La minería, la agroindustria de la caña y los agrocombustibles, el conflicto armado, los cultivos de uso ilícito están matando a la Madre Tierra. Ella no aguanta más; tampoco nosotros sus hijos, quienes la defendemos y la protegemos. La ausencia de una política agraria en el país, la alta concentración de la tierra en Colombia, la insuficiencia de tierras para los pueblos indígenas que habitamos la parte alta de la montaña, y para afrodescendientes y campesinos son razones suficientes para exigir la devolución de los territorios ancestrales y liberarlos del secuestro y explotación al que están sometidos.
Esta Audiencia tiene el propósito de compartir un análisis sobre las razones que llevan al Estado a una respuesta militar a nuestras acciones. ¿Qué se esconde en esa agresiva política? ¿Por qué tan desmedidos en sus acciones? ¿Se trata solamente de la mala intención de algunos uniformados? ¿Hay detrás una estrategia, unas razones? Permítannos compartir nuestras reflexiones y proponer algunas alternativas a modo de preguntas.
Primera pregunta: ¿Por qué continuar la Liberación de la Madre Tierra?
1. Las comunidades que integran la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca, desde octubre de 2014 nos declaramos en proceso de liberación de la Madre Tierra, un acto ritual de retomar tierras ancestrales que se desarrolla en Corinto (en las fincas Quebrada Seca, Miraflores, García Arriba, García Abajo, Granadita y Cultivos Caucana); en Santander de Quilichao (en las fincas San Vicente y Japio), y en Caloto (en la histórica finca La Emperatriz). En este mismo proceso de reclamación de derechos, nos movilizamos en Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez en La Agustina y Mondomo, del 25 de febrero a 16 de Marzo de 2015.
2. Tenemos cinco grandes razones para esta Liberación de la Madre Tierra:
a) La primera es que está secuestrada por el extractivismo y el latifundio cañero, un modelo productivo que la envenena y la destruye, destruyéndonos de paso a los seres humanos. ¿Alguien puede estar contra este acto de justicia?
b) La segunda razón es porque tenemos derechos ancestrales a recuperar nuestros territorios y a su restitución por parte del Estado, independiente de que haya alguna gente que muestre una escritura; eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno colombiano ni se mueve.
c) La tercera razón es que el gobierno y el Estado en su conjunto (sobre todo el Incoder) tienen un procedimiento de titulación y entrega de tierras que NUNCA nos va a resolver el problema; al ritmo que se ha hecho, vamos a necesitar por lo menos ¡UN SIGLO Y MEDIO! para que nos restituyan nuestras tierras y territorios.
d) La cuarta razón es que mientras el gobierno nos enreda en los trámites del Incoder, mientras nos toman del pelo con las indemnizaciones ordenadas por la CIDH, mientras nos niegan los títulos de tierras que ya tenemos y prefieren dejarlas en manos del Fondo Nacional Agrario, mientras todo eso pasa y nos pretenden tener ahí, embobados con proyecticos y chichiguas, con finquitas de 100 hectáreas por año, la industria cañera avanza como una plaga por las tierras planas que son propiedad ancestral nuestra, y de los afrodescendientes, y de los campesinos que llevan siglos viviendo con nosotros; mientras nos dicen que esperemos a los procedimientos legales, ellos no tienen problema en cambiar la ley para que avance la minería legal, y en hacerse los ciegos ante la minería de las mafias paramilitares.
e) Y hay una quinta razón, un poco distinta: todos los actores armados están apropiándose de los territorios. Para defender ese modelo de despojo que señalamos, y para posicionarse por vía armada previendo que las cosas pueden cambiar si eventualmente terminamos el conflicto.
3. Nosotros hemos respondido a nuestro modo ante esa modalidad de economía que no respeta los medios naturales. Hemos fortalecido las acciones propias de control territorial contra la minería y los cultivos ilegales en algunas ocasiones expulsando maquinaria , hemos erradicado cultivos ilegales de forma concertada, hemos impedido el paso de actores abusivos por el territorio e incluso hemos denunciando ante las autoridades locales a ver si colaboran con las autoridades indígenas.
a) La respuesta de las autoridades locales y nacional ha sido nula o ineficaz. En marzo del 2014, por ejemplo, los Cabildos de Huellas, Toez y López Adentro -de Caloto- denunciamos la afectación de la ribera del río Palo, sin tener respuesta municipal efectiva y con la reanudación de los daños sociales y ambientales. Igual nos pasó a los Cabildos de Guadualito, La Concepción y las Delicias -en Santander de Quilichao- que ante las acciones de control recibimos las amenazas a las autoridades indígenas, sin que el Estado haya respondido.
b) En otras palabras, el Estado es negligente o cómplice -una de dos- con este modelo de despojo programado y dirigido contra la Madre Tierra.
c) Con la industria cañera es más difícil. Porque están cubiertos por la “legalidad” (entre comillas), porque tienen ministros y consejeros en el alto gobierno (el propio ministro Iragorri, la familia Eder, etc.), y porque controlan toda la política de tierras.
4. En el fondo el problema es el aplazamiento indefinido (al gobierno le gustaría decir “definitivo”) de una reforma agraria integral. El argumento del gobierno y de sus intelectuales es que ya no se necesita una reforma agraria; que una reforma agraria está pasada de moda; que entregarle la tierra a los indígenas, afrodescendientes y campesinos no los sacará de la pobreza. ¡Puras mentiras! Lo que quieren es que sigamos entre los pobres del campo peliándonos un pedazo de tierra bien chiquito; lo que quieren es que nos demos machete entre indígenas, campesinos y afros tratando de garantizar un lugar para que vivan nuestras familias.
5. No lo van a lograr. No vamos a seguir una guerra entre pobres, mientras los ingenios de la caña se quedan con toda la tierra del Cauca, con toda el agua de nuestras cordilleras, con todo el aire. La solución a los problemas de tierras en el norte del Cauca es una reforma agraria que la reconozca los derechos colectivos al territorio a las comunidades rurales. Pero estamos casi seguros que el Estado no lo va a hacer.
a) Por eso la primera propuesta que hacemos en esta Audiencia Pública es a nuestros hermanos afrodescendientes y campesinos: Juntémonos para liberar la Madre Tierra; hagamos Minga para que la tierra solo sea de quienes la aman y la cuidan; realicemos un debate práctico sobre la tenencia, el uso y la redistribución de la tierra.
b) La segunda propuesta es que lleguemos a un acuerdo para que la tierra sea para la vida. Como resultado de la liberación de la Madre, debemos avanzar sobre pactos y delimitación de territorios étnicos y campesino, garantizando que todos los seres humanos tengan derecho y que la Madre Tierra también tenga derechos.
c) La tercera propuesta es que relancemos, unidos, un debate político nacional sobre el problema estructural del modelo económico en Colombia, basado en el extractivismo y la destrucción de la naturaleza. Mucha gente viene resistiendo a las represas, a los proyectos mineros, a la privatización del aire y el agua, a la desviación de los ríos; sumémonos, hagamos Minga… ya es hora de que conformemos un Movimiento de Víctimas de Crímenes del Desarrollo Extractivista.
6. La Liberación de la Madre Tierra está decidida por las autoridades indígenas como una lucha permanente e indefinida. Esta no es una movilización para negociarla con nadie. Eso sí, estamos dispuestos al diálogo, pero para que nos digan cómo van a restituir la Madre Tierra. Vamos a coger varios caminos, todos pacíficos, todos legales: i) Demandas al Estado por los hechos de violación a los DD.HH. en la Liberación de la Madre Tierra; ii) Demanda al Estado ante la Comisión IDH y llegar a la Corte IDH, para lograr restituir los territorios ancestrales indígenas del norte del Cauca; iii) Demandas para procurar la extinción de dominio de las tierras hoy ocupadas por terratenientes y demás; iv) Acciones judiciales indígenas para la restitución de territorios ocupados, lo que algunos llaman recuperación de tierras y territorios.
Y aquí viene la segunda pregunta: ¿Por qué la inoperancia en las acciones de protección y salvaguarda a los pueblos indígenas?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares para la población indígena, especialmente de Toribio y Jambaló; el Estado colombiano también ha recibido recomendaciones imperativas de la CIDH en el marco de la reparación integral del pueblo nasa del norte del Cauca por el caso conocido como la Masacre del Nilo ocurrida en 1991; la Corte Constitucional ordenó (Auto 004) al Estado adoptar un Plan de protección al pueblo Nasa. La responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la autonomía, el acatamiento de la Declaración de ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, el restablecimiento de un orden de cosas constitucional, “ya” se deberían haber adoptado en el marco del Plan de Salvaguarda; el gobierno tiene desde hace meses en sus escritorios propuestas para cumplir la orden de la CIDH y la propuesta del Plan de Salvaguarda construido colectivamente por nosotros, pero no ha querido cumplir; prefiere adoptar medidas aisladas, que más sirven para la propaganda oficial que para proteger a la gente. La realidad no cambia, y las acciones amenazantes, señalamiento, estigmatización y persecución de los diferentes grupos armados y de la Fuerza Pública a comuneros, autoridades, guardias y docentes indígenas es evidente.
¿Por qué no cumple si se lo ordena la Constitución, la Corte Constitucional y la Comisión IDH? Nuestra respuesta es simple: porque todas esas órdenes lo obligan a reconocer nuestros derechos territoriales y políticos. El Estado no cumple porque eso implica la restitución de nuestros territorios y la Liberación de la Madre Tierra; porque eso implica parar el modelo de despojo y destrucción de la naturaleza. Prefieren violar la ley nacional e internacional, antes que garantizar nuestros derechos.
Tercera pregunta: ¿Por qué la respuesta militar del gobierno de Juan Manuel Santos a una acción civil legítima y legal?
1. Los indígenas del Cauca nunca nos hemos negado a dialogar con el gobierno. Es más: algunos nos acusan de ser demasiado condescendientes con sucesivos delegados gubernamentales que vienen a “tranquilizarnos” (entre comillas) cada vez que alzamos un poquito la voz y los bastones para reclamar nuestros derechos. Antes y durante estas últimas movilizaciones han sido nulos los acercamientos con el gobierno nacional; los ministros de Interior y de Agricultura han venido a hablar con nosotros y dicen que eso es seña de buena voluntad, y muestran sus visitas como la gran cosa que debemos agradecer; pero de todas esas venidas no han resuelto ninguno de los problemas de fondo. Para alargar la solución al problema de la tierra y mientras tanto mantener el proceso de despojo por parte de la industria cañera, nos quieren embaucar con algunas platicas y proyecticos. Por supuesto, nosotros hemos rechazado esas ofertas: porque cumplir con las obligaciones en materia de inversión, no les quita las obligaciones en materia de tierras y territorios.
2. Pero si estamos siempre dispuestos a conversar, ¿por qué la respuesta desmedida, militar y paramilitar? El cuento es el de siempre: que estamos infiltrados por la guerrilla. Nadie como los militares saben que somos autónomos frente a la insurgencia, al ejército y a los paramilitares; ¿cómo no lo van a saber si llevan 50 años haciéndonos inteligencia y saben cómo es que luchamos por la autonomía y la vida digna? Autonomía territorial y vida digna. Ese es el problema. Lo que el Estado y los sectores dominantes del Cauca y el Valle no aceptan es que seamos autónomos y que busquemos vivir dignamente; por lograr eso es quitarles un pedazo bien grande del poder que han acumulado desde que hace 5 siglos que empezaron a robarnos nuestras tierras y nuestros bienes.
3. El instrumento del colonialismo y el despojo que ahora usan con odio contra los pueblos indígenas y demás sectores populares es el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, adscrito a la Policía Nacional y dependiente de las industrias cañeras del Valle y el Cauca. Sabemos que muchas de las órdenes al ESMAD vienen de los ingenios; hemos demostrado que los ejércitos privados de esas empresas -llamadas empresas de seguridad, pero que en realidad son mercenarios- actúan conjuntamente con la Policía y que han disparado impunemente contra nuestras familias[1]. Cuando nos tiran gases y balas, o cuando nos machetean y destruyen las cocinas y casas que estamos construyendo en la tierra liberada, los agentes del ESMAD gritan enloquecidos que somos ladrones de tierras, invasores de la propiedad privada, enemigos del desarrollo económico; son los mismos argumentos de las empresas cañeras, los mismo señalamientos de los pasquines de amenaza de los Rastrojos y los Urabeños. El ESMAD se ha convertido en una figura represiva que de manera intencional, desmedida y premeditada ha convertido actos de reclamación social en escenarios de muerte. Esto con el agravante de que en zonas rurales se repite la combinación mortal del ESMAD y el Ejército nacional.
4. Las respuestas y acciones del ESMAD, el Ejército y la seguridad privada de las empresas -que nos referimos en el informe de derechos humanos antes expuesto son conocidas de todos- no son nuevas. En hechos de los actores armados del conflicto y de acciones de represión a la protesta y movilización indígena, tenemos un registro de 504 asesinatos selectivos o en masacres contra comuneros indígenas en el norte del Cauca desde el año 2000. Los últimos asesinatos a comuneros indígenas se han dirigido the’walas (médicos tradicionales) y kiwe thegnas (guardias indígenas), hechos que ahondan en la afectación pues son los encargados de mantener el equilibrio espiritual en el territorio, cuidar el territorio y la comunidad. Porque lo que caracteriza todos estos crímenes de la Fuerza Pública, así como los que han sido realizados por los paramilitares, es que todos atacan nuestro proyecto de autonomía territorial y de vida digna, la gran mayoría se hacen para imponer un modelo económico extractivista, por parte del Estado, quieren impedir que nuestros derechos colectivos al territorio y al autogobierno se cumplan.
5. Todas estas actuaciones criminales se acompañan con la criminalización y judicialización de los comuneros que participan de la liberación de la Madre Tierra.
6. Hay algo más: las anteriores situaciones -y otras a las que nos referiremos más adelante- demuestran que la existencia de un número importante de efectivos militares en la región no garantiza ni garantizará la seguridad ni la paz en la zona, por el contrario los casos de muertes, asesinatos selectivos, desapariciones, etc., siguen presentándose.
Tercera pregunta: ¿Por qué no hay acciones de control frente a los paramilitares?
1. La presencia paramilitar en el norte del Cauca siempre ha sido una realidad conocida por la población civil, las instituciones del Estado colombiano, policiales, militares y administrativas. En los últimos meses se evidencia en la zona la reactivación de las acciones de estos grupos tendientes a estigmatizar y atemorizar las acciones realizadas por el proceso comunitario mediante amenazas, atentados y asesinatos. La ACIN ha denunciado el incremento de amenazas de grupos paramilitares a los Cabildos Indígenas que realizan control territorial a la minería y que se encuentran en procesos de reclamación. Así mismo hemos denunciado 14 asesinatos de comuneros y comuneras cometidos solo en este año por parte de estos grupos, sin que el Estado haya reaccionado en lo más mínimo para neutralizarlos.
2. Obviamente no solo se afecta la ACIN. Los panfletos amenazan que habrá una limpieza social y otras intimidaciones a la población, pero sobre todo se encargan de señalar a las organizaciones sociales de la región y a varios dirigentes sociales destacados, representantes de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, representantes de víctimas y organizaciones de restitución de tierras; y los asesinatos y atentados vienen afectando a todos los sectores sociales.
3. Es casi imposible no ver la responsabilidad del Estado colombiano y su fuerza pública en los múltiples crímenes del paramilitarismo y en su larguísima presencia en el norte del Cauca.
a) En primer lugar todos estos hechos se dan en una zona con fuerte presencia militar y policial. El corredor vial entre Santander de Quilichao, Corinto y Miranda ha sido el escenario de los últimos asesinatos de indígenas, y ese corredor es de “control” por la fuerza pública… y es la zona de despliegue de grupos paramilitares, en donde se decretan “toques de queda” regularmente por esa fuerza pública y a veces por los grupos paras. En las acciones del control territorial del 2013 preguntábamos ¿por qué una de las vías más cuidada por los militares era el lugar del asesinato de indígenas?; la pregunta hoy sigue siendo la misma.
b) Lo anterior se demuestra con los hechos donde fueron asesinados Emiliano Silva y Gerardo Velasco. El lugar de la interceptación y rapto es en una zona de absoluta jurisdicción y control de una de las bases militares más importantes del sur occidente del país: la Base Móvil Número 14 al mando del coronel Bladimir Nossa, comandante de operaciones. La interceptación se dio a menos de 200 metros del retén ubicado en el cementerio central de Caloto y a menos de 400 metros de la base de comando en la vía pavimentada que de Caloto conduce a Corinto, un dispositivo que tiene radio de acción mínimo de un kilómetro de protección, en donde soldados guardias y soldados centinelas lo protegen y realizan vigilancia periférica (según dijeron los propios militares a la comunidad indígena de las veredas La Selva, Bodega Alta y Toez para justificar su presencia invasiva en terrenos del resguardo). En este sector (11 pm) fue el inicio en el que fueron finalmente asesinados los dos comuneros indígenas, cuyos cuerpos fueron encontrados a casi media hora del sector en cuestión, con evidencia de torturas e impactos de bala.
c) Información previa a los hechos denunciados arriba con la muerte de los dos comuneros, se conoce que, en uno de los apartes del volante (comunicado Águilas Negras febrero de 2014) afirma que se darían hechos de limpieza como ya se habrían hecho en el municipio de Guachené.
d) En un panfleto del mes de noviembre de 2014, que las FARC denunciaron como apócrifo y que fue distribuido rápidamente por la Fuerza Pública a la prensa en región, aparecía el mismo texto de amenaza que un mes antes había circulado el grupo Los Rastrojos. Las autoridades indígenas han expresado preocupación por este hecho, que no solo muestra un plan orquestado por los grupos paramilitares sino que vincula sospechosamente el accionar de la Fuerza Pública.
e) Con preocupación podemos afirmar que en estos hechos tiene gran responsabilidad la fuerza pública por acción u omisión; es muy cuestionable la pasividad policial y militar en el ejercicio que les corresponde… o, más grave, existe algún tipo de coordinación que facilita la ejecución de los crímenes.
f) Y el tema de siempre: la impunidad. Uno de los factores que ha incentivado el fortalecimiento del accionar paramilitar es la ineficiencia de las autoridades locales y nacional para controlar los factores de su presencia, como el narcotráfico y la minería ilegal en la zona.
4. Una grave situación se presenta y ejecuta en el casco urbano de Santander de Quilichao, donde el número de homicidios, amenazas y extorsiones causadas por estos grupos y por otros grupos menos determinados se ha disparado. Esto ha ocurrido justo cuando hay un visible y casi ostensible crecimiento de fuerza policial en el municipio. Para nosotros resulta muy claro que hay un plan para descomponer socialmente la región, para propiciar el crecimiento de grupos delincuenciales fuertemente armados y agresivos, que luego serán el caldo de cultivo de grupos paramilitares y de sicarios que atacarán al fuerte movimiento social del departamento.
Frente a los hechos del ESMAD, el paramilitarismo y otras dependencias estatales, le hacemos las siguientes exigencias al gobierno nacional:
1. Salvaguardar la vida de los integrantes de la comunidad indígena del norte del Cauca.
2. Cesar el tratamiento militar que le está dando al ejercicio de liberación de la madre tierra que están adelantando las comunidades del norte del Cauca.
3. Atender las exigencias que el pueblo nasa del norte del Cauca está realizando en el ejercicio de la liberación de la madre tierra.
4. Que se adopten por parte del Estado colombiano las medidas pertinentes para garantizar la vida y la continuidad de los procesos en defensa de los derechos humanos.
5. Implementar los planes de salvaguarda y en especial el del pueblo indígena nasa, atendiendo las solicitudes que realizó la Corte Constitucional al Estado colombiano.
También la exigimos a los organismos de control.
1. A la Fiscalía General de la Nación, que realice una investigación exhaustiva, con el fin de identificar e individualizar, tanto a los autores materiales como intelectuales de estos hechos, la muerte de Guillermo Paví, así como las otras muertes que se han presentado en la zona.
2. A la Procuraduría para que investigue el accionar de los miembros de la Policía, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD, y también las actuaciones de los miembros de la Fuerzas Militares que hacen presencia en la región.
Pero faltan otras dos preguntas: ¿Por qué la estrategia de asedio del Ejército a las FARC?
1. La declaración de cese unilateral por parte de las FARC a partir del 20 de diciembre de 2014 fue una buena noticia para el país. Los indígenas a través de la ONIC hemos participado en las acciones de verificación en el espacio del Frente Amplio por la Paz; el segundo informe de la verificación lo hicimos justo en El Palo, con presencia de las organizaciones sociales de la región. Lo que hemos observado, además de los hechos puntuales, es una decisión deliberada del Ejército para que la tregua unilateral de las FARC se rompiera utilizando los hostigamientos y el asedio a fuerzas de esa organización guerrillera; lastimosamente las FARC cayeron en la trampa -las razones todavía no las conocemos exactamente- y el 14 de abril mataron a 11 militares e hirieron a otros 17.
2. Frente a hechos como lo hemos señalado en el informe de derechos humanos, se evidencia una creciente militarización de la cordillera occidental en los límites entre Buenaventura (Valle del Cauca) y Buenos Aires y Suárez (Cauca). Las acciones masivas de desembarco, la estrategia de copamiento territorial por parte de Fuerza Pública, inevitablemente iba a desembocar en un enfrentamiento. Esto puso en alerta máxima a la comunidad de la zona previendo un enfrentamiento entre efectivos del Ejército y la guerrilla de las FARC; los comuneros de la región venían diciendo que algo malo iba a pasar. Y pasó. Así fue denunciado en varios comunicados públicos que tuvieron alta difusión[2].
3. Pero, ¿qué interés tenía el Ejército en provocar estos hechos? Para nosotros queda claro que el Ejército quería provocar un enfrentamiento de gran escala que sirviera para desprestigiar el proceso de paz; de pronto no tan mortal ni tan sangriento; pero es imposible que ellos no hubieran calculado de que tanto toriar a la guerrilla iba a pasar eso.
a) Pero hay algo más, como señala Rozental, “El traslado masivo de tropas del Ejército colombiano al norte del Cauca se hace para aprovechar la tregua unilateral de las FARC y realizar una ocupación militar de territorios estratégicos. No son territorios de las FARC, pero en ellos, la guerrilla ha tenido presencia. Son territorios donde habitan indígenas y campesinos. Territorios de pueblos en permanente disputa en esta guerra entre actores armados en medio de poblaciones y en su contra. La intención es clara: aprovechar la tregua y la negociación para quitarle espacio a las FARC”[3].
b) Podemos agregar: Esa zona es donde las grandes empresas mineras se quieren aposentar y donde resisten indígenas y afrodescendientes a ser copados por las retroexcavadoras; son las áreas desde donde se puede apuntalar el control territorial de la industria cañera; es la obligada zona de expansión de la estrategia de recuperación territorial de indígenas y afros.
c) ¿Cómo se entienden los movimientos militares en la zona? Pues está claro que el gobierno y los paramilitares están posicionándose desde ya para el llamado post conflicto; se mueven en el marco del plan de consolidación y para asegurar militarmente el territorio en aras de proteger la extracción minera de las multinacionales.
d) ¿A qué juega la industria cañera, los terratenientes, los dueños del Cauca? Además de sus negocios, pareciera que van por un control territorial antes de que haya acuerdos en La Habana, o dicho en otras palabras, ganar todo a la brava antes que un nuevo pacto político los obligue a aceptar el imperio de la democracia. Eso es lo que explica la idea de la senadora uribista Paloma Valencia; no creemos que su idea de dividir el Cauca fuera solo una locurita suya o una uribestialidad; su propuesta de “encerrar” a los indios en las laderas de la Cordillera y dejar intactas sus propiedades en el valle del río Cauca y en las zonas productivas es para anticiparse a un posible ordenamiento territorial que les quitará a los ricos un buen pedazo de territorio.
4. Queremos enfatizar que el despliegue mediático de la noticia ha invisibilizado todo el contexto de la región: Se ha ocultado la conmemoración de la masacre del Naya en 2001, la presencia del Bloque Calima en la zona por más de dos años con un saldo de casi 300 personas asesinadas, el desarrollo impune del narcotráfico, el desconocimiento de los derechos sobre la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas, afro y campesinas que habitan el Naya. Efectivamente, el saldo de la provocación ha sido muy rentable para las grandes empresas, el gobierno, los paramilitares y las mafias en la región.
Finalmente, ¿por qué insistir en la terminación del conflicto y la construcción de la paz?
1. Los anuncios de una tregua unilateral por parte de las FARC, los planteamientos del presidente Juan Manuel Santos de evitar por un lapso los bombardeos a campamentos de esa guerrilla, así como los anuncios conjuntos sobre un proceso de desminado por parte de la Mesa de Conversaciones de La Habana, las comunidades afectadas por el conflicto armado los vemos como gestos importantes para la terminación de la guerra y la construcción de la paz.
2. La declaración de las FARC ha sido celebrada por la población de los cascos urbanos de Corinto, Toribío, Jambaló y Caldono, golpeados en los últimos años por centenares de hostigamientos guerrilleros y por la respuesta militar; de hecho el cese unilateral y el cese de bombardeos se convirtieron en un alivio para las comunidades indígenas y campesina. La oficina de Derechos Humanos de ACIN registra una muy importante disminución en número de hostigamientos en esos municipios, así como de los combates en zonas rurales. Nos alegra que luego de más de 500 hostigamientos, 5 tomas a cascos urbanos y la destrucción de más de la mitad del pueblo de Toribío, tengamos un escenario de relativa tranquilidad; también vemos muy positivos los cambios de comportamiento de las estructuras militares de la FARC para con la población. Por supuesto, esta situación de no confrontación se ve interrumpido en ocasiones en las poblaciones rurales cuando por acciones ofensivas militares y respuesta de las FARC es afectada la población civil, o se crean tragedias como las de Timba.
3. Ante esta situación:
a) Seguimos reclamando, por todos los medios y con acciones masivas, un cese de fuegos y hostilidades bilateral e indefinido.
b) Insistimos a las FARC que mantenga el cese unilateral, que instruyan a sus bases para que no caigan en provocaciones y para que no provoquen tampoco.
c) Insistimos al gobierno que vuelva a ordenar el cese a los bombardeos a campamentos de las FARC, que no solo afectan la frágil tregua unilateral, sino que afecta comunidades civiles, destruye bienes comunitarios y produce un hondo daño a la Madre Tierra. También llamamos al gobierno para que detenga a los provocadores que tiene en el Ejército y entienda que algunas de sus “operaciones de control” son abiertas provocaciones para romper la tregua unilateral de las FARC.
d) Llamamos al gobierno y al ELN para que acuerden la agenda de conversaciones. Los indígenas del Cauca -la ACIN y el CRIC- estaríamos de acuerdo con este proceso.
e) El norte del Cauca es uno de los territorios con alta presencia de minas antipersona y MUSE que amerita ser priorizado. Exigimos que el diseño de ese proceso tenga participación comunitaria y consideramos clave la presencia de organizaciones internacionales con experticia en el tema.
f) Llamamos al gobierno nacional, a los medios masivos de comunicación y a los de la derecha política, para que moderen su lenguaje y su propaganda de guerra. Lo exige un pueblo que lleva 500 años de guerra y viviendo todo el dolor.
4. Los indígenas del Cauca les proponemos hacer del norte del Cauca un Territorio de Paz, unido a otros territorios de paz que se vienen impulsando en el departamento. El CRIC ha manifestado su disposición a sumarse a estas iniciativas en otras zonas del departamento. Sobre este tema:
a) El territorio de paz es para que con una permanente movilización social (encuentros, asambleas, misiones internacionales, acompañamientos, diálogos entre todos los actores sociales), podamos lograr de hecho un cese bilateral de fuego y hostilidades. Nosotros pensamos que la fuerza de la gente, la legitimidad de una acción como ésta, hará que los armados se sientan obligados a respetar la vida, las organizaciones, la autonomía popular, y en consencuencia prefieran desescalar la confrontación hasta hacerla casi impercetible. Gran desafío, pero posible. Los territorios donde estamos liberando la Madre Tierra serán territorios de paz sin presencia de ningún actor armado. Llamamos a unos y otros a que respeten esta decisión.
b) Un territorio de paz es para resolver conflictos. Por eso nuestra experiencia debe ser un espacio para superar algunos de los conflictos por la tierra que hemos sufrido, y que afortunadamente venimos superando. Si al pacto por la Liberación de la Madre Tierra le agregamos acuerdos para superar los conflictos anteriores, habremos avanzado en el cumplimiento de derechos.
c) Un territorio de paz es para prefigurar lo que será el territorio cuando se firmen los acuerdos. De ahí que se trata de analizar, debatir y sobre todo proponer alternativas de solución estructural para resolver los problemas y en necesidades sociales, económicas, territoriales, políticas administrativas de los diferentes sectores étnicos, sociales y populares; para nuestro caso debemos avanzar en propuestas estructurales para definir las políticas del Estado sobre tenencia, uso y distribución de las tierras en el Cauca. Llamamos al gobierno nacional para que nos reconozca como un caso piloto de la transición democrática, y por tanto acoja nuestras alternativas y decisiones, las apoye política y presupuestalmente, y sobre todo no las ataque judicial ni militarmente. Como diría alguien: ¡Es la paz territorial!
5. La firma de un acuerdo para terminar el conflicto armado no es la paz. Eso lo sabemos. Pero es un paso fundamental para la construcción de paz.
Cuenten con nosotros para la paz. Nunca para la guerra.
Cxhab Wala Kiwe- Asociación de cabildos Indígenas del Norte del Cauca- ACIN
Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC
Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC
[1] El indígena Yimmi Cuetia, de 27 años, resultó herido después de que uno de los hombres del grupo de seguridad del Ingenio del Cauca le disparara con su guacharaca. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/conflicto-tierras-planas-del-norte-del-cauca-articulo-548637
[2] Ver El Espectador, en http://www.elespectador.com/noticias/nacional/expectativa-cauca-desembarco-de-tropas-de-ejercito-y-po-articulo-551435 y Pueblos En Camino, en http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-no/extermino-terror-y-guerra/1259-ejercito-estaria-planeando-nuevo-masacre-en-el-naya.
[3] http://nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/7537-guerra-en-el-norte-del-cauca-la-masacre-de-los-pobres-y-el-funeral-de-los-soldados
Secretaria General ACIN
Roxana
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS NORTE DEL CAUCA – ACIN,
Carrera Septima (7°) N° 6-20 los Samanes Santander de Quilichao Cauca – Colombia
Tel: 844 20 44
Cel: 314 872 22 61
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.