Con la toma del Ministerio de Agricultura la Cumbre Agraria aceleró los ritmos de negociación con el gobierno, buscando salir del fangoso terreno de la negociación de los 250.000 millones de pesos destinados a 237 proyectos productivos en 14 regiones del país, y pasar a cuestiones de mayor alcance sobre el modelo económico y el reconocimiento estatal de derechos sociales y políticos para las comunidades rurales. El gobierno dilata y restringe los acuerdos procurando evitar una protesta campesina anunciada desde octubre del año pasado ¿en qué va todo ello?
El 8 de mayo de 2014, a través del decreto 870, por medio del cual desde el Ministerio del Interior se regula una mesa de interlocución entre el ente oficial y la Cumbre Agraria, se dio inicio a una fase de negociación entre 35 voceros de comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas de 14 regiones socio-geográficas del territorio colombiano y el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura, alrededor de un pliego común de exigencias de ocho puntos , presentado con ocasión de las jornadas de protesta de abril y mayo de ese año, y luego del estremecimiento ocasionado por el Paro Agrario de 2013.
La negociación logró sentar a las partes, desarmando la protesta y emplazando al gobierno; pero pronto entró en un periodo de dilación jalonado por las promesas incumplidas del ejecutivo, y apalancado por la dispersión de las luchas sociales entre sí y por la desarticulación del factor electoral entre los calendarios de las izquierdas y las organizaciones sociales del campo. Este periodo podría concluir con un nuevo paro agrario-rural en 2016.
La dilación, sin embargo, no ha podido contener el proceso de unidad entre plataformas sociales históricas de la izquierda colombiana, aunque aún no sea una unidad territorial estratégica para la disputa de territorialidades autónomas, y de múltiples -pero pequeños- modelos de producción y uso de los suelos de eficiente producción agrícola, de cultura y organización social con respetuosas relaciones ecológicas, sociales y políticas, y cuya producción bien pudiera potenciarse para la soberanía y las autonomías alimentarias de toda la población colombiana.
Por el contrario, el pliego ha pasado a ser base de la articulación programática para esta plataforma, en la que confluyen procesos políticos históricos en la lucha por la emancipación desde el campo colombiano. Esta es la potencia que la Cumbre ha logrado aglutinar de cara a la conformación de un bloque de poder alternativo que rebaje el poder estatal y dispute hegemonía a las doctrinas rígidas y unívocas de la sociedad, a la economía capitalista de mercado, industria y superconsumo, y a la ley injusta de la desigualdad. Pasaron ya más de dos años ¿qué se ha negociado? ¿qué se puede negociar?
Morderse la cola.
La presión ejercida con la toma del Ministerio de Agricultura y de las instalaciones del Incoder, dio celeridad al estudio, por parte del Estado, de los 237 proyectos productivos hacia los cuales el gobierno ha destinado 250.000 millones de pesos por una única vez -según expresión del propio presidente Santos-, y con posibilidad de renovación con previo estudio de su parte. A la fecha, el Fondo de Fomento Agropecuario ha desembolsado 25.000 millones de los 250.000 prometidos según informa el Ministerio de Agricultura. Las trabas son múltiples.
Recientemente la Cumbre ha entregado al gobierno nacional una propuesta para la sustitución voluntaria y gradual de los cultivos de uso ilícito, el deslinde de los campesinos cultivadores frente a los narcotraficantes y el cambio de estrategias de erradicación por sustitución voluntaria, articulada a la diversificación económica, en cuya respuesta el gobierno fue enfático advirtiendo su desacuerdo con sacar del mercado de tierras áreas de economías campesinas a través figuras jurídicas como los resguardos indígenas o los consejos comunitarios afrocolombianos, y en determinado caso solo llegaría ha hacerlo de manera temporal; también indicó que no promoverá la investigación o promoción de usos alternativos de la coca (ésta tiene usos medicinales y alimentarios), ni asignará ingresos monetarios a familias campesinas, pues todo ello sería como morderse la cola, toda vez que promovería eslabones de la cadena productiva de la cocaína.
El lanzamiento en septiembre del año pasado del Plan para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, con la gerencia de Eduardo Díaz Uribe, y el acuerdo sobre el asunto con las FARC en Cuba, si bien son muestra de los pasos hacia la institucionalización de la paz que viene haciendo el gobierno, permiten entrever algunos de los límites objetivos de esta negociación. Sumados a las negativas frente a la propuesta de la Cumbre, trazan el rango de posibilidades que contempla el gobierno para negociar los reclamos sociales sobre las cuestiones y temas que no está dispuesto a tratar con los movimientos insurgentes armados, pero que definitivamente han estructurado el conflicto.
La cuestión de la coca no es menor si se considera que es una economía a la que muchos cultivadores se vieron coaccionados. Póngase como ejemplo, nada más, el precio del jornal de un raspachín (entre 50.000 y 70.000 pesos) y el de un recolector de café o de otro producto de uso lícito (entre 20.000 y 30.000 pesos a lo sumo). El último informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Colombia realizado por la UNODC a junio de 2015 , registra un incremento al pasar de 48.000 ha sembradas en 2013 a 69.000 ha en 2014, concentradas en un 73% en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y Norte de Santander. Catatumbo, Unión Peneya, la zona montañosa del departamento de Cauca y la frontera sur de Colombia, son las regiones con mayor densidad de cultivos y son, precisamente, zonas donde se agrupan comunidades que hacen parte de la Cumbre Agraria.
El gobierno lo reconoce y se presta al diálogo. Sabe que es un tiempo de agitación social y que no puede dejar cabos sueltos que desaten mayor inconformidad en una sociedad que anda inquieta. Aparentemente 2016 superará en número las protestas de 2013, y una situación así pondría de relieve la cuestión sobre la confluencia y multiplicación -o no- de esa inconformidad hacia un proyecto común de país. Y ya que el Estado colombiano basa su legitimidad en el clientelismo y sobre la siempre postergada promesa de un estado social de derecho en una economía dependiente, el gobierno sabe que se muerde la cola si fortalece proyectos que son la base de un modelo económico y político contrario al suyo, pero procura perseguirla para evitar avances en la conformación de un bloque que apalanque un proyecto común por un país pluralista en el derecho, autónomo en la planificación y en los gobiernos territoriales, equitativo en la distribución de la riqueza nacional, justo en el reconocimiento de las diferencias políticas, politizado y no polarizado, encaminado al mejoramiento de la vida de TODA la población y dirigido por amplias mayorías organizadas.
Por lo pronto la dilación sigue haciéndose efectiva. Los encuentros logrados por la Cumbre, presionando al diálogo con los entes comprometidos, no dejan más que mesas técnicas conformadas por las partes, con el objetivo de decantar las diferencias y acuerdos entre las propuestas de las comunidades y los límites que se permite el gobierno. La erradicación forzada no es prescindible por el momento y esta negociación ahora tendrá que vérselas con la liquidación del INCODER.
La vista gorda hacia el país rural.
En una reunión sostenida el pasado 10 de febrero, Eduardo Días Uribe reconocía que la alimentación de los centros poblados del país dependía de la producción campesina. Esto no es suficiente. Es preciso reconocer que la producción campesina es mucho más productiva que el monocultivo agroindustrial o la ganadería extensiva; si se le permitiera su ampliación territorial y se le priorizara en las estrategias de seguridad alimentaria, sería suficiente para sostener la soberanía alimentaria de toda la población -concepto que incomoda al gobierno-. En un estudio publicado recientemente por FEDESARROLLO, se indica algo que desde hace décadas vienen diciendo sectores críticos de la sociedad, a través de organizaciones campesinas y desde algunas academias; a saber: los minifundios son más productivos que los latifundios y también que los predios de mediano tamaño; la producción campesina abastece el 35 por ciento del total de consumo de los hogares, y corresponde a más del 50 por ciento del producto nacional agrícola .
Las lejanías de algunas de estas comunidades agrarias respecto de los circuitos de mercadeo y de tecnologías de producción, más la creciente importación de alimentos, hacen de la producción agrícola campesina una alternativa poco viable y en esa situación es que la coca llega a ser una economía rentable. Economistas de escritorio y representantes de sus propios intereses, los funcionarios del gobierno se sorprenden al advertir configuraciones socioeconómicas entre los cultivadores de coca y los poblados cercanos, no así, al momento de reconocer la ilegitimidad del Estado ante las comunidades. Guardan esperanza en su estrategia de dilación y de negociación dividida a nivel regional, sectorial y por organización social, buscando impedir el momento en que la negociación deba asumir los puntos gruesos de ese pliego, que en definitiva, no se logrará en las condiciones de negociación impuestas por el ejecutivo, tampoco sin un gran pulso destituyente que abra campo a un proyecto alternativo de país.
Por lo pronto, las reuniones con el ejecutivo serán mantenidas cada mes, buscando acuerdos y desacuerdos mientras se prepara una movilización rural en la que cruzan cuestiones como la firma de los acuerdos de paz, la presión de la ONU al gobierno en materia de cultivos de uso ilícito y paz, la explosión de protestas en medio del cierre del ciclo de negociación entre el Gobierno y las FARC-EP y la también dilatada negociación con el ELN, todas cuestiones que merecen seguimiento en los próximos meses.
Individuo Común.
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.