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Populismo punitivo: Nuevos casos de detenciones masivas

#OtraDemocraciaEsPosible

Viernes 10 de julio de 2015, por Christian Mantilla

El pasado jueves 2 de julio la capital se conmocionó con la explosión casi simultanea de dos petardos en oficinas de un fondo privado de pensiones. Las especulaciones y acciones no se hicieron esperar. El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de estas explosiones; la fiscalía y organismos de seguridad del estado prometieron resultados inmediatos, las redes sociales, organizaciones sociales, la prensa, la ciudadanía, la alcaldía de la ciudad, y por supuesto los candidatos a la alcaldía también manifestaron su repudió ante los hechos.

A día siguiente ya existía toda clase de especulaciones respecto de los móviles y los responsables. Algunas hipótesis apuntaban a la ultraderecha y sectores del ejercito opuestos a las negociaciones con las Farc cuyo propósito sería desestabilizar las negociación y culpabilizar a la guerrilla; otras señalaban a las Farc como parte de su estrategia de escalonamiento de la confrontación para presionar acuerdos en la mesa. Aunque no existía información clara y contundente, El presidente de la república ya lanzaba acusaciones y mostraba su mano firme para enfrentar cualquier amenaza terrorista, combatiendo con las fuerzas armadas, para "seguir buscando la paz". Hizo un llamado a los medios de comunicación a no infundir miedo, revelando material visual y auditivo sobre estos hechos, porque esto beneficiaría a quienes quieren infundir terror. Pero al tiempo pedía que los videos de seguridad fueran entregados a las autoridades, como medio contundente de prueba. Aunque no existían aún pruebas, aseguró que "Atentados en Bogotá serían responsabilidad del Eln".

Seis días después muy temprano en la mañana, (miércoles 8) el Vice Fiscal General y el mismo presidente ya anunciaban que existían "11 capturados del Eln responsable de las explosiones". En el transcurso del día las personas detenidas ascendieron a 15 como resultados de operativos simultáneos dirigidos por la Fiscalía general de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional. A todos los detenidos se les vincula con los atentados "terroristas" ocurridos la semana anterior.

Ante tales capturas hubo pronunciamientos desde la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y Fiscalía General de la Nación, entre otros, dirigidas a señalar a los capturados como miembros de la guerrilla del Eln, supuesta responsable de los hechos sin garantizar la presunción de inocencia de los detenidos.

Populismo punitivo

Las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos ante la información de la detención de 11 presuntos responsables de los atentados con petardos, viola el principio de independencia de las ramas del poder público y los principios del debido proceso (presunción de inocencia). No importó acusar y condenar a los detenidos públicamente ante los medios de comunicación señalándolos de pertenecer a organizaciones guerrilleras, sin la debida intervención de un juez, quien es el autorizado para dictar sentencias condenatorias. No importan la presunción de inocencia, porque todos son culpables hasta que se demuestra lo contrario. Esta actitud del ejecutivo antes que dar respuesta eficaz ante los acontecimientos, buscaba réditos políticos mostrando su capacidad de respuesta ante las demandas de una ciudadanía aterrorizada por el escalonamiento del conflicto.

Ante las acciones delictivas denominadas como "terroristas", los gobiernos y los parlamentos de casi todo el mundo, a partir de la doctrina antiterrorista promovida por el gobierno de los Estados Unidos de Norte América luego de los atentados de las torres gemelas en 2001, han emprendido verdaderas cacerías de brujas, que rompen con cualquier principio garantista del derecho, pues antes que lograr una eficacia material de la ley, buscan una "eficacia simbólica" encaminada a generar en la conciencia ciudadana la necesidad de aplicar medidas extremas de "mano dura".

El impacto mediático de acciones delictivas como la activación de explosivos en ciudades y centros poblados han sido aprovechadas por políticos para promover soluciones represivas, que serán aceptadas por una población cargada de miedo y de esta manera aparentar que se da respuesta inmediata y contundente ante los reclamos de mayor seguridad.El profesor Iñaki Rivera, (Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona) advierte que esta tendencia denominada "populismo penal" trata de /"tocar las fibras más sensibles de la población para producir un consenso social y aplicar las más represivas políticas en materias penal, judicial, penitenciaria y administrativa".

Detenciones masivas

En Colombia, este "populismo penal" no es nada nuevo, ya está instalado en la mentalidad de parlamentarios y gobernantes quienes anteponen la "seguridad" a la protección de las libertades y derechos civiles. En el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez quien se sumó inmediatamente a la "Cruzada contra el terrorismo" liderada por Washington con su política de seguridad democrática, se implementaron estrategias como las detenciones masivas de sospechosos. En su primer año de gobierno (2012) los detenidos por sospecha de rebelión aumentaron 167% respecto del año anterior.Recordemos el caso de la detención masiva de cerca de 156 personas en los municipios de Chalán, Colosó y Ovejas, (Departamento de Sucre) en medio de operativos realizados por la Fiscalía, la Policía y la Infantería de Marina, el 17 de agosto de 2003. De las 156 personas, 128 personas fueron dejadas en libertad por falta de pruebas. Esta estrategia se convirtió en una verdadera cacería de brujas.

Ya hemos conocido montajes judiciales contra lideres sociales y población en general. Estas detenciones denominadas coloquialmente como "falsos positivos judiciales" han llevado a interponer al menos 13 mil demandas administrativas por errores judiciales, comprometiendo alrededor de 27 billones de pesos del presupuesto general de la nación. Las cifras que manejan las organizaciones de derechos humanos[1] <#_ftn1> indican que entre 2009 y 2012, 8.600 personas fueron vinculadas a procesos judiciales por supuesta pertenencia a grupos guerrilleros, de ellas solo 2.058 permanecen privadas de la libertad y el resto fueron liberadas. Esto significa que mas del 75% de los capturados fueron declarados inocentes.

La preocupación hoy, al igual que otrora, con este caso de la detención masiva de 15 personas sindicadas de pertenecer a la guerrilla y cometer actos terroristas, es la persecución política detrás de estas estrategias de "populismo punitivo". Preocupa porque los capturados como sospechosas son jóvenes estudiantes, destacados dirigentes sociales y estudiantiles, a quienes con pocos indicios y pruebas los acusan públicamente de ser miembros de grupos guerrilleros violando la presunción de inocencia, desatando de nuevo la persecución y estigmatización al movimiento social el cual continúa reclamando garantías al ejercicio de su actividad social y política en medio de un discurso de paz y postconflicto.


[1] Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado - Movice

Ver fuente: http://www.desdeabajo.info/colombia/item/26805-populismo-punitivo-nuevos-casos-de-detenciones-masivas.html