El 28 de mayo de 2016, distintas comunidades campesinas, afro-descendientes, indígenas y procesos organizativos del país iniciaron los movimientos hacia las calles y carreteras definidas como puntos de concentración de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Desde ese momento, la respuesta estatal ha estado dirigida a reprimir, criminalizar, intimidar y estigmatizar la protesta social.
El balance de cuatro días de actividad y respuesta oficial, nos arroja ya una serie de patrones en la respuesta estatal, que consideramos violatorios de derechos humanos contra quienes hoy ejercen de manera legítima el derecho a la protesta, la movilización, el disenso y la resistencia:
Militarización: Pese al evidente carácter pacífico y a la legitimidad de la Minga Nacional, todos los puntos de concentración han sido militarizados, a través de una fuerte presencia del Ejército de Colombia, cuya intervención en el marco de su función legal y constitucional de defensa del territorio y la soberanía nacional, no se justifica de manera alguna. De otra parte, si bien es claro que la Policía Nacional se considera un cuerpo civil, dita mucho de serlo, tanto por el tratamiento a la protesta como por el tipo de armamento que porta y usa, que hace parte de la respuesta militar a un este ejercicio de resistencia civil pacífica.
Bloqueo de comunicación: Producto de la evidente concepción militarista, se vienen generando acciones para debilitar la Minga a través de la instalación de dispositivos de bloqueo de la señal de comunicaciones en los puntos de concentración, pretendiendo el aislamiento de los manifestantes, ubicados en zonas alejadas del centro del país, impidiendo con ello el contacto con redes de comunicación y de derechos humanos.
Estigmatización y desinformación. Tanto desde el gobierno nacional y local, como desde las fuerzas militares y de policía, se vienen generando intervenciones mediáticas o directas hacia las comunidades , a través de panfletos, perifoneo, entre otros medios, con un claro propósito de desinformar a la opinión pública, bien sea a través de versiones amañadas del proceso de negociación con la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, o mediante señalamientos directos que estigmatizan la protesta, al señalar que se trata de acciones infiltradas por la insurgencia. El fin de este tipo de prácticas no es otro que el de deslegitimar a la Minga, poniendo en grave riesgo la vida e integridad de sus integrantes.
Amenazas e intimidación: De igual manera, la acción integral de tratamiento militar a la protesta social, desde la perspectiva estatal, se expresado a través de acciones dirigidas a ejercer presión psicológica y generar temor y zozobra, no solo entre quienes se encuentran ejerciendo el derecho a disentir, sino también en las comunidades de municipios, veredas o corregimientos aledaños a los sitios de concentración. Orientar a la población para se abstenga de vender o abastecer de agua o alimentos a los manifestantes, el aumento excesivo del pie de fuerza militar y policial, las acciones de inteligencia ilegal o advertencias de futuras judicializaciones contra quienes participan en la Minga, son entre otras, expresiones de esta práctica, que se suman a las amenazas directas del paramilitarismo contra líderes regionales de la Minga.
HECHOS
a. Atentados contra vida e integridad personal y libertad
Lunes 30 de mayo,
-En el municipio de Gamarra, Santander, en a la salida del Ferry de Gamarra, la Policía retuvo al joven Jhon Jairo Tarriba, quien no portaba el documento de identidad colombiano, ya que se trata de un joven con doble nacionalidad, que sólo portaba sus documentos venezolanos. El joven fue llevado a la Estación de Policía de Gamarra. Su acompañante, Nelson Ceballos, vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, ISBCSC, fue en su búsqueda hasta la Estación de Policía de Gamarra, donde el Comandante de la Policía lo dejó con 3 personas supuestamente de la SIJIN, quienes los interrogaron, les hicieron señalamientos les quitaron las pertenencias entre ellas una Memoria USB y una tarjeta SIM de propiedad de Nelson Ceballos.
Así mismo les fueron retenidos un bolso con documentos, cédula de ciudadanía, notas, un millón de pesos en efectivo, que amenazaron con quitárselos porque eso era para financiar la movilización, sus teléfonos celulares que fueron registrados y de los cuáles se extrajeron números de teléfono. En el celular estaba registrado el número de celular de Claudia Rodríguez de la Oficina del Alto Comisionado de Nacionales Unidas para los Derechos Humanos de la Oficina de B/meja, insistieron en preguntar cómo había conocido a ella y desde cuando la conocía.
En 3 ocasiones la persona de la SIJIN contestó el celular haciéndose pasar por Nélson. A las 5:25 el agente contestó una llamada que duró 53 segundos diciendo “que él estaba bien que nada le había pasado y que estaba en Aguachica y al preguntarle por los demás, colgaron la llamada”. Estas llamadas fueron borradas.
Durante la retención, ambos fueron señalados por los agentes de la SIJIN de pertenecer a la guerrilla por ser provenientes de una zona guerrillera.
Posteriormente, de la estación de Policía de Gamarra fueron llevados por 3 supuestos integrantes de la SIJIN en un automóvil gris sin ninguna identificación para el comando de Policía de Aguachica donde llegaron al finalizar el día. Allí Nelson Ceballos fue reseñado, le colocaron en una hoja en blanco con el nombre y el número de cédula, y le tomaron una foto diciéndole que si en la movilización había algún desorden o quemaban carros a él era el primero que iban a capturar, ya que tenían sus datos y números de teléfono. Durante el interrogatorio le pidieron el nombre de la esposa, hijos, padres y le dijeron que si algo pasaba ellos respondían. Finalmente, Nélson Ceballos fue dejado en libertad, y el joven Jhon Jairo Tarriba fue conducido a Migración en Valledupar.
Martes 31 de mayo.
– En la ciudad de Bogotá, en el marco de la movilización convocada por la Coordinadora Distrital Pobladores por el cierre del botadero de Doña Juana, varios manifestantes fueron interceptados por la Policía Nacional, a la altura del puente de Meissen, ocasionando un escenario de confrontación, pues pretendían detener la movilización pacífica que se desarrollaba. En medio de los disturbios fueron detenidas dos personas en el CAI de la Victoria: Néstor Berjan Perez y Jan Delgado Roa.
-En la vía Chinu – Sahagún, Cordoba, a las 10:50 de la mañana en la finca Tierra Grata ubicada en la troncal del Caribe, más de 2mil Indígenas del pueblo Zenú de Córdoba y Sucre, fueron atacados de manera indiscriminada por el ESMAD con gases lacrimógenos, pese a que entre autoridades indígenas y fuerza pública existía un acuerdo de cierre de la vía por una hora. Como resultado de las agresiones del ESMAD, se registraron tres personas heridas: un niño de siete años residente de la zona, el capitán del Cabildo Chinú y un Comunero del Cabildo Menor de Achiote de Sampues, todos heridos por impacto de gases lacrimógenos. El niño presenta heridas en su rostro, el capitán recibió golpe contundente en el costado derecho y el capitán del Cabildo, fue herido en la mano derecha.
-En Riosucio, Caldas, a las 3:30 pm miembros del ESMAD atacaron de manera indiscriminada con gases lacrimógenos a los comuneros y comuneras del Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC, ubicados en el sector Palo Pintada. Así mismo fueron detenidos y judicializados dos compañeros indígenas de la comunidad Emberá del resguardo San Lorenzo, entre ellos una mujer, quien fue golpeada en el rostro por parte de los policiales.
-En Caldono, Cauca, siendo las 3:40 p.m, en la vereda Pítale, Las Mercedes, comuneros pertenecientes a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, fueron atacados brutalmente por el ESMAD y el Ejército Nacional, quienes utilizaron granadas aturdidoras cargadas con objetos peligrosos como puntillas, metrallas, esquirlas, grapas y demás elementos que están hiriendo de forma grave a nuestros compañeros. La acción dejó como resultado siete indígenas heridos, entre ellos un menor de edad. Los hechos se prolongaron hasta el cierre de este boletín.
-En el Municipio del Hobo, departamento del Huila, alrededor de 150 efectivos del ESMAD arremetieron contra la movilización, e impidieron la mediación de los defensores de DDHH ante la agresión.
b. Amenazas y estigmatización
29 de mayo
– En Remedios, Antioquia: en el corregimiento de Santa Isabel, varios patrulleros de la Policía Nacional entre ellos el patrullero Goez, detuvieron un bus en donde se movilizaban campesinos, a quienes les solicitaron los documentos de identificación, los cuales les fueron retenidos de forma prolongada e irregular. Los manifestantes reclamaron por esta actuación irregular a los agentes de la Policía Nacional, y como respuesta obtienen señalamientos y agresiones verbales, señalándoles de “ignorantes” y “guerrilleros”.
30 de mayo
-En Valdivia, Antioquia, Paramilitares llegaron a las viviendas de los lideres William Gutiérrez, Orlando Gutiérrez, Wilson Vargas y Rito Mena, del movimiento ambientalista Ríos Vivos y les amenazaron con asesinarlos si continúan con la protesta. El Alcalde mantuvo una actitud de reticencia frente a la jornada de la Minga negándose a prestar el coliseo para la estadía de la delegación.
31 de mayo
-En Tutazá, Boyacá, se desarrolló reunión con el Personero Municipal y el Concejal del municipio de Tutazá, teniendo en cuenta los atropellos cometidos por la Fuerza Pública. Sin embargo, se pudo constatar la presión ejercida por el Coronel Torres de la Policía Nacional quien ha llamado públicamente a la comunidad a no participar de la jornada de protesta de la Minga Nacional. También se conocen amenazas a concejales de aperturas de procesos jurídicos por préstamo de instalaciones de COAGROS, lugar de acogida de las delegaciones.
-En la Mina LA FRANCIA (CNR), Cesar, siendo las 6:00 am, la población campesina hace presencia en los predios de la multinacional Colombian Natural Resources, CNR, exactamente en la entrada de la mina. Al tiempo, hace presencia una patrulla blindada del Batallón Especial Energético #2 de la Décima Brigada, al mando del Cabo Primero Vargas, quien impidió y prohibió que se realizara la toma de material audiovisual e intentó quitarles a los manifestantes sus celulares. Cuando se le exigió la respectiva autorización judicial, se retiró sin mediar palabra. Al hacer la respectiva denuncia se encontró que este mismo cabo fue quien, el día anterior, quiso prohibir la movilización señalando a los manifestantes como guerrilleros, por portar banderas del Congreso de los Pueblos.
c. Acciones de Inteligencia Ilegal
31 de mayo de 2016
-En el Municipio de Silos, Santander, desde el momento de la instalación del punto de concentración, ha sido notable la presencia de integrantes del Ejército Nacional y la Policía Nacional, realizando registros fotográficos e intimidando a las comunidades movilizadas.
-En el municipio La Gloria, Cesar, en la Ruta del Sol, corregimiento de Besote sobre las 5:30 am del 30 de mayo, un grupo de policías arribaron al sitio indagando por el número de personas que se encontraban en el punto, el tiempo de duración de la Minga y particularmente si los campesinos del sur de Bolívar ya había llegado. Sobre las 12:10 de mediodía, mientras el General Segura de la Policía Nacional se dirigía a las comunidades indicando que no se haría uso de la fuerza mientras no se bloquearan las vías, uno de los agentes que lo acompañaban se encontraba fotografiando a los labriegos. Otro de los patrulleros a su mando, portaba un arma larga (Fusil).
-En Huila. La Policía Nacional, Desde que los campesinos y campesinas empezaron a arribar al punto de concentración han fotografiado los vehículos en que llegan las comunidades, a las personas y el sitio concreto de concentración.
-En La Gloria, Cesar, en la carretera La Mata siendo las 12:40 pm, dos sujetos sin identificar son vistos tomando fotografías a la población participante de la movilización en el marco del Paro, quienes se movilizan en una moto con placas CID 910.
d. Hostigamientos y sabotaje
29 de mayo
-Granada, Antioquia, el día,en la vía que conduce a la autopista Medellín – Bogotá, fueron incinerados dos vehículos por personas desconocidas, se trató de un bus de servicio público perteneciente a la Flota Granada y un vehículo particular del cual obligaron a desalojar a sus pasajeros. Este hecho evidencia el propósito de deslegitimar la jornada de movilización de la Minga Agraria, Étnica, Campesina y Popular.
30 de mayo
-En La Lizama, Santander, aproximadamente a las 7:30 pm, se acercaron dos patrullas de la Policía Nacional que se desplazaban en motocicletas e instalaron un dispositivo que al parecer bloquea la señal de comunicación, pues de ese momento se empezaron a presentar dificultades para el envío y recepción de información. Hacia las 9:00 pm, arribaron al sitio de concentración de la Minga, cerca de 30 efectivos del ESMAD, ubicándose inicialmente cerca al centro de acopio y pretendiendo, con actitud agresiva y provocadora, dirigirse al lugar donde se encontraba ubicada una parte de las comunidades. Luego rodearon todo el lugar e informaron a los delegados para los derechos humanos de la Minga que tenían orden de desalojo y que, por tanto, procederían esa noche a sacar a todos los manifestantes.
-En Silos, Santander, desde las 8:30 pm del día 30 de mayo, hasta las 12 horas del día 31 de mayo, fue suspendido el suministro de energía eléctrica en el sector donde está la concentración, perjudicando a los habitantes de la vereda Ranchadero.
31 de mayo
-En Macanillo, Socorro, Santander, desde tempranas horas de la mañana, hicieron presencia uniformados del Ejército Nacional, solicitando dialogar con los responsables de la Minga, a lo cual se ha negado la comunidad. En el transcurso del día se aumentó de manera gradual y ostensible, el pie de fuerza militar y policial, generando un ambiente de inseguridad, temor y presión en los manifestantes ubicados en el sitio. Hacia las 4:10 p.m, Policía y Ejército intentaron sustraer a un campesino para “hablar” con él en privado, situación que generó mayor tensión en la población concentrada. Aproximadamente a las 3:40 pm, se presentaron sobrevuelos de dos helicópteros, uno de ellos perteneciente al Ejército y el otro con insignias de la Policía, dieron 3 vueltas sobre la zona del asentamiento de la Minga y posteriormente se retiraron con dirección al municipio de Aguachica.
30 de mayo
– En Santuario, Antioquia, fueron sorprendidos YDIAM DE JESÚS ÁLZATE GIRALDO y VÍCTOR DURAN, quienes pertenecen al Gaula del Ejercito; estos militares ingresaron al lugar donde se estaba desarrollando el foro “Conversemos el Territorio” y realizaron un registro fotográfico, utilizando teléfonos celulares.
-En San Martin, Cesar, Corregimiento de Tocorama, a las 6:50 am, llegan al punto de encuentro de concentración alrededor de 14 motos, con hombres portando armas largas, quienes se niegan a identificarse. Se establece un pequeño dialogo y se logra establecer que los 28 hombres pertenecen al Batallón Móvil de Ingenieros Pichincha. Al ser identificados se les prohíbe la grabación de los pobladores y de los equipos de prensa allí ubicados, a lo que su respuesta es “No estamos haciendo nada”, además, se evidencia que desde la carpa en donde se instalaron y parquearon las motos, se apunta con las armas a los periodistas y a la delegación de DDHH allí presente.
Se repliegan y rodean la movilización a lado y lado, aproximadamente a 10 metros de distancia de la población, sin portar ninguna arma de letalidad reducida, ni de disolución de protestas, contrario a esto portan fusiles.
Finalmente se denuncia el hostigamiento contra la vida de las personas, la estigmatización generada por parte de estos hombres, quienes además impiden la libertad de ejercer el derecho a la protesta, reprimiendo e intimidando a la población.
31 de mayo de 2016
SUBCOMISIÓN DDHH CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC – COORDINADORA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA – EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS – FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS – UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO, USO – CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODXS – FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA – CORPORACION SOCIAL PARA LA ASESORIA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA COSPACC -FUNDACIÓN PASOS – CORPORACIÓN CHOAPO – FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA SOCIAL FUNJAB – COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS – ASOCIACIÓN MINGA – SOMOS ACCIÓN LIBERTARIA – SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO (SINALTRAINAL) – COMISIÓN DE INTERLOCUCIÓN DEL SUR DE BOLÍVAR, CENTRO Y SUR DEL CESAR (CISCSC) – MOVIMIENTO DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS DEL CESAR (MTCC) – ASOCIACIÓN DE FAMILIAS AGROMINERAS DE SUR BOLÍVAR Y ANTIOQUIA (AFASBA) – ASOCIACIÓN AGROMINERA DEL SUR DE BOLÍVAR (ASAMISUR) – UNIÓN CAMPESINA Y TRANSPORTADORA DE COLOMBIA – MOVIMIENTO COMUNAL DE TIBU – MOVIMIENTO AMBIENTAL PRO DEFENSA DEL RÍO DE ORO Y RÍO CATATUMBO (MADROCA) – COMITÉ AMBIENTAL DE BARRANCABERMEJA -MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO MARCHA PATRIÓTICA – MOVIMIENTO DE CAMPESINOS SIN TIERRA DEL SUR DE SANTANDER – CONGRESO AMBIENTAL DE SANTANDER CASA AGUAYA – FEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES MINEROS ENERGÉTICOS Y SIMILARES – MOVIMIENTO SOCIAL EN DEFENSA DEL RÍOS SOGAMOSO Y CHUCURI – COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL CATATUMBO (CISCA) – RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA
Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.