El derecho a la ciudad, definido por Henri Lefebvre en 1967 como el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista, se encuentra de nuevo en el centro del debate político. Este resurgimiento se debe especialmente a la explosión de nuevas luchas urbanas contra las expresiones espaciales del dominio del capital financiero, como la gentrificación o la degradación ambiental, pero también, al esfuerzo de los habitantes por lograr una mayor injerencia en la definición de las políticas urbanas. Lefebvre lo definió como un derecho a construir una ciudad y una sociedad no capitalista. Hace parte de la tradición marxista y en ese sentido debe ser defendido de la apropiación burguesa, que quiere reducirlo a un cómodo proyecto liberal.
Lefebvre planteó el derecho a la ciudad como una alternativa a la enajenación y a la despolitización que el urbanismo moderno, promovido en general por los Estados modernos, había producido en la sociedad. Hoy en día, sin embargo, quienes reivindican el concepto lo hacen discutiendo las posibilidades de la lucha anticapitalista urbana, y evidenciando que la mayor globalización económica, así como la subordinación del Estado al capital internacional, obligan en consecuencia, una relectura y actualización del planteamiento lefebvriano.
A pesar de esta necesaria relectura, el derecho a la ciudad mantiene su vigencia precisamente porque la intervención urbana del capital financiero y la privatización de los servicios urbanos y del suelo urbano, han profundizado aún más las contradicciones sociales urbanas que estudió Lefebvre. Hoy tenemos mayor crecimiento económico, expansión urbana y mejores condiciones tecnológicas para diseñar la ciudad, sin embargo los mecanismos de segregación espacial, el empobrecimiento de la experiencia urbana y la restricción de la participación y la democracia urbana, dificultan el acceso a la ciudad a la mayoría de sus habitantes. Además como sostiene el urbanista estadounidense Mark Purcell, quienes estudian la ciudad en clave del derecho a la ciudad, asumen que la reestructuración urbana impulsada por el capitalismo financiero y el modelo neoliberal, al tiempo que han llevado a la privatización de los servicios públicos urbanos, ha limitado el acceso ciudadano a las decisiones sobre la ciudad.
El pensamiento de Lefebvre y su concepto de derecho a la ciudad, ha tenido una trayectoria zigzagueante. Durante la década de 1970 sus planteamientos se mantuvieron en un relativo olvido, por lo menos en el contexto anglosajón y en parte de América Latina, ante la preeminencia adquirida entonces por el análisis estructuralista sobre la cuestión urbana, propuesto entre otros por Manuel Castells y los teóricos de la dependencia. El mismo Castells fue un duro crítico de Lefebvre, pues consideró que hablar de “sociedad urbana” y de “producción social del espacio”, conceptos en los cuales la vida cotidiana y la subjetividad tenían un peso significativo, dejaban a un lado el estudio de la ideología dominante, de la base económica de la sociedad y de la lucha de clases. Una década después, sin embargo, los planteamientos de Lefebvre fueron retomados por la academia estadounidense. David Harvey constituyó la primera generación anglosajona de estudios lefebvrianos, cuyo énfasis fue el análisis económico marxista; Edward Soja representó la segunda generación que en la década de 1980 releyó a Lefebvre con los lentes del posmodernismo y los estudios culturales, lo que implicó el desplazamiento de la economía política por el análisis cultural de la ciudad con importantes implicaciones para la acción política. Los europeos, recibieron la interpretación lefebvriana elaborada en la academia anglosajona. No obstante en América Latina la lucha por la ciudad es la que se encuentra con la teoría y le exige un posicionamiento político. Aquí por ejemplo Milton Santos y Ana Fani Carlos en Brasil, han sostenido, en diferentes momentos, diálogos creativos con el pensamiento geográfico marxista, como el de Lefebfre, mucho antes que los anglosajones.
El interés por la teoría urbana en la perspectiva propuesta por Lefebvre y por el derecho a la ciudad, ha supuesto nuevas oportunidades pero también nuevos riesgos. En lo político, el debate se ha centrado en las posibilidades y peligros del ejercicio del derecho a la ciudad, teniendo en cuenta que éste ha sido retomado no solo por los movimientos sociales, sino también por organismos de cooperación internacional y por los Estados. Laurence Costes, socióloga urbana francesa, considera por ejemplo, que esta institucionalización del derecho a la ciudad es una oportunidad abierta por las luchas urbanas para crear espacios políticos y democratizar las decisiones. Sin embargo, otros autores tienen una posición menos optimista. Andy Merrifield, urbanista marxista y biógrafo de Lefebvre, por el contrario, ha propuesto sopesar la validez y utilidad política del concepto, ahora que ha sufrido una “reapropiación burguesa”. En la misma línea el geógrafo indo-canadiense Kanishka Goonewardena, considera que la institucionalización del derecho a la ciudad ha implicado la cooptación y despolitización del proyecto lefebvriano, ya que los gobiernos capitalistas y las ONG´s que interactúan en su marco, tienden a desconocer las implicaciones del análisis marxista sobre la ciudad y a colocar el derecho a la ciudad en una “cómoda posición liberal anglosajona”.
Estas polémicas se dan además en un marco histórico en el que la expansión del capital financiero, las crisis económica global y las exigencias de democracia por parte de movimientos de protesta urbana, están obligando a los teóricos neoliberales que clamaron por el completo desmonte del Estado, a reconsiderar sus funciones de regulación, para hacer frente a la recurrencia de las crisis económicas. Por ejemplo las teorías políticas neo institucionales que enfatizan en la alianza público-privada, como medidas para establecer controles al mercado, que algunos autores denomina sociedad postneoliberal.
Es importante precisar que el continuo pero fortalecido llamado al derecho a la ciudad a comienzos del siglo XXI y particularmente luego de la crisis económica de 2008 que se inició como burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, está asociado a las movilizaciones sociales y la exigencia de derechos ciudadanos, que llamó la atención de los académicos quienes asumieron el enfoque del derecho a la ciudad, para buscar explicaciones sobre cómo estaban respondiendo los habitantes urbanos ante el proceso de urbanización del capitalismo financiero y las políticas neoliberales y posneoliberales.
Una vía para el análisis del derecho a la ciudad en su trayectoria marxista y por ende claramente anticapitalista, la encontramos recientemente en dos autores claves. De una parte el geógrafo marxista anglosajón David Harvey que asume el derecho a la ciudad como una posibilidad social de lucha y teoría anticapitalista, que haga del territorio urbano un escenario de construcción de alternativas de apropiación y participación política y espacial, en camino a una sociedad que supere el capitalismo. De otra parte la geógrafa brasilera Ana Fani Alessandri Carlos, quien asume el derecho a la ciudad, como forma de crítica tanto a la espacialización del capitalismo financiero, como a la apropiación de este concepto por parte del Estado en Brasil, en cabeza de los gobiernos del PT. El derecho a la ciudad continua constituyendo un horizonte de análisis teórico y de acción política, que permite asumir la ciudad como una posibilidad de creación colectiva, para la realización de una vida común, no sin conflictos, pero capaz de confrontar las lógicas espaciales del capitalismo.
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.