La pregunta resulta pertinente ahora que la expresión “batalla cultural” empieza a ocupar un lugar dentro del lenguaje político. No se trata de una metáfora inocente. Hablar de batalla supone la existencia de bandos, adversarios y un territorio en disputa. Y cuando ese lenguaje se traslada a la cultura, existe el riesgo de que aquello que debería ser un espacio de encuentro, contradicción y creación termine siendo entendido como un territorio que debe conquistarse.
No es una discusión semántica. La llamada “batalla cultural” forma parte de una corriente política contemporánea que entiende que el poder no se disputa únicamente en las urnas o en las instituciones, sino también en los símbolos, los lenguajes, las costumbres, las narrativas y los valores con los que una sociedad interpreta el mundo. Agustín Laje, uno de los principales referentes de esta corriente en América Latina, sostiene que la cultura constituye un terreno central de confrontación política y que su transformación es fundamental para el proyecto de una “nueva derecha”.
La idea merece ser discutida con seriedad, no con caricaturas. La derecha tiene todo el derecho a participar en la conversación cultural. Puede producir libros, películas, obras de teatro, investigaciones, medios, proyectos educativos y debates sobre los valores que considera importantes. Lo mismo pueden hacer la izquierda, los sectores liberales, los movimientos sociales, las organizaciones religiosas, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los artistas, los académicos y cualquier ciudadano.
El problema aparece cuando participar en esa conversación deja de significar disputar sentidos y empieza a significar conquistarlos; cuando la pluralidad se interpreta como una amenaza y la cultura comienza a concebirse como un territorio que debe ser recuperado para ponerlo al servicio de un determinado proyecto político.
Colombia debería ser especialmente cuidadosa con esa idea.
No existe una cultura colombiana única que pueda ser recuperada, restaurada o devuelta a un supuesto estado original. Lo que llamamos cultura colombiana es, justamente, el resultado de incontables mezclas, desplazamientos, encuentros, imposiciones, resistencias y transformaciones. Somos lenguas, músicas, cocinas, fiestas, rituales, memorias, acentos, formas de vestir, maneras de habitar el territorio y saberes transmitidos entre generaciones. Somos tradición, pero también transformación.
Una cocina del Pacífico puede conservar siglos de memoria y, al mismo tiempo, incorporar nuevos ingredientes. Una música puede atravesar generaciones y mezclarse con sonidos que antes no existían. Una celebración puede cambiar de significado. Una palabra puede viajar de una comunidad a otra. Una obra de teatro puede tomar una tradición ancestral y transformarla en algo completamente diferente. Todo eso también es cultura.
Nada de ello necesita un uniforme. Preservar una lengua no significa militar en una ideología. Defender una tradición no convierte a nadie en miembro de un bando. Crear una nueva música no implica traicionar una identidad. Hacer teatro, bailar, cocinar, cantar, narrar historias o transmitir un saber no exige adhesión a un programa político.
La cultura, por naturaleza, desborda cualquier intento de ordenarla desde el poder. La Constitución colombiana lo entendió hace 35 años. Colombia fue definida como una República democrática, participativa y pluralista. El artículo 7 establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación. El artículo 70 señala que la cultura, en sus diversas manifestaciones, constituye fundamento de la nacionalidad y establece el deber estatal de reconocer la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país. El artículo 71, por su parte, protege la libertad de búsqueda del conocimiento y de expresión artística.
No son declaraciones decorativas. Son principios que establecen límites a la relación entre el Estado y la cultura. El Estado tiene la obligación de protegerla, no de poseerla; de crear condiciones para que diferentes expresiones puedan existir, circular y encontrarse, no de establecer cuál debe ser el relato legítimo de una nación. Los gobiernos pueden administrar presupuestos, instituciones y programas, pero no deberían pretender administrar a voluntad la imaginación de una sociedad.
Porque la cultura se escapa. Se transmite, se mezcla, cambia de significado, contradice incluso a quienes la producen y sobrevive a quienes intentan controlarla. Una obra puede adquirir un significado distinto al que quiso darle su autor; una canción puede ser apropiada por quienes originalmente no estaban destinados a escucharla; una tradición puede transformarse sin desaparecer y un símbolo puede cambiar de sentido con el paso del tiempo.
Esa capacidad de transformación es precisamente una de las mayores fortalezas de la cultura.
Por eso resulta preocupante que el nuevo gobierno convierta la idea de “batalla cultural” en una pieza de su relato político. No porque un gobierno no pueda defender valores o determinadas concepciones sobre la sociedad, la familia, la educación o la nación. Puede hacerlo. Lo que debería evitar es confundir su proyecto político con la totalidad de la sociedad.
El Estado no es dueño de la nación y un gobierno no es dueño del significado de Colombia. La retórica de la batalla introduce una lógica de confrontación allí donde las instituciones públicas deberían garantizar pluralidad. Y esta tendencia tampoco es exclusivamente colombiana. En diferentes países, sectores de las nuevas derechas han convertido las disputas alrededor de la identidad, la familia, el género, la religión, la memoria y las costumbres en elementos centrales de la movilización política.
Pero Colombia no es Estados Unidos, ni Brasil, ni Italia, ni El Salvador. Tenemos una historia propia y esa historia debería hacernos particularmente prudentes frente a las metáforas bélicas.
Sabemos demasiado bien qué ocurre cuando el adversario político deja de ser un ciudadano con quien se discrepa y empieza a ser tratado como un enemigo. Sabemos cuánto puede costar convertir las diferencias políticas en guerras morales y cuántas vidas puede llevarse un relato cuando consigue convencer a una sociedad de que el otro constituye una amenaza que debe desaparecer.
Por eso resulta especialmente delicado trasladar el lenguaje de las trincheras al campo de la cultura. No necesitamos otra guerra. Necesitamos conversación. No necesitamos soldados culturales. Necesitamos creadores. No necesitamos un relato único sobre Colombia. Necesitamos muchos relatos capaces de convivir, incluso cuando se contradicen.
Quienes hablan de batalla cultural deberían recordar, además, que Colombia difícilmente puede ser reducida a los bloques políticos con los que suele representarse. No existe una izquierda cultural homogénea ni una derecha cultural homogénea. Existen pueblos indígenas, comunidades negras, raizales y palenqueras, campesinos, jóvenes, mujeres, comunidades religiosas, artistas, empresarios, académicos, trabajadores, barrios y territorios con historias y formas de entender el mundo que no caben en una sola clasificación ideológica.
La diversidad colombiana desborda cualquier programa de gobierno. Esa no es una debilidad del país. Es una de sus mayores riquezas.
Esto tampoco significa que debamos vivir aterrorizados ante cada anuncio gubernamental. Un gobierno puede anunciar una transformación radical y encontrarse después con el Congreso, las cortes, las leyes, las instituciones, las organizaciones sociales y una sociedad mucho más compleja de lo que imaginaba. Gobernar no es declarar. Gobernar es actuar dentro de un Estado constitucional y democrático.
Pero tampoco podemos ser ingenuos. Las libertades no son irreversibles por el simple hecho de haber sido conquistadas. La libertad artística, la libertad académica, la pluralidad religiosa, la autonomía de las comunidades y los derechos de diferentes grupos sociales son resultado de procesos democráticos construidos durante décadas. Y toda conquista democrática necesita ser defendida cuando aparecen proyectos que pretenden reducir una sociedad diversa a una única idea de nación, familia, moralidad o ciudadanía.
La respuesta, sin embargo, no puede ser otra guerra cultural. Sería aceptar exactamente el terreno que propone la batalla. La respuesta debería ser más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más ambiciosa: más cultura. Más teatro, más música, más libros, más danza, más pensamiento, más investigación, más memoria y más espacios donde puedan encontrarse quienes piensan distinto.
Una sociedad plural no es una sociedad sin identidad. Es una sociedad cuya identidad es demasiado compleja para pertenecerle a un solo partido.
Tal vez ahí se encuentre la verdadera discusión. No entre izquierda y derecha, ni entre progresistas y conservadores, ni siquiera entre tradición y modernidad. La disputa fundamental está entre quienes creen que una sociedad debe caber dentro de un relato y quienes defendemos su derecho a seguir inventándose.
Porque la cultura no necesita un dueño. Necesita libertad. Puede sobrevivir a los gobiernos, a los partidos y a las ideologías. Puede incluso sobrevivir a quienes creen que tienen el poder suficiente para definir qué debe recordar una sociedad, qué debe celebrar, qué debe rechazar y qué puede imaginar.
La cultura no se conquista. Se vive, se contradice, se transforma, se hereda, se mezcla y se inventa. Y mientras exista alguien dispuesto a cantar una canción que incomoda, contar una historia que contradice al poder, cocinar una receta de su abuela, hablar una lengua que alguien quiso olvidar, tocar un instrumento, bailar una música que otros despreciaron o levantar el telón para contar aquello que algunos preferirían no escuchar, la imaginación seguirá haciendo aquello que ningún proyecto político puede controlar por completo: desbordar sus límites.
Porque la cultura puede cambiar de manos, de generación y de significado. Pero hay algo que ningún gobierno debería olvidar: la imaginación no obedece.
Edit Rosio Gonzalez
Historiadora y Magister en Educación.
Escuela Mario González