Mientras las conversaciones de paz se adelantan en la Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, su agenda social se enmarca en la privatización de los recursos naturales, en la puesta en marcha de una política minero-energética que va en contra no solo de los trabajadores y trabajadoras sino en detrimento de la soberanía y autonomía energética, política y económica del país.
No se reconoce aquello que establece la Ley 434 de 1998 que da nacimiento al Consejo Nacional de Paz sobre la necesidad de una política de paz de Estado, lo cual incluye no solo las negociaciones pertinentes con los grupos insurgentes sino la transformación de las estructuras que mantienen las causas de la violencia y que dieron origen a dichas insurgencias; los oidos sordos a escuchar el clamor del pueblo sobre el respeto a sus derechos sociales, económicos y culturales, cada vez más empobrecido por las políticas gubernamentales y el modelo depredador en curso justifican este Paro Nacional para exigirle coherencia al gobierno.
La paz no puede circunscribrise a el desarme sin mayores costos de las organizaciones insurgentes. El Gobierno de Juan Manuel Santos debe dar respuestas concretas al pliego de quince puntos presentados por el Comando Nacional Unitario.
Insistimos por último en que es urgente que el Gobierno Nacional y el ELN avancen a la fase formal de los diálogos exploratorios, entendiendo que es necesaria una Paz Completa que nos permita consolidar los esfuerzos por cimentar una sociedad donde seamos capaces de tramitar nuestras diferencias sin recurrir a la violencia en ninguna de sus formas, donde todas y todos podamos vivir dignamente y participar libre y de manera autónoma en la vida del país.
Por tanto llamamos al Gobierno Nacional a responder de manera respetuosa y digna los reclamos justos del movimiento social y políticos plasmados en el pliego petitorio.
CLAMOR SOCIAL POR LA PAZ
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.