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Cumbre de paz del centro oriente y sur oriente colombiano

EN UNIDAD Y EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

Lunes 7 de marzo de 2016, por Cumbre Agraria

Los días 3, 4 y 5 de marzo, nos encontramos los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y urbanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y otras expresiones e iniciativas que trabajan por la paz de los departamentos del Meta, Arauca, Guaviare, Guainía, Vichada, Casanare, Cundinamarca y Boyacá, para avanzar en la construcción de una agenda política de paz. Llegamos desde los diversos territorios, veredas, corregimientos y comunas para cumplir un encuentro histórico para aportar en la construcción de Paz con justicia social y un país para la vida digna, convencidos y convencidas de que la unidad es el camino para avanzar en este sueño.

Fue un encuentro de identidades, luchas, resistencias, en el cual cada pueblo aportó desde su sabiduría, resignificando las historias de dolor producto de la guerra, el despojo y la exclusión en historias de esperanzas, lucha y propuestas de vida.
Se contó con la participación del Gobernador del departamento de Arauca, Doctor Ricardo Alvarado, quien reafirmó su compromiso de apoyar este proceso, planteando que la paz no es solo el acallamiento de los fusiles si no la vida digna del Pueblo. El Monseñor de la Diócesis de Arauca, Jaime Muñoz, compartió su mensaje sobre la necesidad de avanzar en una pedagogía de paz, para lograr sembrar en los corazones una nueva forma de vivir y relacionarnos entre todos y todas.

Una vez instalada la Cumbre de Paz Regional, en medio del entusiasmo de las organizaciones asistentes, se abordaron cuatro ejes temáticos para compartir las diversas visiones y posiciones las organizaciones participantes.

Respaldamos la salida política negociada conflicto social y armado, saludamos el avance del proceso de dialogo entre el Gobierno y las FARC. Al tiempo, esperamos resuelvan, entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, los puntos de divergencia para que ese proceso de diálogo continúe en su fase pública y construyamos un proceso de paz integral.

Sobre el Contexto nacional e internacional, se hizo énfasis en la afectación y la destrucción de los territorios y la vida, causado por la aplicación del modelo capitalista encubierto en la concepción de “desarrollo”. Denunciamos la Ley de Zidres, que violenta el derecho de campesinos, afros e indígenas a su autodeterminación en el territorio, colocándolo al servicio de la acumulación del capital. Así mismo, denunciamos la existencia de una nueva reconfiguración del paramilitarismo como estrategia de despojo y control territorial.

En materia de Política Minero energético, se planteó la necesidad de actuar de manera conjunta para defender los territorios de la llamada locomotora minero energética, que pretende entregar nuestro país a las multinacionales.

Nos comprometemos a construir una propuesta minero energética sobre la base de la soberanía nacional, la autosuficiencia energética y la participación directa de las comunidades en las decisiones sobre la explotación de los recursos naturales.

Se exige revisión de la renta minero energética en beneficio de los intereses del Pueblo.
En el tema de Territorio y territorialidad, se plantearon las diferentes visiones históricas, culturales, ancestrales y sociopolíticas que tenemos desde las comunidades.

• Territorios indígenas

Se hizo énfasis en la necesidad continuar la luchando por la defensa de los territorios autónomos ancestrales como un reconocimiento a la posesión y apropiación histórica de los pueblos indígenas de Colombia, uniendo esfuerzos para la liberación de Madre tierra, para recuperar los territorios usurpados por los terratenientes y las empresas multinacionales.

La propuesta es construir en conjunto un pacto de convivencia en los territorios, para consolidar posibilidades reales de relacionamiento respetuoso y recíproco entre pueblos.

• Territorios afros

Defensa de los consejos comunitarios como un derecho conquistado para salvaguardar el territorio colectivo y la cultura. Se busca la unidad de las diversas organizaciones afrocolombianas para la defensa de los territorios y la libertad, porque pese a la abolición de la esclavitud continúan los intentos sometimiento. Se propuso la necesidad de pensar la construcción de territorios interétnicos, con una estructura autónoma de gobierno construida en consenso entre todos los pueblos.

• Territorios campesinos agroalimentarios

Se reconoce que si bien hay avances sobre el reconocimiento de la territorialidad de las comunidades afros e indígenas, persiste una gran debilidad para reconocer los territorios del campesinado por ello, de manera autónoma los pueblos hemos construido territorios campesinos agroalimentarios, para reivindicar el derecho al territorio y entendiendo al campesinado como sujeto social transformador y, al territorio como una construcción social e histórica que va más allá de lo productivo, como escenario para consolidar un proyecto del bien vivir para los pueblos.

• Zonas de reserva campesina

Si bien la figura de la Zona de Reserva Campesina ha sido reconocida por la ley 160 de reforma agraria de 1994, han pasado más de 20 años y el gobierno nacional no ha permitido su desarrollo, señalando que la autonomía de los campesinos significa una amenaza para el país, catalogándolas como “republiquetas independientes”. Para nosotros, esta es una forma de blindar nuestros territorios frente a los intereses de los terratenientes y multinacionales que avanzan con la violencia y el silencio del Gobierno Nacional. Reivindicamos nuestra apuesta de gobierno propio para regular la tenencia, la defensa del territorio para la vida y la producción territorialidad.

Como conclusión de este bloque planteamos que:

Reconocemos las diversas formas de apropiación y posesión de los territorios que se vienen construyendo, continuaremos avanzando en la construcción de propuestas concretas de un nuevo ordenamiento autónomo del territorio que responda las lógicas, cultura y los procesos de luchas de los pueblos. Para ello, un paso fundamental es avanzar en rutas autónomas para la resolución de los conflictos territoriales, que en gran medida han sido promovidos por el Estado.

Reafirmamos el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos.
Exigimos que se respete el derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado para pueblos indígenas, afros, campesinos y urbanos, y reafirmamos las consultas populares.

Nos comprometemos a actuar de manera conjunta por la defensa del agua, los páramos y los bienes comunes y sagrados de nuestros territorios.

Justicia
La justicia en nuestro país históricamente ha respondido al interés de la clase dominante, antecedentes como la Ley de Justicia y Paz, producto de la negociación con el paramilitarismo, es una gran muestra de impunidad.

En este sentido se concluyó que:

Reconocemos los avances del proceso actual de diálogos entre las FARC-EP y el gobierno, que plantea una propuesta de jurisdicción especial para la paz, como un gran paso, pero llamamos a que en los acuerdos de terminación del conflicto armado exista un real proceso de justicia frente a los crímenes de estado y de lesa humanidad, se haga pública la verdad sobre los diversos hechos, se repare integralmente a las víctimas y se planteen garantías para la no repetición. Particularmente exigimos el desmonte y desmovilización total de toda la estructura paramilitar.

En ejercicio de la soberanía nacional, nos oponemos a la extradición de colombianos y colombianas. Rechazamos la criminalización de la protesta social y exigimos la libertad inmediata a los prisioneros políticos. Exigimos se respete el derecho a la protesta y la rebelión

Nos proponemos seguir avanzando en el fortalecimiento de las diversas de formas de la Justicia propia y comunitarias de los pueblos y exigimos su reconocimiento, respeto y garantías para el ejercicio autónomo.

Participación
Reafirmamos las diversas iniciativas de sociedad en el marco de un proceso Constituyente Popular y Democrático que se nutre de iniciativas como las Constituyentes Populares y Democráticas por la paz, la Mesa Social para la paz, la Comisión Étnica para la paz y otras propuestas, para que de manera articulada fortalezcamos un proceso de construcción y participación directa y decisoria desde los movimientos sociales, políticos y populares.

Reiteramos, que en el contexto de negociaciones de La Habana respaldamos el mecanismo de refrendación que sea consensuado entre las partes.
Exigimos, que se consulte a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas frente a los acuerdos que comprometan sus territorios. En pro de una participación directa vinculante y decisoria del pueblo en el proceso de implementación de los acuerdos entre las insurgencias y el Gobierno.

Nos comprometemos a impulsar las conclusiones de esta Cumbre y continuar el trabajo en las regiones para consolidar las propuestas de paz, articulándonos organizativamente e impulsando una pedagogía popular para la paz. Hacemos un llamado a todos los sectores a cumplir y desarrollar juiciosamente las apuestas políticas, amplias, unitarias y movilizadoras de esta Cumbre para la construcción de una paz democrática, estable y duradera que sea capaz de conquistar el país del tamaño de nuestros sueños.

Finalmente, resaltamos que la movilización es columna vertebral de nuestro quehacer político por ello, decidimos participar al proceso de movilización que se está gestando de manera unitaria en el país. De manera específica, participaremos de las jornadas del 17 de Marzo y ratificamos y convocamos a la realización del Gran Paro Nacional definido por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica Popular.

“Sembramos esperanza y cosechamos país”
“Arauca, Marzo 5 de 2016.