Los colombianos y colombianas vivimos un contexto de contradicciones, originados particularmente por los incumplimientos del gobierno nacional a los acuerdos firmados con los distintos actores de la sociedad colombiana; debido a los intereses del gobierno de continuar imponiendo un modelo económico que beneficia a los integrantes del mismo gobierno, sus familias, y los sectores económicos nacionales e internacionales que los tienen en el poder. Por otro lado los sectores de los trabajadores, empleados, estudiantes, campesinos, indígenas y pueblos afrodescendiente y un gran número de la sociedad colombiana afectada por la crisis económica y social que genera la aplicación de este modelo, nos mantenemos en permanente lucha y movilización por lograr superar las crisis presentando propuestas y alternativas políticas que los beneficien, pero también haciendo uso de los derechos políticos que tenemos a una vida digna en igualdad de condiciones sociales.
Bogotá, 9 de octubre 2017
Desde el paro agrario y movilizaciones indígenas, campesinas y populares que convergieron en el 2013, las dinámicas de movilización han venido en aumento, dado que el gobierno nacional a cada sector que se moviliza les firma un pliego de acuerdos, pero nunca los cumple.
Por otra parte las negociaciones para la terminación de la confrontación armada y la construcción de una paz estable y duradera desarrolladas con las FARC-EP que han generado muchas expectativas en las víctimas que sueñan con un país en paz y democrático, también han sido incumplidos, según el balance realizado en pasado 2 de octubre por la comisión de paz del congreso y el delegado para misión de acompañamiento de las Naciones Unidas el incumplimiento está en un 82%, lo cual nos pone en un estado de alarma por el riesgo que esto le da a la implementación de los acuerdos. A si mismo los avances en las negociaciones con ELN, sobre todo el cese bilateral de fuegos que inicio en los últimos días está en un alto nivel de vulnerabilidad por la presencia de grupos paramilitares en los territorios y acciones de las fuerzas armadas contra el movimiento social.
A su vez se agudizan las problemáticas ambientales con las concesiones territoriales a grandes empresarios extranjeros para la explotación, bosques, agua y otros recursos minero energéticos, lo que complejizan los conflictos territoriales de campesinos, indígenas y afrodescendientes por la falta de tierra y territorios para la vida, la cultura, la autonomía, la economía propia que garanticen a un buen vivir de los Pueblos.
Todas estas contradicciones se profundizan por la grave situación de violación a los derechos Humanos y DIH, el asesinato de líderes sociales y defensores de DDHH que desde 2016 y lo que ha corrido del 2017 suman más de 200 asesinatos, las judicializaciones, el asesinato de los familiares e integrantes de las FARC en proceso de reincorporación a la vida civil, desplazamiento por las confrontaciones armadas que persisten en muchos territorios por la presencia de grupos paramilitares e insurgencias y las claras faltas de garantías para ejercer el derecho a la protesta y a la movilización social.
Esta situación se ve crudamente reflejada con la masacre realiza el pasado 5 de octubre, cuando fueron asesinados seis 6 campesinos Entre ellos dos indígenas del Pueblo Awa y más de cincuenta heridos, en momentos que estos protestaban por los incumplimientos del gobierno con los productores de hoja de coca, en el marco de la implementación de los acuerdos firmados con las FARC – EP. Según testimonios de las comunidades a la fecha se encuentran varias personas desaparecidas, lo cual genera gran preocupación por la intervención de la fuerza pública en el lugar de los hechos, quienes impidieron la misión verificación de organizaciones de derechos humanos los 6, 7, 8 octubre. A esta situación se suma el asesinato de una líder indígena en el resguardo Kokocuno -Cauca el día 8 de octubre junto 3 heridos tras las acciones de recuperación de tierras. Y el asesinato indígena el Choco del Pueblo Emberá Dovida en medio Baudo y dos indígenas Sikuanis en meta y Vichada, unas dos dirigentes comunales en Guaviare y Cartagena.
Seguimos siendo las víctimas del terrorismo de estado, la corrupción y políticas excluyentes que continúan imponiéndose a pesar de las luchas incansables de resistencia popular.
Por esta razón desde la cumbre agraria campesina étnica y popular hacemos el llamado a todos los colombianos y colombianas, para que no, nos dejemos quitar el sueño de construir la paz, de vivir en un país democrático con políticas incluyentes, en el que todos y todas disfrutemos de los mismos derechos, esto solo será posible en la medida que nos unamos en contra del modelo que persiste por acabarnos.
Convocamos a las jornadas de la indignación de este mes de octubre, en unidad con otras organizaciones y sectores como el Comando central unitario- coordinadora de organizaciones sociales Unitario, las cuales tienen como fin denunciar al gobierno colombiano por sus incumplimientos a los acuerdos firmados con los sectores sociales y organizaciones en todo el territorio nacional, es especifico los incumplimientos con la Cumbre agraria durante estos cuatro años de negociaciones. Además, por los pocos avances de cumplimientos a los acuerdos firmados con las FARC-EP.
En este marco de las jornadas de indignación retomamos el Pliego planteado en marzo 2016 por el Comando nacional unitario- coordinadora de organizaciones sociales, al igual que reiteramos y posicionamos nuestro pliego de 8 puntos planteado desde 14 mayo 2014, para este momento coyuntural priorizamos posicionar los siguientes:
1. Territorios colectivos y derechos territoriales. Exigimos el reconocimiento y garantías a las figuras territoriales colectivas: Territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas, los territorios colectivos consejos comunitarios de los Pueblos afrocolombianos, las Zonas de reservas campesinas, los territorios campesinos agroalimentarios. De igual manera exigimos el reconocimiento al campesinado como sujeto derechos y el reconocimiento de los derechos territoriales de Pueblos indígenas y afros, especialmente el reconocimiento de autoridades tradicionales indígenas con competencias de autoridades ambientales en sus territorios.
2. Paz y garantías de DDHH. Frente al tema de paz insistimos en que se brinde las condiciones para la participación vinculante del movimiento social en la construcción de paz con justicia social, estable y duradera. Se reconozca nuestro pliego como propuesta de paz desde movimiento social para el país, y la mesa única nacional -MUN como un escenario de diálogo y negociación social para avanzar en la construcción de para la paz. En este marco también exigimos el cumplimiento integral del acuerdo pactado con la FARC-EP, y lo relacionado con el cese bilateral al fuego con ElN; para dar celeridad en ese proceso de dialogo, para una paz completa.
Exigimos plenas garantías para los defensores de DDHH, líderes y lideresas de los pueblos y sectores sociales, el cese a la persecución contra el movimiento social y el tratamiento de guerra a la protesta social. Y que se erradique el paramilitarismo que están ocupando los territorios. Frente a la grave situación ocurridas en Tumaco, Cauca, Choco exigimos al Gobierno nacional reconozca su responsabilidad, por la acción u omisión de las fuerzas públicas, reiteramos la solicitud de las misiones de verificación con Cumbre Agraria, además que se conforme una comisión de la verdad que esclarezca estos hechos y posibilite la justicia frente a los mismos.
3. Minería. Frente a minería exigimos que gobierno nacional respecte el derecho a la consulta previa establecido en el Convenio 169 de la OIT y jurisprudencia de la Corte Constitucional[1]. Y Exigimos se respecto al derecho constitucional a la consulta popular, reconociendo que, en ejercicio de este, en el 2017, 6 municipios de Colombia[2] han decidido en las urnas por porcentajes superiores al 95% negar el ingreso de la minería a gran escala o la explotación de hidrocarburos en su territorio.
4. Cumplimiento de acuerdos. Se exige que este Gobierno, cumpla, los acuerdos pactados con la Cumbre de manera prioritaria los de Santander de Quilichao 2016 en el marco de la Minga Agraria, Campesina y Popular, así como los acuerdos firmados con los demás sectores sociales fruto de la movilización y la protesta social.
Nuestra invitación es a seguir movilizándonos y manifestar nuestra indignación y posición de rechazo contra las incapacidades y falta de voluntad política del gobierno nacional en cabeza de JUAN MANUEL SANTOS, por resolver las problemáticas denunciadas y que afectan a la mayoría de la población colombiana.
Escuche audio Rueda de Prensa: https://co.ivoox.com/es/rueda-prensa-extraordinaria-cumbre-agraria-campesina-etnica-audios-mp3_rf_21350231_1.html
#QueLaPazNoNosCuesteLaVida
Comisión Política
[1]En este contexto, el gobierno expidió, el Conpes 3762 de 2013, la directiva presidencial 10 de 2013, y el decreto 2613 de 2013 de manera unilateral e inconsulta.
[2]Cabrera (Cun) 26 de febrero de 2017, Cajamarca, (Tol) 26 de marzo de 2017, Cumaral, (Meta), 04 de junio de 2017 Arbeláez, (Cun), 09 de julio de 2017, Pijao, (Qdío), 09 de julio de 2017.
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base locales, regionales y nacionales, que existe de hace casi 20 años y trabaja para dar a los movimientos sociales un papel político, de actores protagónicos en la construcción de cambio en el país.