Este 2016 ha sido para el pueblo colombiano un año lleno de expectativas, sueños, esperanzas y frustraciones. Muchos sectores sociales que vivimos en carne propia las consecuencias y los rigores de la confrontación armada, valoramos con aliento, la posibilidad de poner fin tanto al conflicto entre el gobierno de Santos y las Farc-ep, como al inicio de las conversaciones con el ELN. Estos procesos de diálogo, negociación y acuerdo conducen en parte, ,a la solución política del conflicto armado y crean por tanto, unas condiciones para reconstruir los sueños de los colombianos y los proyectos de vida de las organizaciones sociales; siempre y cuando, el poder asuma con voluntad verdadera, el reconocimiento y respeto a las expresiones políticas, y de una nueva participación popular y el contenido que emerja de estos procesos.
La negociación con las Farc-ep y su implementación tiene lugar en un momento de profundización de las políticas neoliberales antipopulares y sucede en medio de una correlación de fuerzas adversa a la insurgencia y a la iniciativa popular, una y otra, en su disputa y movilización por la conquista de los derechos y de las transformaciones democráticas a fondo que demanda la Nación. Es en este marco, que culminó el Acuerdo inicial de La Habana.
Un Acuerdo que si bien no transformaba el modelo económico y político dominante, si señalaba unas reformas necesarias y puntuales para el país rural, como la supresión del catastro, una medida que serviría de base para una redistribución más justa y democrática de las tierras del país, y, la recaudación de los impuestos necesarios para el desarrollo territorial. Asimismo, daba pasos en el avance y búsqueda de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia; y en propuestas para enfrentar de manera diferenciada el problema de los cultivos de uso ilícito. También, en la inclusión de las mujeres y de otros sectores sociales discriminados, y en la aproximación a unas garantías para el ejercicio de la oposición política.
Sin embargo, el mecanismo de refrendación de dicho acuerdo que finalmente impuso Santos y su resultado en el plebiscito del 2 de octubre, evidenció, de un lado, el desinterés y la distancia de la población colombiana frente a las agendas de paz propuestas por el Gobierno Santos, sectores democráticos, de izquierda y de la propia insurgencia; y de otro, indicó el arraigo y fuerza de tendencias ultra conservadoras y regresivas en la sociedad y la cultura política del país. Ahora, con desventaja y forzada por la situación, la refrendación y el proceso de implementación de los nuevos acuerdos, está en manos de la instancia del Estado más cuestionada y corrupta: el Congreso de mayoría santista.
También en este año, se anunció la apertura de la fase pública de conversaciones con el Eln. Un paso de solución política, con claras evidencias de subvaloración y desinterés por parte del Gobierno, que está en espera hasta enero de 2017. En el otro caso relacionado con una solución política, hay que añadir el absoluto desinterés oficial en explorar una salida con el Epl.
Así las cosas, quienes confluimos y coincidimos en la iniciativa ¡Otra Democracía, Si!, respaldamos los procesos de negociación y el cese de la guerra. Asumimos igual, el derecho a construir los proyectos colectivos de vida y a dar un nuevo rumbo al régimen político y económico excluyente. De este modo, reconocemos que el contenido de los Acuerdos alcanzados en la Mesa de la Habana, no agotan el clamor popular por un país democrático, es decir: sin inequidades sociales, con soberanía y garantías políticas, con plenos derechos a disfrutar de los bienes comunes, vivir en una relación no destructiva con la naturaleza y definir colectivamente el tipo de organización política y social que más convenga a los anhelos populares.
Sinembargo ,las tendencias dominantes en el país, el continente y la Europa occidental, que enarbolan las clases dominantes con sus ideologías patriarcales, racistas, ecocidas, muestran que el escenario de una sociedad con justicia social y democracia real y plena, está cada vez más lejos de plasmarse en una realidad inmediata. Advertimos a su vez, la existencia de una crisis generalizada del modelo dominante que descarga sus efectos sobre los hombres y mujeres trabajadores, las clases medias, el mundo rural y los territorios. En nuestro caso, por medio de una lesiva reforma tributaria que limita la capacidad de ingreso, consumo y ahorro de las mayorías populares, impone un pírrico aumento salarial y; entre otros aspectos más, fortalece el modelo de la gran minería extractivista y de la agroindustria ambiental socialmente perjudiciales.
Como siempre, el establecimiento pretende fracturar y debilitar las luchas y resistencias populares, respondiendo a sus justas demandas y movilizaciones con medidas represivas por parte de la fuerza pública; junto con la persecución judicial a dirigentes sociales y, ahora más, con la maniobra, dilatación y el incumplimiento sistemático de los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación con las organizaciones sociales, limitando la lucha social a formas “pacíficas y civilizadas” que no pongan en riesgo la tranquilidad y estabilidad del modelo económico. Adicionalmente, está en marcha una ofensiva de guerra sucia contra las organizaciones sociales y populares que este año cobra ya la vida de ochenta y ocho de sus miembros. Una campaña de terror acompañada de la más absoluta impunidad. Un ambiente de incertidumbre que contrasta con las expectativas generadas por los acuerdos de paz.
Cabe resaltar aquí, que como parte de una agenda de infamia y opresión está en desarrollo una ofensiva del poder patriarcal y misógino, con fenómenos que pregonan la lucha contra la “ideología de género”, con la pretensión de limitar los derechos y libertades alcanzadas por las mujeres y el sector LGBTI, a través de décadas de lucha por la igualdad. Esto, acompañado de situaciones aberrantes como el aumento del feminicidio, que en 2016 alcanza más de 500 mujeres (adultas, adolescentes y niñas) víctimas de asesinato.
No obstante, en este panorama adverso, hay evidencias de que el pueblo colombiano no se da por vencido. Los procesos sociales de base territorial continúan confrontando el modelo. En municipios como Pijao (Tolima), Doncello (Caquetá), Ibagué, San Martín (Cesar), y regiones como las cubiertas por el páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander), o el Valle del Cocora (Quindío), entre otros, sus pobladores levantaron su voz y marcharon para exigir respeto a sus territorios. Denunciaron con fuerza, los efectos negativos de las explotaciones mineras. Además, exigieron consulta popular contra la explotación minera convencional o vía fracking y, la salida de las multinacionales a las que el Estado les concesionó, sin previa consulta, las tierras que las poblaciones reclaman bajo su soberanía. Estas luchas con refriegas, nos recuerdan que un tema crucial en las luchas presentes y futuras del país, es la defensa del territorio y la construcción de otra democracia.
Nuestro afán, escenario y proceso en torno a ¡Otra Democracía, Si! anuncia la necesidad de trabajar por la instalación y construcción apremiante de un Bloque Popular con raíz en todas las regiones. Bloque que con la fortaleza en la diversidad y en la democracia, exija de las diferentes vertientes de los movimientos sociales y de la izquierda, la disposición y la voluntad de ser generosos con la unidad popular. En tal sentido convocamos al esfuerzo y logro en el primer trimestre del 2017, de sesionar en una Primera Asamblea Nacional del Campo Popular que articule el más amplio espectro de las fuerzas alternativas, con un enfoque territorial y sectorial, en la perspectiva de construir una estrategia de acción común que otorgue y rescate la iniciativa social y política a las mayorías del pueblo colombiano. Aquí todos y cada uno, somos necesarios para construir una paz con justicia social y un nuevo proyecto de país con vida digna para todos y todas.
¡Otra democracia es posible!
Son firmantes:
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc.
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo –Modep.
Equipo Desde Abajo.
Federación Nacional de los trabajadores al servicio del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad –Únete.
Agenda Caribe
Amautas: Pedagogía Crítica y Formación de Sujetos, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Ambulua
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.
Asociación Ambiental por la Vida de Boyacá.
Asociación Campesina Popular (Asocampo).
Asociación Comunitaria Nueva Esperanza.
Asociación de Campesinos sin Tierra de Sincelejo Sucre (Acatiss).
Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar.
Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño (Asocoetnar).
Asociación de Cultivadores de Frutales La Morenita.
Asociación de Docentes y Trabajadores de la Educación de Sucre (Asodes).
Asociación de Guardianes de La Sierra (Asogiasierra).
Asociación de Jóvenes Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Informal (Asoinformal).
Asociación de Mujeres Rurales de Coloso (Amucol).
Asociación de Ovinocultores de Güicán (Güicaove).
Asociación de Productores de Avanzada por el Desarrollo Agropecuario (Asoprovandes).
Asociación Innovadora Tubérculos Andinos Boyacá (Aitab).
Asociación para el Desarrollo Ambiental y Sostenible de Coloso (Asodesco).
Asociación por la Defensa de los Derechos de los Hijos del Pueblo (Addhip).
Asociación por la Dignidad y los Derechos Agrarios (Digniagrarios).
Católicas por el Derecho a Decidir Colombia.
Centro de Formación y Empoderamiento de La Mujer Ambulua.
Ciudadanas Autónomas.
Colectiva Mujeres Feministas Emancipatorias
Colectivo de Abogadas de Cartagena.
Colectivo de Expresión Juvenil Kirius.
Colectivo Mejers y Paz.
Colectivo Popular Música y Resistencia.
Colectivo Rebeldía Diversa.
Colectivo Social La Panela Piedecuesta, Santander.
Colectivo Suamena Boyacá.
Comisión Claretiana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación Colombia Ecuador.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).
Comité Sindical Clasista del Corredor Minero Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico.
Comités de Obreros y Trabajadores Ignacio Torres Giraldo.
Confluencia de Mujers para la Acción Política.
Corporación Arazá por la Justicia Social y Ambiental.
Corporacion Ceeniug.
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Corporación Colectivo de Derechos Humanos Tierra de Todos.
Corporación de Derechos Humanos Guasimí Nariño.
Corporación de Mujeres Cordobesas.
Corporación Escuela Sindical y Popular Ignacio Torres Giraldo.
Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana (CEAC) Barranquilla.
Corporación por el Desarrollo, la Paz y la Protección Ambiental (Codepam).
Corriente Nacional Nuevos Maestros por la Educación.
El Salmón Revista de Expresión Cultural.
Escuela de Arte y Desarrollo Humano Mario González Piedecuesta, Santander.
Escuela Popular Akana Warmi Qhispicay.
Federación Universitaria Nacional FUN – Comisiones.
Foro de las niñas.
Fundación Aguanile.
Fundación Casa de la Mujer Valledupar.
Fundación Escuela del Saber.
Fundación ExplorArte.
Fundación Familias Unidas.
Fundación IriArtes.
Fundación Nacional de Mujeres Funam.
Fundación para la Comunicación y el Desarrollo Social (Fedesol).
Fundación Surcos.
Fundación Vida Digna Buenaventura.
Generación Terranova.
Grupo Derecho y Política Ambiental, Universidad Nacional de Colombia.
Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz (Gempaz).
Grupo Guillermo Fergusson.
Grupo Raíces Irlanda.
Huellas Africanas.
Iglesia Apostólica Guadalupana.
Junta de Acción Comunal Florida San Luis, Ciudad Bolívar, Bogotá.
Mesa Ecuménica por la Paz.
Minga Urbana Bakatá.
Organización de Autoridades Indígenas Wayúu Araurayú.
Organización de Autoridades Indígenas Wayúu Painwashi.
Organización de Mujeres Olla Comunitaria de Montería.
Organización de Mujeres del Suroriente de Montería.
Organización Juvenil Rastros.
Organización Toumain.
Proyecto Crassula de Barranquilla.
Red Caribe por la Paz.
Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribes y de la Diáspora capítulo Colombia.
Red de Mujeres del Caribe Colombiano.
Red ¡Párala Ya! Nada Justifica la Violencia contra las Mujeres Valledupar.
Red Rojo y Violeta.
Revista Viento del Sur.
Servicio de Paz y Justicia en América Latina.
Sindicato de Trabajadores de Uniminuto (Sintrauniminuto).
Sintraime seccional Soledad, Atlántico.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte de Colombia (SNTT).
Sintraime seccional Soledad (Atlántico).
Sintramienergética Seccional Codazzi (Cesar).
Unión Sindical de Trabajadoras de los Hogares de Bienestar (Ustrahbin) Córdoba.
Voces maestras
Wayuumunsurat Mujeres Tejiendo Paz.
Colombia, 10 de diciembre 2016
Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.