Una decisión urgida por las dilaciones oficiales. La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Cacep), espacio de convergencia que reúne a diferentes procesos agrarios* tomó el pasado 27 de abril la decisión de declararse en asamblea permanente, exigiendo del Presidente de la República el inicio de una etapa de evaluación, balance y rendición de cuentas, debido a los incumplimientos y alargues en el proceso de negociación con la Mesa Única de Nacional, al tiempo que convoca a sus organizaciones de base a una asamblea de delegados para el próximo 13 de mayo en la ciudad de Bogotá, para definir el rumbo inmediato de la negociación, así como el camino que deberá tomar este espacio de convergencia a un año de su creación.
En carta dirigida al ministro Juan Fernando Cristo Bustos en igual fecha, la Cacep exige del Ministerio del Interior concertar una reunión con el presidente Juan Manuel Santos con el fin de realizar un balance de la negociación y pedir claridad respecto de la ruta de cumplimiento de los compromisos pactados.
Crónica de una crisis anunciada
Luego de los procesos de movilización social y paro agrario del año 2013, varias organizaciones sociales, étnicas, campesinas y populares se dieron cita en Bogotá entre el 15-17 de marzo de 2014 para construir un pliego unificado que recogiera las aspiraciones de las comunidades rurales populares. Fruto de este encuentro es redactado el Pliego de exigencias: Mandatos para el Buen-Vivir, Por la reforma agraria estructural territorial, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social. (Ver pliego http://www.comosoc.org/PLIEGO-DE-EXIGENCIAS-MANDATOS-PARA-14), con el cual logra sentarse al gobierno nacional el día 11 de abril de 2014, para solicitar el reconocimiento de La Cacep como interlocutora legitima, exigiendo la instalación de una Mesa Única de Negociación.
El 8 de mayo de 2014, el Ministerio del Interior expidió el decreto 870 con el cual regula el espacio de interlocución con las organizaciones de la Cacep (ver decreto 870 de 2014) y crea la Mesa Única Nacional para discutir los temas del pliego único de exigencias. Adicionalmente, y como medida de aclimatación y confianza, el Gobierno se comprometió a instalar una subcomisión de derechos humanos y garantías para atender los casos de las personas asesinadas, heridas y detenidas durante las jornadas de protesta, así como la apertura de una línea de proyectos productivos dentro del fondo de fomento agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, proyecto de infraestructura con el Departamento Nacional de Planeación y de fortalecimiento organizativo con el Ministerio del Interior.
El 3 de octubre de 2014, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, fue protocolizada la Mesa Única de Negociación, con la presencia del Presidente de la República. Este mismo día el gobierno nacional radicó ante el Congreso nacional una iniciativa legislativa que pretendía crear las «Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre)», figura que permitía que los baldíos pudieran ser adjudicados no sólo a campesinos desposeídos, como lo contempla la Ley 160 de 1994, sino también a grandes inversionistas agroindustriales, el mismo que posteriormente fue retirado tras muchas presiones y denuncias, dejando en el ambiente el mal antecedente de lo que posteriormente será el desarrollo de las negociaciones.
Las primeras discusiones de la Mesa Única de Negociación, iniciadas el 7 de octubre de 2014 se centraron en los temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos, a la apertura de las mesas regionales de negociación en Catatumbo, Magdalena Medio, Antioquia y Cauca; financiación de proyectos de infraestructura en salud, saneamiento básico, vías, educación y comercialización, y la apertura de una línea de financiación de proyectos productivos que desmonte las barreras de acceso a recursos del Estado impuesta por criterios cerrados en cuanto a beneficiarios, rublos de inversión, requisitos técnicos, etcétera. Adicionalmente, planteó la necesidad de convocar a la comisión de estudio del Plan Nacional de Desarrollo para abrir el debate nacional atendiendo no solo el derecho a la consulta previa de afros e indígenas, sino además las propuestas expuestas en el pliego único en materia de economía propia (economía campesina, indígena y negra) y de política minero energética. De esta reunión solo quedó el compromiso del Ministerio del Interior de comunicar a los otros ministerios para delegar en sus oficinas la discusión y el tramite de los asuntos en cuestión.
La pretensión de entregar los baldíos a grandes empresas no fue la única manipulación urgida desde la Casa de Nariño. Luego de 7 meses de instalada la Mesa Única de Negociación, y a un año de expedido el Decreto 870, el Gobierno insiste en renegociar lo negociado, en dilatar el inicio de la discusión sobre el pliego de exigencias para el buen vivir, negándose a instalar la subcomisión de derechos humanos, sin considerar que en lo que va corrido del año 8 indígenas han sido asesinados, más de una decena de líderes agrarios amenazados y, para colmo, la existencia de un nuevo proyecto de Plan Nacional de Desarrollo formulado de manera inconsulta, el mismo que agrava la ya difícil situación que afrontan las comunidades agrarias, quienes han actuado con credulidad y buena fe, confiando en la palabra empeñada por el Presidente y sus ministros, de quienes recibieron promesas que no han pasado de la retórica a los hechos.
El Estado y el Gobierno, ¿para qué y para quién?
Las comunidades campesinas, negras e indígenas no solo han sido despojados de sus territorios, mediante el desplazamiento forzado y la implementación de megaproyectos, sino, además, parece ser que quieren despojarlas de su condición de sujetos de derechos, menospreciarlas y llevarlas a la condición de mendigos, desconociendo. entre otras cosas, su aporte a la economía, a la soberanía alimentaria y al cuidado de los bienes comunes.
Al considerar los derechos que protegen a estas comunidades, como al conjunto de la población colombiana, en particular uno de ellos, el que garantiza la protesta y la reclamación, recurriendo a las vías legales y los procedimientos administrativos del Estado, lo que encuentran estos sectores sociales son trámites, papeleos, exigencias y tecnicismos levantados como murallas infranqueables, a las que solo pueden acceder aquellos que cuentan con el dinero suficiente para comprar sus derechos. Reclamaciones dilatadas por la formalidad institucional, la cual sí es diligente o pronta con los procesos de negociación dispuestos por los gremios económicos agroindustriales beneficiarios de Pactos Agrarios y Tratados de Libre Comercio. Realidad que permite preguntar: entonces, el Estado y el Gobierno ¿para qué y para quién?
Hoy, cuando se habla de paz y prosperidad para todas y todos, los campesinos, indígenas y negros permanecen como victimas de asesinato, amenazas y persecución por parte de la fuerza pública y demás actores armados. Cuando recurren a las vías de hecho, a la protesta y la movilización para hacerse escuchar, la respuesta inmediata es la represión, las amenazas y la cárcel. Esta realidad acá reseñada representa un panorama lamentable que lesiona la confianza del país nacional frente al país político, el que persiste en proteger los intereses de la minoría. Actitud que evidencia, además, que la negociación con el Gobierno atraviesa un momento crítico, y que es hora de hacer un balance para definir cómo continuarla.
El diálogo, la negociación y la concertación.
El diálogo, la negociación y la concertación con el Gobierno no puede llevar a perder de vista el escenario legislativo, donde definen la política pública y concretan muchos de los acuerdos alcanzados en las oficinas ministeriales. Lamentablemente, el legislativo está capturado por grupos políticos representantes de los sectores agroindustriales, terratenientes, quienes adecuan las leyes a sus propios intereses, como las pretendidas leyes de baldíos y el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 que responde más a las necesidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que a las necesidades sentidas por los colombianos de a pie.
Tampoco podemos perder de vista las iniciativas económicas, políticas y organizativas que desarrollan las organizaciones populares en la ruralidad, expresadas de manera autónoma, espontánea, y muchas veces marginadas de las grandes disputas ideológicas y políticas, pero que constituyen alternativas reales de vida, que resisten a pesar de los embates del modelo económicos, constituidas en germen de futuro y sustentabilidad para un mundo en crisis (ambiental, económica, etcétera), iniciativas que deberían ser la base para cualquier proyecto político.
Por estas razones, es claro que las disputas por la tierra, el territorio, los recursos, la economía, el buen vivir, se libran en múltiples campos. No solo sentados con el Gobierno es posible lograr que los proyectos de vida de las comunidades rurales existan y pervivan; es necesario, además del avance autónomo de procesos de planeación, gestión y ordenamiento territorial, donde sean las «comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos» (Pliego de Exigencias Cumbre Agraria).
También es necesario articular las luchas que libran en este momento trabajadores estatales, profesores, médicos, estudiantes, etcétera. Es necesario establecer vínculos concretos de solidaridad entre los sectores sociales que hoy se encuentran en conflicto social con el Estado. Conservando la voluntad de contribuir a la paz, pero con justicia, equidad y dignidad.
Ante esta circunstancias, no sobra reiterar que las diversas organizaciones y procesos agrarios que integran este proceso conservan su voluntad de diálogo, pero sin ceder ante la retórica. Por eso exigen del Gobierno muestras claras de voluntad, manifestadas en hechos concretos.
Mientras esto se torne realidad, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se mantiene en asamblea permanente, y llama a las comunidades y sus organizaciones a continuar con procesos de análisis y reflexión a fin de buscar caminos para afrontar esta difícil situación a la que ha llevado el mal gobierno.
(*) Organización Nacional indígena de Colombia ONIC, Congreso de los Pueblos, Concejo Nacional Agrario CNA, Mesa de Integración Agraria y Social MIAS, Federación Nal de Sindicatos Agrarios FENSUAGRO, Mesa de Unidad Agraria MUA, Marcha Patriótica, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZOR, Asocampo, Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia COMOSOC, Movimiento por la Constituyente Popular MCP, Asociación Nacional Campesina ASONALCAM, PCN ANAFRO
Por Christian Mantilla (Delegado de comosoc en Cumbre Agraria)
2 de mayo de 2015
Publicado en Desde Abajo: http://www.desdeabajo.info/colombia/item/26363-negociando-en-medio-de-la-desconfianza.html
Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.