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La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular exige al gobierno nacional garantías e implementación de los acuerdos.

Miércoles 20 de septiembre de 2017, por Cumbre Agraria

Transcurridos 14 meses desde la firma de acuerdos parciales, en Santander de Quilichao, entre el gobierno nacional y la Cumbre Agraria en materia de tierras y territorios, economía propia, política minero-energética, garantías y derechos humanos, cultivos de uso ilícito y política agraria, entre otros, en el marco de la Minga nacional adelantada en varias regiones del país ante el incumplimiento de otros acuerdos firmados el 13 de mayo de 2014; el gobierno de Santos insiste en su estrategia de dilación y desgaste para generar un vacío político a la Mesa Única Nacional (MUN), con el objetivo de incumplir lo pactado o pretender llevarnos a un escenario de renegociación. La Cumbre Agraria ha sido enfática al plantearle al gobierno nacional que no renegociaremos, debe implementarse inmediatamente lo pactado, y es inaplazable retomar la negociación del Pliego de ocho puntos.

Estos compromisos fueron adquiridos por el gobierno nacional antes de la firma de los Acuerdos de la Habana. Su incumplimiento, sumado al incumplimiento de los acuerdos con otros sectores sociales, con las FARC y la agenda pactada con el ELN, envía un pésimo mensaje al país y al movimiento social. Es evidente, que el único propósito del gobierno es firmar acuerdos para lograr la desmovilización popular y de la insurgencia, al tiempo que profundiza la implementación del modelo agroexportador y extractivista neoliberal. En consecuencia, las comunidades campesinas, afros, indígenas y populares nuevamente nos movilizaremos y convocaremos a otros sectores sociales, para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados en diferentes Mesas de negociación de los conflictos sociales.

La ausencia de garantías y la violencia sistemática en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, constituye una gran preocupación para la Cumbre Agraria. En el periodo comprendido entre el 2016 y lo transcurrido del 2017, se han registrado 248 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. También nos preocupa, que pese a las garantías de seguridad y protección pactadas entre el gobierno nacional y las FARC, desde abril de 2017 a la fecha hayan sido asesinados 17 integrantes de esta organización en proceso de reincorporación y 11 de sus familiares.

Si bien, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones y producido capturas, estas se han limitado a los autores materiales con nulos resultados respecto de los autores intelectuales. La persecución judicial al movimiento social y sus dirigentes, sustentada en montajes probatorios y gerenciada por funcionarios cuestionados penalmente, ha sido la característica vergonzosa en los últimos tiempos. Por su parte, el gobierno nacional niega la existencia del paramilitarismo y la sistematicidad en estas graves violaciones a los derechos humanos, a pesar de la abundante documentación presentada por diferentes organizaciones e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida Naciones Unidas, que evidencia tales situaciones. Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos realizaremos veeduría autónoma, y continuaremos denunciando toda agresión contra nuestros procesos e integrantes.

Rechazamos, enfáticamente, la actitud del gobierno nacional, a través del Ministro del Interior, de pretender invisibilizar la crisis humanitaria y de derechos humanos que vive el país, y desconocer la existencia de la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria. No ha sido posible avanzar en el cumplimiento de los acuerdos en esta materia, la agenda acordada para realizar misiones de verificación al departamento del Chocó, el sur de Bolívar y la Bota Caucana, así como dar cumplimiento a las recomendaciones emanadas de las ya realizadas, ha sido saboteada sistemáticamente por parte del gobierno. Instamos, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a profundizar el seguimiento a esta grave situación, y estar atentos sobre las graves violaciones a los derechos humanos que a diario ocurren en nuestros territorios.

Exigimos, la suspensión inmediata de la erradicación forzada y la fumigación aérea de cultivos de coca, que va en contravía de los acuerdos con la Cumbre Agraria para buscar una sustitución social de los mismos de manera participativa, concertada y garantizando planes y programas dirigidos a reconstruir las economías propias de las comunidades, destruidas por la imposición de políticas funcionales al modelo extractivista y agroexportador.

Reconocemos que los acuerdos logrados entre las FARC y el gobierno nacional, así como el cese al fuego bilateral alcanzado con el Ejército de Liberación Nacional ELN, son avances importantes en la construcción de la paz para Colombia, sin embargo es necesario brindar garantías reales para el ejercicio de la organización y la movilización.

Consideramos fundamental la participación directa y vinculante de la sociedad, especialmente del movimiento popular, en la implementación normativa y el desarrollo de lo acordado en La Habana, así como en los diálogos con el ELN para avanzar hacia una paz con justicia social y ambiental, estable y duradera. Un paso, en tal sentido, debe darlo el gobierno cumpliéndole al movimiento social y a las insurgencias. Si no lo hace, no le queda otro camino al pueblo colombiano que continuar resistiendo, movilizándose y haciendo uso del legítimo derecho a rebelarse.

Por último, exigimos la realización de la reunión acordada, aplazada injustificadamente en varias oportunidades por el gobierno, con el Ministro del Interior Guillermo Rivera, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Víctimas y el Alto Comisionado para la Paz, por parte del gobierno nacional, y las Vocerías políticas y la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos, por parte de la Cumbre Agraria; para abordar el punto de participación en el proceso de paz, y definir la ruta de cumplimiento de los acuerdos en materia de garantías y derechos humanos, temas que no pudieron ser tratados en la última sesión de la MUN ante la maniobra del gobierno para eludir su debate a fondo.

SEMBRAMOS ESPERANZA… COSECHAMOS PAÍS

Septiembre 19 de 2017