El Plan tiene una voluntad clara de reestructurar y articular la política pública en materia de garantías de seguridad, en especial, aquella referida a la protección de personas líderes y defensoras de derechos humanos, una tarea clave en términos de eficiencia para responder a la persistente coyuntura de violación a los derechos humanos que sufre este colectivo y materializar medidas de no repetición que permitan avanzar en la consolidación y participación democrática.
Sin embargo, y tras reconocer esta importante labor, consideramos necesario hacer los siguientes ajustes a la propuesta presentada por el Ministerio del Interior, los cuales han sido incorporadas en los distintos apartados del Plan: