El 7 de agosto del 2022 se posesionó el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, siendo un acontecimiento histórico al ser el primer gobierno de izquierda y popular en la historia de Colombia, que marca no solo una gran esperanza de cambio para las colombianas y colombianos, sino también el inicio de muchos desafíos y retos para cumplir las demandas sociales, económicas y políticas de una sociedad tan compleja como la nuestra.
Particularmente, las mujeres vemos una oportunidad de incidir en la política, y que nuestra voz sea escuchada, pues es la primera vez que se cuenta con una agenda de género dentro de un proyecto a manos del Estado. Este gobierno ha generado un espacio de representación política paritaria, designando a varias ministras que ocupan al menos un 50 por ciento de los cargos del Estado, cumpliendo así con la Ley de cuotas en su gabinete. No obstante, más allá de sumar mujeres en el poder, el reto está en lograr reformas y políticas públicas con enfoque de género que respondan a las luchas y necesidades de la diversidad de mujeres en este país.
Este gobierno debe garantizar el cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24, un triunfo histórico que debe encontrar los mecanismos para evitar trabas en su implementación. También está la economía del cuidado, donde se deben brindar apoyos y alternativas a todas esas personas y mujeres en su mayoría, que se han ocupado de la tarea de cuidado de los niños y niñas, adultos mayores y personas con limitaciones, consolidando el Sistema Nacional del Cuidado. Sin olvidar otra promesa de campaña que debe tener lugar, la creación del Ministerio de la Igualdad, centrado en construir estrategias para reducir las violencias de género, entre otros elementos.
Ahora bien, en el congreso ya avanzan proyectos de ley que buscan tener a la mujer en el centro de la discusión, y que vale la pena apoyar y estar atentas. Es el caso de la Ley de los 1.000 días en la que se busca garantizar el cuidado integral de la mujer embarazada en los primeros tres años después de dar a luz, esto incluiría buena alimentación, atención y salud y otras garantías.
A su vez está la Ley de Paridad, donde se quiere modificar el articulo 262 de la constitución, para que las mujeres tengamos el mismo derecho a la participación y a la representación política que tienen los hombres. Por otro lado, está la Ley contra la violencia política, que pretende prevenir y acabar con las diferentes afectaciones que sufrimos las mujeres debido al acoso político y digital. Por lo tanto, para acabar con las brechas entre géneros, la igualdad debe verse reflejada en oportunidades efectivas y tangibles, expresadas en tener derecho a la educación, a un trabajo digno, a servicios de salud y seguridad social, tener igualdad de condiciones para poder competir en puestos y cargos de representación popular, y tener autonomía y libertad para decidir sobre nuestros cuerpos, todo lo anterior, amparado en políticas públicas que permitan ir generando un cambio y una nueva construcción social.
Ana María Peñuela. Historiadora de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional en la Escuela de Administración Pública ESAP. Dedicada a los procesos participativos, comunitarios y educativos y a la planeación del desarrollo en el ordenamiento territorial, implementando el enfoque de derechos, diferencial y de género. Sobre este último ha estado acompañando los espacios de reflexión de las mujeres dentro de la Comosoc.