorios campesinos, por lo que la CNC debe constituirse en actor de paz de primer orden. Segundo, la cooptación electoral, puesto que algunas organizaciones campesinas podrían acomodarse al nuevo gobierno en los procesos de elección local, afectando la credibilidad del proceso. Tercero, la disputa de narrativas, pues se reinstalan discursos que distinguen entre ciudadanos de primera y de segunda categoría, una disputa que excede el escenario jurídico y político.
La Segunda Asamblea de la CNC definió una hoja de ruta que incluye la actualización del Capítulo Campesino como ruta de incidencia unitaria en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y el fortalecimiento de las estructuras organizativas y los grupos de trabajo territoriales. Desde la COMOSOC se proponen varios criterios metodológicos y líneas de trabajo: incorporar los criterios acordados en las mesas política y organizativa; partir de los avances obtenidos durante el gobierno anterior y del Plan Nacional de Desarrollo vigente hasta 2027, de modo que las actuaciones no retrocedan ni contradigan esos avances; y, para la creación de los capítulos locales y regionales, realizar previamente el análisis sobre con quiénes se fortalece el proceso y con quiénes se establecen alianzas, atendiendo al riesgo de cooptación.
En materia organizativa, se plantea definir criterios frente a la unidad, identificar las plataformas existentes en los territorios y estructurar los procesos territoriales con comisiones organizadas según las necesidades de cada región. También se propone aprovechar los Comités municipales de reforma agraria para promover la articulación del campesinado no vinculado a las organizaciones de la Convención, identificar organizaciones cercanas para establecer vínculos de trabajo y apoyo, y avanzar en la articulación intersectorial con los sectores étnico y estudiantil como condición para aunar fuerzas políticas y construir acciones que permitan avanzar en la construcción de paz en los territorios.
Si bien la CNC nació en el escenario de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y este puede ser el primer escenario de incidencia frente al nuevo gobierno —desplegándose tanto en la vía ejecutiva, directamente ante el Ministerio de Agricultura, como en la vía legislativa, a través de las bancadas afines—, se advierte la necesidad de que no se limite a la condición de instancia negociadora frente al Estado. Este es, quizá, uno de los planteamientos más profundos que emerge del balance de COMOSOC: la necesidad de que la CNC se configure en perspectiva autogestionaria, soberana y autosuficiente, de manera que constituya un poder dual y no se reduzca a ser una instancia negociadora frente al Estado.
El desafío para el movimiento campesino es enorme en este nuevo escenario político, pues debe defender los derechos conquistados, frenar el avance de una contrarreforma agraria y, al mismo tiempo, construir un movimiento campesino fuerte, autónomo y articulado, capaz de incidir en el rumbo del país. La CNC, pese a sus limitaciones, sigue siendo el espacio más amplio y legítimo para esa tarea, y COMOSOC se propone contribuir, desde sus experiencias y acumulados políticos y organizativos, a ese propósito.
1Declaración política de la Segunda Asamblea de la Convención Nacional Campesina. 31 de julio del 2026.
Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.