No callemos ante el genocidio.

En 2017, 14 líderes, lideresas, defensores, defensoras han sido asesinados – de los cuales 1 era mujer y 3 de Marcha Patriótica -, en hechos cometidos en su mayoría por paramilitares de las Autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia en zonas de fuerte presencia militar y policial del Estado Colombiano en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Cordoba, Choco y Cesar

En 2017, 14 líderes, lideresas, defensores, defensoras han sido asesinados – de los cuales 1 era mujer y 3 de Marcha Patriótica -, en hechos cometidos en su mayoría por paramilitares de las Autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia en zonas de fuerte presencia militar y policial del Estado Colombiano en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Cordoba, Choco y Cesar

En 2016 fueron asesinados 116 defensor@s de Derechos Humanos – de los cuales 19 fueron mujeres y 23 de Marcha Patriótica – 5 fueron desaparecidos de manera forzosa, se registraron 46 atentados cometidos con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos y más de 350 amenazas individuales o colectivas.

Esta situación refleja la inocultable sistematicidad de los ataques a líderes, lideresas, defensores, defensoras. Si no hay un patrón en estos hechos como lo afirma el Estado al explicarlo como mera “multicausalidad”, ¿porque asesinan desaparecen atentan y amenazas a quienes lideran procesos comunitarios relacionados de una u otra forma con el proceso de paz?

Esta sistematicidad en los ataques evidencia la vulnerabilidad de la dirigencia social y las comunidades inmersas en procesos organizativos relacionados con la aspiración de construir la paz en Colombia; así mismo, prueba la existencia y accionar de grupos paramilitares en el territorio nacional.

Ante este panorama, Solicitamos al Estado Colombiano:

• La inmediata explicación de la Comision de Alto Nivel de Garantías de No Repetición de los resultados de su gestión frente a la sistematicidad de los ataques de líderes lideresas defensores defensoras.

• La urgente puesta en marcha de la “Comision Nacional de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, compromiso del Acuerdo de Paz de la Habana.

• El nombramiento en provisionalidad de la direccion de la “Unidad Especial de investigación para Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, numeral 74 del Acuerdo de Paz sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, mientras se surte el trámite legal respectivo.

• La pronta adopción de un plan de acción construido participativamente para las regiones más altamente afectadas por la sistematicidad de los ataques.

Exhortamos a la sociedad colombiana,
No callemos ante el genocidio

25 enero 2017

Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos
Sub Comisión de Garantías y Derechos Humanos de Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Congreso de los Pueblos
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos
FENSUAGRO – CUT
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.

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