Colombia, 4 de mayo de 2020
Nosotros, campesinos y campesinas, comunidades étnicas, pescadores y pescadoras artesanales, ciudadanos, ciudadanas y comunales colombianos, hacemos un llamado para que el país ponga la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria en el centro de las soluciones de la emergencia que atravesamos. La coyuntura actual hizo evidente que hemos postergado la solución de problemas estructurales de nuestra sociedad.
Frente a la pandemia del COVID-19, seríamos menos vulnerables a una crisis alimentaria si contáramos con avances significativos en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado colombiano en diferentes procesos sociales durante más de 20 años.
Ello implica asumir con determinación la reforma rural integral, la sustitución de cultivos de uso ilícito y otros puntos centrales del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; el reconocimiento del campesinado y a quienes trabajan en las zonas rurales en tanto sujetos especiales de derechos -conforme a la Declaración de las Naciones Unidas-, la interculturalidad, y el desarrollo de las diversas formas de territorialidad afrocolombianas e indígenas.
La Economía Campesina Familiar y Comunitaria, así como la étnica, tienen de tiempo atrás, condiciones restringidas de acceso a la propiedad de la tierra, al crédito, a la asistencia técnica, a la comercialización, a mares y ríos y a una infraestructura adecuada. En Colombia, además de cientos de miles de familias campesinas sin tierra, existen más de dos millones de predios campesinos sin formalizar. La situación con la titulación colectiva a comunidades indígenas y afrocolombianas es igualmente precaria y preocupante: al año pasado se acumulaban por miles las solicitudes sin resolver.
Aun con todas estas dificultades, el campesinado responde aún hoy por más el 70% de la producción de los alimentos que consumen los hogares del país (Procuraduría General de la Nación, Memorando No. 005 del 27 de marzo de 2020). Pero el panorama es alarmante. La devaluación del peso implicará alza en precios para los alimentos importados, o que tienen un alto componente de insumos externos.
La vulnerabilidad alimentaria no es solamente un problema rural. Miles de colombianos hoy están pasando hambre en las ciudades. Por ello es necesario atender las propuestas del campesinado para construir los puentes entre los productores rurales y los consumidores urbanos, con prioridad en los sectores más vulnerables.
Los impactos del conflicto social y armado, que aún no cesa, afectan, en añadidura de los intolerables crímenes y la violencia, al campo y también a las ciudades. La implementación del Acuerdo de Paz y la reforma rural integral son condiciones necesarias para garantizar y proteger el derecho humano a la alimentación. Reconocer esta realidad permite, asimismo, superar la actual encrucijada entre «paz-conflicto y pandemia».
La pandemia y las medidas para su mitigación también impactan y en alto grado a las comunidades rurales y las familias campesinas, los territorios y las poblaciones históricamente afectadas por el conflicto armado, la pobreza, la marginalidad, la presencia de economías ilícitas y la debilidad institucional. Tanto por los riesgos a la salud, en territorios carentes de atención médica, como por la pérdida de ingresos, a causa del debilitamiento y eventuales restricciones en las cadenas de distribución, abastecimiento y comercialización de productos e insumos agropecuarios.
Los previsibles sobrecostos en la cadena de intermediación, así como el traslado de tasas de usura tanto en los insumos para los productores rurales como en los alimentos para los consumidores urbanos, son hoy una amenaza para productores, transportistas, tenderos y consumidores y específicamente para la realización del derecho alimentario de toda la sociedad colombiana.
No es postergando la implementación integral del Acuerdo de Paz como se financia el camino para atender y salir de esta crisis y coyuntura. La ruta eficaz y cierta, en el corto y mediano plazo, es que la sociedad colombiana reconozca y se apropie de la reforma rural integral y del fortalecimiento de la economía campesina y étnica como condiciones necesarias para la seguridad alimentaria de todos y todas.
Tal y como se estableció, en el Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con alcance constitucional a, en el Punto 1.3.4., se requiere contar con el “Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación: en desarrollo de la obligación de garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre y en esa medida fomentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural. La política alimentaria y nutricional en las zonas rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de alimentos, la generación de ingresos, y en general la creación de condiciones de bienestar mediante los planes nacionales de acceso a tierras, infraestructura, riego, vivienda y agua potable, asistencia técnica y capacitación, mercadeo, crédito, la promoción de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación, y demás planes establecidos en el presente acuerdo. Esta política reconoce el papel fundamental de las mujeres rurales en la contribución a la satisfacción del derecho a la alimentación”.
Por todo lo anterior, invitamos a construir un acuerdo nacional, amplio e incluyente, que ponga en marcha un proceso concreto de fortalecimiento de la economía y producción campesina rural de alimentos y garantizar de manera progresiva y sostenible el derecho a la alimentación de la población rural y poblaciones y comunidades próximas a las zonas de producción y el adecuado abastecimiento, comercialización y distribución masiva de alimentos a los centros urbanos.
En este propósito, nos sumamos al requerimiento de convocar de manera urgente una reunión de alto nivel de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional con las organizaciones campesinas, y suscribimos las invitaciones a “Fortalecer la producción campesina de alimentos para la vida y la paz” y a “Proteger el campesinado para proteger la vida”.
Exhortamos a las nuevas autoridades departamentales y municipales a incorporar estos postulados en sus Planes de Desarrollo 2020 – 2023. Debemos proteger el campo y la Economía Campesina Familiar y Comunitaria como la base para la realización del derecho a la alimentación, de la seguridad y soberanía alimentaria, y de la recuperación económica del país. Rechazamos la imposición de medidas que debilitan la producción campesina y aumentan los riesgos de hambre y malnutrición en Colombia.
Invitamos a las organizaciones sociales, comunitarias y empresariales, rurales y urbanas, a la academia y a la ciudadanía en general en adherir, difundir y apoyar LA CONVOCATORIA.
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.
La importancia de querer la vida esta determinada por reconocer la importancia de la labor del campesino. Se requiere una politica de estado dirigida a facilitar economicamente el trabajo del pequeño y mediano campesino y que estos auxilios economicos NO se queden en las grandes empresas. Ademas que se paguen las cosechas a un precio justo porque de lo contrario se trabaja a perdida.