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Por Ley Estatutaria vuelve a haber desencuentros del sector salud con el ministro Gaviria

La salud es un derecho

Miércoles 24 de junio de 2015, por Mesa Nacional por el Derecho a la Salud

En eventos recientes relacionados con la Ley Estatutaria en Salud sancionada por el presidente Santos con el número 1751 de 2015 se han venido presentando desencuentros entre diferentes organizaciones del sector y Alejandro Gaviria, ministro de la cartera.

Para no ir lejos empezando este mes, en las instalaciones del Club Médico, el doctor José Félix Patiño, ex ministro de salud y ex rector de la Universidad Nacional, reconocido líder de la salud y la educación en el país y en el ámbito internacional, le expresó a Gaviria su posición respecto de la crisis actual del sistema.

Con toda claridad, el profesor Patiño le preguntó al ministro por qué le preocupaba tanto la autorregulación de los médicos y no mencionaba el tema de los altísimos costos de la intermediación de las EPS como explicación de la crisis financiera del sistema.

A lo anterior Gaviria, en su condición de vocero del gobierno nacional, respondió que echarle la culpa de la crisis a las EPS es un análisis superficial y equivocado. A su juicio, el costo de la intermediación no pasa del 7%, existen buenas y malas EPS, y los administradores públicos tampoco han sido los mejores, como en el caso de Caprecom, EPS pública a la que ha pensado liquidar.

Por su parte el profesor Patiño afirmó que sin duda en otros países los costos de la intermediación son mucho menores cuando hay una administración única y no decenas de administradores con altísimas ganancias y sueldos exorbitantes a sus gerentes, como está ocurriendo con las EPS.

Añadiendo que si se quiere garantizar el goce efectivo del Derecho a la Salud, como ordena la Ley Estatutaria debería eliminarse esa intermediación, tal como lo han propuesto la Gran Junta Médica y la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud. Lo que resulta ilógico es que la mejor explicación para el ministro parece ser que la UPC no alcanza y que todos debemos aportar más recursos si no queremos que los servicios se excluyan del plan de beneficios. Según él, los colombianos tenemos suficiente capacidad de pago como para aumentar los aportes y el gasto de bolsillo. En esto coincide con ACEMI, la asociación de las más grandes EPS, cuyo presidente, Jaime Arias Ramírez, insiste en que se requieren diez billones de pesos anuales más.

Al señor ministro tampoco le parece correcto que los hospitales exijan la valoración de su rentabilidad social, como ordena la Corte Constitucional, ni el pago de las enormes deudas de las EPS a clínicas y a hospitales, ni la formalización y el trabajo digno en salud, ni el respeto por la autonomía profesional como lo ordena la ley estatutaria.

Por el contrario, a Gaviria le preocupa que la Dirección de Participación Social de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá organice eventos para difundir el alcance garantista de la Ley Estatutaria en Salud definido por la Corte Constitucional y promover su aplicación inmediata por parte de todos los agentes del sistema, comenzando por la exigibilidad del derecho que le cabe a todos los usuarios del sistema de salud.

La presión del Ministerio y del Secretario de Salud de Bogotá en contra de una posición que defendiera el acumulado de la política de exigibilidad del derecho de la capital terminaron con la renuncia de la funcionaria Carolina Corcho, perteneciente a esta Mesa, y la salida de su equipo de trabajo, dada la imposibilidad de continuar con su labor en la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad, ya que el enfoque de la Secretaría no corresponde con la perspectiva de exigibilidad del Derecho a la Salud en el marco de la Ley Estatutaria, ni con la necesaria transformación del sistema de salud.

Señor ministro la Ley Estatutaria en Salud NO fue hecha para excluir servicios y tecnologías a los ciudadanos, mientras se incrementa el traslado de los recursos públicos a las EPS para sostener o aumentar su rentabilidad.

La Ley Estatutaria, tal como lo reconoce la Corte Constitucional, es un instrumento para hacer de la atención integral en salud un verdadero derecho fundamental autónomo. Pero su realización exige la organización de un nuevo sistema que realmente permita proteger los recursos públicos disponibles del apetito de lucro de los agentes dominantes, como lo son las EPS y las transnacionales de los medicamentos y las tecnologías médicas.

Más Estado y menos mercado. Más derecho y menos negocio. Ésta es la ruta que proponemos desde la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud. Hacemos un llamado a la sociedad colombiana para exigir la aplicación plena e inmediata de la Ley Estatutaria en Salud y retomar el debate más amplio posible sobre cuál sistema queremos para una sociedad realmente en paz, que sea garante de derechos, de la solidaridad y del buen vivir que nos merecemos.

POR LA APLICACIÓN INMEDIATA DE LA LEY ESTATUTARIA EN TODAS SUS DIMENSIONES POR UN NUEVO SISTEMA DE SALUD SIN INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

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