Colombia atraviesa un momento de profunda disputa sobre el modelo de sociedad que quiere construir. La transición entre la administración de Gustavo Petro y la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño no representa únicamente un cambio de gobierno, expresa también el choque entre distintas concepciones sobre el papel del Estado, los derechos humanos, la igualdad y la autonomía de las mujeres.
El nuevo panorama político anuncia un giro conservador que obliga a mirar con atención los posibles retrocesos en materia de derechos. Porque los derechos no son una conquista definitiva. Lo que hoy parece consolidado puede volver a convertirse en objeto de disputa cuando cambian las mayorías políticas, las narrativas públicas y las prioridades institucionales.
Los derechos no son una conquista definitiva
La historia de los derechos de las mujeres demuestra que ninguna conquista está completamente asegurada. El acceso a la educación, la participación política, la autonomía económica, los derechos sexuales y reproductivos, la protección frente a las violencias y el reconocimiento de las mujeres como sujetos plenas de derechos son el resultado de décadas de luchas sociales, transformaciones jurídicas y cambios culturales.
Por eso, hablar de retrocesos no significa afirmar que mañana desaparecerán de un plumazo los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. El riesgo puede ser más gradual y, precisamente por ello, más difícil de identificar.
Los derechos también se debilitan cuando dejan de ser una prioridad institucional, cuando se desmontan políticas públicas que buscaban garantizar su ejercicio o cuando se modifica el lenguaje con el que el Estado reconoce las desigualdades.
La pregunta, entonces, no es únicamente qué derechos podrían ser eliminados, sino qué condiciones políticas, culturales e institucionales podrían hacer cada vez más difícil ejercerlos.
Colombia ante un giro conservador
El cambio político puede traer consigo una nueva interpretación sobre el papel de las instituciones frente a las desigualdades entre hombres y mujeres. En este escenario, el enfoque de género puede ser presentado como una imposición ideológica y no como una herramienta para identificar y enfrentar discriminaciones históricas.
Esta transformación discursiva importa. Las palabras con las que el Estado nombra una realidad también determinan qué problemas reconoce y cuáles decide atender.
Cuando se elimina el enfoque de género de las políticas públicas, no desaparecen las desigualdades. Desaparece, en cambio, una herramienta para comprender por qué determinadas violencias afectan de manera diferenciada a las mujeres, por qué persisten brechas de participación y oportunidades y por qué las experiencias de niñas y mujeres no pueden analizarse desde una supuesta neutralidad que desconoce las relaciones históricas de poder.
La “ideología de género” y la disputa por el enfoque de género
Una de las principales estrategias de los sectores conservadores ha sido convertir el concepto de “ideología de género” en una categoría de amenaza. Bajo esta narrativa, las políticas orientadas a promover la igualdad y prevenir las violencias pueden ser presentadas como intentos de adoctrinamiento o como una amenaza contra la familia y la infancia.
El problema aparece cuando esa narrativa termina justificando la eliminación del enfoque de género de las instituciones.
El enfoque de género no busca imponer una determinada forma de vida. Su propósito, en términos generales, es permitir que las instituciones reconozcan que las desigualdades entre mujeres y hombres no son hechos aislados ni inevitables, sino fenómenos que pueden estar relacionados con estructuras sociales, culturales y económicas.
Eliminar esta perspectiva bajo la bandera de combatir una supuesta “ideología” puede tener consecuencias concretas, invisibilizar violencias, debilitar mecanismos de prevención y reducir la capacidad del Estado para diseñar respuestas diferenciadas frente a problemas que afectan de manera particular a las mujeres y las niñas.
Cuando las niñas dejan de ser sujetos de derecho
El riesgo para los derechos de las mujeres no siempre aparece como una prohibición explícita. También puede aparecer cuando las instituciones dejan de nombrar a las niñas, reducen la infancia a una etapa de obediencia y desconocen su capacidad progresiva para opinar, participar y tomar decisiones de acuerdo con su edad y madurez.
Reconocer a las niñas como sujetos de derechos significa entender que no son únicamente futuras mujeres, hijas o estudiantes. Son personas con dignidad, voz y capacidad de participación.
Negar esa agencia tiene consecuencias.
Cuando se habla de protección sin escuchar a las niñas, existe el riesgo de convertirlas en objetos de decisiones tomadas por otros. Y cuando la protección se construye desde la idea de que los adultos siempre saben qué es mejor para ellas, se puede terminar ignorando sus experiencias, sus necesidades y las distintas formas de violencia que enfrentan.
La defensa de la infancia y la defensa de los derechos de las mujeres no son agendas contrapuestas. Por el contrario, una sociedad que reconoce la autonomía progresiva, la dignidad y la voz de las niñas está construyendo condiciones para que esas niñas crezcan como mujeres capaces de ejercer plenamente sus derechos.
El cuerpo de las mujeres como territorio de disputa política
Hay un lugar donde las disputas ideológicas se vuelven especialmente concretas: el cuerpo de las mujeres.
La autonomía corporal, los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a servicios de salud y la posibilidad de decidir sobre la propia vida han sido históricamente escenarios de confrontación política. Por eso, cualquier giro conservador debe ser observado también desde la manera en que entiende y regula el cuerpo femenino.
Cuando las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres vuelven a ser utilizadas como instrumentos para movilizar electores, defender determinados modelos familiares o establecer parámetros de moralidad, la autonomía deja de ser concebida como un derecho y vuelve a convertirse en una cuestión sometida al juicio político y social.
El peligro no está solamente en una eventual prohibición. Está también en la normalización de la idea de que otros pueden decidir por las mujeres qué pueden hacer con sus cuerpos, qué decisiones son legítimas y cuáles deben ser restringidas.
Defender los derechos también significa defender la democracia
El debate sobre el giro conservador en Colombia no debería reducirse a una confrontación entre izquierda y derecha. La discusión de fondo es mucho más profunda: ¿qué lugar ocupan la igualdad, la autonomía y la dignidad humana en el proyecto de sociedad que queremos construir?
Los derechos de las mujeres no pertenecen a un gobierno ni a una ideología política. Son derechos humanos. Su protección no debería depender de quién ocupa temporalmente la Casa de Nariño.
Por eso, frente a cualquier cambio político, la sociedad tiene la responsabilidad de permanecer vigilante. No para impedir el debate democrático ni para negar la pluralidad de opiniones, sino para establecer límites claros allí donde las decisiones políticas puedan traducirse en discriminación, exclusión o pérdida de derechos.
El reto consiste en reconocer las señales tempranas de un posible retroceso: la eliminación del lenguaje de igualdad, el desmonte de políticas públicas, la deslegitimación del enfoque de género, la reducción de las niñas a objetos de protección y la utilización del cuerpo de las mujeres como territorio de disputa política.
Los derechos pueden estar reconocidos en la ley y, aun así, ser vulnerables en la práctica. Por eso requieren instituciones que los protejan, políticas que los hagan efectivos y una ciudadanía dispuesta a defenderlos.
La pregunta que Colombia debe hacerse no es solamente quién gobernará durante los próximos años. Es, sobre todo, qué tipo de sociedad estamos dispuestos a defender cuando los derechos que hoy consideramos conquistados vuelven a convertirse en objeto de disputa. Y, frente a esa pregunta, guardar silencio también es tomar partido.
Ana María Peñuela. Historiadora de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional en la Escuela de Administración Pública ESAP. Dedicada a los procesos participativos, comunitarios y educativos y a la planeación del desarrollo en el ordenamiento territorial, implementando el enfoque de derechos, diferencial y de género. Sobre este último ha estado acompañando los espacios de reflexión de las mujeres dentro de la Comosoc.