El primer paso en la transformación del conflicto

El Informe de la Comisión de la Verdad es apenas el primer paso en el camino de la transformación del conflicto social y armado en Colombia

Análisis

El pasado 28 de junio la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) entregó su informe final al país. Recordamos que la CEV hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD), incluidas en el punto cinco del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP.

Si bien la verdad es un derecho inalienable, reconocido en el derecho internacional[1] hay que decir también que el esclarecimiento de la Verdad es un “campo” en disputa acorde con los intereses políticos, económicos, militares, geoestratégicos, culturales de los distintos actores de la sociedad, de los grupos de poder dominantes, de los gobiernos e instituciones del Estado, de los actores armados y, por supuesto, de las víctimas directas e indirectas del conflicto.

Esclarecer la verdad, como un campo en disputa, en el caso colombiano, en el que el conflicto no terminó con la firma del acuerdo con las FARC (2016) sino que, por el contrario, desde esa fecha, el conflicto ha continuado con tendencias de agudización en algunos territorios, constituía un gran desafío y sin duda era un elemento que permearía a la Comisión misma y el proceso de elaboración del informe final.

 De igual forma, el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado en Colombia se da en un momento en el que ganaba posicionamiento el paradigma de la POSVERDAD, entendida como la distorsión deliberada de la realidad, el negacionismo de la existencia del conflicto armado, la difusión de noticias y datos falsos, con la finalidad de manipular las creencias y emociones  de amplios sectores de la sociedad y, a partir de la imposición de la mentira como una verdad, evadir la responsabilidad de los actos violatorios de derechos humanos. Este paradigma viene siendo implantado en el país desde sectores hegemónicos de la sociedad colombiana y altos funcionarios del Estado y gobiernos. En el proceso de elaboración del informe final de la CEV puede evidenciarse el debate interno sobre este paradigma de posverdad para explicar lo que sucedió con el conflicto armado.

Amén de lo anterior, el informe avanza, respecto de otras Comisiones de la Verdad, en tres aspectos que consideramos relevantes: 1) Incluye al territorio y al ambiente como víctima del conflicto y por tanto sujeto de reparación; 2) Incorpora un capítulo étnico que explicita los impactos del conflicto en los pueblos y territorios de comunidades indígenas, afrocolombianas, y Rrom; 3) Propone recomendaciones estratégicas, que aunque no tengan el carácter vinculante, pueden perfectamente ser incorporadas en las políticas públicas del próximo gobierno; y además deja instalado para ello un equipo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

El informe de la CEV no es el “cierre” del camino de reconstrucción y esclarecimiento de la verdad en Colombia.

Sin duda este informe es un importante aporte y una herramienta en manos de las víctimas, las organizaciones sociales, populares y las mismas instituciones del Estado y de la sociedad. Pero en ningún momento constituye la versión final sobre la Verdad de lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Colombia con los factores estructurantes del conflicto social y armado, de las grandes inequidades y exclusiones sociales y de los modelos macroeconómicos que se imponen también a través de la violencia económica y social.

En el mismo sentido, dada la prospectiva del informe (de la CEV) que coloca un fuerte énfasis en dar el paso hacia la reconciliación, cabe advertir que ésta será producto de que las víctimas y organizaciones sociales puedan seguir reconstruyendo su propia memoria de lo sucedido; de que se avance en el camino de la justicia (de allí la importancia del trabajo que hará la JEP a fin de identificar las diferentes responsabilidades de lo sucedido); de la reparación integral, no sólo a las víctimas y sus familiares, sino también las reparaciones colectivas (a grupos sociales específicos como por ejemplo mujeres, comunidad LGBTI+, niños, niñas y jóvenes), a pueblos (campesinos, indígenas, afrocolombianos) y a territorios y naturaleza a la que se les causó daños profundos en el marco del desarrollo del conflicto armado.

Lo hecho por la CEV será útil si las víctimas, organizaciones sociales y étnicas y regiones mayormente afectadas por el conflicto se apropian de este informe para completarlo, para convertir el ejercicio de memoria y de esclarecimiento de la verdad en un proceso de pedagogía política que equilibre las históricas y profundas asimetrías de poder que se han instalado en el país; para convertirse en sujetos políticos veedores y demandantes de que el Estado cumpla con las recomendaciones entre las cuales está la plena e integral implementación del acuerdo de paz con las FARC y la negociación política con el ELN y los demás actores armados existentes.

En esta ruta, el primer paso para los procesos sociales y políticos de COMOSOC podrían ser: 1) El estudio y análisis crítico del informe final de la CEV, contrastándolo y complementándolo con los propios ejercicios de memoria histórica y verdad de lo sucedido en sus territorios; 2) Analizar a fondo las recomendaciones que contiene el Informe final a fin de ajustarlas y convertirlas en propuestas concretas desde los territorios y sectores sociales Comosoc, para la concertación de políticas públicas con el gobierno del Pacto Histórico.


[1] Louis Joinet, experto de Naciones Unidas en su informe de 1997, determinó la existencia del derecho inalienable a la verdad: “Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan las violaciones”.

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