Diferentes organizaciones sociales y políticas, reunidas para analizar la situación generada por la decisión del procurador Ordoñez de destituir al alcalde Gustavo Petro, luego de analizar el marco en el que se toma la misma, nos plantearnos tareas unitarias de cara a la coyuntura en que entra la ciudad y Colombia, siempre con la pretensión de fortalecer las propuestas alternativas de movilización y construcción de nuevo país.
Resaltamos los siguientes elementos como factores que explican el contexto de fuerzas en el que se da la destitución del alcalde de Bogotá:
1. Enfatizamos que esta destitución no expresa una decisión aislada o legalista del Procurador Ordoñez. No, lo decidido obedece a intereses de una intrincada red de sectores que tienen puesta su mira en la retoma administrativa de la capital del país. Sectores del gran capital privado provenientes de los negocios de la construcción y la renta de la tierra urbana (Camacol), los negociantes de la salud (EPS), los negociantes del rentable negocio de la recolección de basuras (William Vélez, Ciudad Limpia – familia Pastrana, entre otros).
Pero también se trata de sectores políticos de la extrema derecha, cuyas concepciones patriarcales y ultraclericales chocan con algunas iniciativas de derechos a la mujer y de las comunidades Lgtbi impulsadas por la actual alcaldía; y grupos políticos tradicionales que aspiran a recuperar para las élites el control de la capital.
Estos factores de poder presionaron jurídica, política y mediaticamente la destitución de Gustavo Petro, con el argumento de que se trataba de «una alcaldía improvisada». En nombre de la eficiencia neoliberal el Procurador sostuvo que se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia (¡!)
2. En última instancia lo que está en juego detrás de la decisión “legal” pero ilegítima del Procurador, es la disputa por el modelo de ciudad y el ejercicio del derecho a una urbe con prioridad en sus pobladores más excluidos. Sin duda, destella, el gran capital criollo y multinacional exige que las políticas de ordenamiento territorial y la prestación de los servicios públicos no se salga de su orbita, que estén bajo su férula, que engorden sus chequeras, por esto consideran un atentado que un advenedizo pretenda que retroceda el orden neoliberal urbano, el que si bien se mantiene con notoriedad en el Distrito Capital, ha sufrido tropiezos evidentes para su máxima realización.
En este sentido no es extraña la decisión de estos grupos de poder por desconocerle a los ciudadanos de la capital del país su voluntad mayoritaria, la soberanía popular, evidenciando la formalidad de la “expresión máxima de la democracia formal”, el voto. Se trata de decirle, de enfatizarle al pueblo que los destinos de la ciudad y del país estarán dictados sin su consentimiento. Se trata, por tanto, de un ataque y de un reto de sectores tradicionales del poder, con el cual confronta a la ciudadanía en general y a la izquierda en particular, retándola a un disputa pública por la ciudad.
3. También el Procurador, con la orden de destitución, reitera su posición contra el proceso de paz entre el gobierno y la insurgencia, por cuanto plantea un precedente frente a la participación política, se permitirá el acceso a cargos públicos de elección popular, pero el Estado podrá destituir, apresar, condenar al ostracismo político, si las propuestas agenciadas van en contravía del proyecto dominante.
Con este marco de referencia, valorando las consecuencias de lo decidido por el Procurador y los factores de poder que representa, quienes firmamos este comunicado rechazamos contundentemente la arbitraria, sesgada e ilegítima destitución de Gustavo Petro.
En consecuencia, llamamos a la ciudadanía a expresar su inconformidad a través de diversas formas de movilización en las que se resalte la defensa del derecho a la ciudad, como territorio incluyente, a la par de la democracia profunda que desprivatice el disfrute de los derechos fundamentales y le garantice al pueblo el respeto de su voluntad electoral, creando de esta manera el ambiente necesario para potenciar y ampliar la realización del sueño de una paz real, que más allá de la desmovilización de los actores armados insurgentes, brinde los medios y garantías que se traduzcan en derechos políticos, sociales, económicos y culturales para el conjunto de los habitantes del país. Una protesta y expresión ciudadana que exija la renuncia y/o destitución del Procurador Ordoñez, concretando así el cansancio de la sociedad con quien transformó su función pública de control en inquisición y persecución de la oposición política.
De igual manera, llamamos al conjunto de la izquierda, a los sectores democráticos y al conjunto de la población colombiana a que asumamos la decisión del Procurador como una afrenta que debe responderse con un mayor grado de unidad y oportunidad para diseñar la ciudad y el país que todos pretendemos. Invitamos a conformar y fortalecer un Frente Amplio por la Democracia, la Paz y la Soberanía, a la par de hacerle eco a la realización del Encuentro nacional de líderes rurales, el Encuentro nacional de pequeños cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, el Encuentro nacional de la salud, y la Cumbre social por la paz.
Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas de Colombia, Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, COMOSOC, Entre Redes, Desde Abajo, Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC, Partido Comunista de Colombia, Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo –Modep–, Poder y Unidad Popular – PUP.
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.