En primer lugar, quiero agradecer al campesinado en su conjunto y particularmente al campesinado organizado que, a pesar de la violencia sociopolítica, la exclusión, el despojo, el mal gobierno, hoy sigue resistiendo, dando alimento a los hogares colombianos, protegiendo la biodiversidad, cuidando del agua. También quiero agradecer a los y las Congresistas amigas y sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), quienes han abierto el escenario legislativo a las denuncias y propuestas del movimiento social.
Christian Mantilla*
21 de febrero de 2019
Economía campesina en el Plan Nacional de Desarrollo
Quiero enfocar esta breve intervención en un asunto que ha sido central en la lucha de las comunidades rurales, particularmente en el proceso político de la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular, y tiene que ver con la economía, o como nosotros la hemos denominado, la Economía Propia.
Hablamos de economía propia para referirnos “a las formas de producción, transformación, intercambio, comercialización, financiación y consumo de bienes y servicios, con el propósito de satisfacer necesidades, generar ingresos y construir territorialidades basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, en las que se privilegia el trabajo como medio para construir al ser humano como individuo y comunidad, orientado al buen vivir en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital” (Cacep, 2016)
Desde esta concepción propia de economía, hemos construido una serie de propuestas de política que recogen la experiencia de resistencia del campesinado. Estas propuestas parten de un diagnóstico del problema y se expresan en los siguientes lineamientos, que fueron recogidos en lo esencial, en el documento elaborado por las organizaciones convocantes de esta Audiencia (Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina) Estos hablando de:
● Política de acceso a la tierra.
● El desarrollo económico con enfoque territorial y adecuado culturalmente.
● El fortalecimiento de las capacidades productivas e infraestructura.
● Acceso a la educación propia y apropiada, y a la asistencia técnica.
● El fortalecimiento de las cadenas de abastecimiento y circuitos cortos de alimentos.
● Acceso a medios de producción y tecnologías apropiadas.
● Compras públicas de alimentos.
● Acceso al financiamiento y el crédito.
● Generación de un sistema de información que apoye la producción, comercialización y consumo.
Reconocemos que algunas de estas propuestas han sido incorporadas en la Resolución 464 de 2017 que establece los lineamientos para una política pública de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (Reconocemos la importante labor de incidencia de la RENAF); así como también, fueron incorporadas en algunos puntos del Acuerdo Final de Paz suscrito entre las FARC y el Gobierno nacional, concretamente en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra y los planes nacionales rurales.
Sin embargo, debemos decir que lo alcanzado hasta el momento – alcanzado en términos formales – parece hoy inalcanzable por cuenta del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno que desconoce las normas y los acuerdos suscritos con las organizaciones campesinas. (Esto no quiere decir que el gobierno anterior fuera un gran aliado del campesinado y que su política tomara distanciara del modelo agroexportador y extractivista, pero hoy nos convoca el actual plan de gobierno)
Es muy difícil hacer un análisis muy profundo en poco tiempo, sin embargo, queremos llamar la atención sobre lo que consideramos, va en contravía de lo que hemos construido en materia de Economía Propia.
Respecto a lo formulado en el Plan Nacional de Desarrollo, consideramos:
● Podemos quizá coincidir en su lectura sobre los retos que enfrenta el sector agrario en cuanto a la incidencia de la pobreza, la deficiencia en la infraestructura de bienes y servicios, los conflictos en el uso del suelo, los bajos niveles de agregación de valor, entre otras cosas; pero en lo que no podemos coincidir es en sus estrategias para enfrentar éstos retos.
● Llamamos particularmente la atención sobre la transformación productiva agropecuaria, contenida en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, por cuanto sigue centrando su atención en un modelo agroindustrial exportador que busca la consolidación de los conglomerados agroproductivos existentes y la apertura a nuevas zonas con potencial para desarrollar su estrategia de clústeres, a través de lo que denominan: “agricultura por contrato” o “alianzas productivas”. (léase ZIDRES)
● La agricultura por contrato, las alianzas productivas o como se quiera denominar, es una forma de explotación de la mano de obra campesina que no es nueva en el país. Recordemos lo que ha significado la experiencia de la agroindustria palmera en el Magdalena Medio, que no solo ha sido una forma de legalizar el despojo, sino, además, una forma en la que campesinos propietarios ponen la tierra, la mano de obra barata, sin prestaciones sociales, mientras las empresas controlan todos los procesos de producción, comercialización y distribución de las ganancias; pero también – sobre todo – de las pérdidas por los riesgos de fallas en el mercado.
● Esta propuesta, que no es nada nueva, es un riesgo para la Economía Propia, pues es una forma de sujetar al campesino a las empresas, acabar con su autonomía alimentaria, reducir la agrobiodiversidad, transformar su territorialidad y, por tanto, su identidad como sujeto social.
● El modelo de clústeres agroalimentarios y agroindustriales solo mide los impactos positivos sobre la productividad y la competitividad en una economía global, sin advertir los impactos sobre las economías locales, la agrobiodiversdad, la cultura y la autonomía de las comunidades rurales, para quienes, entre otras cosas, se les impide decidir sobre la gobernanza territorial.
● La transformación productiva, desde la perspectiva gubernamental, implica también la incorporación de actividades no agrícolas, entiéndase por no agrícolas: Minería, Megaproyectos de infraestructura energética y vial; que lejos de ofrecer condiciones de vida digna, ha significado desarraigo para el pescador, el agricultor, el artesano, etc.
Hemos aprendido a lo largo de los años que la economía de libre mercado, que sustenta el modelo de desarrollo rural, es todo menos libre; porque las políticas de productividad y competitividad se vienen imponiendo de manera inconsulta, favoreciendo el monopolio del poder económico y político, al punto que hoy, se restringe el poder de participación y decisión de los entes territoriales y las comunidades locales, por cuenta, entre otras cosas, de los ataques a las consultas populares.
Finalmente reiteramos el llamado a la movilización para rechazar este Plan Nacional de Desarrollo, para defender la vida, los territorios y la paz. Nos vemos en la calles y carreteras el 25 de abril para dar inicio al Paro Nacional convocado por diversos sectores sociales y políticos.
* Actuando en representación de Unión Nacional de Integración Rural – UNIR y Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales – Comosoc
Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.