Ante las recientes agresiones y asesinatos en contra de víctimas, líderes sociales y defensores de derechos humanos y ante la reorganización y reactivación del paramilitarismo en el país, varias organizaciones sociales y políticas exigimos al Estado colombiano garantías de no repetición e insistimos a la Mesa de Conversaciones de La Habana en la urgencia de que se cree una Comisión de Alto Nivel de Garantías de no Repetición.
Este martes 15 de marzo, en el marco del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, en rueda de prensa en Bogotá se presentó ante la opinión pública un documento donde compilamos las denuncias de los recientes casos de agresiones y asesinatos ocurridos en contra de víctimas, líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como el contexto en el que vienen sucediendo. Presentamos también nuestras exigencias y propuestas para que no se repitan en Colombia crímenes de Estado y para que sea posible una paz estable y duradera.
El documento fué dirigido al presidente de la República, Juan Manuel Santos; a la Mesa de Conversaciones en La Habana, Cuba; al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y demás organismos internacionales; a los Medios de Comunicación y a la Opinión Pública nacional e internacional.
Bogotá, Colombia, 15 de marzo de 2016
Al Presidente Juan Manuel Santos
A la Mesa de conversaciones en la Habana, Cuba
A los países garantes Cuba y Noruega
A los países acompañantes Chile y Venezuela
A la Organización de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y demás organismos interestatales de protección
A los medios de comunicación
A la opinión pública nacional e internacional
S.O.S.
POR LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ:
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
En las últimas dos semanas se han presentado las siguientes agresiones al movimiento social, popular y de Derechos Humanos.
A. Asesinatos
• El día 12 de marzo de 2016 fue desaparecida, violada y asesinada Sharon Dariana Mármol, de 14 años, hija de un líder social del Sur de Bolívar. En sus exequias, los asistentes fueron brutalmente atacados por el ESMAD. Dos personas perdieron la vida, entre ellas, Leonel Ortega.
• El 10 de marzo de 2016 en Arauquita, Arauca, fueron asesinados Gil de Jesús Silgado, dirigente comunal campesino, y Milton Yesid Escobar Rodríguez, escolta del dirigente Martín Sandoval e hijo del dirigente de Marcha Patriótica Rigoberto Escobar.
• El 7 de marzo de 2016 fue asesinado en el Bagre, Antioquia, William Castillo, dirigente de la organización Aheremigua.
• El 6 de marzo de 2016 fue asesinado Klaus Zapata, líder de la Juventud Comunista en Soacha, Cundinamarca.
• El 4 de marzo de 2016 en el caserío el Malabar, municipio de El Castillo, Meta, fue asesinado un hombre sin identificar en un contexto de control paramilitar de la zona.
• El 2 de marzo de 2016 fue asesinado en Popayán William Alexander Oime, líder indígena del Tambo, Cauca.
• El primero de marzo de 2016 fue asesinado en el corregimiento de Sabanas de Pedro, en el municipio de los Palmitos, Sucre, Hernando Pérez Iriarte, representante de su familia en proceso de restitución de tierras.
• El 29 de febrero en Tarazá, Antioquia, en medio de una acción del Ejército Nacional fue asesinado Gilberto de Jesús Quintero.
• El 28 de febrero de 2016 la líder campesina Maricela Tombé fue asesinada en El Tambo, Cauca.
• El 23 de febrero de 2016 en Segovia, Antioquia, fueron asesinados Ober Díaz Guerrero, de 23 años; Esneider Torres Fonnegra, de 25 años; Brayan Steven Montaño, de 20 años, y el menor de edad Samuel Emilio Gómez Zapata, de 17 años.
• Del 4 al 7 de marzo en el departamento del Putumayo tras aparecer panfletos amenazantes que anunciaban la mal llamada ‘limpieza social’ han sido asesinados:
• En el municipio de Puerto Asís: Duber Fernando Vélez 18 años de edad, Luis Humberto Donado 22 años de edad, Héctor Fabio Gómez y Luis Obando de 22 años de edad.
• En Puerto Caicedo: Sabulón Burbano Córdoba 44 años.
• En La Hormiga: Ana María Rendón Londoño 31 años de edad y Jonathan Calderón Torres 17 años de edad.
• Y en Orito: Oscar Alexander Arango Velásquez 32 años de edad y Gonzalo Mariano Rodríguez 28 años de edad.
• El 21 de febrero de 2016 en el departamento de Córdoba, previa amenaza fueron asesinados:
• En La Iriaca, Puerto Libertador, Felipe Martínez de 21 años.
• En El Caramelo, Tierralta. Jerónimo Alberto Pérez Montalvo de 20 años y Luis Miguel Torres Trejo de 22 años, ambos presentaron señales de tortura.
B. Amenazas y Persecuciones
• El domingo 12 de marzo circuló un segundo panfleto en menos de una semana amenazando con la mal llamada “limpieza social” a pobladores de Segovia, Remedios y Vegachi, Antioquia.
• El 10 de marzo son capturados los líderes sociales y defensores de DDHH Rigoberto Guarín Vallejo, de la Asociación Campesina del municipio de Caloto; el expresidente de la junta Vereda Pedregal, José Orlando Angen Quintero; Noreida del Carmen Trejos Bueno de la vereda Pedregal y Wilson Castrillón Candela. Los primeras tres líderes son también integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos pro constitución de la Zona de Reserva Campesina del Municipio de Caloto –ASTRAZONACAL- e integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en departamento del Cauca.
• El 9 de marzo de 2016 en San Miguel, Putumayo, circuló un panfleto firmado por el grupo “Águilas Negras, bloque capital D.C.”, donde se amenaza a grupos étnicos y reclamantes de tierras, y se les acusa de ser colaboradores de las Farc.
• El 9 de marzo se entregó en la sede de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos –ASTDEMP- una caja llena de pétalos de rosa y que contenía una amenaza de muerte.
• El 8 de marzo en Curvardó, Chocó, hombres desconocidos ingresaron a la fuerza a la casa de a Eladio Cordero, reclamante de tierras del Territorio Colectivo de Curvaradó, lo amenazaron e intimidaron.
• El 7 de marzo de 2016 en Buenaventura, Valle del Cauca, fue agredida con arma blanca Patricia Angulo Potocarrero en un contexto de presencia paramilitar.
• El 6 de marzo fueron amenazadas de muerte víctimas de Mapiripán participantes en su asamblea realizada en Villavicencio.
• En Barrancabermeja, Norte de Santander, Sucre y Antioquia también han circulado panfletos amenazantes en las últimas dos semanas.
• En Villeta, Cundinamarca, circuló desde el pasado 5 de marzo un panfleto que anuncia acciones de la mal llamada “limpieza social”.
• El 2 de marzo el sindicato de la salud en Barranquilla -Anthoc- recibió una caja con una cabeza de un perro mutilada y un panfleto amenazante.
• El 1 de marzo de 2016 circularon en la vereda de Niscota hacia Morcote, entre Boyacá y Casanare, unos panfletos firmados por el grupo paramilitar autodenominado “Águilas Negras”, en los que se amenaza de muerte a 13 personas.
• Se ha denunciado el incremento de la presencia paramilitar en el departamento de El Castillo, Meta, desde febrero del presente año. El primero de marzo se encontró el cuerpo de un hombre sin identificar en la vereda Malabar.
• La defensora de derechos humanos Ingrid Vergara, secretaria técnica del Movice, capítulo Sucre, fue objeto seguimiento y hostigamiento durante la última semana de febrero. Se tuvo información de que desde la cárcel de Sucre se estuvo planificando un atentado en su contra.
• Recientemente se ha intentado poner en tela de juicio el genocidio por motivos políticos contra la Unión Patriótica, donde más de 5 mil personas fueron asesinadas.
Tras consolidar la información de distintas organizaciones, podemos señalar que es impactante el aumento del accionar paramilitar en todo el país, que ha producido en el último mes un total de 28 personas asesinadas, de las cuales 13 pertenecen al movimiento social y de derechos humanos; 15 personas fueron asesinadas en el marco de las mal llamadas acciones de ‘limpieza social’, como parte de su estrategia de terror y zozobra para controlar a las comunidades donde hacen presencia. El año pasado se registró un incremento de las amenazas; sin embargo, no se había registrado un número de asesinatos tan alto en un mes.
En total se han registrado 54 agresiones a personas líderes y organizaciones de derechos humanos, lo que equivale a 2 agresiones por día, entre amenazas, atentados, asesinatos, montajes judiciales y seguimiento.
Son 15 las regiones afectadas por estos hechos: Santander, Putumayo, Antioquia, Arauca, Atlántico, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Norte de Santander, Sucre, Sur de Bolívar y Buenaventura.
Llama la atención que las regiones más afectadas con las recientes agresiones coinciden con las zonas prioritarias para la implementación del posconflicto determinadas por el Gobierno Nacional y el PNUD.
En los siguientes gráficos se puede constatar las cifras por agresión que se han registrado en el último mes, así como las regiones que son más afectadas:
Exigimos garantías de no repetición
Estos hechos constituyen una respuesta de sectores de ultraderecha ante los anuncios de un inminente cese al fuego bilateral y la eventual firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, así como a los anuncios de los avances en los diálogos con el ELN.
Los ataques buscan amedrentar al movimiento social, popular y de Derechos Humanos, ante el amplio respaldo logrado por la convocatoria al Paro Nacional del 17 de marzo. Coinciden también con la reciente captura de Santiago Uribe por presuntos homicidio y nexos con el paramilitarismo y que llevó a que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en carta difundida ampliamente por los medios de comunicación, hiciera falsos señalamientos contra defensores de derechos humanos como el SJ Javier Giraldo, el abogado Daniel Prado y organizaciones de Derechos Humanos como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” que aumentan sus niveles de riesgo.
En consecuencia, exigimos a la Fiscalía General de la Nación identificar a todos los responsables, incluyendo a los determinadores de estos crímenes. La impunidad es un estímulo a quienes persiguen y asesinan. La Justicia debe actuar. El Presidente Juan Manuel Santos debe pronunciarse condenando estos ataques y llamando a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y se les garantice la vida e integridad personal a todos los colombianos. Su silencio hasta el momento es inaceptable, cuando el país busca la paz y la reconciliación.
Víctimas, organizaciones, movimientos sociales y populares y fuerzas políticas observamos con entusiasmo los avances que nos hacen soñar con el fin de buena parte del conflicto armado. Sin embargo, para materializar este deseo no basta que las Farc-EP silencien sus fusiles y hagan tránsito a la vida civil y política, sino que es necesario que el Estado colombiano enfrente las causas estructurales que han originado la guerra sucia manifestada en persecución, estigmatización, exterminio y genocidio de líderes y lideresas del movimiento social, popular, de partidos políticos de oposición y de derechos humanos, que han adquirido la connotación de crímenes internacionales, comprometiendo la responsabilidad de agentes del Estado y grupos paramilitares que han actuado bajo su anuencia y connivencia, tal y como se ha demostrado en múltiples fallos nacionales e internacionales.
Si el Estado no reconoce y condena estos crímenes, si no se eliminan las doctrinas y políticas de seguridad fundamentadas en el “enemigo interno”, que persiste en caracterizar la lucha reivindicativa, la actividad sindical, la protesta social o la simple disidencia o crítica como una expresión de la “guerra política librada por el enemigo interno”, el “brazo político de la guerrilla o “la guerra jurídica contra las fuerzas militares”; si los medios de comunicación siguen haciendo eco de expresiones como “la guerra jurídica”, en donde se acusa permanentemente a defensoras y defensores de derechos humanos de ser organizaciones ligadas a las guerrillas; si no se desmonta el paramilitarismo se les investiga y sanciona incluyendo a sus promotores y beneficiarios; si no se depura la administración pública y la Fuerza Pública y si no se hacen las reformas legales e institucionales, no se podrá garantizar que estos crímenes no se volverán a repetir.
Una negociación que no aborde y resuelva estos problemas, a lo sumo logrará la desactivación de unos de los actores del conflicto armado, pero no sentará las bases de una paz duradera y sostenible como la anhela el pueblo colombiano.
En el marco del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, que se conmemora cada 6 de marzo, las organizaciones de víctimas, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y populares, líderes políticos y académicos solicitamos a la Mesa de Conversaciones de La Habana, Cuba, la urgencia de crear una COMISIÓN DE ALTO NIVEL DE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, teniendo en cuenta la grave situación de riesgo que enfrentan las comunidades en los territorios, líderes y lideresas y conforme a los propios acuerdos alcanzados por las partes en la Mesa de la Habana, y particularmente en:
El Acuerdo general para la terminación del Conflicto que establece en el punto (3) fin del conflicto el cual es concebido como un proceso integral y simultáneo que implica entre otros aspectos que:
“3.4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos
3.5. El Gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesario para hacer frente a los retos de la construcción de paz”
La Declaración de Principios adoptada para la discusión del punto (5) de la agenda “Victimas” que en su numeral ocho (8) establece las “Garantías de no repetición: El fin del conflicto y la implementación de las reformas que surjan del Acuerdo Final, constituyen la principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas…”
El acuerdo alcanzado en el punto cinco (5) sobre derechos de las víctimas con la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR) y el compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de derechos humanos ,entre cuyos objetivos se encuentra en el numeral 5.1.4. (las) Garantías de no repetición, que “serán resultado por una parte, de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general de todos los puntos del Acuerdo Final; y por la otra de la implementación de medidas adicionales de no repetición que se acuerden en el marco del punto 3 “Fin del conflicto” de la Agenda del Acuerdo General“
Con fundamento en lo anterior, proponemos que la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición adopte medidas de corto, mediano y largo plazo.
Entre las medidas más urgentes estarán: 1) Identificar los factores de riesgo, patrones de las violaciones, estructuras económicas, políticas y militares en el ámbito regional o nacional que amenazan o ponen en peligro la vida e integridad de comunidades y liderazgos. 2) Hacer seguimiento a los deberes y obligaciones de protección que tiene el Estado, las cuales serán concertadas con líderes y lideresas en riesgo, y con las comunidades conforme a sus particularidades regionales y planes de acción. 3) Hacer seguimiento a las obligaciones de persecución, desmonte real y efectivo del paramilitarismo, investigación y sanción de los responsables, auspiciadores y beneficiarios.
La Comisión de ANGNR, a mediano y largo plazo deberá cumplir entre otros con los siguientes objetivos:
• Contribuir a la superación de toda forma de doctrinas dentro la función pública, en particular de los organismos de seguridad del Estado, que sean contrarias al respeto integral de los Derechos Humanos y al reconocimiento de la pluralidad, la diversidad, y del Estado Social de Derecho como fundamento de la democracia.
• Recomendar la depuración del Estado de los funcionarios que hayan atentado tanto por acción como por omisión contra sus fines constitucionales.
• Depurar los archivos de inteligencia del Estado contra líderes sociales, sindicales, populares, políticos, indígenas, campesinos, afrodescendientes y defensores de derechos humanos.
Para tal efecto, la Comisión debe estar habilitada para acceder sin restricción alguna y sin que se pueda invocar ninguna reserva legal o de otra índole, a los archivos y documentos del Estado, así como a todo lugar que se requiera para el desarrollo de su mandato. Entrevistar y recopilar de cualquier persona, autoridad, funcionario o servidor público toda la información que considere pertinente. Realizar audiencias públicas y diligencias que estime convenientes en forma confidencial y pudiendo guardar reserva de la identidad de quienes le proporcionen información importante o participen. También contará con la facultad de trazar lineamientos en justicia y otras reformas necesarias.
La Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición será de carácter oficial, mixta, y estará conformada por expertos de reconocida trayectoria ética a nivel internacional y nacional, sectores sociales y populares, movimientos y partidos políticos de oposición, organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
La Comisión de ANGNR alertará, vigilará, recomendará y hará seguimiento al cumplimiento del proceso de transformación institucional, que ofrezca garantías de no repetición de graves violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, el pleno y efectivo goce y respeto de los derechos humanos; por tanto, abordará las reformas institucionales necesarias para este fin, entre ellas a las Fuerzas Militares y Administración de Justicia, y todas las que contribuyan a la superación de las causas estructurales de la violencia socio-política y del conflicto armado.
De todas formas, los objetivos, la conformación y el funcionamiento serán objeto de un amplio proceso participativo y de discusión de los sectores sociales, populares, sindicales, víctimas de crímenes de estado y organizaciones de Derechos Humanos.
Finalmente, las víctimas, defensoras y defensores, organizaciones, movimientos sociales, populares y políticos anunciamos, desde ya, que entablaremos un diálogo epistolar con los actuales escenarios de las negociaciones de paz para presentar periódicamente informes sobre la situación de derechos humanos en las diferentes regiones del país. Esto, como mecanismo para seguir construyendo la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, de cara a la sociedad colombiana.
Suscriben:
• Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – Comosoc
- Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU
• Asociación de Zona de Reservas Campesinas – Anzorc
• Asociación Colombiana de Objetores de Conciencia – ACCOC
• Cumbre Agraria
• Congreso de los Pueblos
• Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
• Campaña Contra la Brutalidad Policial
• Federación de Estudiantes Universitarios -FEU
• Fundación DHOC
• Juventud Comunista Colombiano – JUCO
• Movimiento Social y Político Marcha Patriótica
• Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice
• Partido Comunista Colombiano
• Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
• Rebeldía Estudiantil Organizada
• Representante a la Cámara Alirio Uribe
• Representante a la Cámara Ángela Robledo
• Representante a la Cámara Víctor Correa
• Senador Iván Cepeda Castro
• Unión Patriótica -UP
• Profesor Víctor de Currea Lugo
• Siguen firmas…
A CONTINUACIÓN PUEDE DESCARGAR EL DOCUMENTO:
Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.