Boletín de derechos humanos No. 08 / Minga nacional agraria, campesina, étnica y popular

Durante el séptimo día de la Minga, se siguen presentando agresiones contra las comunidades, a pesar de haberse agotado un diálogo preliminar con el gobierno nacional en la ciudad de Cali y haberse instalado la subcomisión de derechos humanos para tratar lo relacionado con el retiro de las fuerzas militares de la movilización, la libertad de los detenidos arbitrariamente, entre otras prácticas oficiales que vienen afectando la Minga.


Ante la falta de respuesta positiva en la actuación de la fuerza pública y el Ejército nacional, que persisten en sostener una arremetida militar contra las comunidades, el 05 de junio de 2016, la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos humanos – CIDH, la adopción de medidas cautelares en favor de los amplios sectores que masivamente ejercen el derecho a la protesta social.

La ausencia de garantías del Estado, ha conllevado la vulneración sistemática de derechos humanos protegidos no solamente en la normativa interna, sino también en instrumentos internacionales, como la Convención americana de derechos humanos. La situación hasta ahora presenciada en desarrollo de la Minga, da cuenta del cumplimiento cabal de los requisitos para elevar ante la CIDH la solicitud de medidas deprecada por la Cumbre agraria:

La gravedad de los hechos. La cual se refleja no solo en los asesinatos perpetrados contra tres miembros de comunidades indígenas, las detenciones arbitrarias de más de un centenar de personas que serán judicializadas, la tortura y tratamiento degradante contra los manifestantes entre ellos 15 menores de edad y cientos de heridos, varios de gravedad; sino en el hecho mismo de atacar y reprimir militarmente la protesta social, socavando los cimientos del Estado social de derecho que se predica en Colombia. La arremetida contra las comunidades que resisten y exigen cambios sociales en el país, ha configurado y sigue constituyendo una alarmante práctica, de grandes proporciones, que afecta a la sociedad en general.

La inminencia del riesgo. Claramente el Estado ha acudido medidas que ponen en alto riesgo a las comunidades que exigen la real garantía de sus derechos, las cuales persisten a la fecha. Por este motivo, resulta previsible que la represión y amenaza contra la población en resistencia civil continuará y puede cobrar mayores alcances, si no se adoptan las medidas urgentes, eficaces y necesarias para proteger la vida, integridad personal y libertad de los manifestantes, durante y con posterioridad a la finalización de la jornada nacional de protesta, máxime cuando en este contexto de estigmatización protagonizada por el alto gobierno, grupos paramilitares han realizado advertencias y declarado como objetivo militar a quienes hacen parte de la Minga.
Irreparabilidad del daño. Sin duda, los derechos afectados hasta hoy con la respuesta estatal a la Minga, entre ellos la vida, la integridad y la dignidad de los manifestantes, son de carácter irreparable; existiendo un alto e inminente riesgo, como ya se dijo, de que estas acciones criminales cobren nuevas víctimas, pues hasta el momento, se mantiene la fuerte militarización, hostigamientos y ataques brutales contra las comunidades, además de la amenaza paramilitar.

Agotamiento de recursos. Desde el inicio de la Minga hasta hoy, la Cumbre
Agraria, campesina, étnica y popular, ha exigido del Estado colombiano las garantías para el ejercicio del derecho a protestar. Cada hecho de hostigamiento, ataque contra la vida e integridad de los marchantes, inteligencia ilegal, detención arbitraria, etc, ha sido documentado e informado al gobierno, a través del puesto de mando unificado; sin que se hayan adoptado medidas de protección y orientaciones que pongan fin al tratamiento de guerra que se ha adoptado como respuesta estatal.

Con estos presupuestos, se motivó la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperando del órgano supranacional una pronta y adecuada respuesta en procura de garantizar los derechos humanos de quienes hacen parte de la Minga.

En el séptimo día de la jornada, se tiene el siguiente balance en materia de derechos humanos:

HECHOS

a. Atentados contra la vida, integridad personal y libertad

– Informe especial de la situación de menores de edad detenidos en el Punto Ranchadero – municipio de Tona – Santander

Quince jóvenes, entre los 15 y 17 años de edad, fueron aprehendidos en el marco de una captura masiva e indiscriminada llevada a cabo por la Policía Nacional, el 03 de junio de 2016, cuando las comunidades se encontraban ejerciendo su derecho legítimo a protestar.

De acuerdo con la información recaudada, se tiene que al momento de su detención los menores, fueron golpeados por los miembros de la fuerza pública, y la SIJIN. Algunos de ellos, presentan contusiones en el cráneo y varias partes del cuerpo, uno fue impactado con un cartucho de gas lacrimógeno al lado izquierdo del pecho; otro fue pateado cuando se encontraba en estado de indefensión. Uno de los menores fue señalado de ser un guerrillero infiltrado, acusándolo de haber quemado una tracto mula y amenazado por agentes del ESMAD de que sería asesinado “picándolo” haciéndolo pasar como un accidente, afirmación ésta que se volvió generalizada para amedrantar a todos los niños, por parte de la fuerza pública.

A los quince menores, les fueron arrebatados sus documentos de identidad y sus pertenencias, algunas de ellas quemadas. Posteriormente fueron interrogados, sobre quienes eran sus familiares, lugar de procedencia, dirección exacta de donde viven, el por qué estaban en el punto de concentración y que quien los había llevado. Igualmente fueron despojados de sus prendas de vestir, dejándolos solo en ropa interior y después los encerraron en el cuarto de una vivienda de Ranchadero, donde les lanzaron gases lacrimógenos.

Luego, amedrentados, fueron subidos a un camión para ser trasladados la Batallón de Pamplona, donde nuevamente fueron interrogados y filmados. En esta instalación militar continuaron señalando a uno de los jóvenes de ser guerrillero y haber incinerado una tractomula.

Horas después fueron entregados al instituto colombiano de bienestar familiar y recluidos en un centro especializado para menores de edad, donde hasta el día de hoy se encuentran privados de la libertad, aun cuando sus madres, han estado atentas a la entrega de los mismos.

Antioquia

Junio 5 del 2016

– En el Resguardo las palmas – Municipio de Apartado – Urabá Antioqueño, se presenta ataque indiscriminado por parte de tropas del ESMAD a los indígenas Emberá y Zenú. En contravía con el acuerdo anunciado a la comunidad nacional e internacional por el Gobierno Nacional la noche de ayer, desde el mediodía de hoy, tropas pertenecientes al ESMAD atacaron de manera indiscriminada, disparando gases lacrimógenos contra la población indígena concentrada en el Resguardo la Palma municipio de Apartado, cuando más de 2 mil 600 indígenas, mingueros y mingueras entre Emberas y Zenu de la Organización Indígena de Antioquia OIA, marchaban por un carril de la panamericana – vía Apartadó.

El resultado de este ataque criminal contra la Minga, deja hasta el momento registrados: 24 indígenas heridos, 4 mujeres y 19 hombres; 10 de estas personas fueron remitidos al hospital Antonio Roldan Betancourt de Apartadó por la gravedad de las lesiones que se le ocasionaron, entre ellas 8 hombres y dos mujeres.

Se registra un centenar de afectados por efectos de gases lacrimógenos, quienes están siendo atendidos y valorados por el personal médico de la OIA en el mismo sitio de concentración.

Más de mil Guardas Indígenas impidieron que la Fuerza Pública invadiera el Resguardo Las Palmas, punto de concentración de más de 2 mil 600 miembros de las comunidades Emberas y Zenú de la Organización Indígena de Antioquia OIA, que hacen parte de la Minga Nacional.

Pese que los manifestantes, quienes siguen en resistencia en plena zona bananera del Urabá Antioqueño, se desplegaron de la carretera, las autoridades indígenas denuncian que miembros del ESMAD intentaron entrar al territorio, haciéndose evidente el incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos en el día de ayer con la comisión política de la Cumbre Agraria, violando flagrantemente los derechos humanos y el derecho legítimo de los pueblos a la protesta social. Exigimos al gobierno que cumpla con los acuerdos realizados y que retire la fuerza pública de los sitios de concentración.

Casanare

05 de junio

– En sector el sector La Gloria, de la vía que conduce a la vereda Morichal, del Municipio de Yopal, hacia las 9:30 am, fue atacada por el ESMAD, una concentración de la asociación de trasportadores del Casanare – ASOTRASPORTADORES, siendo detenidos cuatro manifestantes, de los cuales tres recuperaron su libertad, y Carlos Arturo Gómez Rodríguez, con cédula de ciudanía 74’346.294 continúa detenido.

b. Acciones de Inteligencia Ilegal

Casanare

04 de junio

1. En El Charte, Aguazul Casanare. Siendo las 10:00 am son detectados en la parte alta de un árbol, cerca del punto de concentración de la Minga, dos individuos que portaban radios, a quienes les hallaron cédula militar identificándolos como miembros de la fuerza pública. Los dos sujetos se identificaron como Romero Martínez Wilder Yamel y Suarez Barrera Diego Camilo, con cédulas 1’398.963 y 1’121.823.180, respectivamente. Los mismos, se movilizaban en una moto Yamaha YBR, con placas NDN 29B.

Desde el inicio de la Minga hasta la fecha, se denuncia un acoso permanente por parte de agentes de la fuerza pública que constantemente se ha infiltrado dentro de las marchas, haciéndose pasar por periodistas, en algunas ocasiones, en otras de vendedor de helados.

Bogotá

05 de junio de 2016

– En Bogotá, hacia la 1:00 pm, luego de realizada una marcha o caminata hacia el Relleno Doña Juana, donde se llevó a cabo un acto de cierre simbólico, cuando los manifestantes se dirigían hacia la Iglesia la Aurora, el mayor Albeiro Castellanos de la Policía Nacional, se acercó a la caminata tomando fotos desde su celular, hasta que la gente lo abucheo para que se retirara.

Santander

05 de junio

– En La Lizama, Barrancabermeja. Durante el transcurso del día los miembros de la fuerza pública han mantenido presencia en el sitio de concentración de las comunidades. Hacia las 4:50 pm mientras los manifestantes hacían uso de su derecho a la protesta pacífica, varios policiales estaban tomando fotografías de los campesinos que entregaban volantes informativos a los ciudadanos y ciudadanas que transitaban por la carretera. Uno de los uniformados que estaba realizando el registro, mostraba permanentemente a sus compañeros las imágenes, señalando a los manifestantes captados. Este tipo de actuación ha sido permanente, habiéndose aumentándose el día de hoy.

c. Hostigamientos y sabotaje

Cauca

5 de junio

– En el Sector Pital entre Popayán y Santander de Quilichao – Cauca, siendo las 11:05 AM, se presentaron dos sobrevuelos de un helicóptero, uno a las 8:00 de la mañana y otro a las 10:00 de la mañana. La comunidad indígena concentrada en este lugar se encuentra en alerta por la amenaza de un posible desalojo en toda la vía panamericana.

Casanare

05 de junio

– En el Charte, municipio de Aguazul – Casanare. Se ha presentado un constante sobrevuelo de helicópteros y aviones en diferentes horas del día, desde el comienzo de la Minga. En especial el día de hoy a las 6:00 am se efectuó un sobrevuelo bastante bajo, justo por encima del lugar de permanencia de los manifestantes, en forma intimidatoria, realizando labores de inteligencia tomando fotografías y ubicación de las dinámicas de la concentración de la Minga.

Bogotá

05 junio de 2016

– Bogotá, desde las 9 am, más de 500 personas se concentraron frente a la iglesia de la Aurora en la localidad de Usme, con el fin de exigir el cierre definitivo del relleno de doña Juana y recolectar firmas para la revocatoria del mandato del actual alcalde mayor Enrique Peñalosa. Hacia las 11:00 am, el agente de policía identificado con placas 151588, impidió la presentación de un acto programado por los manifestantes, situación que motivó que la comunidad tomara la avenida Boyacá.

Cesar

04 de junio

– En el corregimiento La Mata, la policía allanó el negocio de propiedad de uno de los miembros del grupo de apoyo de Fedeagromisbol (organización que hace parte de la Minga); durante el procedimiento acusaron al poblador de ser “un sapo colaborador de la guerrilla”.

05 de junio

– En el corregimiento de la Mata, cuando el poblador allanado y estigmatizado el día anterior, desplazaba en una moto de su propiedad, en la ruta La Mata – Aguachica, aproximadamente a 1.5 km del corregimiento Besote, la policía le ordenó detenerse, solicitando su identificación, documentos de la moto y la llave de la misma. El patrullero Oscar Martínez le dijo que le va a decomisar la moto y “si quiere informe a Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo”. Dicho esto, procedió a montarse en la motocicleta e irse rumbo Aguachica.

– En el corregimiento de Besote, municipio La Gloria – Cesar. En horas de la mañana, nuevamente miembros el ejército nacional – Batallón Ricaurte, se ubicaron en los alrededores del lugar donde se saca el agua para el consumo y aseo personal de las comunidades, intimidando y hostigando a los labriegos encargados de abastecer de líquido el punto de concentración. Durante el día se han presentado constantes rondas de la policía motorizada sobre el punto de la concentración de la Minga. A las 2:10 pm se presentaron nuevos sobrevuelos de un helicóptero de la policía sobre sitio de ubicación de las comunidades.

¡Santos, declárele la paz a la Minga!

SUBCOMISIÓN DDHH CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC – COORDINADORA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA – EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS – FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS – UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO, USO – CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD: ASUNTO DE TODXS – FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA – CORPORACION SOCIAL PARA LA ASESORIA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA COSPACC -FUNDACIÓN PASOS – CORPORACIÓN CHOAPO – FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA SOCIAL FUNJAB – COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS – ASOCIACIÓN MINGA – SOMOS ACCIÓN LIBERTARIA – SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO (SINALTRAINAL) – COMISIÓN DE INTERLOCUCIÓN DEL SUR DE BOLÍVAR, CENTRO Y SUR DEL CESAR (CISCSC) – MOVIMIENTO DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS DEL CESAR (MTCC) – ASOCIACIÓN DE FAMILIAS AGROMINERAS DE SUR BOLÍVAR Y ANTIOQUIA (AFASBA) – ASOCIACIÓN AGROMINERA DEL SUR DE BOLÍVAR (ASAMISUR) – UNIÓN CAMPESINA Y TRANSPORTADORA DE COLOMBIA – MOVIMIENTO COMUNAL DE TIBU – MOVIMIENTO AMBIENTAL PRO DEFENSA DEL RÍO DE ORO Y RÍO CATATUMBO (MADROCA) – COMITÉ AMBIENTAL DE BARRANCABERMEJA -MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO MARCHA PATRIÓTICA – MOVIMIENTO DE CAMPESINOS SIN TIERRA DEL SUR DE SANTANDER – CONGRESO AMBIENTAL DE SANTANDER CASA AGUAYA – FEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES MINEROS ENERGÉTICOS Y SIMILARES – MOVIMIENTO SOCIAL EN DEFENSA DEL RÍOS SOGAMOSO Y CHUCURI – COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL CATATUMBO (CISCA) – FEDERACION AGROMINERA DE SUR DE BOLÍVAR (FEDEAGROMISBOL) – CORPORACIÓN SEMBRAR – RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA – COMITÉ PERMANENTE POR LA DESFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS- COLECTIVO DE EDUCACIÓN POPULAR PAULO FREIRE – CORPORACIÓN SOCIAL NUEVO DIA – IDENTIDAD ESTUDIANTIL – CAMILO VIVE – TEJUNTAS – OFICINA ESTUDIANTIL UN – AWASQA – AGITE LIBERTARIO – COLECTIVO LA BARRANCA – AGRODESCENDIENTE – MOVETE – ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA – ASOPROA – TULPA JUVENIL – ASCAVEX – ASOCIACIÓN CAMPESINA EN VIA DE EXTINCIÓN – ASOGRAMICAUCA – ASAGRAMA – RED POPULAR CAMINANDO LA PALABRA – CORPORACIÓN EN DERECHOS HUMANOS JESÚS MARIA VALLE JARAMILLO – PIEDRA EN EL ZAPATO

Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.

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