En diciembre de 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales , por el voto favorable de 121 Estados miembro de las Naciones Unidas, 8 en contra y 54 abstenciones, entre ellas la del gobierno colombiano.
En diciembre de 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales , por el voto favorable de 121 Estados miembro de las Naciones Unidas, 8 en contra y 54 abstenciones, entre ellas la del gobierno colombiano.
La adopción de esta normativa, es el resultado de más de 16 años de trabajo de organizaciones rurales vinculadas a la Vía Campesina y sus aliados. En la actualidad se dan los primeros pasos para la difusión e implementación de la declaración a nivel mundial, enfocados en el papel de los Estados y los organismos multilaterales en la implementación.
La Declaración pretende responder a las múltiples formas de discriminación sistemática hacia los campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en las áreas rurales, quienes han sido víctimas de la pobreza extrema y otras formas de exclusión y violencia.
La Declaración es adoptada por las naciones del mundo en un momento crucial para la ruralidad Colombiana, marcado por los esfuerzos en la búsqueda de la paz y, por lo tanto, constituye un instrumento internacional de enorme importancia para hacer frente a las discriminaciones que sufren nuestras comunidades rurales, incluida la victimización de la población rural por razones de violencia.
Por este motivo, los participantes del Foro “Declaración de la ONU sobre los Derechos del Campesinado: Propuestas y Desafíos” convocado por La Vía Campesina, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, la Alianza por la Agrobiodiversidad, la Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro y FIAN Colombia.
Resaltamos el aporte histórico del trabajo y compromiso de campesinos y campesinas colombianas en la construcción del país y la paz, su contribución a la soberanía alimentaria, al cuidado de los bienes comunes y de la cultura campesina biodiversa; especialmente exaltamos el aporte de la mujer campesina en la preservación y legado del conocimiento tradicional.
Reconocemos que desde diversos escenarios y en múltiples momentos previos, el movimiento social y el campesinado ha venido planteando una serie de reivindicaciones que apuntan al reconocimiento de campesinado como sujeto de derechos y ha generado propuestas concretas que no han encontrado eco en los gobiernos, pero que siguen siendo parte de las agendas de trabajo.
Manifestamos nuestra preocupación por adversidades de la vida nacional que marginan al campesinado y limitan su pleno desarrollo, afectando con ello a la sociedad colombiana en general; entre ellas las diferentes formas de violencias física, normativa y narrativa en la construcción y puesta en marcha de políticas alimentarias, basadas en propuestas neoliberales de producción con tecnologías de revolución verde, la comercialización y consumo de los alimentos contaminados con agroquímicos y transgénicos que afectan directamente la salud de los consumidores y la posibilidad de avanzar en propuestas de soberanía, autonomía y el derecho humano a la alimentación y la nutrición adecuadas. Unido a esto, la preocupación por los procesos crecientes de extractivismo y acaparamiento de tierras y otros bienes comunes, el despojo y desplazamiento que margina cada vez más a la población del campesinado colombiano y acelera el deterioro ambiental. La marginalidad en que viven las mujeres campesinas, por múltiples razones de violencia, la inequitativa distribución de recursos y escasa posibilidad de decisión que ellas tienen sobre aspectos estructurales de la vida familiar y comunitaria. La falta de voluntad política para proteger el derecho del campesinado al libre uso, reproducción, distribución y preservación de las semillas nativas y criollas que constituyen la base de la alimentación y salud humana. Finalmente el desarraigo de niños, niñas y jóvenes rurales que genera una educación descontextualizada de la realidad de las comunidades rurales viven.
A partir de este momento, las organizaciones acá reunidas, reconocemos y acogemos la DECLARACIÓN como un instrumento de incidencia nacional y asumimos el compromiso por su difusión, implementación y defensa en favor del buen vivir de las comunidades rurales y la nación entera:
Exigimos al Estado colombiano que reconozca e implemente los derechos consignados en la DECLARACIÓN, exaltando la primacía de los derechos humanos sobre otro tipo de condicionamientos económicos.
Exigimos que se detenga el acaparamiento y despojo de tierras, agua, semillas y otros bienes comunes por parte de las empresas que ostentan el poder económico, y que el Estado cumpla con su obligación internacional de proteger al campesinado frente a estos fenómenos.
Exigimos respeto y cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de La Habana firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en concordancia con los contenidos de la Declaración.
Que se visibilice e incluya de manera específica al campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo, se incorporen sus propuestas dando plenas garantías. Resaltar su papel preponderante para el mantenimiento de la cohesión comunitaria y la construcción de paz.
Que se reconozca el rol del campesinado en la realización del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada de toda la sociedad, sus aportes fundamentales a la economía nacional y en la protección del medio ambiente y los esfuerzos por reversar el cambio climático.
Que el Estado Colombiano prohíba el fracking, la gran minería y los proyectos hidroeléctricos, reconociendo y respetando el derecho de las comunidades a decidir autónomamente sobre sus territorios, en el marco de las consultas populares y otros mecanismos de participación local.
Exigimos la plena garantía de los derechos de las mujeres campesinas y el reconocimiento de su aporte fundamental a la economía nacional, la educación, la cultura y la alimentación, asegurando su participación efectiva en la toma de decisiones.
El cese de manera definitiva de las agresiones, amenazas y criminalización de la protesta social y el asesinato de líderes y lideresas que defienden los derechos humanos incluyendo los del campesinado. Que se reconozcan las territorialidades campesinas, las formas propias de gobierno y sus planes de vida, como formas legítimas de realización de los derechos campesinos.
Que se entienda la conservación de la naturaleza como un proceso en el cual el campesinado es un sujeto activo fundamental, que aporta su conocimiento para la protección de la madre tierra, el agua, los páramos, los playones, bosques, sabanas comunales, ríos y otras formas de biodiversidad, ya que en su interacción con la naturaleza, los campesinos y campesinas tienen pleno derecho a permanecer en sus territorios y de ninguna manera deben ser desalojados con la excusa de la protección ambiental.
Exigimos el respeto a la soberanía alimentaria como principio fundamental para la realización del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas y como criterio orientador de la política pública. Así mismo que se reconozca, respete y promueva el derecho de los campesinos y campesinas a producir, intercambiar y vender sus semillas, tal como lo expresa la declaración de ONU y otros instrumentos que reconocen los derechos campesinos sobre las semillas, asegurando la supremacía de los derechos humanos sobre las normas de propiedad intelectual.
Nos comprometemos a:
Emprender acciones pedagógicas y de comunicación para dar a conocer la declaración a fin de apropiarla como una herramienta para la acción política de las comunidades campesinas y sus organizaciones.
Desarrollar acciones de incidencia y exigibilidad a nivel local, nacional e internacional, acogiendo los derechos contenidos en la declaración a fin de avanzar en su incorporación en las políticas públicas.
Apoyar las acciones de movilización social, posicionando en la agenda pública los derechos contenidos en la declaración y demandando su implementación por parte del Estado colombiano.
Desarrollar acciones de documentación, visibilización y denuncia de las violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas, ante la opinión pública y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Defender el posicionamiento e implementación integral de: El acuerdo final de paz, la resolución 464 de 2017 sobre la agricultura campesina, familiar y comunitaria; la ley 731 de 2002 de mujer rural; la ley 1257 de 2008 sobre la no violencia contra las mujeres y la ley 1413 de 2010 de la economía del cuidado, además del pliego de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular y otros acuerdos incumplidos por el gobierno.
Invitamos a la ciudadanía colombiana y todos sus sectores a que se sumen a este llamamiento; convocamos a la solidaridad de los pueblos en favor de nuestras luchas e instamos al gobierno colombiano a que asuma su responsabilidad como garante de derechos.
Nos sumamos solidariamente a la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz” repudiando la represión a están siendo sometidos, en el mismo momento en que desarrollamos este foro y manifiesto; invitamos también a la movilización del 25 de abril de 2019, que hace parte de las luchas por la defensa del campesinado, que es la defensa de la vida misma.
Bogotá, abril 3 de 2019
FIRMAN:
Vía Campesina Internacional
Alianza por la Agrobiodiversidad
Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO
Coordinador Nacional Agrario – CNA
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC
Asociación Campesina Popular – ASOCAMPO
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas – ANZORC
Movimiento Ríos Vivos
FIAN Colombia
Grupo Semillas
Asociación de Trabajo Interdisciplinario – ATI
Asociación Agropecuaria y Pesquera del Guayabo – AGROPEGU
Asociación Campesina Agroecológica del Oriente del Tolima
Asociación Campesina de Productores de Puerto Gaitán
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC
Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo – ASOQUIMBO
Asociación de Mujeres por el progreso de las Piedras – ASOMUPIEDRAS
Asociación de Municipios del Piedemonte Oriental – ASMUPO
Asociación de Organizaciones Campesinas y Populares de Colombia – El Común
Asociación de Productores Indígenas y Campesinos – ASPROINCA
Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del bajo Sinú – ASPROCIG
Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios de Gámeza- ASOPROGAM
Asociación de Prosumidores Agroecológicos Agrosolidaria – Florencia
Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño – ASTRACAN
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego el Triángulo del Tolima – UTRITOL
Asociación Huerto Alto Andino
Asociación Microempresarial Nueva Esperanza
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC Cundinamarca
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC Guaviare
Asociación Para El Desarrollo De La Familia De Gámeza – ASOGAMEZA
Asociación para el Desarrollo del Campo Amanecer Llanero – ASDECAMALLA
Broederlijk Delen
Colectivo de Reservas Campesinas y Comunitarias de Santander
Comité Ambiental Campesino de Cajamarca
Comité de integración del Macizo Colombiano – CIMA
Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro
Coordinadora de Mujeres del Nororiente Colombiano – ZRC VRC
Corporación Buen Ambiente – CORAMBIENTE
Corporación Desarrollo Solidario – CDS
Corporación para el desarrollo del oriente – COMPROMISO
Corporación Vida y Territorio
Economías Sociales del Común – ECOMUN
Fundación Compartiendo Caminos de Paz
Fundación de Expresión Intercultural, Educativa y Ambiental – FUNDAEXPRESION
Fundación del sur Occidente y macizo colombiano – FUNDESUMA
Fundación San Isidro
Fundación Social Utrahuilca – FUNDAUTRAHUILCA
Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio
HEKS/EPER Colombia
Junta Administradora del Acueducto de la Vereda de Daita
Lutheran World Relief
Mercado Campesino de Puerto Gaitán
Mercado Campesino de San Vicente
Movimientos Ríos Vivos, capítulo Santander
Nodo RENAF Llanos
Pastoral Rural de la Diócesis Líbano-Honda
Pastoral Social Regional del Suroriente Colombiano
Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas
Red Colombiana de Agricultura Biológica – RECAB
Red de Custodios de Semillas Eje Cafetero
Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca – REDMAC
Sindicato de Pequeños Agricultores del Cauca – SINPEAGRIC
Sindicato de Productores y Cultivadores de Fique en Santander – SINTRAPROFISAN
Sindicato de Trabajadores Agrarios del Sumapaz – SINTRAPAZ
Tierra Digna
Unión Nacional de Integración Rural – UNIR
Pueden adherir al manifiesto haciendo clic aquí.
Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.