El Magdalena Medio es una región en la que se expresan profundas contradicciones, puesto que la abundancia de sus bienes comunes no se corresponde con el empobrecimiento al que están sometidos sus pobladores; esta contradicción ha nutrido históricamente el conflicto social, político y armado en el que se disputa el control del territorio y sus pobladores.
Esta región es víctima de un modelo económico despojador y depredador, que en su pretensión de apropiarse del petróleo, el carbón, el agua, minerales preciosos, las tierras, ha dejado destrucción de los bosques, la contaminación de las aguas y el desarraigo de las comunidades con impactos irreversibles a nuestras culturas, nuestra economía.
Pese a estas condiciones, nos hemos organizado a lo largo y ancho de la región del Magdalena Medio, no solo para oponernos a estos proyectos de despojo y destrucción, sino además y fundamentalmente, para construir proyectos comunes para la vida digna en armonía con la naturaleza.
En consecuencia, nos hemos dispuesto a entablar un diálogo entre comunidades y sus organizaciones, con otros actores sociales y políticos, tales como empresas del sector minero energético, las instituciones del Estado, a fin de poner en discusión la actual política minero energética y ambiental.
Entendemos y aspiramos a construir un Gran Diálogo Nacional Minero energético y Ambiental, con garantías de las partes, que supere las condiciones de desconfianza que ha generado el Estado tras los recurrentes incumplimientos a los acuerdos con el movimiento social y con la implementación efectiva del Acuerdo Final de Paz con las FARC.
Las más de 200 líderes y lideresas del país, entre campesinos, indígenas, negros, trabajadores sindicalizados, asistentes a este diálogo regional provenientes de diferentes regiones del país manifestamos:
1. Nuestra solidaridad con las comunidades afectadas por la represa de HIDROITUANGO. Exigimos que haya una comisión de la organización RIOS VIVOS en el Puesto de Mando Unificado – PMU donde se hace seguimiento de la información cotidiana del desarrollo de la emergencia y que permanentemente toma decisiones por la vida de las comunidades en riesgo. Que EPM reconozca su responsabilidad en la tragedia, garantizando la vida e integridad de las comunidades afectadas, asumiendo la reparación de los daños causados a los bienes, salud y proyectos de vida. Exigimos la atención inmediata a las comunidades desplazadas por la inundación en Sabanalarga e Ituango que aún no cuentan con albergues ni ayuda humanitaria requerida.
2. Nuestra exigencia de desmantelamiento inmediato y controlado de la represa Hidroituango para minimizar el riesgo y devolver la tranquilidad a las comunidades ribereñas del rio Cauca.
3. Nuestro rechazo al tratamiento que se ha dado al derrame de petróleo del pozo 158 campo Lizama de Barrancabermeja ocurrida el 2 de marzo del presente año, que requiere de una investigación profunda sobre las causas de la emanación de petróleo, y se repare integralmente a la región por la contaminación de sus aguas, flora y fauna.
4. Nuestra solidaridad con los trabajadores de Sintraferticol, quienes se encuentran en un campamento frente a la Gobernación de Santander, exigiendo su derecho al trabajo, ante el cierre de empresa.
5. La necesidad de mantener el PLAN DE MODERNIZACION DE LA REFINERIA DE BARRANCABERMEJA (PMRB), como parte de las alternativas para desarrollar la industria, generar empleo y reducir el impacto ambiental.
6. Nuestro rechazo a la desidia institucional y empresarial los cuales después de aproximadamente un mes no han atendido con diligencia los daños ocasionados a los humedales y ciénagas del Río Nechi, con la ruptura del jarillón de contención de las aguas negras y tóxicamente contaminantes producidas por explotación minera de Mineros S.A.
7. Nuestro rechazo a la utilización del FRACKING, en la explotación petrolera de nuestro país y en particular de la zona del Magdalena Medio.
8. La decisión autónoma de las comunidades sobre el uso de sus territorios, la utilización del mecanismo constitucional de las Consultas Populares y el fortalecimiento del proceso de Consulta previa, libre e informada, son derechos fundamentales y deben ser garantizadas, respetadas y financiadas por el Estado.
9. La exigencia de la continuidad de la reglamentación de la Ley 70 de 1993, y en particular, de los capítulos 4, 5, 6 y 7, para garantizar la autonomía y cuidado del territorio del pueblo negro.
10. El necesario cumplimiento por parte del Estado de los acuerdos alcanzados con las comunidades del Magdalena Medio en los diferentes escenarios de participación, interlocución y negociación.
11. La preocupación de la inclusión de Colombia en la OCDE y la pretensión de incluir al país en la OTAN, dado que los supuestos avances económicos no se compadecen con la violación sistemática de derechos humanos y ambientales, donde en menos de dos años más de 230 líderes y líderes han sido asesinados y donde se siguen priorizando los derechos de las empresas sin tener claro como preservar la vida y las culturas del territorio colombiano.
En esta construcción popular:
Exaltamos la labor de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas como expresiones de construcción de Paz territorial y de participación para el cuidado de la vida y el territorio.
Nos recogemos en la propuesta de Ley Marco de Hidrocarburos, promovida por los trabajadores de la Unión Sindical Obrera (USO) por lo que nos comprometemos a continuar su socialización con las comunidades urbanas y rurales para avanzar en la ruta de soberanía nacional sobre los hidrocarburos.
Con el ánimo de ser parte de la solución, nos comprometemos a llevar las propuestas surgidas de este DIÁLOGO NACIONAL MINERO ENERGÉTICO a los diversos sectores de la sociedad, exigiendo que estás sean incorporadas en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos jurídicos de planeación.
Seguiremos caminando la palabra y fortaleciendo la movilización por el reconocimiento y respeto de las diversas formas de vida que confluimos en este espacio de Dialogo para la transición energética, por la construcción de un nuevo modelo energético que respete los gobiernos propios, las autoridades étnicas, que se articula con nuestros planes de vida, que nos reconozca como autoridades ambientales, que reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos y los derechos de la madre tierra, el diálogo de saberes y la educación propia guiada por nuestras cosmovisiones y cosmogonías serán el camino más rápido de esta transición.
Es necesario en medio de esta coyuntura movilizarnos unitariamente frente a los vejámenes causados por Hidroituango, Hidrosogamoso, El Quimbo, Urra I, La Lizama 158 que mantienen en vilo a las comunidades por el riesgo y tras la destrucción de sus medios y formas de vida, en una gran jornada de indignación nacional.
Entendemos y somos conscientes del momento decisivo que vive Colombia de cara a los comicios del próximo 17 de junio.; Por ello consideramos que la defensa del territorio, la vida, el agua y el camino hacia una transición energética: sólo tendrán oportunidad en una futura administración de la Colombia Humana en cabeza del candidato Francisco Gustavo Petro Urrego.
#OtroModeloEsPosible
Barrancabermeja 2 de junio de 2018.
CUMBRE AGRARIA CAMPESINA ETNICA Y POPULAR
MESA SOCIAL MINERO ENERGÉTICA Y AMBIENTAL PARA LA PAZ
Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.