Presentamos en este artículo algunas consideraciones sobre los límites, posibilidades y desafíos del proceso de paz a partir de su implementación en los 12 meses posteriores al Acuerdo Final de Paz firmado en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre del 2016, que sufrió modificaciones tras los resultados del plebiscito en el que salió victorioso el No. Este resultado acarreó consecuencias que están incidiendo de manera determinante en este campo de disputa.
Sin duda, uno de los temas más destacados de los últimos años es el proceso de paz con las insurgencias, particularmente con las Farc-Ep. Un asunto que ha estado de manera conflictiva en la agenda política nacional, puesto que las visiones sobre la paz se presentan contradictorias.
No es para menos, ya que en el escenario nacional están presentes visiones y proyectos contradictorios sobre este particular: 1) sectores del establecimiento que aún quieren llegar a la terminación del conflicto armado mediante la profundización de la guerra, pretendiendo alcanzar una derrota militar tras la cual las insurgencias queden sometidas a la justicia como organizaciones terroristas sin estatus político.
2) Contrario a éste sector, también existen en el establecimiento quienes quieren la paz “democrática”, concediendo un mínimo de legitimidad a la contraparte que permita una salida negociada pero sin conceder mayores prerrogativas, simplemente superando la confrontación armada sin tocar los aspectos de fondo que llevaron a que ésta se generara, se sostuviera y profundizara; al tiempo que así proceden, alcanzan dividendos en aspectos como minimizar las denuncias sobre el terrorismo de Estado, obteniendo beneficios para sus mandos militares y, sobre todo, alistan diversas áreas del territorio nacional para el aterrizaje de inversiones multinacionales, en temas de extractivismo agrario y minería, así como turismo.
Tanto unos como otros parten para su diseño estratégico de considerar que derrotaron a su contrario, de ahí que no le concedieran posibilidades de negociar asuntos estructurales del modelo económico y político vigente.
Hoy, luego de un año de firmado el acuerdo con las Farc-Ep, persisten las visiones contradictorias y la realidad de lo alcanzado en este proceso deja muchas inquietudes y cuestionamientos respecto del futuro de la paz completa, sostenible y duradera.
Las visiones optimistas
Hay quienes siguen observando con optimismo lo alcanzado en el proceso de paz, en primer lugar se desacata el hecho de que hace 10 años era imposible hablar de una solución política al conflicto armado, pues el discurso contrainsurgente y antiterrorista había calado muy hondo en la política nacional, acompañado de propaganda y acciones militares que debilitó la legitimidad de las insurgencias y su accionar político militar; aunque también hay que decirlo, el mismo accionar de las insurgencias llevó a ser inviable el proyecto revolucionario. Que hoy pueda hablarse de paz, de solución política al conflicto, de apertura “democrática”, de “política sin armas”, es definido como un primer gran logro de este proceso. Esta visión la comparten tanto sectores del establecimiento en el gobierno, como las mismas Farc-Ep.
A pesar de ello, subyacen algunos elementos que cuestionan este logro, puesto que persisten y con mucha fuerza, discursos que niegan la salida política negociada y sostienen la idea del sometimiento sin consideraciones políticas de las insurgencias. La victoria del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y la presencia en el Congreso de la República de contradictores del proceso de paz, deja por lo menos serías dudas sobre la generalidad y profundidad del discurso de la solución política negociada y la paz.
Sin embargo, el optimismo tiene asideros distintos, pues para el gobierno y sectores del establecimiento la solución política al conflicto armado tiene consecuencias distintas a las que puedan destacar parte de la insurgencia. Una primera consecuencia, según el optimismo gubernamental, es el hecho de que este proceso de paz trae consigo una mayor gobernabilidad con costos menores para su proyecto “modernizador” que busca atraer mayor inversión extranjera directa y seguridad jurídica para propietarios y empresarios que ven en la paz una oportunidad para ampliar y profundizar sus negocios. Así lo afirmó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde: “la paz será decisiva para el crecimiento del país porque traerá más desarrollo con la confianza internacional”*. Esta afirmación ha sido respaldada en innumerables discursos del presidente Juan Manuel Santos y sus ministros.
Otra de las razones que sostiene el discurso optimista es lo que tiene que ver con las cifras de la guerra. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el proceso de paz redujo las cifras de muerte con ocasión del conflicto. El acuerdo de paz evitó la muerte de 2.796 militares, policías y guerrilleros en diez meses (entre el 29 de agosto del 2016 y el 27 de junio del 2017). Sin duda, estas cifras dan razones para mantener el optimismo, pues para nada son despreciables las vidas salvadas como consecuencia del cese al fuego.
Avanzar en modificaciones institucionales que abran escenarios de participación política para la insurgencia y las víctimas del conflicto es otro de los aspectos que destacan los optimistas, pues pasar de una confrontación política con armas a una sin ellas, es sin duda un paso importante en el proceso de democratización de la política nacional, en la que se ha perpetuado un régimen excluyente, clientelista y criminal.
Visiones pesimistas
El cambio en el discurso de la lucha contrainsurgente y antiterrorista al de la solución política al conflicto y la paz, es matizado por los pesimistas que observan en este viraje una trampa respecto de los contenidos de ésta, pues la paz gubernamental no es otra cosa que el fin de la lucha insurgente y, en consecuencia, de sus aspiraciones de cambios revolucionarios del régimen político y económico, puesto que la paz no es más que el silenciamiento de los fusiles y la muerte y la represión por otros medios. No es una paz fruto de cambios profundos en la realidad nacional, y no se acerca siquiera a la aspiración de una paz con justicia social que supere las causas que originaron el conflicto.
De otra parte, se pone en duda que este discurso de la solución política y la paz sea lo suficientemente general y profundo como para modificar la orientación de la política nacional, pues como ya lo hemos dicho, persisten con mucha fuerza, discursos que sostienen que este proceso es la entrega del país a las Farc-Ep, tal y como lo afirma el expresidente Uribe, su partido y un amplio espectro de la derecha, y persisten en la idea del sometimiento sin consideraciones políticas de las insurgencias. Su victoria del No en el plebiscito y su presencia en el Congreso de la República ha logrado poner en aprietos la legitimidad de los acuerdos y la implementación normativa, incluso ha logrado que se modifique lo acordado y que se excedan las modificaciones legales limitando e incluso contradiciendo su contenido.
Las razones de los pesimistas se sustentan entre otros, en el hecho de que tras la victoria del No se permitió que el Gobierno y el Congreso de la República introdujeran modificaciones a las normas que implementan los acuerdos como, por ejemplo, las relacionadas con el punto 1 de Reforma Rural Integral, con lo cual dan vía libre para permitir “formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente, por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad” (Cacep, 2017), lo que perpetúa la desigualdad en el acceso a la propiedad rural por parte de campesinos (comunidades rurales) que no tienen tierra o han logrado un mínimo de ésta.
Lo que de por si era un acuerdo tímido respecto de los conflictos por la tierra, en el que se pretende crear un Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas y la formalización masiva de la Propiedad Rural de 7 millones de hectáreas, durante los próximos 12 años. Con la expedición del decreto 902/2017 se permite que “estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras) (Cacep, 2017).
Por su parte, lo que respecta a la inversión extrajera directa y el “desarrollo”del país genera muchas dudas e interrogantes a los pesimistas, pues esta fórmula de desarrollo es más de lo mismo, es la perpetuación de las locomotoras minera, infraestructura, agroindustria que hoy, luego de varios años de estar en marcha, no ha dejado más que pasivos ambientales y sociales que acarrean costos de mediano y largo plazo para el país, especialmente, para aquellas regiones afectadas por proyectos extractivos que no han garantizado el tal anhelado progreso sino, y por el contrario, han modificado negativamente la vida de sus pobladores. Así lo ha demostrado la investigación de la Contraloría General de la Nación sobre minería en Colombia, en la que se observa como los ingresos de regalías o ingresos a la nación por las concesiones, son inferiores a las exenciones de impuestos y a los pasivos sociales y ambientales que traen consigo estos proyectos (CGR, 2013).
Un ejemplo de la sujeción a la matriz desarrollista en el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz, es la expedición del Decreto Ley 883 de 2017 que permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura. Esta norma somete a los intereses de estos sectores empresariales a las comunidades y los territorios, incluidos aquellos en los que se implementarán los “Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial Pdet”, porque de ellos depende que lleguen recursos para mejorar la infraestructura precaria, que deberían estar a cargo de Estado.
De otra parte, la disminución de muertes con ocasión del conflicto armado, que se presenta como razón para el optimismo, se ve empañada por el asesinato de líderes y lideresas sociales que en el último año (2017) asciende a 170 (Indepaz). Según cifras de la defensoría del pueblo, son 207 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre 2016 y 2017. Las muertes de combatientes (de todas las fuerzas) disminuyeron, las de civiles no parece descender. El conflicto social con consecuencias mortales ha tomado el lugar de la confrontación armada.
En lo que respecta al argumento de “apertura democrática”, es claro se ha visto empañada por la acción del Congreso que ha puesto el palo en la rueda a la posibilidad de que las víctimas de territorios afectados por el conflicto armado accedan a la representación en el legislativo, pues el acuerdo de crear las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, se está ahogando en un conflicto jurídico de claro tinte político, sobre la definición de mayorías en el congreso.
Paz y vida cotidiana
Lo que observamos hasta el momento, sin pretensiones exhaustivas, deja por lo menos dudas sobre el rumbo de la paz; dudas exacerbadas por otros elementos del contexto que son determinantes para su sostenibilidad y duración.
Hoy atravesamos por un periodo electoral en el que las diferentes visiones sobre la paz se van a enfrentar, en el que la maquinaria política sigue bien aceitada, y en el que seguramente ganará la inercia del régimen político que no logró transformarse en un corto periodo de negociación e implementación.
Tampoco podemos perder de vista que aún se encuentra en proceso de diálogo la agenda con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) que puede ser determinante en el pretendido cierre de un ciclo de guerra insurgente; como tampoco podemos perder de vista la persistencia del paramilitarismo y el narcotráfico que continúan disputando territorios, negocios y poblaciones.
De otra parte, hay que decirlo, no se ve con claridad cómo este proceso de paz va a impactar de manera positiva y en el corto plazo las vidas de millones de personas para quienes la paz no es el centro de sus angustias cotidianas; millones de habitantes de sectores populares urbanos para quienes la guerra se libra día a día a través de su lucha por lograr un mendrugo de pan, un techo donde dormir, un trabajo con el cual sobrevivir.
Algunos dicen que no es posible transformar la realidad de un conflicto profundo de más de medio siglo en escasos 12 meses, pero hay un dicho popular que nos pone a pensar, “Desde el desayuno se sabe lo que va a ser la comida’’. Obviamente, la realidad no es estática y la historia no puede leerse de manera determinista, pero el desayuno que nos hemos tenido que comer en estos meses de concreción de los Acuerdos de Paz seguramente nos traerá una que otra indigestión.
Publicado: https://www.desdeabajo.info/ediciones/33383-a-un-ano-de-la-firma-del-acuerdo-final-con-las-farc-y-su-implementacion.html
* http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/inversion-extranjera-subira-en-colombia-tras-firma-de-la-paz-EE5060446
Christian Mantilla. Abogado defensor de derechos humanos, con experiencia en proyectos colaborativos orientados a la promoción y defensa de los derechos de la población rural y la incidencia en políticas públicas para la ruralidad. Interesado en la investigación socio-jurídica en políticas públicas, derechos humanos y la acción colectiva de las comunidades rurales indígenas, negras y campesinas.