La guerra en Colombia se ha ensañado contra los pueblos étnicos, afianzándose en el racismo estructural, que está más allá de la disputa por la naturaleza; racismo que parte de considerar a los pueblos étnicos como intelectual y moralmente inferiores, y por eso en la práctica se les asesina, desplaza, desterritorializa y rechaza, y se minusvalora su cultura y formas de hacer. Como esto no se confronta, como sus raíces están más atrás de esta guerra que se negocia, los pueblos étnicos no creen que tales acuerdos con la insurgencia les traiga sosiego; más bien temen ver exacerbadas las violencias sobre cada quien, sobre los colectivos y sobre sus territorios.
Sería simplista representarse la guerra como la disputa por la naturaleza externa escasa (Cárdenas y Rodríguez, 2004), destruida o mal distribuida, y los conflictos que de ello derivan. Incluso hay quienes afirman, desde las antípodas, que la guerra ha permitido la preservación de ecosistemas al impedir la explotación a gran escala de selvas y yacimientos mineros, y de hidrocarburos (1) . El capital, que se instala como una fuerza por encima de las voluntades humanas, explota la naturaleza, sometiéndola a relaciones de producción y trabajo que la alienan y consumen. Entre las causas de la guerra está la corporalidad: el territorio, los medios de vida y el cuerpo-mente humano como objetos, como medios y como instrumentos de producción.
La guerra en el norte del Cauca ha estado imbricada con el racismo (Wieviorka, 2009), con distintas formas de explotación del trabajo y la naturaleza, con el despojo de las capacidades creativas-productivas humanas, con el control de las estructuras del poder político y burocrático, con la negación-defensa de las condiciones de subjetivación indígena y negra, con la concentración-distribución de las condiciones y posibilidades de reproducción cultural, con las disputas del capital por la inserción en dinámicas geoestratégicas de dominio de los medios de vida y del trabajo; y con las formas de financiación de los actores armados ilegales, que van desde el cultivo de coca y amapola y el comercio de sus derivados (pasando por la corrupción y el saqueo de los recursos públicos) hasta la minería criminal.
Hay múltiples expresiones del poder político y económico como formas de violencia, que arrojan al precipicio de la guerra a los pueblos étnicos: la agroindustria de la palma en el Pacífico, que ha usufructuado el despojo de ecosistemas, la minería en los departamentos de la Guajira y el Cesar, las megainfraestructuras en Urrá, Ituango, el Quimbo, etc. Mención especial merece el neoesclavismo de la industria de la caña en la región. Allí incluso algunos sectores maoístas de izquierda siguen buscando un inexistente aliado oligárquico de estirpe nacional y creen hallarlo en los cañicultores socios de los descendientes de James Eder. Los trabajadores de la caña, fundamentalmente pueblo negro, han sido sometidos a condiciones paralelas a las de la esclavitud, dentro de las agendas del capital trasnacional y los tratados comerciales. La paz en este contexto (y otros similares) no significa de facto ni el fin de la esclavitud ni mejores condiciones de reproducción como fuerza de trabajo.
Estos condicionantes de la guerra influyen en la configuración de paisajes locales y regionales específicos, en formación desde los años cincuenta, cuando nuestro destino se ató profundamente al de EE. UU. Ya no hay abundancia de naturaleza y minerales como la hubo sesenta años atrás, los pueblos étnicos han logrado re-dignificar sus identidades a punta de resistencia y luchas enconadas, pero siguen en peligro de desaparecer. Las comunicaciones han trasformado las relaciones sociales gracias a formas de circulación de información inusitadas y paradójicamente refuerzan el individualismo egoísta. El mundo del trabajo hizo obsoletos al fordismo y el taylorismo, que se resisten a desaparecer. El keinesianismo estatal sufrió reveses irreversibles, terminando con el estado bienestar. La economía capitalista, anclada en los combustibles fósiles, ha llevado a que el cambio climático sea una verdadera amenaza global. Las formas de poblamiento y ocupación de espacios rurales y urbanos de entonces, ya son palimpsestos (2). Hay que afirmar que análisis y propuestas simplistas frente a esta guerra serían frágiles para atender procesos de paz complejos. Para una paz menos perene, hay que impedir que la guerra haga metástasis en formas violentas mafiosas-fascistas y eso requiere soluciones políticas de fondo, donde los pueblos sean protagónicos.
Paisajes de la guerra
En la madrugada del 1 de mayo del 2014, una montaña dejaba sepultados a treinta y seis mineros afrodescendientes en la zona conocida como San Rafael, en el norte del Cauca (Murcia, 2014). La tragedia ocurriría justo dos días después de la reunión interétnica que tuvo lugar en Santander de Quilichao (29 de abril del 2014) para tratar los temas acuciantes de la minería criminal e ilegal. Aunque corresponden a territorios ancestrales de comunidades étnicas, los yacimientos de la mina San Antonio son pretendidos para explotación por la Anglo Gold Ashanti. Sin embargo, es de advertir que la explotación concreta de muchos yacimientos no la están haciendo las corporaciones trasnacionales sino fuerzas sociales complejas, respaldadas por aparatos militares de la guerrilla, los paramilitares –llámense Rastrojos, Águilas Negras, bacrim– e incluso las Fuerzas Armadas del Estado, como se rumora soto voce.
Se había testimoniado que esa minería devora los territorios y destruye la minería ancestral, acaba con el agua, sacrifica la ecología, consume los cuerpos de los mineros fuereños y lugareños, expertos y advenedizos; desmedra los lazos de solidaridad, e impone el mercado de los cuerpos y la prostitución. Este tipo de desastre es consecuencia del sistema económico impuesto con violencia en la región, cuyos daños se traducen en pérdidas de salud ambiental y humana, calidad de suelos y aguas, y valores económicos y culturales.
Entre la indefinición e inoperancia del Estado y la negación de los derechos ancestrales, se erige la minería criminal. En el norte del Cauca esta minería pasa por las definiciones territoriales tejidas a punta de fusil y despojo (3) en los territorios. Las cifras que contextualizan lo ocurrido en San Antonio no son precisas, se hablaba de doscientas retroexcavadoras que explotaban el mineral en la cuenca del río Quinamayó día y noche. Cuando la montaña se vino abajo las máquinas huyeron, dejando a las víctimas sepultadas y sin auxilio alguno.
El debate económico y ecológico: imperativo de la paz
Abordar la problemática ambiental del postacuerdo implica retarse a construir marcos interpretativos que se distancien de los que justificaron la guerra. Construir categorías que reestructuren las relaciones entre ciencia, política y economía para entender, prevenir y atender desastres ambientales que vienen como deudas de la guerra, y los que se ocasionarán en el postacuerdo, relacionados con las formas de ocupar y usar el espacio, el agua, los minerales, la biodiversidad, y en general los medios de vida y los medios de producción (Cardoso, 2015). Los actores de la guerra no solo han tenido motivaciones económicas vulgares, también usan la naturaleza estratégicamente, no son ajenos a ideologías y teorías.
Superar la guerra implica tener una mirada crítica de las maneras como incorporan la naturaleza en sus propósitos económicos, y de las teorías e ideologías que sustentan las estructuras valorativas de los agentes de la guerra. No hay que eludir el examen del papel que han tenido las teorías económicas, políticas y sociológicas, que junto a las condiciones materiales conforman las condiciones objetivas y subjetivas que enmarcan la guerra. Uno de los problemas que enfrentarán las fuerzas populares y los pueblos étnicos en el postacuerdo es la necesidad de alentar el debate teórico y político para develar esas posturas ideológicas, entre ellas el racismo que recae sobre los pueblos étnicos, y así allanar caminos a la reconfiguración y reafirmación de apuestas de vida «comunales» (4) en los territorios.
Particularmente, es preocupante que en los diálogos de paz no se aborde el sistema económico. La paz no consiste en que haya una economía fuerte en el sentido que crezcan los indicadores del producto interno bruto y el empleo, sino que la economía esté en función del buen vivir de la sociedad y la preservación del patrimonio natural, como legado a las generaciones venideras y como reconocimiento de los derechos de la naturaleza misma. De la misma manera, el reto del postacuerdo no es que haya una academia fuerte que sustente la economía del conocimiento, sino que la academia esté fuertemente ligada a la sociedad confrontando y resolviendo problemáticas concretas. El reto de construir territorios para la paz no está solo en edificar una institucionalidad fuerte sino en cuestionar desde los territorios el rol del capital, es decir, el reto también está en provocar trasformaciones institucionales que coadyuven a cambiar el orden económico para cuidar de los territorios.
No bastan las instituciones fuertes. En los propios EE. UU., que se precian de tenerlas, el desastre ocasionado por el entramado económico minero es estruendoso: «En un estudio sobre la calidad del agua, y el desafío y costos económicos que implican su contaminación, la EPA concluye que “la minería en el oeste de los Estados Unidos ha contaminado más del 40 % de las cuencas hidrográficas de la región”, y agrega que “el saneamiento de las minas abandonadas en 32 estados de los Estados Unidos puede costar 32 000 millones de dólares o más”» (Galafassi y Dimitriu, 2007: 14). Para el caso colombiano, las cifras son elocuentes: se calcula que «la población colombiana pierde anualmente 33 años de vida saludable a causa de factores ambientales, lo que significa un costo de casi 10 billones de pesos al año» (Larsen, 2004); y los factores de contaminación de aire, agua y sanitarios causaban 7600 muertes prematuras y unos costos que en el 2010 ascendían a 10,2 trillones de pesos, correspondientes al 2 % del PIB anual. Una nueva institucionalidad no será suficiente si los factores de muerte siguen intactos (Golub; Klytchnikova; Sánchez-Martínez; & Belausteguigoitia, 2014).
El futuro de la sociedad colombiana está signado por los acuerdos que deriven de las negociaciones con los grupos insurgentes, pero el hecho de que el modelo económico no esté en discusión limita ostensiblemente sus alcances. La perspectiva territorial comunalista y étnica demanda espacios para el debate político y teórico de los acuerdos, y escenarios postacuerdo desde donde pueda ponerse en cuestión el sistema económico. En esta tarea la academia militante está en favor de relaciones socio-eco-sistémicas que hagan posible la vida en todos sus niveles y manifestaciones. A esta le corresponde levantar la crítica del modelo económico, confrontando el hecho de que universidades, técnicos y científicos (desdeñando la vida) se inclinen acríticamente al servicio del capital, el lucro y la acumulación económica. Hay que exhortar el compromiso de investigadores- militantes para «sentipensar» (Escobar, 2014) la protección de los bienes comunes, de las sabidurías ancestrales y de la culturas, manteniéndoles lejos del lucro y la transaccionalidad monetaria.
Está claro que no cuestionar el modelo económico enmudece a la academia, la hace servil ante corporaciones trasnacionales que financian investigaciones orientadas a fines de lucro; y no pocas veces, a producir, directa o sutilmente, relatos y tecnologías (históricos, sociales, ingenieriles o administrativos) favorables al capital. Ahí la ética tiene mucho por decir. Para que la paz sea posible, la academia institucional o independiente, ante este dilema entre vida y capital, ha de optar por las fuerzas que impulsan la vida y no el capital. Es en los territorios donde la contradicción entre capital y vida tiene sus escenarios concretos de confrontación, y donde la lucha teórica y política tiene su espacialidad concreta. Allí hay que confrontar las maneras destructivas como el capital impone su territorialización, encierra y desterritorializa a los pueblos indígenas y negros, y debilita y aniquila las relaciones sociales opuestas a sus fines.
Coerción, consenso y deudas culturales
En el país, y más en el Norte del Cauca, no ha sido posible que se configure una institucionalidad proactiva con la democracia sustantiva; las estructuras hegemónicas que han operado, han querido debilitar por distintas vías las posibilidades de un proyecto propio de los pueblos étnicos, y han ejercido su poder y explayado su fascinación económico-céntrica, homogeneizando los paisajes económicos con los monocultivos y con el gran espejo de agua que abolió las corrientes y las fluctuaciones naturales de la cuenca del río Cauca, en ese lugar que se llamaba Salvajina y del cual derivó su nombre la central hidroeléctrica. Para mantener la brecha de poder político y económico, los actores empresariales, e instituciones al servicio de esas estructuras, pretenden homogeneizar los modos de vida de los habitantes con pequeños proyectos productivos focalizados, que se hacen en nombre del desarrollo, pero cuyos resultados son la pérdida de autonomía económica. Resulta así que la producción, que podría ser propia de mercados solidarios y con alta reciprocidad económica, se canaliza hacia el inicuo mercado capitalista.
Es una deuda del Estado, como principal responsable de la guerra, disponer una institucionalidad para la democracia sustantiva, que se desancle de la institucionalidad que ha prevalecido al servicio casi exclusivo de las élites. Las clases dominantes no se han dispuesto a organizar instituciones realmente democráticas, más bien acreditan sus esfuerzos en los momentos de la exposición mediática y escénica de la democracia electoral, no representativa. De manera legal movilizan las Fuerzas del Orden y de manera ilegal sus mecanismos clientelares y coercitivos, acumulando así un poder político que, obtenido violentamente, les ha permitido mantener y usufructuar el orden social y económico que hegemonizan.
En este contexto resulta casi ingenuo reclamar una institucionalidad fuerte y coherente ante las calamidades ambientales o cualesquiera otras. Las autoridades, llámese Agencia Nacional Minera, Ministerio de Minas y Energía, Procuraduría General, corporaciones regionales ambientales, Policía, Ejército, saben de los mecanismos de la minería criminal, saben de la ocupación de los humedales para la agricultura industrial y para los negocios inmobiliarios, saben del mercurio y el cianuro que escurren abundantemente desde las cordilleras… pero se muestran indolentes, complacientes o cómplices con el deplorable destino de estos territorios y sus gentes.
Por lo pronto, no hay un Estado al servicio de todo el pueblo y para los bienes comunes; este, el Estado colombiano, sigue siendo una quimera teórica. Más bien, lo que ha sido persistente es la actitud de las instituciones y de las autoridades gubernamentales y de los entes empresariales de desconocer no solo los derechos de las comunidades sino su misma existencia como pueblos étnicos, con derechos territoriales y culturales. Los derechos que consagró la Constitución de 1991, en particular para el pueblo negro la Ley 70 del 93, carecen de reglamentación, y de tribunales y organismos especializados que garanticen su reconocimiento y su aplicación.
El modelo hegemónico se impone también con sutiles instrumentos de violencia económica y simbólica. Van desde la penetración violenta actual de las retroexcavadoras (pasando por los planes de desarrollo locales, los planes de ordenamiento y las agendas regionales) hasta llegar a las agendas multilaterales, como la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sur Americana (IIRSA).
Deudas culturales
Examinando en otro orden lógico y espacial las deudas de la guerra, se observa cómo hay una interrelación histórica entre violencia, concentración de los bienes de producción, acumulación de riqueza y desposesión. A lo largo del siglo XX las tierras del norte del Cauca fueron destinadas cada vez más a los cultivos industriales, concentrándose en manos de descendientes de esclavistas y empresarios extranjeros, a expensas de los cada vez más estrechos espacios para la reproducción social y la autoproducción- consumo de los campesinos, sin que se haya dado al traste plenamente con las economías indígena y negra supérstites. Asfixiando las fincas tradicionales negras y los resguardos indígenas, la expansión agroindustrial ha conducido a la casi desaparición de sus economías. Las élites, perpetuándose, han concentrado la tierra, el agua y demás funciones ecosistémicas, asaltando los baldíos públicos y apropiándose los servicios de la infraestructura pública.
El proceso de destrucción de las economías campesinas no ha concluido, la guerra no ha llevado esta destrucción hasta sus últimas determinaciones. Aún pueden reconocerse elementos que enseñan la posibilidad de economías comunitarias que enfrenten al individualismo de la teoría económica y muestren que la economía no es solo un asunto de «medios» y de tecnologías apropiadas sino también de «fines», de utopías, de construcción de relaciones sociales nuevas, relaciones sociales que se fundamenten en la justicia ambiental y social. Las familias negras aún mantienen en algunos lugares muchas prácticas de la finca tradicional. Los resguardos indígenas han recuperado la tulpa nasa como una forma de mantener, digámoslo en nuestras palabras, la soberanía alimentaria; y el pueblo misak, de la región del norte del Cauca, hace esfuerzos profundos por la preservación de la sabiduría ancestral, incluso con su universidad propia.
El estudio realizado por el CEDE de la Universidad de los Andes identifica como características de los municipios que tienen menor movilidad social a través de la educación, aquellos que son más pobres, que tienen mayor población afro, que tienen mayores «tasas de desplazamiento y prevalencia del conflicto armado»5 De acá se deprende, pues, la pregunta sobre ¿cuáles deben ser los mecanismos de reproducción cultural, de ampliación del «capital simbólico» y de formación académica de calidad a los que las comunidades étnicas locales pueden aspirar para enfrentar el posconflicto desde sus territorios ancestrales?
Saldar las deudas de la guerra, para avanzar en la paz
Nuevas economías deberán ponderar suficientemente las sabidurías ancestrales; entre otros aspectos, en el cuidado del agua, la preservación de las semillas, las medicinas propias, las técnicas agrícolas, y el cuidado de los suelos, animales y minerales. Las formas de producción agromineras garantizaron por muchos lustros la estabilidad económica de las familias negras cimarronas que se acoplaron con los ecosistemas del norte del Cauca. También las formas de uso y aprovechamiento multiestrato y por pisos térmicos, que las comunidades indígenas emplearon para su permanencia, deben reconocerse como las más resilientes para enfriar el planeta y para volver a armonizar la vida rural con los ciclos ecológicos.
El monocultivo de caña y celulosa, la minería de metales y piedras preciosas, la generación de energía para grandes emplazamientos urbanos e industriales de producción de azúcar, la extracción y quema de combustibles fósiles, son maneras de producción que reclaman grandes infraestructuras y formas de gobierno centralizadas y autoritarias, que no vienen bien con los cambios que la sociedad requiere para enfrentar la debacle climática y la inicua distribución ecológica. No estamos hablando de un retroceso romántico hacia formas primitivas de habitar el planeta, pues, sin una fe ciega, reconocemos la potencialidad de la tecnología y la ciencia para contribuir a la sustentabilidad. Hablamos, en cambio, de redescubrir la capacidad resiliente y adaptativa de las prácticas ancestrales y de recrearlas acorde a los conocimientos de las ciencias, la academia y las tecnologías, para poder construir una paz duradera.
En la historia de las relaciones de los pueblos étnicos con sus territorios, urbanos y rurales, así como de los demás sectores populares, hay señales para transitar hacia sociedades justas y sustentables, y para ello deberán tomar en sus manos las riendas de su futuro; pero no para incluirse en el mercado capitalista sino para construir alternativas frente a la crisis de la civilización occidental, para recrear las prácticas colectivistas comunitarias, que son la matriz de su capacidad de resiliencia. De ahí que el proceso de transformación de las relaciones de la economía con las demás esferas (social, política y cultural) puede pasar por la construcción de nuevas tecnologías productivas y administrativas, y por el establecimiento de códigos de conducta y principios de responsabilidad social de las empresas, pero no debe quedarse allí. La paz es una oportunidad para dar un salto hacia una sociedad poscapitalista más sustentable y justa, antes que para añadirse como un vagón al mortífero carrusel del desarrollo.
Para construir territorios en función de la paz, hay que ir más allá del desarrollo y definirse a favor de sociedades sustentables, proyectos de vida intercomunitarios, interterritoriales, en regiones concretas, apostándole a formas de organización horizontales, participativas y comunalistas. Por su parte, la ciencia, la academia y la tecnología tienen el reto de la transdisciplinariedad y la pertinencia política de sus apuestas en investigación e innovación.
Las relaciones creativas de economías fuera del mercado capitalista deberán conquistar el estímulo de políticas públicas regionales y nacionales que posibiliten asegurar que las decisiones que se tomen sean congruentes con las transformaciones profundas que se requieren. La sostenibilidad no puede estar subordinada a la lógica de la economía normal que se critica. Parafraseando a Arturo Escobar, puede afirmarse que no pueden edificarse territorios de paz con las mismas categorías con que se sembró en ellos la guerra: progreso, desarrollo, disminución de la pobreza, explotación de recursos, servicio de la deuda, son, en este sentido, inútiles. Habrá que pensar más bien en las cuentas ambientales, las deudas e intercambios ecológicos, los metabolismos económicos, los pluriversos, otras economías posibles, que sean solidarias, comunitarias y redistributivas de los ecosistemas y de los bienes culturales.
Es decir, junto a la paz territorial es necesario reedificar el andamiaje conceptual y el instrumental teórico analítico para pensar-actuar-vivir en esos territorios para la paz.
En esto también consisten los retos de las economías comunitarias. La construcción de sociedades sustentables no se reduce, por lo tanto, a cuestiones tecnológicas. No se trata simplemente de la incorporación de tecnologías limpias, de aprovechamiento de los subproductos de la selva, la pesca, la agricultura o la minería, ni de tecnologías con mayor eficiencia energética y con tracción animal, sino de una transformación simultánea de las diferentes esferas donde se construye lo humano. Por ello, la sustentabilidad está en directa relación con la construcción de valores morales y éticos, con la reestructuración sostenible y resiliente de los valores ancestrales. Esta trasformación no se limita a que exista una normatividad o una racionalidad jurídica y académica, pues en países como Colombia, donde tienden a erosionarse los sistemas de sabiduría tradicional adaptativa, es común reconocer que sobran leyes y diplomas pero faltan los valores éticos, y peligran desaparecer los valores culturales.
En los procesos de negociación de paz se habla de verdad, justicia y reparación. Allí tendrá que considerarse la destrucción que se ha hecho en el país de sus ciclos hídricos, de las cuencas y humedales; la dilapidación del patrimonio natural mineral, de suelos, de hidrocarburos; la defaunación y destrucción de selvas y páramos para la siembra y el procesamiento de coca y amapola. La insurgencia, por su parte, ha contribuido a esa deuda que la guerra tiene con los sistemas sociales-naturales de muchos territorios del país; bien por acción directa, como en el caso de la voladura de infraestructuras petroleras y el fomento al cultivo de coca y amapola, o bien por la acción indirecta de hacer negocios con los depredadores.
En consecuencia, un tema que debería estar en los acuerdos entre Gobierno e insurgencia es el de rendirle cuentas al país por la deuda de los daños ambientales, los costos de restauración de los ecosistemas y la reparación a las víctimas. La paz estará también en saldar esas deudas. Las deudas ambientales hay que advertirlas, reconocerlas en el escenario del postacuerdo, valorarlas no solo económicamente sino también cultural, estética y éticamente. Para efectuar tal valoración habrá que investigar, como lo propone esta reflexión, en las causas profundas y en los argumentos que los agentes de la guerra exponen justificando su posición. Algunos de estos agentes tal vez no se sabrá quiénes son… solo se sabrán los beneficios que percibieron. Habrá que examinar esas deudas y hacer las cuentas ambientales, para que quede expuesta la racionalidad de la guerra con sus motivaciones económicas, políticas y sociales; pero también los impactos, daños y consecuencias: su racionalidad e irracionalidad que, puestas en la balanza, contribuirán a que la guerra no se repita.
Ahora bien, las economías propias de las comunidades son tensionadas a articularse, en forma utilitarista, al lugar de menor valorización en el ciclo de reproducción del capital; así pasa con los procesos de producción artesanal y local, que estando por fuera del sistema capitalista global, son subordinados forzosamente a procesos de comercialización o agregación de valor y plusvalía de las grandes empresas nacionales y trasnacionales. En estos casos la comunidad queda con la ilusión de la participación, pero las ganancias siguen el circuito financiero de la acumulación. Puede decirse que esta es también una manera de despojo de la sabiduría artesanal local.
Concluyendo: ordenamiento del territorio y proyecto de vida
No resulta descabellada la afirmación de que el verdadero ordenamiento territorial ha estado siendo hecho desde tiempo atrás por los grupos armados y por la vía administrativa, mediante las decisiones que imponen las instituciones, hoy ministerios del Ambiente y del Interior, relacionadas con las consultas previas y las licencias ambientales de las infraestructuras. Esto incluye la ineficiencia frente a la minería ilegal y violenta, y las ambigüedades frente al reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos.
En el caso de la minería, los hechos son tozudos, como afirma una dirigente del Consejo Comunitario del corregimiento de La Toma, municipio de Suárez,: «En La Toma la gente no vendió sino que el Gobierno cedió el subsuelo con títulos mineros, y luego fue que llegaron los actores armados a presionar en el territorio…». Detener la minería irracional y violenta resulta crucial en esta región. Las comunidades han exigido que se haga la suspensión de títulos mineros y se nieguen nuevas solicitudes como respuesta preventiva de las autoridades, en tanto no cuentan con la capacidad para evaluar los impactos sobre la cultura y la ecología de la región, y en tanto es mandato de las Cortes y del Convenio 169 de la OIT, favorecer el ordenamiento del territorio ancestral que hagan las propias comunidades.
Es claro que, de no tomarse medidas radicales frente a la minería irracional y al avance de los megaproyectos hidráulicos y agroindustriales, los cambios en las formas de uso del territorio y las dinámicas económicas que imponen limitarían de manera dramática las posibilidades de resiliencia étnica, negra e indígena. La destrucción del río Cauca y sus afluentes hace que se pierdan las tradicionales barbacoas, que son un sistema de pesca con trampas. La profusión de la minería empodera a los agentes violentos externos y a los locales, que se articulan gracias a los altos precios del mineral y por el ambiente favorable que la minería encuentra en el discurso gubernamental de la Locomotora Minera. Así se observa por ejemplo en el caso del río Quinamayó: la gente se acostumbró a ingresos altos obtenidos con el oro que quedaba en la cola de las retroexcavadoras. Allí gentes locales se asociaron con agentes armados que controlan las retroexcavadores, en contra de los otros habitantes y en detrimento de su propio territorio. Los mineros locales juegan en el marco de las reglas que imponen los «retreros» y se someten a sus condiciones, pretextando que no es en el patio de su casa sino en el de los vecinos; no ven los efectos profundos, se sienten inmunes. Pero el fenómeno de cambiar valores económicos por valores territoriales es muy fuerte. Los valores económicos resultan atractivos para el consumo, para la vida en algarabía, mientras que conservar los valores territoriales, la capacidad ecológica y material del territorio para recrear la cultura, es más arduo. Eso hace que hoy las retroexcavadora se muevan con mucha facilidad en los propios territorios ancestrales, que encuentren soporte social y que los retreros empleen las amenazas y la intimidación, cuando no el ejercicio mismo de su capacidad violenta, para acallar a quienes pugnan por la defensa del territorio. El 1 de octubre del 2014, una dirigente del corregimiento de La Toma, municipio de Suárez, afirma que: … el domingo en la noche, L. se encontraba en la cabecera municipal y un compañero lo alertó y lo hizo esconder, porque dos hombres lo estaban buscando para matarlo a él y a mí. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, llamo vía telefónica y compañeros del Consejo Comunitario fueron a buscarlo al lugar donde se encontraba escondido.
Yo me encontraba en una reunión con la comunidad en la escuela de Yolombó, porque la gente está muy preocupada con las amenazas realizadas por los mineros frente a las mismas…
El día lunes tomé la decisión de salir del territorio con mis hijos, teniendo en cuenta que el 11 de junio en horas de la mañana recibí una amenaza vía telefónica, en la cual un hombre con acento paisa me decía que vendrían por mí y mis hijos…
Hablar de los territorios implica mirar las conexiones socio-ecosistémicas complejas entre suelos, aguas, redes alimenticias, energías (humana y no humana), minerales, contaminaciones, procesos productivos, culturas, geopolítica y proyecto de vida. Este último implica a su vez modos de ocupación (urbanización) y poblamiento (demografía) del espacio, tipo de economía, modos de trabajo y empleabilidad, y sin duda la interacción entre todo ello. Evitando caer en la simplificación y monotonía rutinaria del análisis, cuando se fragmentan las problemáticas del territorio considerando componente por componente; como en una fisiología de escuela primaria, donde por un lado va el agua, por otro los alimentos y la agricultura, por otro los minerales, y se simplifican las conexiones. Este camino puede llevar a una sobresaturación de información, que no permite orientar las decisiones de las comunidades para encaminar sus acciones de manera más estratégica y comprehensiva, o les lleva a decisiones impracticables en sus territorios concretos. Para avanzar en la valoración de las deudas del sistema y de la guerra en los territorios, hay que enfocarse en la interdependencia de los componentes territoriales. De manera que si se mira por ejemplo el crecimiento de la minería, no se haga sin ver el detrimento de las aguas, de la alimentación, de la cultura; si se mira el avance de los monocultivos de agrocombustibles, no se haga sin ver el despojo de la tierra, la matriz energética, el impacto en la agricultura campesina, etc. Ese es el reto de la mirada compleja, que impone la transdisciplinariedad a la academia y que insta a desarrollar metodologías menos disciplinadas y más creativas.
Ha sido probado que las tensiones económicas globales, por ejemplo, hacia la producción de agrocombustibles, tanto como las tensiones climáticas temporales (como las que se viven hoy en Colombia relacionadas con el fenómeno del niño), presionan cambios en los estilos de vida de la sociedad, y cambios en la demanda y oferta de bienes y servicios. Esto puede presionar negativamente sobre los factores territoriales o atenuar las demandas, según la sociedad este orientándose o no con criterios de sustentabilidad y justicia. Los fenómenos climáticos extremos, ocasionados por el sistema económico centrado en energías fósiles, traen escasez de agua o aumento excesivo de lluvias, lo que altera los ciclos ecológicos (problemas ambientales) y deteriora las cosechas; la pérdida de estas afecta el empleo y a su vez desata la escasez de alimentos y su encarecimiento (problema económico). Y así sucesivamente, en una interdependencia que puede desatar problemas sociales. Pero el recorrido también puede ser, por ejemplo, el de las actividades mineras ilegales (problema social), que alteran las formas de producción tradicional de las comunidades, induciendo la pérdida de prácticas minero-agrícolas ancestrales, reemplazándolas por prácticas mineras artesanales y de alto impacto (problema económico y ecológico), provocando cambios en las estructuras de las relaciones sociales, en las formas de poblamiento, y finalmente el deterioro del ecosistema y la pérdida de las condiciones materiales para la reproducción de las sociedades locales. Estas problemáticas pueden emerger a distintas escalas espaciales, simultáneamente o consecutivamente, pero siempre de manera interdependiente, heteronómica.
Las comunidades a veces son resilientes ante estos problemas temporales, pero no siempre tienen estructuras fuertes que les permita sustentarse en el largo plazo, cuando los problemas se suceden unos a otros. En ocasiones las comunidades se hacen seguidoras de las leyes y normas, en un apego que no siempre es clarividente de las reglas de la naturaleza. No se puede vivir en las reglas de la sociedad si no se vive en las reglas de la naturaleza.
Hemos insistido durante varios lustros en unirnos en relaciones fraternas y solidarias, como hacedores de paz. Persistimos en procesos de articulación, con criterios de no delegación en la gestión concreta de la paz y en la materialización de planes de vida territoriales e interétnicos. Y reglas de cuidado de las culturas y del ambiente, reglas de trabajo y vida que tengan la flexibilidad, que podamos cumplir y velemos porque se cumplan,; expresiones de organización horizontal, sin jerarquías, con autosuficiencia e interdependencia, para el crecimiento espiritual y vivencial colectivo. Formas de vida solidaria, con reciprocidad, donde los valores económicos no subsuman los valores culturales. Todo ello para una paz actuante y no únicamente formal. Eso que queremos para nosotros, también es deseable para los pueblos étnicos.
Notas:
1) «En Colombia, 37 de los 59 parques nacionales naturales que hay albergan actores armados en sus ecosistemas. 27 tienen minas, y en 17 hay porciones de las 5.477 hectáreas de cultivos ilícitos allí sembradas». Revista Semana Sostenible, 24/08/2015. Disponible en: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/multimedia/farc-ambivalencia-frente-medio- ambiente/33710
2) La paz ya no es ni siquiera como los ambientalistas nos la imaginábamos hace quince años. En el año 1999, el 5 y 6 de junio, tras varias reuniones regionales, ambientalistas de todo el país nos encontrábamos en San Pedro de los Milagros conformando la RAP (Red Ambientalista por la Paz), que desapareció dejando plasmada una intención del ambientalismo que hay que actualizar: trabajar en red por la paz, por la defensa de los derechos humanos, de la naturaleza y de los pueblos.
3) Despojo no equivale a desplazamiento, alguien despojado puede no ser un «desplazado».
4) La categoría comunalidad, desde las epistemologías del Sur, se pone de cara a la colonialidad del poder y del saber, que están en el seno del proyecto de dominación eurocéntrico occidental. Cuadernos del Sur. Revista de Ciencias Sociales, año 18, n.o 34, enero-junio del 2013. México.
Referencias
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Escobar, Arturo (2014): Sentipensar con la Tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: Unaula.
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La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.