El mal menor es el comienzo de las tragedias

I

El 4 de septiembre de 2022, en Chile, se realizó el Plebiscito de Salida de la Propuesta de Constitución democrática elaborada durante un año por la Convención Constitucional.

La derrota de la opción Apruebo ha significado una gran frustración para los demócratas.

El voto obligatorio condujo a sufragar a 13 millones de ciudadanos (86%).

Los principios fundamentales de la Propuesta, en su artículo 1 señalaba: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.

La Propuesta establecía la ampliación y el fortalecimiento de derechos sociales: salud, educación, vivienda, seguridad social, trabajo. Incorporaba una nueva generación de derechos: de la naturaleza, de justicia ambiental, recuperación del agua, el buen vivir, derechos de la niñez, del cuidado doméstico, de la justicia y de la soberanía alimentaria, los derechos sexuales y reproductivos, además de los derechos indígenas, de igualdad y paridad de género. Instauraba la transformación de la institucionalidad a través de la democratización, el control y la regulación del poder, la descentralización, las autonomías, las territorialidades, la desconcentración.

Inexplicablemente hasta ahora, triunfó el rechazo a esta Propuesta de nueva Constitución que habría reemplazado a la Constitución de 1980 impuesta a la fuerza por Pinochet. La opción APRUEBO obtuvo 4.860.093 votos (38,14%). La opción RECHAZO obtuvo 7.882.958 votos (61,86%).

Entre los aspectos más llamativos se encuentra el triunfo del Rechazo en las comunas populares, en las zonas de mayor contaminación y afectación ambiental, en las comunas con mayor población mapuche e, incluso, en medio de la población penal.

Han brotado diversas interpretaciones y se ha culpado a los constituyentes por no haber diagnosticado correctamente, por no haber comunicado sus debates en forma oportuna, por falta de seriedad, etc. Acusaciones injustas, porque los constituyentes trabajaron sin horarios, durante los fines de semana, se desplegaron por todo el país, carecieron de infraestructura y de implementación mínima, fueron víctimas de acosos y calumnias, contaron con un tiempo estrecho para cumplir con su compromiso. Fueron elegidos en sus territorios, por lo que representaron la gran diversidad de culturas y subculturas del país. Demostraron gran capacidad política y solvencia intelectual. Representaron al Chile que las élites desconocían y que siempre han minusvalorado.

Son múltiples las causas de la derrota del APRUEBO. No obstante, pareciera válido aventurar una explicación de la paradoja descrita: la naturalización del “mal menor” o de “la medida de lo posible”.

II

El modelo político y económico impuesto a la fuerza e imperante en Chile articuló una transición desde la dictadura que ha desembocado en una “democracia pobre en democracia” y que ha caminado sin rumbo. La Concertación de Partidos por la Democracia, de centro-izquierda y que asumió el poder ejecutivo en 1990, así como la derecha tradicional, continuaron con el régimen de la dictadura: se ha mantenido al país subordinado al capital extranjero y a grupos económicos nacionales. De esta manera, la sociedad chilena ha continuado “encarcelada” por la Constitución de Pinochet de 1980 y por la “política de los acuerdos” entre la Concertación y la derecha tradicional. Es por esto que algunos analistas políticos se refieren a las dos derechas.

Es así como los gobiernos post dictadura traicionaron su discurso y desarticularon la organización social formada en la lucha contra Pinochet. Se suponía que el retorno a la democracia significaría educación y salud públicas, sistema previsional solidario, libertad de prensa, derecho a la vivienda, sindicalización de los trabajadores, reforma tributaria, desprivatización de los bienes comunes, distribución del ingreso, etc. Pero se ha naturalizado que los derechos del pueblo deberían esperar el crecimiento económico. Y efectivamente el ingreso per cápita ha alcanzado a los US$ 25.000. Los derechos del pueblo han continuado “en la medida de lo posible”.

Mientras, los grupos económicos más poderosos se han apoderado, en los últimos años, de 45.000 millones de dólares provenientes de fondos de cuentas individuales “previsionales” de los trabajadores. El 1% de los más ricos consta de 178.000 personas, cuyo ingreso mensual es de 15 millones de pesos chilenos. El 0,1% corresponde a 17.800 personas, cuyo ingreso mensual es de 83 millones de pesos chilenos. El 0,01% corresponde a 1.780 personas, cuyo ingreso mensual es de 459 millones de pesos chilenos.

Miles de personas marcharon innumerables veces exigiendo un sistema previsional de reparto. Los pescadores artesanales han luchado por su derecho a cuotas de pesca frente a la privatización del mar y la pesca industrial. Los mapuche han exigido en todas las formas posibles la devolución de tierras ancestrales devoradas por empresas forestales. Los habitantes de las “zonas de sacrificio” han defendido su derecho a la vida ante las nulas políticas ambientales. Los campesinos han reclamado por su derecho al agua que es robada por empresas agrícolas y mineras que, a la vez, destruyen glaciares, erosionan y degradan las tierras. El agua está privatizada. Los ríos, lagos y mares son contaminados. Los puertos son privados, mientras los estibadores, en más de una ocasión, han paralizado sus labores pidiendo media hora para almorzar.

No debería sorprender el “estallido social” a partir del 18 de octubre de 2019. Ha sido el reventón social más extendido, violento y significativo de la historia del país, cuestionándose la legitimidad y representatividad del modelo neoliberal, cuyo muro infranqueable ha sido la Constitución de 1980.

Las élites políticas y económicas se vieron sobrepasadas e incapaces de superar la crisis y para “sobrevivir” se vieron obligadas a asumir la necesidad de una nueva Constitución. A puertas cerradas firmaron un Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en la noche del 15 de noviembre de 2019, con la intención de manejar el proceso a seguir. Pero el pueblo optó por desechar a estas élites y eligió a sus propios representantes para la Convención Constitucional. Las élites nunca aceptaron esta situación de marginación y optaron por negar su apoyo y boicotearlo.

La llamada centro izquierda, los socialistas renovados, los ex presidentes de la república Eduardo Frei y Ricardo Lagos, el gran empresariado a través de la prensa escrita, la radio y la televisión que les pertenece casi en su totalidad, hicieron campaña de desprestigio hacia la nueva Constitución y de apoyo al Rechazo.

La élite política está subordinada a la élite económica. Esta última, a la vez, está subordinada al sistema financiero internacional. Por eso se ha promovido un consumismo frenético en base al endeudamiento. La “cultura” de la dictadura se ha entronizado en el inconsciente colectivo y ha seguido siendo el sustrato cultural de la sociedad chilena.

III

Los gobiernos post dictadura se han acomodado a esta situación: lejos del pueblo e impidiendo la organización social porque les ha resultado más fácil “gobernar en dictadura” gracias a la Constitución de Pinochet.

No es extraño que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2017) señalaba que “la gente se queja de un maltrato sistemático, maltrato en el trabajo, maltrato por la gente de mayores ingresos, maltrato en la vía pública” (…) lo que “genera una tensión social”, porque “se le exige a la gente que viva de una forma que sólo hace reproducir aún más su sentimiento de un trato indigno”.

Esto explica que la mitad de la población no participara de los procesos eleccionarios y en el presente plebiscito el voto fue obligatorio. Ese 50% de los electores constituían un enigma, pero se suponía que una propuesta constitucional como la recién elaborada y que habría conducido a la superación de las desigualdades apoyaría el APRUEBO.

No fue así. La destrucción de la educación pública ha transformado a Chile en una sociedad de analfabetos por desuso. La mayoría de la población no entiende lo que lee, teniendo como lectura las indicaciones de una tarro de leche en polvo.

Se calcula sobre 500.000 el número de jóvenes entre 16 y 29 años que no estudia ni trabaja. Es el “ejército de reserva” de los narcos y de la delincuencia. La salud mental de la población chilena es muy deteriorada, lo que se expresa en el alto índice de suicidios juveniles, la extensión de la depresión, la violencia intrafamiliar, la drogadicción y el alcoholismo.

Este RECHAZO de una parte de la población que parecía no haber existido es manifestación del nihilismo: no entienden lo que sucede a su alrededor y sus vidas no tienen sentido. Es un RECHAZO a la vida miserable y sin destino de un 50% de los electores. En este segmento, la desinformación y la tergiversación del significado de la nueva Constitución han tenido fácil cabida. Es la ausencia de identidad, la deshumanización, la negación del propio yo, gestadas conscientemente y/o dejadas a la deriva las que han provocado “miedo a la libertad”.

Dado lo antes dicho, algunos temas de la Propuesta Constitucional provocaron raro temor: la plurinacionalidad, la paridad, el ecologismo, la protección de la propiedad privada, el destino de los fondos de pensiones, la desprotección frente a los problemas de seguridad, los migrantes, los derechos de los presos, intervención a las instituciones policiales, reconocimiento de pueblos indígenas, pérdida de símbolos patrios.

Se ha reconocido la aplicación del Manual Bannon (Strategic Communication Laboratories / SLC), dirigido por Stephen Bannon, operador e ideólogo de Donald Trump y de Jair Bolsonaro. Sus principios son el desprecio por la verdad, la difusión de datos falsos con fuerza emocional, acompañar con shock, estrés, manipulación de emociones y sentimientos primitivos, alimentar el miedo a lo desconocido y lo diferente. Sus contenidos contienen racismo, xenofobia, homofobias, anticomunismo y patriotismo vacío.

No obstante, la Propuesta Constitucional no alcanzaba a tocar la esencia del neoliberalismo; no cambiaba la estructura tributaria regresiva; no nacionalizaba las riquezas básicas; no hacía referencia a los TLC. El gobierno y los partidos que lo apoyan fueron insuficientes en su deber de respaldo y difusión de los contenidos. Es una muestra de no querer cambiar la Constitución, porque la Propuesta habría afectado los intereses del gran empresariado que ha financiado a los partidos y a sus dirigentes. El gobierno desactivó la protesta popular, demostrando de esta forma su distancia con el “sentimiento” de búsqueda de dignidad del pueblo en las calles. Junto a esta desactivación, hubo respaldo oficial a Carabineros, entidad represiva y criminal, además de la corrupción imperante en su Alto Mando. También las autoridades se muestran muy dialogantes con el gran empresariado. Este último sector ha desplegado una propaganda millonaria y mentirosa por todos los medios a su alcance en contra de la nueva Constitución, instalando ideas antipopulares. El gobierno de Boric ha expresado incapacidad política y debilidad para enfrentar a los poderosos. Además, ha incorporado a la primera línea a la Concertación de Partidos por la Democracia, el mismo sector que continuó con las privatizaciones de los bienes comunes apoyado y apoyando a la Constitución de Pinochet.

Tras la derrota del APRUEBO, Boric ha dado inicio a una nueva etapa de continuidad del proceso constituyente, pero entregando la responsabilidad al Congreso, que es el espacio más desprestigiado y contra el que se priorizó en el “estallido social” debido a su corrupción, ineptitud, ninguna credibilidad. A modo de ejemplo, el partido socialista que tuviera entre sus filas a Salvador Allende, ejemplo de dignidad, hoy tiene entre sus dirigentes a personas involucradas con bandas de narcos.

Hoy, el proyecto constituyente ha sido “capturado” por los partidos políticos en el Congreso. Algunos analistas afirman que el RECHAZO también sería un castigo al gobierno, dada su débil gestión.

El primer vicepresidente de la Convención Constitucional, abogado y académico Dr. Jaime Bassa, ha sintetizado el actual momento: “Fracasamos. El descrédito de la Convención Constitucional fue la antesala del descrédito a los contenidos a la nueva Constitución, que no consiguió contrarrestar la propaganda del Rechazo. No se refieren a las limitaciones políticas que han impedido -no sólo ahora, sino a lo largo de las últimas décadas- dotarnos de un órgano constitucional democrático. (…) No son los errores de la Convención Constitucional ni del gobierno. Lo que ha estado en disputa, que se acentuó después del plebiscito de entrada, es la posibilidad de empujar un proyecto de justicia social para Chile, que garantice derechos y termine con los abusos. La llave para todos los cambios sociales la tienen quienes han defendido con firmeza el proyecto constitucional de Pinochet, hoy vigente. El contenido de la nueva Constitución siempre estará determinado por quienes participan de su redacción”. (..) “Las derrotas nunca son definitivas y creo que tenemos la responsabilidad de defender, con fuerza y convicción, las ideas que fueron plasmadas en la propuesta de nueva Constitución. (…) es un horizonte con el que tenemos derecho a soñar. Nada de esto ha sido en vano”.

Tal vez, como leve soplo de aliento a quienes lo dieron todo por abrir caminos de democracia y que no han aceptado acomodarse en “la medida de lo posible” ni en el mal menor, en “Un revolucionario vencido”, Walt Withman ha dicho:

“Aquello que creemos continúa en invisible
y perpetua espera a través de todos los continentes.
No invita a nadie,
no promete nada,
permanece en la luz o en la sombra,
positivo dueño de si,
ajeno al temor y al descorazonamiento,
aguardando pacientemente
su día y su hora”.

Hervi Lara

Profesor de Ética y Filosofía, ex Presidente de Amnistía Internacional, sección chilena. También participó en la Comisión Ética Contra la Tortura. Actualmente, participa del Comité Oscar Romero (SICSAL- Chile) y del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas.

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