Antes que nada, agradecemos a Ángela María Robledo, Alberto Castilla, Iván Cepeda, Alirio Uribe, Víctor Correa, parlamentarios amigos, no solo por la invitación a esta Audiencia, sino por el acompañamiento solidario a la Cumbre Agraria desde su nacimiento en 2014 y durante todo el proceso de diálogo y concertación que venimos adelantando con el Gobierno Nacional.
Saludamos de manera especial a todas los pueblos, comunidades y organizaciones que han hecho posible un espacio de convergencia tan importante como la Cumbre Agraria, pues ha sido gracias a la movilización y la lucha de los hombres y mujeres del campo y los sectores populares urbanos, que logramos una vez más, levantar la voz y poner en el escenario público la necesidad de discutir y reorientar las políticas públicas para la ruralidad, poniendo en cuestión el modelo de desarrollo económico, social y político para sentar las bases de una paz transformadora. Pues para nadie es un secreto que el conflicto social, político y armado tiene profundas raíces en los conflictos por la tierra y el territorio.
Ya desde la primera mitad del siglo XX la población rural y los trabajadores de las multinacionales agroindustriales levantaban su voz y exigían una reforma agraria y trabajo en condiciones de justicia y equidad. Por aquellos años los campesinos arrendatarios eran expulsados de las tierras por los propietarios terratenientes, quienes les veían como una amenaza a la rentabilidad y la creciente valorización de la tierra a causa de la inversión extranjera. Los campesinos obligados a incorporarse como fuerza laboral a las grandes plantaciones, cansados de trabajar horas y horas sin remuneración y descanso justo, se lanzaban a la huelga.
Todo el país recuerda de manera novelesca como el 12 de noviembre de 1928 miles de trabajadores de la empresa Unit Fruit Company (Hoy Chiquita Brands International) en Ciénaga, Magdalena salían a huelga general, reuniéndose en la estación central del poblado para hablar con algún funcionario del Estado que estuviera dispuesto a escuchar sus demandas. Los funcionarios del Estado parecían no escuchar y solo decretaban para dar respuesta a las suplicas.
Así narra García Márquez en Cien Años de Soledad este episodio de la historia nacional que terminó en la Masacre de las Bananeras:
>> Leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán sustituyo al teniente en el techo de la estación y con la bocina del gramófono hizo señas de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio.
– Señoras y Señores – dijo el capitán con una voz baja, lenta y un poco cansada-, tienen cinco minutos para retirarse.
>> La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anuncio el principio del plazo. Nadie se movió.
– Han pasado cinco minutos – dijo el capitán en el mismo tono-. Un minuto más y se hará fuego.–
>> Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio y además, convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio Segundo se empino por encima de las cabezas que tenía en frente y por primera vez en su vida levanto la voz.
– ¡Cabrones! – gritó – Les regalamos el minuto que falta.
>> Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y catorce nidos de ametralladoras le respondieron en el acto.”
(García Marquez, Gabriel)
Este pasaje de la novela “Cien Años de Soledad” es la expresión, antes que de un “realismo mágico”, de un “realismo trágico”, que parece repetirse a lo largo de historia del país.
También el país recuerda – aunque los representantes del Estado quisieron negarlo – el Paro Nacional Agrario de 2013, que puso nuevamente la discusión sobre los conflictos agrarios y rurales, esta vez, de la mano con la agenda pública de paz, que pretende superar la confrontación armada, desatada durante medio siglo de guerra insurgente y antiinsurgente. Al igual que el episodio de la “Masacre de las Bananeras”, la respuesta inmediata del Estado fue la represión (Muertos, heridos, detenidos), pero como la represión no logró detener las justas exigencias de las comunidades agrarias, el Gobierno tuvo que entrar a negociar; es así como nace el Decreto 870 del 12 de mayo de 2014, que crea la Mesa Única Nacional como espacio de diálogo y concertación entre el Gobierno y la Cumbre Agraria, quien presentó el Pliego Único de Exigencias: mandatos para el buen vivir, por una reforma agraria integral, la democracia y la paz, para ser discutido en dicho espacio.
Hay que decir, que el Pliego Único de Exigencias de la Cumbre Agraria es el resultado de la puesta en común de las experiencias, propuestas y exigencias de comunidades, pueblo y organizaciones, que estamos interesadas en la solución política al conflicto armado y la construcción de la paz; no solo porque hemos sido víctimas del conflicto, sino principalmente, porque a pesar de la exclusión y marginación a la que hemos sido sometidos, venimos construyendo alternativas reales de paz desde los territorios. Por esa razón, nuestro pliego es un pliego de paz, por esa razón, hemos respaldado los diálogos y acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC; de la misma manera que nos disponemos a participar en los diálogos de Paz con el ELN; pues nadie puede negar que es necesario, urgente, poner fin a la confrontación armada.
Consideramos que, aunque los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Farc-ep pretendan dar soluciones a la dramática situación de las comunidades agrarias con políticas y programas como: el fondo de tierras; la formalización de la propiedad; el catastro rural; la jurisdicción agraria; acceso a vivienda y agua potable; entre otras. (Sin duda, estos son asunto necesarios) Sin embargo, siguen siendo insuficientes para un país con al rededor de 7 millones de personas desplazadas forzosamente; más de 6 millones de hectáreas despojadas; donde cerca del 80% de los campesinos posee menos de una Unidad Agrícola Familiar; donde los baldíos de la nación son entregados a agroindustriales a través de la Zidres; donde se dice que la víctimas están al centro de la paz, pero se les excluye de la definición de políticas públicas.
Mucho de ustedes dirán que no es tiempo para la desesperanza, y que este proceso de paz y su implementación normativa es una oportunidad para avanzar en la superación de la inequidad y el empobrecimiento.
Decimos que con esperanza en el cambio, con la convicción de contribuir a la superación de los conflictos y la búsqueda de soluciones concertadas nos hemos sentado a la Mesa con el Gobierno – también establecimos el dialogo con las Farc – a fin de participar en la construcción e implementación de los acuerdos de paz, a través de los mecanismos previstos en los propios acuerdos (Csivi ampliada, Csivi temáticas, entre otros) pues coincidimos en el principio establecido en el Acuerdo de “Construir sobre lo construido”. Por esa razón nos dimos a la tarea de recoger las propuestas elaboradas a lo largo de 3 años, para aportar al debate y la implementación. Pero la respuesta en principio fue silencio, luego simplemente nos dijo el Gobierno: “No pidan participación”.
Para nosotros y nosotras la participación debe ser vinculante, no simplemente formal; la participación debe ser autónoma y complementaria, que construya sobre lo construido. Por eso decimos que la Mesa Única Nacional es un escenario de participación para la paz, aunque el gobierno no lo quiere ver así.
Son ya 3 años sentados en la Mesa Única Nacional, en los que hemos presentando propuestas en: Economía Propia; territorialidad campesina; redistribución de la tierra; protección de semillas criollas; derechos del campesinado, sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otras.
Durante estos 3 años nos hemos movilizados, protestado y suscrito acuerdos. Por ejemplo, durante la Minga Nacional Agraria de 2016 el gobierno, a través del Ministro de Aurelio Irragorri y Juan Fernando Cristo, se comprometió y acordó crear mecanismos de participación para la paz; también acordaron concertar con la Cumbre la reforma de la política pública agraria. Sin embargo nos incumplieron. No tuvimos la oportunidad de participar, de socializar con nuestras comunidades, con las organizaciones de base, las iniciativas legislativas que implementan los Acuerdos de Paz. Estos asuntos legislativos están reservados al parecer exclusivamente a especialistas, abogados y políticos; pues las comunidades, especialmente las campesinas, son simplemente objeto de la política, no sujetos políticos. Lo único que el Gobierno se atrevió a realizar para sostener su imagen democrática, fueron unos foros de socialización del Decreto de Ordenamiento Social de la Propiedad, que terminaron por evidenciar que el Gobierno no es transparente, ni honesto; pues no era un decreto consensuado con las Farc; a los hermanos indígenas presentaron otro texto, y al pueblo negro, pues ni consulta previa, ni nada.
No nos atrevemos a decir algo en concreto sobre los aspectos normativos, ahí dejamos el espacio a quienes seguramente tienen un conocimiento especializado sobre estas cuestiones. Lo único que vamos a expresar es lo que nuestra memoria histórica y nuestra experiencia reciente nos ofrece: La desconfianza en un gobierno y en un Estado que pretende la pacificación, pero desconoce la participación y legisla para unos intereses muy particulares.
A pesar de ello, podemos decir, insistir, cuenten con nosotros y nosotras para la paz. Y decimos contar no de uno en uno, como si fuéramos simplemente estadísticas o votos. Cuenten en realidad con nuestras voces, nuestras experiencias, nuestras manos para labrar un nuevo país que no se construye, ni se contiene con leyes.
Si asumimos este momento como un momento para la esperanza, es porque a pesar del “realismo trágico” hay hombres y mujeres que seguimos soñando y trabajando para construir la paz con transformaciones, en la que estos Acuerdos de Paz y su implementación normativa, son apenas un paso, de un largo camino por andar.
Muchas gracias.
Christian Mantilla
Comosoc – Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular
Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.