La salud en su concepción amplia que trasciende la ausencia de enfermedad, se afinca sobre la interdependencia de los derechos como la única manera de promover, mantener o restablecer la armonía psíquica y física del individuo y su entorno familiar y social. Para la salud pública y la medicina social es imposible pensar en la salud de una manera aislada, donde sólo lo biológico sea esencial, desconociendo la relevancia de lo social y de ello existe ya un consenso internacional abrumador.
Por ello, el movimiento social por la salud y la seguridad social como derechos fundamentales tiene el deber de participar en el debate que existe hoy en Colombia sobre los factores que han generado y mantenido el conflicto político, social y armado que históricamente hemos sufrido. Profundizar en las causas y los efectos que ha tenido dicho conflicto sobre la salud y la seguridad social de los colombianos, hace parte del objeto de nuestra lucha, y por tanto se hace indispensable generar propuestas que ayuden a la superación de los elementos conflictivos si es queremos un país saludable y en paz.
Los documentos históricos sobre la violencia y la guerra en Colombia coinciden en afirmar que en la raíz del conflicto subyace la lucha por la tierra como una de las causas fundamentales de su origen, más no la única que lo explica. Millones de colombianos han sido desposeídos de la tenencia de la tierra como base material indispensable para su desarrollo, mientras una minoría se ha adueñado el derecho de acapararla por vías generalmente violentas. Más aun, vivimos un proceso de concentración de la tierra que se ha agudizado en los últimos 20 años si se compara con lo que ocurría hace 60 años cuando nacieron los grupos insurgentes con la consigna de devolverle la tierra a quien la trabajaba. De esta manera a lo largo de nuestra historia hemos logrado alcanzar el deshonroso primer lugar como el país de mayor concentración de la tierra en el hemisferio.
Colombia viene sufriendo un cambio explosivo en los usos del suelo. La híper concentración de la tierra, ha venido aparejada con la implementación de un modelo económico extractivista que ha desplazado nuestra antigua vocación agrícola y de producción de alimentos para el consumo interno. Dicha explotación indiscriminada de los recursos no ha tomado en cuenta la armonía del tejido comunitario, ni los efectos sobre su economía, su entorno ambiental y su salud, por el contrario se les ha impuesto, bajo el chantaje o la amenaza (y muchas veces la violencia). De esta manera, las comunidades deben despejar el camino a los empresarios, para quienes aquellas son indeseables. Así las cosas, el dueño legítimo del territorio pasa a ser un forastero y un estorbo para los intereses del poderoso recién llegado.
El histórico abandono estatal al que ha sido sometido el país rural, también lo ha sido en materia de salud. La ausencia de Estado ha hecho que ni las precarias políticas públicas lleguen a estos lugares, no ya apartados, sino simplemente rurales. Los indicadores de salud, de por si deficientes en la ciudad, caen en picada al salir de ellas, y en las zonas apartadas, ni siquiera existen registros diferentes a los titulares de prensa que nos anuncian puntualmente y sin mucho análisis, que miles de niños mueren de hambre en el Chocó o en la Guajira. Este abandono se constituye en un ejemplo de violencia estatal de la mayor crueldad, pero también de la mayor impunidad.
El fenómeno del paramilitarismo ha desplazado violentamente millones de campesinos, empujándolos a los cinturones de miseria de las grandes ciudades, situación que lógicamente viola todos sus derechos, incluyendo su derecho a la salud y a la seguridad social. Las comunidades sufren el desplazamiento de los territorios por cualquiera de los siguientes motivos: por amenaza violenta y por bombardeos; porque su tierra ha sido envenenada por los químicos de la agroindustria y la minería; porque sus ríos son desviados para hacer represas para la producción de energía o para el riego de tierras que no los benefician; porque no los dejan pescar en los ríos que solían ser suyos y que les daban el sustento; o porque les han privatizado el río o la vega en la que ejercían la minería artesanal heredada de sus ancestros. Envenenada el agua, contaminado el aire, arrasada la tierra y amenazadas las personas, su único camino es el exilio interno, exilio del 20% del país. Esta porción de país, sus víctimas directas, ya que todos los colombianos somos víctimas de esta guerra, cargan con el mayor peso de las consecuencias de nuestro injusto sistema económico, social y político, y con la falta de atención a sus necesidades. La terquedad de mantener activos los factores que los victimizan, no permitirá que el país goce de una paz duradera, una paz fundada en la reconciliación y en la solución tranquila y dialogada a los conflictos que surjan. Este tipo de marginación política abona la violencia ante la impotencia de no sentirse parte integrante de la sociedad.
Sin salud no hay paz, y sin paz no hay salud, entre otras cosas porque la guerra es la negación total de todos los derechos, incluyendo el derecho a la vida. Dado que la salud es un derecho que se funda sobre la garantía de los demás derechos, en aras de permitir el desarrollo del ser humano en condiciones de armonía y bienestar psíquico, físico y social, la paz con justicia social es un prerrequisito para poder hablar del derecho a la salud.
Elaborado por Santiago Osorno
MESA INTERSECTORIAL DE ANTIOQUIA POR LA SALUD
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.