La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, hemos realizado nuevamente un análisis del proceso de negociación, en el que concluimos declararnos en sesión permanente en Mesa Única Nacional – MUN a partir del 8 de marzo, fecha en la que se tenía prevista la sesión ordinaria de la MUN, hasta tanto el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo en su calidad de coordinador de la Mesa; el Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez; se hagan presentes en la sede del Ministerio del Interior, con el acompañamiento de Naciones Unidas, para que el Gobierno Nacional , los órganos de control y el Ministerio Público entiendan nuestras razones y atiendan nuestras peticiones.
Bogotá, D.C., 8 de marzo de 2017.
Señores
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
JUAN FERNANDO CRISTO
Ministerio del Interior
Coordinador de la MUN
Reciban el cordial saludo.
La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, hemos realizado nuevamente un análisis del proceso de negociación, en el que concluimos declararnos en sesión permanente en Mesa Única Nacional – MUN a partir del 8 de marzo, fecha en la que se tenía prevista la sesión ordinaria de la MUN, hasta tanto el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo en su calidad de coordinador de la Mesa; el Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez; se hagan presentes en la sede del Ministerio del Interior, con el acompañamiento de Naciones Unidas, para que el Gobierno Nacional, los órganos de control y el Ministerio Público entiendan nuestras razones y atiendan nuestras peticiones.
CONSIDERACIONES:
⦁ Han transcurrido dos años y diez meses de expedido el decreto 870 del 8 de mayo de 2014 con el cual se crea la Mesa Única Nacional para discutir los temas contemplados en el Pliego de Exigencias: Mandatos para el buen vivir(…) elaborados por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, a fin de contribuir a la superación de los problemas históricos, que dieron origen a las movilizaciones que se han dado desde los territorios a partir del 2013, que padecen principalmente las comunidades indígenas, negras y campesinas, y como aporte a la construcción de la paz con justicia social.
⦁ Desde las primeras sesiones de la Mesa Única Nacional, iniciadas el 7 de octubre de 2014 la discusión se ha centrado en los temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos, a la apertura de las mesas regionales de negociación en Catatumbo, Magdalena Medio, Antioquia y Cauca; financiación de proyectos de infraestructura en salud, saneamiento básico, vías, educación y comercialización, y la apertura de una línea de financiación de proyectos productivos que desmonte las barreras de acceso a recursos del Estado impuesta por criterios cerrados en cuanto a beneficiarios, rubros de inversión, requisitos técnicos, etcétera. Al respecto evidenciamos con preocupación que aún no se desembolsan la totalidad de los recursos de las vigencias 2014, 2015 y 2016, acorde con el principio de anualidad pactada sobre esta materia.
⦁ Se ha reiterado en diversas actas de acuerdo la necesidad de convocar espacios de participación democrática para abrir el debate nacional atendiendo no solo al derecho a la consulta previa de afros e indígenas, sino además al necesario reconocimiento del Campesinado como sujeto de derechos.
⦁ De igual manera, durante estos casi tres años la Cumbre Agraria ha presentado las propuestas concretas para precisar lo expuesto en el pliego único de exigencias en materia de economía propia (economía campesina, indígena y negra); de política minero energética; política de cultivos de Coca, Marihuana y Amapola; entre otras.
⦁ De estas sesiones de MUN solo ha quedado el compromiso de los ministerios de comunicar a los otros ministerios para delegar en sus agencias y mesas técnicas la discusión y tramite de los asuntos en cuestión sin observar algún resultado concreto.
⦁ El gobierno ha presentado leyes que van en contravía de las propuestas de Cumbre Agraria y los acuerdos suscritos por el gobierno, como la ley de Zidres, el Código de Policía; que privilegia los intereses de los empresarios agroindustriales en detrimento del campesinado, el pueblo negro e indígena, favoreciendo la concentración de la tierra y profundizando la persecución, represión y abuso de la autoridad.
⦁ Transcurrido también casi tres años de la reunión en la que el Gobierno se comprometió (Acta del 13 de mayo de 2014) como medida de aclimatación y confianza, adelantar acciones para la defensa de derechos humanos y garantías, atendiendo prioritariamente los casos de las personas asesinadas, heridas y detenidas durante las jornadas de protesta de 2013 y 2014.
⦁ Desde la instalación oficial de la subcomisión de derechos humanos y garantías en septiembre de 2015, se han adelantado pocas acciones eficaces para atender la grave situación que atraviesan las comunidades rurales y sus líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Lamentablemente durante el 2016 fueron asesinados 120 lideres sociales y defensores de derechos humanos; durante el 2017 van 30 asesinatos; de los cuales 5 han sido mujeres. La mayoría de los asesinatos son personas pertenecientes a las organizaciones de Cumbre Agraria. En la última semana han sido 3 las personas asesinadas, vinculadas a los proyectos productivos financiados por el Ministerio de Agricultura fruto de los acuerdos.
⦁ La respuesta del Gobierno y del Estado ante la situación de violación a los derechos humanos, se ha mostrado indolente e ineficaz; y se insiste en negar y desconocer que esta situación sea sistemática y producto de la agudización del paramilitarismo en varios territorios del país, tal y como lo atestiguan las propias comunidades. Se ha negado a brindar una adecuada protección, tanto colectiva como individual a los lideres y lideresas pertenecientes a la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular, no existen medidas reales y tangibles de protección, tanto de carácter material acordes con el contexto territorial y particular de nuestras organizaciones como de carácter político en donde se individualice, sancione y en los casos que se requieran, combatan a los responsables de las violaciones de DDHH y así generar garantías de no repetición.
⦁ Aún tenemos personas pertenecientes a nuestros procesos que participaron en las movilizaciones campesinas y étnicas privadas de la libertad con ocasión a la criminalización de la protesta social y hasta el momento no se han tomado medidas para que estas personas puedan salir de los centros penitenciarios y carcelarios, lo mismo ocurre con los y las campesinas cultivadoras, a quienes no se les han dado tratamientos penales diferenciados por su condición de marginalidad, pobreza extrema y abandono estatal.
⦁ La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad y acción decidida de respaldar la solución política al conflicto armado; no solo por representar a un importante sector de la población que ha sido víctima de la guerra; sino por considerar y demostrar que tenemos experiencias y propuestas desde los territorios que pueden contribuir a la paz.
⦁ El gobierno nacional ha negado la posibilidad de una participación vinculante de los pueblos, comunidades y organizaciones en los espacios de diálogo , negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias; de la misma manera se ha negado la posibilidad que nuestra participación en Mesa Única Nacional sea una contribución a la construcción de paz con justicia social.
⦁ La implementación normativa de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP que se adelanta por la vía rápida (Fast Track) desconoce que las propuestas y exigencias presentadas por la Cumbre Agraria tienen puntos de encuentro, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional.
EXIGENCIAS Y PROPUESTAS:
- ⦁ Mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la defensa de la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas sociales, dando cumplimiento a los acuerdos en materia de derechos humanos y garantías, implementando de manera inmediata lo contemplado en el punto 3.4 y otros relaciones con este tema y contemplados en el Acuerdo Final con las FARC-EP, sobre garantías y seguridad.
- ⦁ Reunión con el Presidente Juan Manuel Santos y su gabinete para realizar un balance exhaustivo del cumplimiento de los acuerdos entre Cumbre Agraria y Gobierno, y establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento.
- ⦁ Las próximas sesiones de MUN se trasladará de Bogotá, a otras regiones del país. (Mesas Regionales o Regiones con conflictos)
- ⦁ Audiencia pública de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria.
- ⦁ Reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho, dando alcance a las exigencias del campesinado para superar su desconocimiento y exclusión histórica.
- ⦁ Realización de una rueda de prensa conjunta en la que se manifieste públicamente los acuerdos Gobierno-Cumbre Agraria, y se comprometa a su cumplimiento.
- ⦁ Conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast Track) de los acuerdos entre FARC-EP y Gobierno mediante:
- ⦁ Conocimiento del Plan Marco o planes marco y los proyectos normativos (decretos; leyes, actos legislativos) para la implementación de los acuerdos.
- ⦁ Discusión y negociación de las propuestas presentadas por Cumbre Agraria para ser incluidas dentro de los proyectos normativos, atendiendo a los acuerdos suscritos en la MUN, y el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido” contemplado del acuerdo final de paz en el punto de implementación, verificación y refrendación.
- ⦁ Participar en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final CSIV mediante las figuras de CSIVI Ampliada (Numeral 6.1.7.1. Acuerdo Final); comisiones temáticas y territoriales para la participación ciudadana; así como de otras figuras contempladas en el Acuerdo Final, partiendo del principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”.
- ⦁ Habilitar los mecanismo que sean necesarios para presentar, negociar y aprobar proyectos normativos sobre los puntos del pliego de exigencias: mandatos para el buen vivir que sean pertinentes dentro de la etapa de implementación normativa del Acuerdo Final.
- ⦁ Se ofrezcan las garantías para la implementación del Capitulo Étnico. Punto 6.2 Acuerdo final.
- ⦁ Participan en las reuniones ampliadas de la comisión nacional de seguridad y garantías; así como de otros mecanismos contemplados en el Acuerdo 3.4 del Acuerdo Final, sobre garantías.
- ⦁ Garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejercito de Liberación Nacional ELN, a fin de contribuir a la discusión y desarrollo del Punto 1 de la Agenda de Negociación: Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz; y alimentar la agenda acordada en los puntos de democracia para la paz, transformaciones para la paz y víctimas; suscrita entre Gobierno y ELN. Para dar cumplimiento al acuerdo de Santander de Quilichao sobre participación.
Atentamente,
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Bogotá, D.C., 8 de marzo de 2017
Sembramos esperanza, cosechamos país
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.