Colombia fue examinada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que evalúa la situación de derechos humanos en el país. El presente examen es el tercero realizado a Colombia, tras las evaluaciones de los años 2008 y 2013. En esta ocasión, intervinieron 86 países, quienes formularon más de 200 recomendaciones al Estado colombiano sobre el seguimiento al proceso de paz, la satisfacción de derechos de poblaciones específicas y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en derechos humanos.
Los Estados intervinientes valoraron de forma positiva el Acuerdo de Paz como un avance en el cumplimiento de los derechos humanos en el país, visión compartida por las 500 organizaciones que presentamos el informe ante Naciones Unidas como insumo para el Examen. A pesar de los avances del proceso de paz, los Estados que examinaron a Colombia concluyeron que persisten las violaciones a los derechos humanos, en particular de las mujeres, niños, defensores y defensoras de derechos humanos y poblaciones étnicas. En torno a la implementación del Acuerdo, se realizaron alrededor de 18 recomendaciones relacionadas con el cumplimiento cabal de los compromisos pactados, la sostenibilidad y autonomía del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, la reincorporación de excombatientes y el cumplimiento del Capítulo étnico. Cuatro países recomendaron dar continuidad a los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional ELN (Austria, Cuba, Chile y Venezuela).
La impunidad para la mayoría de los las violaciones a los derechos humanos fue un tema de preocupación reiterado durante el Examen, que llevó a 15 países a recomendar acciones concretas para garantizar acceso a la justicia, investigaciones efectivas y sanciones a los responsables, así como medidas específicas para mejorar la justicia en casos de violencia contra integrantes de pueblos indígenas, afrocolombianos, comunidades campesinas y contra periodistas, sindicalistas, líderes y personas defensoras de derechos humanos, así como en casos de violencia sexual contra niños, niñas y mujeres. Se le recomendó a Colombia implementar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y en particular la JEP, en concordancia con el Acuerdo de paz, y garantizar los recursos suficientes y necesarios para que funcione con independencia. Dos recomendaciones se realizaron sobre ejecuciones extrajudiciales, formuladas por Estados Unidos y Venezuela. En dichas recomendaciones se enfatizó en la necesidad de perseguir, investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales responsables de estas violaciones de derechos humanos.
De las recomendaciones formuladas durante el Examen, el 50% de los Estados mostró su preocupación y profundizó en la situación de las mujeres. Algunos países destacaron positivamente que el Acuerdo de paz incluya un enfoque de género y étnico, e instaron a su cumplimiento efectivo en la fase de implementación con la participación efectiva de las mujeres. Asimismo, formularon recomendaciones en las siguientes direcciones: adopción de medidas para garantizar su derecho a vivir una vida libre de discriminaciones y de violencias, en particular a las víctimas de violencia sexual (protección, atención en salud especializada, reducción de la impunidad). Igualmente, se recomendó al Estado colombiano garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo el aborto seguro, adoptar medidas efectivas para garantizar su participación en las instancias políticas implementando la legislación existente en la materia, y garantizar sus derechos sociales, incluyendo la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Varios países subrayaron la importancia de reconocer la labor de las defensoras de derechos humanos y avanzar en medidas de protección y judicialización de los responsables de las agresiones contra ellas.
Durante el examen, se realizaron aproximadamente 30 recomendaciones enfocadas a adoptar las medidas y mecanismos necesarios para proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, NNAJ, especialmente de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Las recomendaciones estuvieron orientadas principalmente a la prevención del reclutamiento de NNAJ por los diferentes actores armados, la restitución de sus derechos, el fortalecimiento en la reincorporación integral de las y los jóvenes desvinculados de las filas de las FARC-EP de acuerdo a los mecanismos internacionales, a su trato como víctimas y finalmente la reiteración en la ratificación del Protocolo 3 sobre comunicaciones al Comité de Derechos del Niño. En particular Chile instó al Estado colombiano a continuar los diálogos con el ELN para garantizar los derechos de los NNAJ.
Por otra parte, 27 recomendaciones fueron formuladas sobre prevención, protección e investigación de las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos. En particular, Holanda recomendó detener la estigmatización contra líderes y lideresas, que aumenta el riesgo de ataques; Reino Unido recomendó al Estado colombiano emitir declaraciones públicas de reconocimiento y respaldo a la labor de defensa de los derechos humanos; y Suiza recomendó la adopción de programas de protección colectiva que favorezcan a liderazgos y comunidades étnicas.
Es pertinente resaltar que con relación al Examen de 2013, las recomendaciones en esta ocasión en cuanto a la protección de los derechos humanos de los pueblos étnicos aumentaron significativamente. En el actual Examen se realizaron 31 recomendaciones sobre los siguientes aspectos: 1. Fortalecer la lucha contra la discriminación a los Pueblos Étnicos. 2 Implementación integral del Capítulo Étnico del Acuerdo final para la paz, (Canadá -Haití) 3. Protección a líderes indígenas e investigación y judicialización de los responsables materiales e intelectuales de amenazas y asesinatos. 4 Garantías al derecho fundamental a la consulta y consentimiento libre, previo e informado (México, Perú, Estado Vaticano) 5. Acceso a la justicia para pueblos indígenas y afrodescendientes, 5. Restitución de tierras y educación para pueblos Afrodescendientes (Haití). Palestina recomendó la protección de los pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Rom.
A pesar de que la Vicecanciller señaló que Colombia sí ratifica los tratados internacionales, por tercera vez se le hicieron recomendaciones de 17 países sobre la importancia de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Uno de los escenarios en los que tienen lugar de manera más recurrente estos tratos son los centros carcelarios, que enfrentan actualmente situaciones de hacinamiento, pésima habitabilidad y acceso a salud deficiente. Durante el examen, Colombia manifestó haber tomado medidas frente a estos temas. Sin embargo, según cifras del INPEC, a junio de 2017 había 78.690 cupos carcelarios para 115.628 personas en reclusión y el hacinamiento alcanzaba el 46,9%. Para enfrentar la grave situación carcelaria, Tailandia recomendó adoptar las Reglas Nelson Mandela y las Reglas Bangkok sobre condiciones de tratamiento a personas privadas de la libertad, y Argelia pidió ajustar el sistema carcelario a las normas internacionales.
En relación con los DESCA, las 13 recomendaciones formuladas giraron en torno al acceso a la salud y el acceso a la educación para niñas, niños y pueblos étnicos, en particular en zonas rurales, la superación de la pobreza en las regiones Pacífica y Atlántica, y la ratificación del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales PF-PIDESC que posibilita la interposición de denuncias internacionales por violación de los derechos sociales. Aunque no hubo recomendaciones específicas sobre el accionar de las empresas en Colombia, si hubo países que le recomendaron al Estado garantizar la participación de las comunidades y las minorías étnicas en las decisiones relacionadas con el desarrollo del país, y en particular el respeto a las consultas populares y al derecho a la consulta previa.
Sobre restitución de tierras, Turquía enfatizó la importancia de que la tierra regrese a los campesinos y cuatro países (Australia, El Salvador, Francia y Haití) insistieron en la continuidad de la implementación de la “ley de víctimas y restitución de tierras” (ley 1448 de 2011), por su parte, el Estado de Haití hizo hincapié en la restitución de tierras a comunidades afro-colombianas. Preocupante que ante la magnitud del universo de víctimas del conflicto (8 millones), de la magnitud del despojo de tierras (Estimado en 6 millones de hectáreas) y ad portas de empezar a funcionar el SIVJRNR, se hayan aprobado leyes que contrarían el desarrollo de la ley de víctimas.
También se realizaron nueve recomendaciones sobre personas con discapacidad, que incluyeron: México y Perú recomendaron fortalecer los servicios de salud, incluyendo los de salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad; Uruguay pidió asegurar la implementación de la Resolución del Ministerio de salud sobre garantía de estos derechos; Afganistán recomendó garantizar el acceso a la educación en todos los niveles, Venezuela recomendó combatir discriminación; Indonesia, respaldó la necesidad de garantizar los derechos de esta población; y Portugal y Níger recomendaron la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad.
El Gobierno hizo varias menciones al avance de los derechos de las personas LGBT y manifestó su compromiso con la no regresividad, un tema que preocupa a la población ante las iniciativas ultraconservadoras que buscan dar marcha atrás a los derechos reconocidos hasta ahora. Se realizaron tres recomendaciones en relación con la garantía de los derechos de las personas LGBT, una más que en el segundo ciclo del EPU. La República Checa recomendó fortalecer el acceso a la justicia y la inclusión de la población LGBT. Islandia recomendó continuar los esfuerzos para combatir los estereotipos y la discriminación contra la población LGBT. Y México recomendó obtener información desagregada por género, salud, discapacidad y orientación sexual para el diseño de políticas públicas. Adicionalmente, Chile, Chipre e Islandia felicitaron a Colombia por avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT.
En el ciclo de evaluación del Examen periódico del 2013, Eslovenia recomendó al Estado Colombiano la regulación del derecho a la objeción de conciencia y la creación de un servicio alternativo sin efectos punitivos; durante éste ciclo 2018 Croacia retomó el tema recomendando la implementación de un mecanismo independiente e imparcial que garantice a los jóvenes su reconocimiento como objetores de conciencia.
También hubo 7 recomendaciones sobre trata de personas, 3 recomendaciones sobre minas anti-persona, 2 sobre Plan Nacional de acción en derechos humanos, 2 sobre lucha contra la corrupción y una sobre protección de personas en la frontera, narcotráfico y crimen organizado, desplazamiento y personas en el exilio.
Finalmente, era un reto lograr recomendaciones para la implementación de controles a las actividades de inteligencia en Colombia. Todos los países evaluadores están luchando por entender el cambiante contexto tecnológico. Sin embargo, la efectiva protección de líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, que fue ampliamente discutida en EPU, dependerá de que Colombia consiga, entre otras cosas, evitar que las facultades de inteligencia sean abusadas e investigar las que han sucedido. Los países también enviaron preguntas escritas a Colombia para entender mejor los compromisos y avances en este tema, pero no hubo respuestas durante el Examen.
Después de esta revisión que cubrió la diversidad de problemas de derechos humanos que enfrenta nuestro país, confiamos en que el Estado colombiano aceptará todas las recomendaciones realizadas por los 86 Estados en materia de DDHH, así como el mecanismo específico de seguimiento a las recomendaciones de este nuevo ciclo del EPU, sobre el cual hicieron recomendaciones Paraguay y Egipto, y respecto del cual Myanmar especificó que dicho mecanismo debe contar con la institución nacional de derechos humanos (Defensoría del Pueblo) y con la sociedad civil.
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