La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC) y la Mesa Ecuménica Por la Paz (MEP) nos pronunciamos hoy para decir que:
Las organizaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas, urbanas, de diversas expresiones de fé y defensoras de derechos humanos alzamos la voz en solidaridad con las comunidades y organizaciones campesinas que hacen parte del Movimiento Ríos Vivos por los hechos recientes que vulneran sus derechos y los derechos de quienes han sido víctimas del conflicto armado colombiano en Ituango Antioquia.
Este movimiento y quienes habitan Ituango, han venido desarrollando acciones en defensa de la vida y el territorio, ya que sus prácticas se desenvuelven alrededor de los ríos, de donde se deriva su sustento familiar (pesca, barequeo, cultivos de pan coger, entre otros), sus prácticas sociales y culturales; actividades que se han visto truncadas por la presencia de actores armados (legales e ilegales) en la zona y por el accionar de la multilatina de servicios públicos EPM con su proyecto Hidroituango, quien bajo la premisa de “utilidad pública, energía limpia y promoción del desarrollo social” ha atentado contra la vida en comunidad afectando su tejido familiar y social, derecho a un ambiente sano, y por ende contra el derecho a la vida y el buen vivir de cada una de las personas que habitan esta parte del territorio del país.
Ante la magnitud de los últimos acontecimientos, como una crónica de muerte anunciada, repudiamos las afectaciones de este proyecto: en primera instancia para con el ecosistema, donde los daños de los túneles, el deslizamiento de tierras en los posos y la dramática disminución del caudal del río Cauca se convierte ya en una tragedia ambiental; y sumado esto, como hechos que demuestran la gravedad de lo que está sucediendo y la falta de garantías que ofrece el gobierno y este tipo de empresas en relación con el respeto al derecho a la vida, y más grabe aun en un contexto de búsqueda de la Paz, rechazamos el asesinato de líderes y campesinos vinculados a este movimiento social, como lo eran Hugo George y su sobrino; Alberto Torres y su hermano, asesinados en días pasados.
A éstos hechos, que no son los únicos y que no solo se viven en este departamento, habría que sumarle los desplazamientos forzados, las amenazas y demás actos violentos que se han perpetrado para con éste movimiento y los pobladores de la zona desde que se comenzó a desarrollar el proyecto; son razón más que suficiente para hacer un llamado al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional para que se pare la ejecución de este éste proyecto de muerte y se hagan las investigaciones pertinentes, donde las persona que integran el Movimiento Ríos Vivos y en general las comunidades afectadas, sean escuchadas y en correspondencia con los acuerdos para la paz, la justicia y la reparación integral, se respeten y cumplan los derechos vulnerados, y por ende se evite la repetición de este tipo de actos, que no solo agreden a los pobladores del Bajo Cauca Antioqueño, sino que afectan la paz del país y nuestra casa común.
Medellín, 11 de mayo del 2018.
¡Por una paz con justicia social para el buen vivir, no al proyecto de Hidroituango!
Fuente: Imagen de portada tomada del Espectador (Disponible en https://www.elespectador.com/sites/default/files/0af3809ccb3cf29db7bb0e76b91dfe88.jpg)
Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.