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La atención en salud es un derecho fundamental autónomo

El gobierno desafía a la Corte Constitucional al no firmar la modulada ley estatutaria en salud

La salud es un derecho

Martes 27 de enero de 2015, por Mesa Nacional por el Derecho a la Salud

La atención en salud es un derecho fundamental autónomo, ha dicho la Corte Constitucional desde hace varios años, como resultado de la jurisprudencia acumulada por los miles de tutelas en salud. Es el momento de defender este precepto, a través de la ley estatutaria en salud, la cual fue modificada por la Corte con base en este criterio.

Un par de errores de digitación de la Sentencia requirieron que la Corte sacara el Auto 377/14 para corregirlos. Es claro que constitucionalmente estos errores no impiden la sanción de la ley; sin embargo, el ministro Gaviria afirmó que la ley debía volver al Congreso para corregirlos. Superados todos los plazos para la sanción de la ley por el Presidente de la República, sólo cabe la sanción por parte del Presidente del Congreso, según el reglamento legal vigente.

Por lo anterior, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud ha decidido participar en la exigencia, a través de la acción jurídica de “constitución en renuencia”, a José David Name, Presidente del Congreso de la República, de sancionar la ley estatutaria en salud avalada por la Corte Constitucional, y avanzar en la revisión de la normatividad del sistema de salud actual que sigue violando este derecho fundamental de la población colombiana.

¿Por qué el gobierno Santos se niega a sancionar la ley estatutaria en salud?

Por la sencilla razón de que sigue poniendo el dinero y el negocio por encima del derecho de la gente a ser atendida. En medio de la crisis fiscal por la baja de los precios del petróleo, la ley de la regla fiscal que el mismo gobierno impulsó obliga a comenzar los recortes por el gasto social, donde están salud, educación y otros sectores más, mientras la Corte le exige no basarse en la sostenibilidad fiscal.

A pesar de que el presidente Santos anunció en mayo de 2014 que esta ley acabaría con el “paseo de la muerte”, decidió no sancionarla. Una vez el equipo de gobierno leyó la Sentencia completa, el ministro de salud, Alejandro Gaviria, salió a decir que “la Corte quiere que todos coman langosta”.

Esta afirmación irrespetuosa quiere hacernos pensar que la Corte es irresponsable con los recursos escasos para la salud. Mientras tanto, el ministro avanza con la profundización del modelo de intermediación por decreto. Por ejemplo el Decreto 2702 (23-12-2014) mediante el cual el ministro ofrece siete años de gracia a las EPS para que ajusten sus cuentas y negocios, y sigan apropiándose de los recursos públicos para la salud como lo han hecho impunemente hasta ahora.

El contexto

Este gobierno intentó limitar el derecho a la salud por medio de la aprobación de un proyecto de ley estatutaria por parte del Congreso en junio de 2013. Este proyecto definía un paquete de servicios con base en el criterio general de la “sostenibilidad fiscal”, con actualizaciones y exclusiones periódicas, y una serie de limitaciones que afectaban el uso de la acción de tutela para todo lo excluido o lo que no tuviera relación directa con el tratamiento.

La Corte Constitucional, en la revisión obligatoria de constitucionalidad de este proyecto, a través de la Sentencia C-313 de mayo de 2014, retiró o modificó varias limitaciones, de manera que sólo se acepta un conjunto de exclusiones explícitas cada cierto tiempo. La Corte ha dicho que todo lo que no sea excluido, está incluido, de manera que obliga a que se acabe el famoso POS y se provea todo lo necesario.

La Corte definió que la sostenibilidad fiscal no es justificación para negar servicios a las personas y exigió que la acción de tutela sea respetada, aún para las exclusiones, cuando los pacientes las requieran.

La ley estatutaria incluye la obligación de desarrollar políticas que afecten las causas de las enfermedades y promuevan la salud, dignificar el trabajo en salud, respetar la autonomía profesional y regular los precios de los medicamentos en toda la cadena y no solo en el proveedor mayorista, como decía el proyecto de ley.

El derecho fundamental a la salud es un asunto de vida o muerte. Todos somos pacientes potenciales y todos requerimos condiciones de vida saludables. La ley estatutaria en salud es un paso importante en esa dirección. Por eso, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud hace un llamado a la población colombiana para que acompañe, con su movilización social creativa, el propósito de sancionar esta ley y avanzar en la construcción de un nuevo sistema de salud que garantice sin ambages este derecho fundamental.

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