Bogotá, Colombia. 8 de julio de 2015. El Congreso de los Pueblos y organizaciones de derechos humanos denunciamos y rechazamos ante la comunidad nacional e internacional los hechos en los que han sido detenidos, bajo la modalidad de falsos positivos judiciales, 16 personas, integrantes de procesos sociales, estudiantiles, periodistas, entre otras.
En este momento en el que se abren más posibilidades hacia la paz, representados en los anuncios de cese al fuego que le dan más confianza al proceso, se desata nuevamente la persecución y estigmatización al movimiento social el cual viene reclamando constantemente garantías al ejercicio de su actividad social y política.
El país ha conocido el sistemático montaje judicial contra lideres de procesos sociales y población en general. Tales falsos positivos judiciales han arrojado la interposición de al menos 13 mil demandas administrativas por errores judiciales, esto ha comprometido aproximadamente 27 billones del presupuesto general de la nación. Asi por ejemplo, entre 2009 al 2012, 8.600 personas se les vinculó a procesos por supuesta vinculaciones con la insurgencia, de ellas solo 2058 personas permanecen privadas de la libertad y en consecuencia mas del 75% de los capturados fueron declarados inocentes.
Exigimos garantías al debido proceso de las personas detenidas el día de hoy 08 de julio de 2015, toda vez que los medios de comunicación y el alto gobierno, desconociendo la presunción de inocencia, ya han emitido una condena anticipada al imputarles públicamente su pertenencia a organizaciones insurgentes, con ello violan el principio de independencia judicial y debido proceso al que tienen derecho.
Exigimos al gobierno Nacional garantías para la participación política, pues es inconcebible que mediante asesinatos, amenazas y detenciones arbitrarias se pretenda acallar la voz del movimiento social en Colombia.
8 de julio de 2015
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.