La Mesa Única de Negociación es un escenario complejo, que se construye en medio de un ambiente de desconfianza, pues el gobierno nacional, aun cuando expresa su voluntad de diálogo con los campesinos, indígenas y afros, continúa tomando decisiones que van en contravía de los intereses de las comunidades con quienes sostiene las conversaciones.
El pasado viernes 3 de octubre nos dimos cita en el Centro de Memoria Histórica, Paz y Reconciliación de Bogotá, representantes de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas articuladas a la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales – COMOSOC, y representantes de otros procesos sociales que venimos construyendo la CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ETNICA Y POPULAR; para instalar oficialmente la MESA ÚNICA DE NEGOCIACIÓN, con el gobierno nacional.
Este espacio de Cumbre Agraria se viene constituyendo como escenario de interlocución del movimiento agrario popular con el gobierno nacional, denominado Mesa Única de Negociación, a fin de tratar los conflictos que afrontan las comunidades rurales por la aplicación del modelo económico extractivista y agroindustrial instalado por décadas en el país, y que hoy tiene al campo colombiano sumido en la pobreza y la guerra.
La Mesa Única de Negociación es un escenario complejo, que se construye en medio de un ambiente de desconfianza, pues el gobierno nacional, aun cuando expresa su voluntad de diálogo con los campesinos, indígenas y afros, continúa tomando decisiones que van en contravía de los intereses de las comunidades con quienes sostiene las conversaciones. Una muestra de ello, es la reciente iniciativa legislativa que pretende crear las “Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE)”, figura que permite que los baldíos puedan ser adjudicados no sólo a campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también a grandes inversionistas agroindustriales.
Somos conscientes de la difícil tarea de construir canales institucionales capaces de atender las demandas de los campesinos, indígenas y afrodescendientes empobrecidos, pues nos podemos ver inmersos en una maraña de trámites, procedimientos, procesos, que nos ahogan y nos sacan de otros escenarios políticos donde también transitan las decisiones. El esfuerzo por abrir dinámicas de interlocución con el gobierno, no nos puede hacer perder de vista las iniciativas económicas, políticas y organizativas que vienen desarrollando las organizaciones populares en la ruralidad, las cuales se expresan de manera espontanea, y muchas veces marginadas de las grandes disputas ideológicas y políticas, pero que constituyen alternativas reales de vida representando un germen de futuro, a pesar de los embates del modelo económico.
De otra parte, el abrir un escenario de diálogo con el gobierno nacional, no nos puede hacer perder de vista el escenario legislativo, donde los grupos políticos representantes de los sectores agroindistriales, terratenientes adecuan las leyes a sus propios intereses, como lo pretenden hacer hoy con la nueva ley de baldíos. Por esta razón, no podemos perder de vista que las disputas políticas por la tierra, los recursos, la economía, el buen vivir, se libran en múltiples campos. No solo sentados con el gobierno vamos a lograr que los proyectos de vida de las comunidades rurales existan y pervivan; se requiere además del avance de un proceso de Ordenamiento Territorial, donde sean las “comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos” (Pliego de Exigencias Cumbre Agraria).
Será necesario convertir las experiencias comunitarias de soberanía alimentaria, de comercio justo, de conservación y administración de los recursos naturales, en una fuente primordial para una nueva política agraria y de ordenamiento territorial, que se dispute en múltiples escenarios políticos, ideológicos, económicos, y no solo en una mesa de negociación.
Este espacio de Cumbre Agraria, no representa únicamente un sector agrario víctima del conflicto armado y un sector olvidado por la institucionalidad, también, y sobre todo, representa a hombres y mujeres que han dedicado sus años no solo a la producción agroalimentaria, sino también a la lucha por un país con mayor justicia social, encaminados a lograr la paz.
Por esa razón, el escenario de Cumbre Agraria es primordial para los procesos de Paz, no porque a través de este escenario se pretenda legitimar las negociaciones que adelanta el gobierno con la insurgencia armada, como pareciera que pretende hacer Juan Manuel Santos, sino porque no podrá existir un verdadero proceso de paz, sin la voz y la participación de aquellos que hemos venido resistiendo los golpes de la guerra.
Nuestro campo ha sido un campo de batalla convertido en un campo santo sembrado de muertos que necesitan florecer y dar frutos. Esos frutos solo serán posible si abrimos campo a la participación política de las comunidades agrarias para la definición de una Reforma Agraria Integral para el Buen Vivir. La interlocución apenas comienza y debemos estar muy atentos a las múltiples maniobras de la clase dirigente de este país.
Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.